Dec 10, 2015 | Incidencia
Esta información fue enviada para la sesión 71 del Comité, en enero 2016.
El informe de la CIJ busca brindar al Comité información complementaria sobre el cumplimiento por parte del Perú de sus obligaciones en virtud del artículo 3, párrafo 4, del Protocolo Facultativo sobre la Venta de Niños, la Prostitución infantil y el uso de niños en la pornografía, en relación a la responsabilidad legal de la persona jurídica o moral en el ordenamiento legal peruano.
El informe se centra únicamente en la falta de cumplimiento por el Estado parte de sus obligaciones en virtud del artículo 3, párrafo 4, del PFVN relativo a la responsabilidad penal, civil o administrativa de las personas jurídicas o morales en la legislación peruana.
El informe incluye posibles recomendaciones acerca de las medidas que el Perú debería tomar con el fin de cumplir plena y eficazmente sus obligaciones en virtud del PFVN.
Peru-CRC OPSC Submission-Advocacy-Legal submission-2015-SPA (full text in PDF)
Nov 25, 2015 | Incidencia
AI y la CIJ apoyan la propuesta de creación de una Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia en el país.
Esta comisión tratará de identificaciar las complicidades económicas y financieras en relación con violaciones de los derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidas durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983.
El trabajo de esta Comisión puede ser una contribución muy importante a la obtención de la verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura y sus cómplices económicos.
Sin embargo, esta iniciativa no debe reemplazar ni dilatar la actividad de la justicia ordinaria.
Argentina-Declaracion conjunta AI ICJ Complicidad economica-Advocacy-2015-SPA (en PDF)
Nov 17, 2015 | Artículos, Noticias
Desde el año 2004, la CIJ ha señalado casos en los que el Estado de Guatemala dirige su poder punitivo en contra de defensores y defensoras de derechos humanos por su asociacion a actos pacíficos en defensa de los recursos naturales de distintas comunidades en el país.
Ante esta práctica, que socava el derecho a defender los derechos humanos, la CIJ expresa:
1. La criminalización de la protesta social se ha convertido en un fenómeno recurrente en Guatemala, en la que el Derecho Penal es utilizado como instrumento de represión y deslegitimación de la labor que las y los defensores de derechos humanos llevan a cabo en el país.
2. Especial preocupación causan las detenciones arbitrarias de las que son objeto defensores y defensoras de derechos humanos, que trabajan en áreas de alta conflictividad social y se vinculan a la protección de los recursos naturales, territorios o derechos de los Pueblos Indígenas. En algunos casos, el Estado de Guatemala ha optado por la suspensión de las garantías constitucionales en esas regiones, decretando estados de prevención o de sitio.
3. Con el objeto de conocer el impacto de esta práctica, la eurodiputada Marina Albiol, visitó Guatemala del 2 al 5 de noviembre del presente año. En dicha ocasión, la CIJ acompañó a su delegación en una visita in situ a los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, para entrevistarse con defensores y defensoras de Derechos Humanos, así como para sostener reuniones con funcionarios de gobierno y movimientos sociales.
4. La delegación constató que frecuentemente las y los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, son sometidos a procesos penales injustos, práctica que consituye una herramienta para el acoso a dichas personas.
5. La delegación pudo constatar el caso de las detenciones arbitrarias de Ermitaño Bernardo López , Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, Francisco Pedro (Chico Palas), Adalberto Villatoro (Don Tello), Arturo Pablo Juan,Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, todos ellos del Departamento de Huehuetenango; en los dos últimos casos mencionados, se ha dictado sentencia absolutoria, pero ambos continúan detenidos. Todos han padecido su privación de libertad , en la cárcel de Huehuetenango o en la prisión de la zona 18 de Guatemala, bajo condiciones extremadamente difíciles. Los anteriores no son los únicos, ya que junto a ellos se encuentran detenidas arbitrariamente otras defensoras y defensores de derechos humanos del departamento de Huehuetenango y de otros departamentos.
6. Asímismo preocupa la detención de Mauro Vay, dirigente y defensor de derechos humanos de la organización CODECA, quien se encuentra bajo medida sustitutiva, pero con restricciones que han afectado su derecho al trabajo y libertad de movimiento, durante todo el año 2015 en el departamento de Suchitepéquez.
7. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que la protesta social pacífica, es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos, esencial para la crítica política y social de los gobiernos. En tal sentido, los Estados están obligados a asegurar que ningún defensor o defensora de los derechos humanos sea impedido de reunirse y manifestarse públicamente en forma pacífica.
Ante estos hechos, Wilder Tayler, Secretario General de la CIJ expresó: “Urgimos a las autoridades del Estado de Guatemala a detener la criminalización de la protesta social y las detenciones arbitrarias que este fenómeno conlleva. Amendrentar y obstaculizar la labor de defensoras y defensores de derechos humanos constituye de por sí, una violación del derecho de las garantías individuales”.
Nov 17, 2015 | Artículos, Noticias
La CIJ demanda a las autoridades guatemaltecas terminar con la impunidad que rodea el caso Siekavizza.
La CIJ ante la impunidad prevaleciente en el caso Siekavizza expresa:
El llamado “caso Siekavizza” constituye un caso paradigmático de femicidio supuestamente cometido por el esposo de la víctima Cristina Siekavizza, el 16 de julio de 2011. El cuerpo de la víctima no ha aparecido hasta ahora.
