Sep 22, 2014 | Artículos, Noticias
Comunicado de la CIJ tras sua visita a 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez afectadas por la construcción de una cementera y la carretera necesaria para comercializar la producción.
La Comisión Internacional de Juristas a la comunidad nacional e internacional expresa:
1. Con fecha viernes 12 de septiembre del presente año la CIJ llevó a cabo una visita a San Juan Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez, a solicitud de dirigentes defensores de derechos humanos de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez afectadas por la construcción de una cementera y la carretera necesaria para comercializar la producción. La visita permitió a la CIJ recabar información acerca de las dificultades que atraviesan dichas comunidades por la construcción de esta infraestructura, la cual se encuentra muy cercana a las viviendas y a la población afectada.
2. Los dirigentes de las comunidades explicaron en dicha visita, los principales daños que la construcción les causa desde ya hace varios años, siendo éstos:
a) Desde que se inició el proyecto de la construcción de la cementera las comunidades han sufrido problemas que no existían con anterioridad incluyendo amenazas en contra de quienes se oponen a dicho proyecto, órdenes de captura, procesos penales abiertos en forma prolongada y sentencias condenatorias sin pruebas .
b) Periódicamente, un helicóptero sobrevuela la zona a poca altura, causando zozobra en la población. Se trata, en opinión de los dirigentes de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez, de un acto de provocación para afectar a las comunidades que se oponen al proyecto mencionado.
c) En el año 2008 ya sufrieron la imposición de un estado de excepción y temen ahora que se pueda querer establecer otro, para construir a la fuerza la carretera aludida. Si bien han solicitado información acerca del trazo de la misma al Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, no han logrado obtener dicha información, razón por la cual temen que pueda atravesar sus terrenos, sin su consentimiento.
d) La construcción de la obra ha afectado los derechos y estilo de vida de los pobladores. Por ejemplo, algunas viviendas han sufrido rajaduras por los temblores que causa la construcción de la obra; las enfermedades respiratorias han aumentado, debido al polvo que provoca la construcción; el ruido de noche y durante la madrugada, no les permite vivir en paz y en general, su proyecto de vida ha sido seriamente afectado. El daño al ambiente (por ejemplo tala de árboles, ruido y otros), los está afectando y cuando la fábrica entre en operación temen que el impacto sea aún mayor e irreversible para la población del lugar.
3. Los dirigentes expresaron su deseo de solucionar esta situación por la vía del diálogo; agregaron que han demostrado estar comprometidos a favor de la solución pacífica de la problemática que les afecta; para eso han participado en la mesa de diálogo establecida previamente, con las autoridades gubernamentales.
4. A pesar de lo anterior y con gran preocupación la CIJ ha recibido alegaciones de que en la madrugada del sábado 20 de septiembre, se registraron hechos de violencia, que dejaron un saldo de aproximadamente 8 personas muertas y un número considerable de heridos. La versión oficial es confusa y no especifica el número de víctimas, ni el estado de las personas heridas, ni de otros elementos que permitan establecer la verdad de lo sucedido. De acuerdo a la información recibida lunes 22 de septiembre en la madrugada, un fuerte contingente policial entró al municipio; esto podría indicar que las autoridades pretenden imponer por segunda vez, un estado de excepción.
Ante esta situación, la Comisión Internacional de Juristas expresa:
I. Su preocupación por los actos de violencia y la posible imposición de un estado de excepción, en vista de que la legislación nacional no cumple con los estándares internacionales en la materia. En repetidas ocasiones, la CIJ ha solicitado al Congreso de la República la aprobación de una nueva Ley de Orden Público, tal y como se estableció en los Acuerdos de Paz;
II. La CIJ considera necesario que, en estas circunstancias, las víctimas de los hechos sucedidos la madrugada del sábado 20 de septiembre y sus familiares, sean atendidos adecuadamente.
III. Corresponde a las autoridades del Estado de Guatemala llevar a cabo una investigación rigurosa para aclarar los hechos. Antes de llevar a cabo esta investigación e informar a la ciudadanía sobre lo sucedido, debería evitarse la imposición de un estado de excepción con el fin de evitar más violencia y daños a las comunidades afectadas por la construcción de la cementera.
La Comisión Internacional de Juristas urgió al Ministro de Gobernación que antes de tomar medidas limitativas de derechos mediante un estado de excepción, proporcione información precisa sobre el número de víctimas, posibles líneas de investigación, el paradero de las personas heridas, si hay desplazados internos y otros aspectos de carácter humanitario.
Aug 13, 2014 | Artículos, Noticias
Declaración de la CIJ al finalizar su reciente visita al municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, y sus reuniones con dirigentes comunitarios y defensores de derechos humanos.
