Aug 20, 2020 | Artículos, Noticias
A pesar de esfuerzos significativos para recuperar e identificar restos óseos en América Latina, todavía hay miles de casos donde los restos no han sido identificados y entregados a los familiares. Asimismo, se debe destacar el hecho de que los familiares todavía tienen problemas para entender y participar en el proceso forense.
Con el fin de contribuir a la solución de este problema, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) lanzó hoy una guía forense con información práctica y accesible sobre la investigación, recuperación y análisis de restos óseos.
La guía es particularmente útil para las personas que no tienen previos conocimientos forenses. Además, contribuirá para mejorar el entendimiento y la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de personas desaparecidas.
La guía fue escrita por Luis Fondebrider, director ejecutivo del EAAF y para su elaboración se tuvo en cuenta los estándares internacionales en la materia, incluyendo el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016). La Comisión Internacional de Juristas (ICJ), el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) contribuyeron con insumos para la elaboración de la guía.
La guía fue lanzada durante un webinar. Los panelistas del evento fueron Luis Fondebrider del EAAF; Claudia Rivera de la FAFG y Franco Mora del EPAF. Contó con la moderación de Carolina Villadiego de la CIJ.
En el lanzamiento, todos los expertos forenses enfatizaron en el rol central que los familiares de las personas desaparecidas deben tener en el proceso de investigación, recuperación y análisis de restos óseos. En particular, se resaltó que los familiares no solo tienen información clave para encontrar los restos, sino que también, son los que impulsan estos procesos.
Actualmente, la guía está disponible en español y en los próximos meses estará disponible en inglés.
Contexto:
La guía fue producida como parte de un proyecto regional para promover justicia para ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú, que es coordinado por la CIJ.
El objetivo principal del proyecto es mejorar la rendición de cuentas en casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, a través del fortalecimiento de capacidades de jueces, fiscales, investigadores, víctimas, abogados, forenses, y organizaciones de la sociedad civil. El proyecto cuenta con el apoyo del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH).
Además, se implementa en conjunto con la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Colombia (dhColombia), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), y el Instituto de Defensa Legal de Perú (IDL).
Contactos:
Kingsley Abbott, Coordinador de la iniciativa global de rendición de cuentas de la CIJ. Correo electrónico: kingsley.abbott(a)icj.org
Carolina Villadiego, Asesora Legal, América Latina y coordinadora regional del proyecto. Correo Electrónico: carolina.villadiego(a)icj.org
Aug 19, 2020 | Artículos, Noticias
Hoy la CIJ llamó a las autoridades públicas a abstenerse de realizar comentarios o acciones que puedan socavar la integridad del proceso judicial y la independencia de la Rama Judicial.
El 4 de agosto la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y ordenó su detención preventiva, sustituyéndola por detención domiciliaria, en relación con el caso que se sigue en su contra por los presuntos delitos de soborno a testigo y fraude procesal.
Desde hace días, varios políticos han hecho declaraciones inapropiadas e incendiarias respecto de la justicia, incluidas algunas que sugieren que los jueces toman sus decisiones basándose en prejuicios ideológicos o políticos en lugar de basarse en la Constitución y la ley.
El presidente de Colombia, Iván Duque, expresó en una declaración trasmitida por televisión que le “duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión, y que a un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia. Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y en la honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia”.
La CIJ enfatiza que es inapropiado que un jefe de Estado u otro funcionario del poder ejecutivo intervenga de esta manera en un caso que está siendo objeto de estudio en la Rama Judicial. Los Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura de las Naciones Unidas dejan claro que “[t]odas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”, y esto implica que deben abstenerse de “influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas”.
Adicionalmente, y como reacción a la detención del expresidente Uribe, el partido político “Centro Democrático” del cual son miembros el presidente Duque y el expresidente Uribe, emitió un comunicado de prensa en el que dijo que planeaban proponer una Asamblea Nacional Constituyente “con el propósito de despolitizar la justicia”. Y el expresidente Uribe mencionó el 16 de agosto que esperaba que su partido político iniciara una reforma judicial a través de referendo para acabar con la “politización” de la Corte.
La CIJ considera que las acciones de reforma a la justicia no deben basarse en reacciones políticas a un caso o una decisión judicial determinada. Las reformas al sector justicia deben basarse en las buenas prácticas y en los estándares que permitan reforzar la independencia judicial y contar con una pronta, oportuna y justa administración de justicia.
Por último, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, también hizo comentarios inapropiados frente a la justicia colombiana, al tuitear el 14 de agosto que se unía a las voces que pedían a las autoridades colombianas que permitieran que Álvaro Uribe “se defendiera como un hombre libre”.
Contacto: Carolina Villadiego Burbano, Asesora Legal para América Latina de la CIJ, e: carolina.villadiego(a)icj.org
Apr 8, 2020 | Noticias
Por décadas, un número importante de colombianos han sido víctimas de crímenes atroces relacionados con el conflicto armado. En particular, los defensores de derechos humanos han sido blancos de violaciones de derechos humanos y abusos serios, como asesinatos, amenazas de muerte y hostigamientos.
