Jul 5, 2018 | Incidencia
Declaración conjunta de la CIJ y 91 otras organizaciones durante un debate general en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Una espiral que parece no tener fin”: así es como un grupo de expertos de la ONU, incluyendo los Relatores Especiales sobre alimentación, vivienda y pobreza extrema, categorizaron la situación en Venezuela en enero de este año.
También es el título de un informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado el pasado 22 de junio, que pinta un cuadro devastador de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, junto con una severa escasez de alimentos y medicinas esenciales.
Una madre venezolana, entrevistada por la Oficina del Alto Comisionado, dijo:
“Tengo una bebé que llora y llora porque no puedo darle de comer. La leche infantil cuesta tres millones de bolívares y mi esposo solo gana 1,2 millones al mes. (…) Los vecinos me han dicho que si no voto por el Gobierno me quitarán la comida, el bono en efectivo y la casa. Controlan la autoridad electoral, y por eso saben por qué partido votas”.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU no puede mirar hacia otro lado. Venezuela está descendiendo en espiral hacia una crisis humanitaria y de derechos humanos que requiere una respuesta urgente.
La arremetida contra opositores continúa. El pueblo ha perdido, en promedio, 11 kilos en 2017.
La mayoría de los venezolanos se van a dormir con hambre, y según ACNUR, más de 1.5 millones de venezolanos han huido del país, por razones que incluyen persecución política, violencia y la crisis humanitaria.
El resultado es un incremento de 2000% en solicitudes de asilo registradas en Latinoamérica desde 2014, y cientos de miles que permanecen en situación irregular, lo que aumenta su vulnerabilidad.
La declaración conjunta pronunciada hoy por Perú en nombre de 53 países se suma a las expresiones internacionales de preocupación.
El Consejo de Derechos Humanos también debe alzar su voz y abordar las violaciones de derechos humanos que sufre el pueblo venezolano, y que son cometidas por un miembro de este Consejo.
Instamos al Alto Comisionado a seguir informando sobre la situación en Venezuela y esperamos que la declaración conjunta de hoy lleve a una investigación internacional, que es indispensable y ya ha sido solicitada por el Alto Comisionado.
Acceso a la Justicia
Acción Solidaria
ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA
Action for Solidarity
African Centre for Democracy and Human Rights Studies
ALAPLAF
Ana Belloso
ASOADNA
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ)
Aula Abierta
Canada Venezuela Democracy Forum
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado
Center for Justice and International Law
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos – Cadef
centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
Centro de Derechos Humanos, Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Centro de Formación para la Democracia (CFD Venezuela)
Centro de Justicia y Paz – CEPAZ
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX
Centro para la Paz y los DDHH de la Universidad Central de Venezuela
Centro para la Paz y los DDHH Universidad Central de Venezuela
Centro Regional de derechos Humanos y Justicia de Genero: Corporación Humanas
Cisfem
CIVICUS
Civilis Derechos Humanos
Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales
Codevida
Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Tachira
Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia, Codhez
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
COMITE POR UNA RADIOTELEVISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
Conectas Direitos Humanos
Convite AC
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Defensa y Justicia Carabobo
Defiende venezuela
Dejusticia
Epikeia, Observatorio Universitario de Derechos Humanos
Espacio Público
EXCUBITUS derechos humanos en educacion
FADNNA
Federación interamericana de Abogados capitulo Venezuela seccional Anzoategui
Foro Penal
Franciscans International
Fundacion Aguaclara
Fundación Espacio Abierto
FUNDACION ETNICA INTEGRAL
Fundación Niños, Niñas y Adolescentes
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fundamujer
Humano Derecho Radio Estacion
Human Rights Watch
Iniciativa Por Venezuela
Institute on Race, Equality and Human Rights
International Commission of Jurists
International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism (IMADR)
International Service for Human Rights
Ipys Venezuela
Juventud Unida en Acción
Laboratorio de Paz
Madres de Soacha (Colombia)
María Estrella de la Mañana
Maria Eugenia
Misión Scalabriniana Ecuador
Monitor Social A.C. (Venezuela-Edo. Nva Esparta)
Movimiento Vinotinto
Mulier
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
Observatorio Venezolano de la Salud
Organización StopVIH
PADF Honduras
Padres organizados de Venezuela
Paz y Esperanza
Pedro Luis Echeverria
PEDRO NIKKEN
Prepara Familia
Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
Revista SIC del Centro Gumilla
Robert F Kennedy Human Rights
Seguridad en Democracia (SEDEM)
Sin Fronteras IAP
Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil
Thais Parra
Transparencia Venezuela
UCV
Una Ventana a la Libertad
Unión Afirmativa de Venezuela
Union Vecinal para la Participación Ciudadana A.C
West African Human Rights Defenders Network
World Organisation Against Torture (OMCT)
Jun 24, 2018 | Artículos, Noticias
Las y los comisionados de la CIJ en América Latina se reunieron recientemente en Bogotá y firmaron la siguiente declaración conjunta.