- Por las circunstancias que rodean este caso la CIJ ha solicitado reiteradamente que éste sea conocido por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); no solo porque el principal sospechoso es hijo de una ex Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, sino porque existen elementos suficientes para considerar que puede haber existido una conjura criminal para mantener el caso en la impunidad.
- Desde que se dieron los hechos tan deplorables, el Sistema de Justicia de Guatemala mostró ineficiencia y falta de voluntad política para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia al o a los supuestos responsables. Las autoridades estatales no adoptaron las medidas necesarias para llevar a cabo una investigación eficiente y rápida.
- Lo anterior permitió que se afectara la escena del crimen y que el presunto responsable se refugiara en otro país y escapara a la justicia.
- Los cuatro años de impunidad que lleva el caso, han provocado un profundo pesar a los familiares de Cristina Siekavizza a quienes en su momento, el Estado deberá resarcir los daños causados.
- Este es tan solo uno de los miles de casos criminales que se mantienen en la impunidad frente a la pasividad de las autoridades correspondientes. En general la justicia en Guatemala sigue seriamente afectada por altos índices de impunidad.
Wilder Tayler, Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, Suiza expresó: “Seguiremos observando el desarrollo de este caso; hacemos un enérgico llamado a todos los operadores de justicia involucrados, para que pongan el más riguroso empeño para permitir esclarecer un crimen tan grave. La impunidad que rodea el caso debe superarse cuanto antes.”
Nov 13, 2015 | Comunicados de prensa, Noticias
Las autoridades peruanas deben revisar algunas de sus leyes y políticas para proteger mejor los derechos económicos, sociales y culturales en el país, pidió hoy en Lima la CIJ.
La petición se hace al final de una misión de una semana realizada por la CIJ para recoger información y evaluar el impacto de las industrias extractivas en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, en especial, los campesinos y las comunidades indígenas.
En particular, la CIJ está preocupada por el impacto negativo en los derechos humanos del Decreto 30230, que busca facilitar la inversión privada.
Mientras la inversión puede contribuir de manera importante al disfrute de los derechos humanos, la CIJ considera que esta norma en particular conduce en la práctica a la falta de respeto de los derechos humanos en cuanto reduce los estándares de protección ambiental y social.
La CIJ saluda la adopción de legislación que protege los derechos humanos, incluido el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y la regulación del uso de la fuerza por parte de la Policía.
Sin embargo, la CIJ nota que con frecuencia esas leyes en la práctica no son implementadas efectivamente.
Durante su misión, la CIJ pudo verificar la información sobre el incremento del número de conflictos violentos y de protestas sociales relacionadas con los proyectos mineros.
“Un gran número de los conflictos sociales actuales tienen lugar en áreas donde se llevan a cabo actividades de la industria extractiva. La tendencia a disminuir la protección de los derechos económicos, sociales y culturales y del ambiente, para facilitar la inversión, genera un alto riesgo de que la violencia de los conflictos se incremente”, dijo Sandra Ratjen, Asesora Jurídica Sénior del programa de la CIJ para los derechos económicos, sociales y culturales.
“Hay una brecha entre las obligaciones internacionales de Perú de respetar y proteger los derechos humanos y las amenazas sistemáticas que enfrentan las comunidades que se encuentran en las áreas mineras para disfrutar realmente derechos como el derecho al agua, a la salud y a la vivienda o a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas”, agregó.
La CIJ está particularmente preocupada por las afirmaciones de uso contrario al derecho internacional de la fuerza letal para controlar las manifestaciones y las protestas en zonas mineras, como ocurrió recientemente en Las Bambas.
La CIJ recibió información de diversas fuentes en el sentido que en varias ocasiones las fuerzas de seguridad han usado la fuerza en contra de los principios de necesidad y proporcionalidad.
La CIJ exhorta a las autoridades peruanas a tomar las siguientes medidas para fortalecer la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el país:
- Mantener y fortalecer las leyes y las políticas que protegen los derechos humanos, en particular los económicos, sociales, culturales y del ambiente;
- En consecuencia, revisar la legislación que impida que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluidas las relativas al disfrute de derechos como el derecho al trabajo decente, el derecho a la salud y al agua potable o el derecho a la protección frente a desalojos forzados;
- Asegurar plenamente el ejercicio del derecho de reunión y de la libertad de expresión de las personas y los grupos, incluidos los defensores de derechos humanos.
Información adicional
La misión de la CIJ incluyó a María Clara Galvis, abogada colombiana especialista en derecho internacional de los derechos humanos y profesora de la Universidad Externado de Colombia; Rafael Uzcátegui, sociólogo venezolano y Coordinador General del Programa venezolano de educación y acción en derechos humanos (PROVEA); Sandra Ratjen, Asesora Jurídica Sénior del Programa de Derechos Economicos, Sociales y Culturales de la CIJ y Olivier van Bogaert, Director de prensa y comunicaciones de la CIJ.
La delegación se reunió con autoridades de varios ministerios, representantes de empresas extractivas, agencias de cooperación, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales. En diciembre, la CIJ publicará el informe final con sus hallazgos y recomendaciones sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de las industrias extractivas y el aumento de los conflictos sociales en el Perú.
Contacto:
Sandra Ratjen, Senior Legal Adviser for ICJ’s Programme on Economic, Social and Cultural Rights, t: +55 96 48 13 628; e: sandra.ratjen@icj.org