Solo este año, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha recibido información sobre 56 posibles casos de asesinatos de defensores de derechos humanos. Desafortunadamente, el brote del COVID-19 no ha detenido la violencia contra defensores de derechos humanos.
Al respecto, desde el primer caso confirmado de COVID-19 en el país, el 6 de marzo de 2020, la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional han reportado el asesinato de seis defensores de derechos humanos. Los perpetradores de estos crímenes todavía no han sido identificados.
En igual sentido, las violaciones de derechos humanos y abusos contra comunidades locales tampoco se han detenido. A decir verdad, lo contrario parece ser lo cierto. Así, por ejemplo, se ha denunciado que grupos armados ilegales, incluyendo grupos paramilitares y nuevos grupos formados por disidentes de la guerrilla de las FARC-EP, están aprovechado la pandemia para cometer acciones ilegales con mayor libertad, principalmente en áreas rurales del país. Entre las acciones cometidas por estos grupos, se destaca el desplazamiento forzado de 250 personas y el confinamiento de 770 familias por los combates entre un grupo paramilitar y un grupo guerrillero. Ambas acciones tuvieron lugar en la región pacífica del país, en la cual el conflicto se ha intensificado luego del Acuerdo Final de Paz. Adicionalmente, se conoce de al menos tres desmovilizados de las FARC-EP que han sido asesinados en marzo de 2020.
A pesar de la gravedad de la situación anteriormente descrita, la respuesta del gobierno colombiano a la crisis provocada por el COVID-19 se ha centrado en la creación e implementación de medidas no relacionadas con el conflicto. Al respecto, el gobierno ha decretado regulaciones de gran importancia para mitigar los efectos sociales y económicos creados por el virus. Entre otras regulaciones, el presidente decretó un estado de emergencia y una cuarentena nacional obligatoria por 19 días desde el 25 de marzo de 2020. De igual forma, el gobierno estableció una serie de ayudas sociales y económicas en favor de quienes se verán más afectados por la cuarentena.
Ninguna de estas medidas fue diseñada considerando la situación particular de los defensores de derechos humanos. Como consecuencia, su protección no es un elemento central de las políticas colombianas para hacer frente a la pandemia. Si se considera que la implementación del Acuerdo Final de Paz y los derechos de las víctimas no son prioridades del actual gobierno, el enfoque adoptado no es completamente inesperado. En todo caso, para ser justos, se debe reconocer que los programas estatales para la implementación del Acuerdo han continuado operando durante la pandemia.
Ahora bien, podría argumentarse que la pandemia tiene el potencial de afectar predominantemente derechos humanos que no están relacionados con el conflicto armado. Por lo tanto, desde este punto de vista, la priorización de medidas no relacionadas con el conflicto armado está justificada y es requerida. Si bien esta posición se basa en una premisa valida, que es que la pandemia causada por el COVID-19 crea varios desafíos que van más allá de los problemas de derechos humanos relacionados con el conflicto, ignora un elemento central de la realidad colombiana: la existencia de un conflicto en curso.
Actualmente, el conflicto afecta directamente una parte considerable de la población colombiana, incluyendo la mayoría de los defensores de derechos humanos. Sobre este tema, fue reportado que, el año pasado, las acciones cometidas por grupos ilegales en el marco del conflicto afectaron a al menos 10 de los 32 departamentos de Colombia. En ese sentido, ignorar la importancia del conflicto puede llevar a que algunas medidas para hacer frente a la pandemia resulten ineficaces. Lo anterior, ya que, en las zonas afectadas por el conflicto, la protección de los derechos humanos requiere abordar los desafíos específicos que la pandemia ha creado en esos territorios. Por ejemplo, la presencia de grupos ilegales puede conllevar a que no se realicen pruebas para el COVID-19 a los miembros de las comunidades locales o que no puedan acceder a servicios de salud. Igualmente, debido a la cuarentena, los grupos ilegales pueden identificar más fácilmente la localización de defensores de derechos humanos y tomar represalias contra ellos.
En relación con los defensores de derechos humanos, también debe mencionarse los problemas relacionados con el acceso a medidas de seguridad adecuadas. Sobre este tema, Amnistía Internacional ha denunciado que los esquemas y medidas de seguridad de algunos defensores de derechos humanos han sido reducidos por la pandemia. De igual forma, una organización no gubernamental local expresó preocupación por la decisión de la Unidad Nacional de Protección de suspender indefinidamente las sesiones de la Comisión en donde se definen las medidas de protección.
En consideración con lo anterior, y más allá de las consideraciones políticas y de las prioridades generales del gobierno, es imperativo que el gobierno adopte una perspectiva integral para enfrentar la pandemia. Esto implica abordar el impacto diferencial que la pandemia puede tener en las personas que lideran los procesos de transformación social y legal, en las zonas afectadas por el conflicto. En particular, deben implementarse o adaptarse medidas eficaces de protección para defensores de derechos humanos durante la crisis del COVID-19. Asimismo, deben garantizarse y cumplirse los derechos de acceso a un recurso efectivo y a la reparación, de conformidad con los estándares internacionales.