Las y los comisionados firmantes de la Comisión Internacional de Juristas, expresamos:
- Nuestra profunda preocupación por la delicada situación de la Independencia Judicial en Guatemala. Tenemos conocimiento que varios jueces y juezas se encuentran bajo hostigamiento y presiones del régimen disciplinario, usados indebidamente por grupos y personas descontentas con las decisiones judiciales en casos de alto impacto. En efecto, Jueces y Juezas de los Tribunales de Mayor Riesgo como Ericka Aifán, Yassmín Barrios, Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul y otros han sufrido una serie de denuncias infundadas ante los órganos disciplinarios.
- La compleja función que cumplen los jueces y juezas en el contexto actual en Guatemala, hace evidente que son objeto de ataques que buscan afectar su función como operadores de justicia honestos e imparciales. Según los estándares internacionales, la exigencia de responsabilidad de un Juez o Jueza, no ampara atentados contra la independencia judicial. Además, dichos estándares establecen que al llevar a cabo sus funciones, las y los jueces deben poder hacerlo libres de cualquier influencia y con total imparcialidad; sin ninguna restricción, incitación, presión, amenaza, ni injerencia, directa o indirecta, de cualquier origen o por cualquier motivo que sea.
- Asímismo, expresamos nuestro total apoyo al comisionado Iván Velásquez, Representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), quien debido al cumplimiento de sus funciones, también viene sufriendo una serie de actuaciones y campañas de difamación. Asímismo, apoyamos a la CICIG, por la función que cumple en la lucha contra la impunidad y corrupción.
Ante todo ello, solicitamos a la Comunidad Internacional que sigan apoyando a la CICIG con suficientes recursos humanos y financieros; además, hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Sub Comité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y al Relator de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, para que visiten el país y puedan verificar “in situ”, la delicada situación de la independencia judicial en Guatemala.
Carlos Ayala, Vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas (Venezuela)
Mónica Pinto, Comisionada (Argentina)
Miguel Carbonnel, Comisionado (México)
Víctor Rodríguez Rescia, Comisionado (Costa Rica)
Wilder Tayler, Comisionado (Uruguay)
Belisário Dos Santos, Comisionado (Brasil)
Juan Méndez, Comisionado (Argentina)
Aejandro Salinas Rivera, Comisionado (Chile)
Roberto Garretón, Comisionado (Chile)
Jun 18, 2018 | Artículos, Noticias
Jueces de Centroamérica, conjuntamente con la CIJ inician Jornadas sobre Independencia Judicial en Guatemala.
Con el objeto de llevar a cabo diferentes reuniones en el contexto de las Jornadas sobre Independencia Judicial en Guatemala, la Jueza de Paz en la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro y Presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras; la Jueza de lo Contencioso Administrativo y Presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD); el Magistrado de la Cámara Penal de Santa Ana y Primer Vocal de la Junta Directiva del Foro De Jueces Democráticos de El Salvador y el Coordinador de la Oficina Técnica de la Asociacion de Jueces por la Democracia de Honduras, con el apoyo de la CIJ, realizarán una visita a Guatemala los días 18 y 19 de junio.
