May 16, 2013 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ hoy expresó su preocupación ante la posibilidad de que la sentencia emitida días atrás por el Juzgado de Mayor Riesgo A en el juicio por Genocidio y Delito contra los Deberes de Humanidad sea anulada.
La CIJ tambien expresó su preocupación que el proceso contra el General Efraín Rios Montt (foto) por Genocidio y Delitos contra los Deberes de Humanidad tenga que repetirse.
La Corte de Constitucionalidad (CC) está examinando recursos legales planteados relacionados a la sentencia de 80 años de cárcel contra el exjefe de Estado.
Durante todo el juicio, los jueces del Tribunal recibieron presiones constantes, no solo de parte de los abogados de la defensa, sino que también de otros grupos externos que promueven más impunidad en este caso, dijó la CIJ.
Además, constantemente los abogados de la defensa presentaron diferentes recursos de amparo y otros recursos legales, con el único fin de obstaculizar el proceso y no permitir que se emitiera sentencia.
Frente a todos estos ataques, los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo A demostraron una conducta intachable, apegada a derecho y con una firme determinación de terminar con la impunidad que ha existido alrededor de este caso.
Ramón Cadena, Director de la Oficina de la Comisión Internacional de Juristas para Centro América expresó: “Sería muy negativo para el Estado de Guatemala si se llega a anular la sentencia. La impunidad que ha existido ha hecho mucho daño a la población y a las víctimas quienes habían perdido la fe en la justicia.”
Finalmente, Cadena puntualizó: “Es más valioso que un Estado reconozca mediante una sentencia que se cometieron graves crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, a seguir escondiendo su responsabilidad con diferentes mecanismos de impunidad.”
May 10, 2013 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ celebra que el proceso contra el General Efraín Rios Montt (centro de la foto) por Genocidio y Delitos contra los Deberes de Humanidad haya concluido el viernes 10 de mayo en la ciudad de Guatemala.
La CIJ observó el debate por medio del abogado Miguel Moerth y apoyó proceso y el debido cumplimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario por medio del peritaje presentado por el Director de su oficina para Centroamérica.
Dicha oficina se ha mantenido atenta y ha abogado por el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.
Durante el proceso la CIJ llamó la atención sobre el uso abusivo de la figura del amparo, recusaciones, incidentes y otros recursos presentados por la defensa que pretendieron en diferentes momentos anular u obstaculizar el desarrollo del juicio.
La CIJ respalda decididamente al Tribunal de Mayor Riesgo “A” por haber llevado a cabo su difícil tarea, con respeto a las normas del debido proceso y la garantía del derecho de defensa de los acusados y, por haber resistido con las presiones recibidas durante el juicio, que incluyeron amenazas contra integridad personal de miembros del Tribunal.
La CIJ considera que el derecho de las víctimas a un juicio justo e imparcial y a conocer la verdad de los hechos, ha sido respetado con las acciones llevadas a cabo durante el juicio por dicho Tribunal.
Wilder Tayler, Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas expresó: “Celebramos este triunfo de la Justicia sobre la Impunidad. Después de 30 años y de tanto esfuerzo, el derecho a la justicia de las víctimas ha sido respetado; la sociedad guatemalteca ha dado un primer y muy importante paso en el camino hacia la reconciliación. Esta sentencia fortalece el Sistema de Justicia en Guatemala y constituye un importante precedente para evitar que crímenes tan graves puedan repetirse. Constituye igualmente un ejemplo para toda la región americana en su combate contra la impunidad”.
Foto: Bettman/Corbias
Mar 12, 2013 | Artículos, Noticias
La CIJ llevará a cabo una misión a Uruguay (12-16 marzo de 2013) para interiorizarse de los acontecimientos que recientemente interesaran aspectos de la independencia del poder judicial en el país.
También se evaluará su impacto sobre el ejercicio del derecho de las víctimas a contar con remedios efectivos para las violaciones de los derechos humanos.
La delegación de la CIJ ha solicitado reuniones con la Suprema Corte de Justicia, ex magistrados, el Poder Ejecutivo, el Colegio de Abogados del Uruguay, organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, representantes de los partidos políticos, y otros actores relacionados con la administración de justicia y la independencia del poder judicial.
