Guatemala: la CIJ pide a la Alta Comisionada Bachelet de actuar frente a la decisión del gobierno de no renovar el mandato de la Comisión International contra la Impunidad

Guatemala: la CIJ pide a la Alta Comisionada Bachelet de actuar frente a la decisión del gobierno de no renovar el mandato de la Comisión International contra la Impunidad

El 14 de septiembre 2018, la CIJ junto a  67 otras organizaciones internacionales y guatemaltecas de la sociedad civil enviaron una carta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para expresar sus graves preocupaciones en relación a los acontecimientos recientes restringiendo los esfuerzos para combatir la impunidad en el país.

Estos incluyen la decisión del Presidente Jimmy Morales el 31 agosto de 2018 de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); y la decisión subsecuente de parte de las autoridades guatemaltecas el 4 septiembre de 2018 de prohibir el regreso al país del comisionado de la CICIG Iván Velásquez; y las reformas judiciales aprobadas por el Congreso el 6 septiembre de 2018 que amenazan a socavar la independencia judicial y la función de los y las jueces de la Corte de Constitucionalidad y la oficina del Procurador de los Derechos Humanos.

Los signatarios expresaron su beneplácito por la referencia crítica sobre estos acontecimientos de parte de la Alta Comisionada en sus observaciones en la apertura del 39º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

En su carta, las organizaciones pidieron a la Alta Comisionada de continuar apoyando la luche contra la corrupción y la impunidad en Guatemala y de seguir presionando a las autoridades guatemaltecas para que adopten las medidas necesarias para facilitar el cumplimiento del mandato de la CICIG según los términos del Acuerdo firmado entre Guatemala y las Naciones Unidas.

La carta en español está disponible aquí. Guatemala-Letter to Michelle Bachelet-News-2018-SPA

La CIJ se suma a la condena internacional de la decisión del Presidente de Guatemala de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

La CIJ se suma a la condena internacional de la decisión del Presidente de Guatemala de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

Hoy la CIJ firmó una declaración conjuntamente con una docena de otras organizaciones internacionales basadas en Europa que cooperan en Guatemala, condenando la decisión del Presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La declaración también repudia la decisión subsecuente del Presidente Morales de impedirle al Comisionado Iván Velásquez (foto) regresar al país.

La CICIG ha realizado contribuciones significativas al trabajo de la Fiscalía, el reforzamiento del estado de derecho y la lucha contra las redes de corrupción.

La declaración expresa una gran preocupación de que, el 31 de agosto del 2018, el gobierno haya recurrido a tanques y policías fuertemente armados afín de intimidar al personal de la CICIG y además a ciudadanos/as guatemaltecos/as, al anunciar la decisión de no renovar el mandato de la CICIJ.

La declaración agrega: “La imagen del Presidente Jimmy Morales rodeado de militares y policías en la conferencia de prensa evoca memorias de golpes de estado y dictaduras militares durante los años negros de conflictos armados internos”.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado a la Unión Europea y sus Estados miembros para exigir que el Estado de Guatemala cumpla con sus obligaciones internacionales y que garantice las condiciones necesarias para que el Comisionado Iván Velásquez y la CIGIC puedan continuar su trabajo de manera segura e independiente.

Guatemala-Statement on decision about CICIG and Velasquez-News-2018-SPA (texto completo de la declaración, en pdf)

Guatemala: la CIJ condena persecución de defensores y defensoras de derechos humanos en el departamento de Izabal

Guatemala: la CIJ condena persecución de defensores y defensoras de derechos humanos en el departamento de Izabal

Desde hace años, las y los defensores del departamento de Izabal han sido víctimas de persecución por oponerse al proyecto minero Fénix de la empresa guatemalteca CGN.

La CIJ visitó el departamento de Izabal del 18 al 20 de julio.

El 19 de julio, la CIJ acompañó al periodista Jerson Xitumul, quien participó en una audiencia de sobreseimiento de su caso, conjuntamente con sus abogados, en el Juzgado de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Puerto Barrios.

Posteriormente, la CIJ realizó un encuentro con la Gremial de Pescadores de Izabal, en el que recibió información acerca de la difícil situación de represión que enfrenta dicha gremial.

El 20 de julio, la CIJ sostuvo una entrevista con el Vice Presidente de la Gremial de Pescadores Eduardo Bin Poou, perseguido y detenido arbitrariamente en el centro de detención de Puerto Barrios.

La CIJ expresa su honda preocupación por la persecusión de que son víctimas los defensores de derechos humanos por el hecho de expresarse y por no estar de acuerdo con la explotación minera que se está llevando a cabo en dicho departamento, debido a que causa graves daños al medio ambiente y un daño irreparable al Lago de Izabal.

La resistencia pacífica de los pobladores de Izabal, contrasta con la persecución violenta de que son objeto.

La CIJ considera que no se trata de hechos aislados, sino de una política de persecución por parte del Estado, quien lleva a cabo estos actos ilegales para beneficiar a la empresa CGN, que explota nickel en el departamento.

En vez de proteger a los defensores de derechos humanos, el Sistema de Justicia guatemalteco ha tomado varias acciones en su contra. Así, varios periodistas pertenecientes a la Prensa Comunitaria, han sido detenidos o tienen orden de captura.

Entre ellos el caso del periodista Jerson Xitumul, cuyo caso fue finalmente sobreseído, por no existir ninguna prueba de que cometió algún hecho delictivo.

Por otro lado, recientemente fue detenido Eduardo Bin Poou, Vicepresidente de la Junta Directiva de la Gremial de Pescadores y acusado falsamente y sin pruebas de que haya cometido delito alguno.