La Comisión Internacional de Juristas visitó el municipio de Rabinal, Departamento de Baja Verapaz, del 6 al 8 del presente mes. En dicha visita los delegados de la CIJ tuvieron oportunidad de conversar con dirigentes comunitarios y defensores de derechos humanos y recabar información sobre la situación que se vive en el municipio.
Descargar la declaración: Guatemala-Inquietud en Rabinal-news-web story-2014-spa
May 22, 2014 | Incidencia
En el presente informe la CIJ llama a la atención del Comité las debilidades del sistema legal y judicial del Estado colombiano y sus falencias en relación a su deber de protección de niños y niñas de comunidades locales y afrodescendientes en zonas de conflicto.
La CIJ solicita al Comité pedir información al Estado sobre las medidas y acciones desplegadas para la protección de los niños, niñas y adolescentes ante las actividades y operaciones de las empresas con actividad en la jurisdicción Colombiana, y para revisar el Plan de Acción Nacional o incluir en los distintos planes o programas sectoriales medidas concretas para proteger los derechos del Niño ante las actividades y operaciones de las empresas.
El informe hace referencia a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Operación Génesis, en la cual se vulneraron derechos de comunidades afrodescendientes, incluidos niños.
La Corte, en base al Articulo 5 de la Convención Americana, se refiere a la Convención de derechos del Niño, y condena a Colombia por no adoptar las medidas necesarias para proteger a los niños y a las niñas de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica ante las actividades de explotación forestal y la actividad de concesión de CODECHOCÓ, ha vulnerado su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo (art. 6), derecho a la salud (art. 24) y el derecho a un nivel adecuado de vida (art. 27).
Asimismo se han vulnerado otros derechos de la Covención. Al respecto la CIJ solicita al Comité que pida información a Colombia sobre las medidas adoptadas o por adoptarse por el Gobierno Colombiano para hacer efectivo el fallo de la Corte Interamericana, especialmente su obligación de investigar para acabar con la impunidad y sancionar a las empresas que han vulnerado los derechos de los niños, así como en la adopción de las medidas de satisfacción, rehabilitación y restitución especificadas por la Corte, y en particular referidas a los niños.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ha reiterado en otras ocasiones las debilidades del sistema judicial colombiano y especialmente la impunidad de las fuerzas armadas en casos de graves violaciones de derechos humanos donde también hay un factor o motivación económica, y especialmente ante la presencia de compañías transnacionales.
En estos casos, la Comisión Internacional de Juristas ha pedido al Estado colombiano que reforme su Código penal e incorpore el principio de responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de graves violaciones de derechos humanos.
En el mismo informe, redactado con motivo del Examen Periódico Universal en 2013, la CIJ exhortó al Estado a mejorar la capacidad técnica de la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación para investigar casos complejos con presencia de actores del sector privado.
A este respecto, la CIJ solicita al Comité que pida a Colombia información sobre las medidas tomadas para fortalecer su marco normativo y su capacidad de investigación y juzgamiento de casos donde se encuentran involucradas empresas.
Colombia-CRC68PSWG-LOI-LegalSubmission-2014 (PDF, español)
May 13, 2014 | Artículos, Noticias
La Misión de observadores de la CIJ – Philippe Texier, Alberto L. Gómez Z. y Carlos Lopez H.- compartió conclusiones preliminares desoladoras con la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República.
Philippe Texier, exmagistrado de la Corte de casación de Francia y ex Presidente del Comité ONU para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, presentó ante la Comisión de Trabajo prácticas de trabajo precario en la industria de la agro-exportación, asi como casos de trabajo infantil, que no se corresponden con los estandares internacionales aceptados por el Perú en Convenciones internacionales.
El informe final de la misión será publicado en un momento posterior luego de llevar a cabo investigación y consultas adicionales.
Durante su visita al Perú, la misión de expertos sostuvo reuniones en Lima e Ica con una diversidad de sindicatos, autoridades de trabajo y salud, ONGs, expertos, trabajadores adultos y niños.
Los expertos hicieron también visitas in situ para entervistarse con trabajadores, pobladores y niños, fueron entrevistados en la radio y presentaron conclusiones preliminares a la Comisión de Trabajo del Congreso (foto).
La industria de agro-exportación en el Perú produce principalmente esparrago, mango, paltas, paprika y uva, la mayor parte destinada a la exportación a mercados de Europa y Norte América.
En la última década, ha experimentado un gran crecimiento debido a importantes inversiones realizadas en una industria cuyo crecimiento no parece ser acompañado por mayor bienestar social para sus trabajadores y comunidades aledañas.
Contact:
Carlos Lopez, Director, Business and Human Rights, carlos.lopez(a)icj.org +41 22 979 3816