La visita se enmarca dentro de los esfuerzos que la CIJ lleva a cabo en distintos países con el objetivo de velar por e impulsar la primacía, coherencia e implementación del derecho internacional de los derechos humanos a través de la vigencia del Estado de Derecho, y promover el respeto a la independencia judicial.
Integrarán la misión los siguientes delegados:
Belisario dos Santos Junior (foto) – Jurista brasileño, Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Secretario de Estado de Justicia y Defensa de la Ciudadanía del Estado de San Pablo (1995 – 2000) y ex Presidente de la Asociación de Abogados Latinoamericanos para la Defensa de los Derechos Humanos.
Alejandro E. Salinas Rivera – Jurista chileno, Asesor del Centro para la Independencia de Jueces y Abogados. Ex director de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y ex asesor de la Comisión Presidencial para Políticas de Derechos Humanos de la Presidencia de la República de Chile.
Dec 13, 2012 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ condena los actos de los países de Centroamérica que afectan seriamente la independencia judicial. El ultimo acto de esta naturaleza ocurrió en Honduras.
La CIJ ante los últimos acontecimientos que afectan seriamente la independencia de los differentes poderes judiciales en países de la región centroamericana, expresa:
- Durante el año 2012, la CIJ ha constatado que los diferentes gobiernos y autoridades de los países de Centroamérica han realizado actos que afectan seriamente la independencia judicial. En Honduras, el miércoles 12 de diciembre, la Asamblea Legislativa procedió a destituir a cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sin tener facultades o atribuciones para un acto de esta naturaleza. Esta destitución nos sitúa frente a un escenario similar al del Golpe de Estado de junio de 2009;
- En El Salvador, se han dado hechos similares; durante todo el año 2012, la Asamblea Legislativa y otros grupos del poder político, han pretendido desarticular la Sala Constitucional de la Corte Suprema de dicho país, debido al contenido de sus sentencias; en Costa Rica hace unas semanas, también la Asamblea Legislativa se negó a ratificar en su cargo a un magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, alegando que los fallos de dicha sala creaban una “situación de ingobernabilidad” y que ese acto era un “llamado de atención para el resto de los magistrados”, siendo la primera vez que el Organismo Legislativo se negó a ratificar en su cargo un nuevo mandato de un magistrado del alto Tribunal;
- En Guatemala, tanto el Presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia como la Fiscal General, vienen siendo objeto de ataques a su independencia por parte de abogados defensores de las personas acusadas, por la función positiva que han cumplido en la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado;
La CIJ considera que todos estos hechos constituyen injerencias y ataques a la independencia del Poder Judicial; tratándose de magistrados de diferentes Cortes Supremas y de una Fiscal General, estos actos evidencian por sí mismos, la precariedad de la garantía de independencia judicial en dichos países. A esta situación, hay que agregar que varios de los países mencionados, carecen de sistemas de carrera judicial y de mecanismos de protección adecuados para garantizar a los funcionarios el ejercicio independiente de la función jurisdiccional; además, en ellos existen fenómenos de impunidad generalizados y de cuerpos ilegales, aparatos clandestinos de seguridad y crimen organizado.
Frente a estos hechos, la CIJ recomienda:
- Que las autoridades estatales concernidas con los hechos arriba mencionados, se abstengan de interferir en el ámbito de la independencia de los poderes judiciales, ya que de lo contrario, estarían incumpliendo sus obligaciones internacionales sobre respeto a la independencia de poderes, establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
- Que se tomen las medidas necesarias para asegurar la independencia de jueces, magistrados y fiscales como corresponde en un Estado de Derecho;
- Que los estados relacionados establezcan mecanismos de protección para jueces, magistrados, fiscales y demás operadores de justicia, a fin de salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio de la función jurisdiccional independiente;
- Que los estados concernidos impulsen procesos de creación o fortalecimiento de carreras judiciales de conformidad con los estándares internacionales;
- Que se fortalezcan los poderes judiciales y otras entidades del sector justicia, a fin de lograr la efectiva protección de los derechos humanos incluida la lucha contra la impunidad.
La CIJ continuará cumpliendo con su mandato de promover y garantizar la independencia de jueces, abogados y fiscales; en ese sentido, le dará seguimiento a estas situaciones y continuará observando y proponiendo soluciones a esta problemática.