El objetivo principal ha sido afectar a aquellos que ejercitan el derecho a la resistencia, establecido en el artículo 45 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Asimismo, no puede pasar desapercibido que el 27 de mayo de 2017, fue asesinado un dirigente de la Gremial de Pescadores Carlos Maas Coc y herido también el pescador Alfredo Maquín Cocul, casos que hasta el momento se encuentran impunes.

La CIJ ha señalado en varias oportunidades que las autoridades guatemaltecas criminalizan y persiguen a defensores y defensoras del derecho a la tierra, mediante la imputación del delito de usurpación y usurpación agravada.

Asimismo, la CIJ ha señalado que las autoridades guatemaltecas pretenden criminalizar el legítimo ejercicio del derecho a la resistencia, consagrado en el artículo 45 de la Constitución Política de Guatemala, acusando a los defensores del medio ambiente y otros, de delitos como instigación a delinquir, detención ilegal, amenazas, daños, reuniones y manifestaciones ilícitas y otros ilícitos.

Asimismo, esta práctica estatal penaliza y castiga el legítimo ejercicio de las libertades de expresión y reunión.

Preocupa de sobremanera a la CIJ, el papel que juegan las y los jueces en el departamento de Izabal, en la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos.

Un ejemplo lo constituye el caso del Juez Edgar Aníbal Arteaga López, quien utilizando la función pública, suele abusar del poder de que está investido e imponer castigos ejemplares a los defensores de derechos humanos.

Así, con sus resoluciones arbitrarias dicho juez ha afectado a periodistas, pescadores organizados en la Gremial de Pescadores, dirigentes comunitarios, defensores del derecho a la tierra y todo aquel que se opone a la explotación de níquel o que defiende los derechos colectivos de las comunidades en dicho departamento.

Asimismo, en otros casos defensores y defensoras de derechos humanos han sido criminalizados y existe un número considerable de órdenes de captura en todo el país, que afectan a personas que ejercitan el derecho a la libertad de expresión, para defender derechos comunitarios.

Ramón Cadena, Director de la CIJ expresó:

“Urge que el Estado de Guatemala detenga la criminalización y persecución de que son objeto dirigentes comunitarios, periodistas y en general defensores y defensoras de derechos humanos en el departamento de Izabal. Para ello, se debe aplicar el régimen disciplinario interno a jueces que con su actuación, contribuyen a perseguir a estas personas, sólo por su forma de pensar y por ejercer legítimamente sus derechos y libertades. El Estado de Guatemala, deberá reparar los daños y perjuicios causados a defensoras y defensores de derechos humanos, por la actuación de sus autoridades y la CICIG debería investigar estos hechos, para aclarar la verdad de lo sucedido.”

Guatemala-Criminalización Izabal-News-2018-SPA (artículo completo, en PDF)

Guatemala: la Justicia bajo ataque de la propia Corte Suprema de Justicia

Guatemala: la Justicia bajo ataque de la propia Corte Suprema de Justicia

La reciente elección del magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pone en grave riesgo la justicia constitucional y su imparcialidad.

En efecto, días atrás, la Corte Suprema de Justicia eligió al magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), puesto que había quedado vacante luego de que la magistrada suplente anterior, fuese electa como Fiscal General por el Presidente de la República.

Los ocho magistrados de la CSJ que votaron a favor del profesional electo como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, no han observado las normas y estándares internacionales en materia de administración de justicia.

Los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura estipulan que “Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas.”

No obstante, la CIJ ha podido constatar que los magistrados de la CSJ nombraron a una persona:

a) que en el año 2010, fue destituido como Fiscal General por la propia Corte de Constitucionalidad cuando recién había asumido el cargo, por haber sido considerado una persona no idónea para ocupar tan importante cargo;

b) que abiertamente ha estado en contra de la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) en el país, a pesar del buen trabajo que ha realizado dicha comisión en la lucha contra la impunidad y la corrupción;

c) que en el 2010, ya en su calidad de Fiscal General y luego de asumir el cargo, fue acusado de afectar casos relacionados con la lucha contra la corrupción e impunidad y de intervenir y afectar la prueba existente en dichos casos.

Por ello, en esta elección, la CIJ tiene hondas y legítimas preocupaciones sobre la verdadera voluntad de la Corte Suprema de Justicia de: a) tramitar un genuino y necesario proceso de depuración del Sistema de Justicia; y b) de apoyar las reformas constitucionales que vendrían a fortalecer el Sistema de Justicia.

Además, con esta elección, la CSJ ha contribuido a profundizar la crisis del Sistema de Justicia; su decisión viene a afectar la poca credibilidad que la población guatemalteca aún tiene en el Sistema de Justicia.

Debemos recordar que los actos del Congreso de la República del 11 de septiembre de 2017, llevaron a la Corte de Constitucionalidad a catalogarlos como actos susceptibles de causar “un daño irreparable a la justicia” en Guatemala.

Es opinión de la CIJ, que la elección del magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia, también debe ser considerada como una forma de causar un daño irreparable a la justicia.

Por ello, la CIJ tiene la esperanza de que la Corte de Constitucionalidad protegerá, una vez más, el Estado de Derecho en Guatemala.

Ramón Cadena, Director para Centro América de la CIJ expresó: “El acto de la Corte Suprema de Justicia de elegir a una persona que no es idónea para el cargo de magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, resulta altamente preocupante para una recta administración de justicia y la vigencia efectiva del Estado de Derecho en Guatemala”.

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