En el transcurso de su visita, se reunirán con diferentes funcionarios del Poder Judicial y analizarán la situación que se está presentando en Guatemala de ataques contra la Independencia del Poder Judicial y de jueces y juezas independientes y honestas como Ericka Aifán, Yassmín Barrios, Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul, entre otros.
Además, analizarán la situación de la Independencia Judicial en la región centroamericana.
La oportunidad será propicia para llevar a cabo dos conversatorios con jueces del Poder Judicial los días 18 y 19 de junio, para poder analizar in situ las acciones que se están presentando en contra de estos jueces y que contravienen los principios básicos y estándares internacionales.
Al final de su visita, darán a conocer las conclusiones generales a las que han llegado y las propuestas que consideran podrían aliviar en parte esta situación.
Jun 6, 2018 | Artículos, Noticias
Después de más de 30 años de búsqueda de justicia por parte de la familia Molina Theissen, el Tribunal de Mayor Riesgo C emitió sentencia condenatoria , cometida en octubre de 1981, durante el conflicto armado interno.
Por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen (de 14 años), así como por la detención ilegal, tortura y violación sexual de su hermana Emma Guadalupe Molina Theissen, fueron condenados el 23 de mayo de 2018, los militares de alto rango (en retiro) General de Brigada Benedicto Lucas García, Coronel Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Coronel Manuel Antonio Callejas y Callejas y Coronel Francisco Luis Gordillo Martínez.
En esa misma sentencia, el Tribunal absolvió al coronel Edilberto Letona Linares.
La CIJ observó todo el desarrollo del juicio público.
Como resultado de esta labor de observación, la CIJ considera que, una vez más, se pudo comprobar, que para lograr romper con la impunidad que existe en estos casos de la llamada “justicia transicional”, se requiere indispensablemente que el Sistema de Justicia esté integrado por jueces independientes, imparciales, competentes, idóneos y de incuestionable integridad moral.
Asimismo, de su observación del juicio y estudio de la Sentencia, la CIJ puede concluir que la defensa de los militares procesados llevó a cabo un litigio de mala fe, que buscó apartar del juicio al Juez Pablo Xitumul, Presidente del Tribunal, por medio de recusaciones abusivas y sin ninguna base legal.
Este tipo de prácticas atentan contra una recta administración de justicia y constituyen una violación de la obligación que tienen los abogados de mantener el honor y la dignidad de su profesión y de actuar de conformidad con las normas éticas reconocidas que rigen su profesión, como lo prescriben los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, de las Naciones Unidas.
La CIJ expresa su rechazo por este tipo de estrategias de defensa, que ya han sido implementadas en otros casos de “justicia transicional” en el pasado y que, además, se están haciendo evidentes en casos recientes vinculados a la lucha contra la corrupción.
Además, durante el juicio, la CIJ pudo constatar las siguientes situaciones:
- Presiones y campañas de difamación de diferente naturaleza, que atacaron y cuestionaron la independencia de las y los juzgadores, su idoneidad e imparcialidad;
- Ataques, estigmatizaciones, difamación y cuestionamientos infundados contra la familia Molina Theissen, por sectores cercanos al Ejército de Guatemala; y
- Ataques y estigmatizaciones contra de las organizaciones de derechos humanos y de los abogados y abogadas de la Familia Molina Theissen, así como en contra del Ministerio Público.
La CIJ se permite recordar que:
- La familia Molina Theissen buscó justicia infructuosamente durante más de 30 años, acudiendo a las autoridades judiciales guatemaltecas;
- Ante la denegación de justicia, la familia Molina Theissen tuvo que recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos; y,
- La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Sentencia de 4 de Mayo de 2004, condenó al Estado de Guatemala por violaciones a los derechos humanos y le ordenó investigar, procesar y castigar a los responsables de dichos crímenes.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “Apoyamos al Presidente del Tribunal Juez Pablo Xitumul, a los otros dos jueces que integran el Tribunal de Mayor Riesgo C y a todos los jueces independientes, imparciales, idóneos e íntegros de Guatemala, que con su trabajo tratan de devolverle la credibilidad al Organismo Judicial.”