Para mayor información :
Ramón Cadena Rámila, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centro América, t + 502 30441818
Nov 15, 2012 | Incidencia
El presente informe sistematiza las consideraciones principales relativas al respeto de los derechos humanos en los municipios de San Andrés y La Libertad, así como aquellas relativas al derecho de acceso a la justicia.
El informe cubre el período de enero de 2010 a julio de 2011.
El informe ha sido preparado en el marco del proyecto sobre Reforma a la Justicia y Fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala (EIDHR/2,009/224-504) que la CIJ implementó con apoyo de la Unión Europea; una de las actividades de dicho proyecto consistió en brindar asesoría puntual a las comunidades indígenas en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
La CIJ ha estado llevando a cabo varias actividades relacionadas con la situación de los derechos humanos en el departamento de Petén, sobre todo en los municipios de San Andrés y La Libertad, en donde radican diferentes comunidades que enfrentan serias violaciones a los derechos humanos, mismas que están generando un delicado confl icto social que afecta a los hombres, mujeres y niños que habitan esas zonas.
Además, en el marco de dicho proyecto, era necesario elaborar un informe sobre el derecho de acceso a la justicia, partiendo de un caso concreto.
La CIJ decidió llevar a cabo este informe, tomando como caso paradigmático la situación que viven las comunidades del departamento de Petén.
En el contexto de este proyecto, a partir de enero de 2010 la CIJ asesoró a varias personas con el objeto de presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la prórroga del Contrato Petrolero 2-85, que el Estado de Guatemala autorizó aún en contra de la legislación constitucional y ambiental.
La compañía petrolera PERENCO ha operado en el departamento de Petén desde 1985; la zona en donde está dicha compañía fue declarada “zona protegida” por la legislación ambiental aprobada en la década de los años noventa.
Ante el vencimiento de su contrato de operaciones petroleras veinticinco años después, el Estado de Guatemala llevó a cabo una reforma legal que permitió la prórroga por quince años más de todo contrato petrolero; dicha reforma debería entenderse para todos aquellos futuros contratos petroleros o sea que a partir de dicha reforma, todos los contratos que se aprobasen en el futuro, podrían prorrogarse por 15 años más.
Sin embargo, mediante la aplicación retroactiva de la ley y de otras ilegalidades como la violación al debido proceso y a otras garantías, se aprobó la prórroga del contrato mencionado.
La CIJ presentó la acción de inconstitucionalidad referida con anterioridad, que fue rechazada in limine, o sea que la Corte de Constitucionalidad ni siquiera entró a conocer el fondo del asunto.
Por otro lado, mientras que a la compañía PERENCO se le prorrogaba el contrato 2-85 aún en contra de disposiciones constitucionales, a las comunidades se les venía calificando permanentemente como “población invasora” de la zona protegida.
Tanto las comunidades como la compañía PERENCO, se encuentran dentro de la zona protegida por el Estado, zona que se considera debe ser protegida por existir una de las reservas de humedales más importantes de Latinoamérica. Según dirigentes de diferentes comunidades, la compañía petrolera está perforando pozos en la zona central del área protegida causando daños irreparables al medio ambiente.
Los techos de lámina de sus viviendas también han sido afectados por los gases que emanan de dicha actividad, daño que se extiende a la salud de los pobladores.
En general, la situación de las comunidades que viven en los municipios de San Andrés y La Libertad es de suma vulnerabilidad.
La CIJ ha constatado que entre las causas principales de esta vulnerabilidad se cuentan la negación por parte del Estado de toda posibilidad de acceso a la justicia, la extrema pobreza en que viven, la falta de certeza jurídica sobre sus tierras, la política de desalojos que el Estado ha venido implementando desde el segundo semestre de 2010, la presencia del narcotráfico en sus zonas o regiones, la política de remilitarización y las consecuencias de la exploración y explotación petrolera que afectan su salud y otros derechos.
A esto debe sumarse la falta de respeto al derecho a la consulta. A estas comunidades se les niegan sus derechos con el argumento que son “invasoras” y que están ilegalmente en una zona protegida, mientras que a la compañía PERENCO se le prorroga el contrato petrolero.
El presente informe sistematiza las consideraciones principales relativas al respeto de los derechos humanos en los municipios mencionados, así como aquellas relativas al derecho de acceso a la justicia.
Guatemala-Informe Acceso a la Justicia-Caso SA y LT Peten-publications-2012-spa (full text in pdf)