“Nos complace esta sentencia, ya que sienta un precedente para que una práctica sistemática tan grave, como la desaparición forzada de personas, no vuelva a repetirse en Guatemala. Existen en Guatemala más de 40,000 personas detenidas desaparecidas y el Ejército de Guatemala debería demostrar voluntad política, proporcionando información veraz, para que los familiares encuentren a sus seres queridos, desaparecidos desde hace más de 30 años, durante el conflicto armado interno,” concluyó Ramón Cadena.
May 29, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ expresa su profunda preocupación, por las diferentes acciones que se vienen dando en contra de la Jueza Erika Aifán.
La Jueza Erika Aifán se ha caracterizado siempre por ser recta en sus decisiones; honesta y apegada al Derecho en todos los casos que ha conocido; independiente, objetiva e imparcial en todas sus decisiones.
Para la CIJ, en los casos contra la Jueza Erika Aifán, existe un riesgo inminente de afectar la Independencia Judicial.
La CIJ considera que la independencia de jueces y juezas, es imprescindible en un Estado de Derecho, para que dichos funcionarios públicos puedan garantizar efectivamente, mediante una recta administración de justicia, el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Por tal razón y con base en la Constitución Política de la República de Guatemala y Convenios y Tratados en materia de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala debería intervenir en la defensa de la independencia judicial.
Tal y como lo establece la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “el principio de independencia del Poder Judicial ha sido reconocido como costumbre internacional y principio general de derecho y ha sido consagrado en numerosos tratados internacionales”.
En tal sentido, la CIJ considera que la Corte Suprema de Justicia debe asumir un papel activo en la defensa de la independencia judicial en general y específicamente, en el caso de la Jueza Erika Aifán.
La Jueza Erika Aifán tiene a su cargo casos paradigmáticos en la lucha contra la impunidad y la corrupción y la CIJ considera que ese es el verdadero motivo de los ataques y cuestionamientos en su contra.
Grupos interesados en promover la impunidad desean apartarla o separarla del cargo.
La CIJ se permite recordar que la separación del cargo de un juez o jueza, debe obedecer exclusivamente a las causales permitidas por la ley, mediante un proceso disciplinario que reuna las básicas garantías inherentes al debido proceso, o cuando el funcionario judicial ha cumplido el término o período de su mandato.
En el caso de la jueza Erika Aifán, no existe ninguno de estos presupuestos, razón por la cual la CIJ concluye que se trata de un ataque contra la independencia e imparcialidad e independencia de la funcionaria judicial.
Ante el hostigamiento que sufren jueces y juezas independientes en Guatemala, la CIJ urge la presencia en el país del Relator de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados.
La CIJ considera, además, que el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala debería presentar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no sólo para que dicha Comisión otorgue medidas cautelares a favor de la Jueza Aifán, sino para que dicha Comisión verifique la violación flagrante a la independencia judicial en el país.
Desde ya, la CIJ solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que invenga en el presente asunto.
Demás está decir, que la independencia de todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso en tanto derecho humano y su ausencia afecta el ejercicio del derecho de acceder a la justicia, aparte de generar desconfianza y hasta temor, que provoca que las personas no recurran a los tribunales de justicia por falta de credibilidad.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América expresó: “Debemos apoyar a la Jueza Erika Aifán, ya que la garantía de la independencia judicial está siendo seriamente afectada. La Jueza Aifán es una de las más honestas y valientes y está llevando casos paradigmáticos que podrían ser afectados, en caso procedan las acciones legales en su contra.”
“Es una vergüenza que un Tribunal del Poder Judicial mismo, imponga una multa de Q.1000.oo a una profesional que está cumpliendo con su deber. Los magistrados de la Sala Tercera, son los que deberían de ser investigados por el Ministerio Público, debido a sus actuaciones en contra de la Independencia Judicial.”