Adicionalmente, el gobierno nacional debe hacer mayores esfuerzos para obtener un cese de hostilidades humanitario por parte de todos los grupos ilegales durante la crisis del COVID-19. Un cese de hostilidades humanitario contribuiría a (i) proteger a la población civil contra actos violentos, (ii) implementar las medidas relacionadas con la pandemia en las zonas de conflicto y (iii) evitar la proliferación del virus en comunidades vulnerables. Esta es una medida crucial que ya ha sido solicitada por organizaciones civiles nacionales, el jefe de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, la OEA y algunos parlamentarios. Hasta la fecha, solo un grupo armado ilegal ha aceptado un cese de hostilidades: el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla activa más grande en Colombia, la cual decretó un cese al fuego unilateral durante abril.
En conclusión, reconocer la importancia del conflicto es esencial para hacer frente a las implicaciones en los derechos humanos creadas por las crisis del COVID-19. Esto es necesario para contar con políticas integrales que enfrenten la pandemia, así como para asegurar que los problemas y necesidades en las zonas afectadas por el conflicto no sean desconocidas y agravadas durante la crisis del COVID-19. Sobre este punto, como recientemente fue afirmado por el Secretario General de Naciones Unidas, debe tenerse presente que las personas más vulnerables durante un conflicto son también quienes tienen mayor riesgo de sufrir pérdidas devastadoras como consecuencia de esta pandemia.
Oct 31, 2019 | Artículos, Noticias
Los días 29 y 30 de octubre, la CIJ, en asocio con dhColombia y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organizó una capacitación sobre el marco legal sobre la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales en Bogotá (Colombia).
La capacitación tuvo como objetivo mejorar la comprensión de víctimas y abogados de derechos humanos sobre la legislación nacional sobre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia. La capacitación incluyó un análisis del sistema de justicia ordinario y de los mecanismos de justicia transicional. También exploró el papel de las ciencias forenses en la lucha contra la impunidad de esos crímenes.
La CIJ, en cumplimiento de su objetivo de promover la rendición de cuentas, la justicia y el estado de derecho en Colombia, ha estado monitoreando continuamente la investigación y el enjuiciamiento de violaciones y abusos graves de los derechos humanos, en particular las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Los autores de tales violaciones, que constituyen crímenes de derecho internacional, han disfrutado de un alto nivel de impunidad. Hay numerosos casos sin resolver que datan de la década de 1970 y las violaciones han continuado incluso después de la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016.
En Colombia, lograr la rendición de cuentas por esos crímenes ha resultado difícil por varias razones, incluido el funcionamiento ineficaz del sistema de justicia. Las víctimas y sus abogados han enfrentado serios obstáculos para acceder a recursos efectivos. Además, la creación de nuevas instituciones por el Acuerdo Final de Paz ha cambiado algunas reglas y procedimientos básicos para la investigación y el enjuiciamiento de esos crímenes. En consecuencia, el sistema de justicia colombiano es más complicado de entender, no solo para las víctimas sino también para los abogados.
El taller de capacitación fue parte de un proyecto regional más amplio que aborda la justicia por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú. Los participantes fueron víctimas y abogados de derechos humanos de diferentes regiones del país, especialmente aquellos lugares donde hay menos oportunidades de acceder a capacitación legal y forense. Teniendo en cuenta que las actividades de creación de capacidad son esenciales para el logro efectivo de la rendición de cuentas, se espera que los participantes de la capacitación hayan obtenido herramientas valiosas para exigir justicia y reparación por violaciones graves de los derechos humanos.
Contactos:
Rocío Quintero M, Asesora Legal, América Latina. Correo electrónico: rocio.quintero(a)icj.org
Carolina Villadiego, Asesora Legal, América Latina y coordinadora regional del proyecto. Correo Electrónico: carolina.villadiego(a)icj.org
Oct 7, 2019 | Artículos, Noticias
La semana pasada el defensor de derechos humanos Germán Romero Sánchez recibió nuevas amenazas que estarían relacionadas con su labor de abogado defensor de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales
En esta ocasión, las amenazas se realizaron a través de llamadas telefónicas a la residencia del abogado Romero. La primera llamada fue atendida por la compañera del abogado Romero a la cual le dijeron “no te voy a dejar vivo toda la vida, ¿oyo?”. La llamada se produjo minutos después de que el abogado Romero saliera de su casa a llevar a una de sus hijas al colegio.
Esta no es la primera vez que el abogado Romero recibe amenazas por su labor como representante de víctimas y defensor de derechos humanos. Hace menos de un mes, el abogado Romero realizó una denuncia pública dando cuenta de varios hechos de hostigamiento y percusión de los que ha sido víctima él y su familia. Igualmente, en enero de este año, recibió amenazas contra su vida por su labor como abogado defensor de Alfamir Castillo, cuyo hijo fue ejecutado extrajudicialmente por parte de miembros del Ejército Nacional.
El abogado Romero es un reconocido abogado de derechos humanos con más de quince años de experiencia acompañando víctimas de crímenes de Estado. Es uno de los abogados líderes de la organización Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (dhColombia) con la cual la CIJ ha realizado diferentes proyectos en Colombia.
Como lo hizo en oportunidades pasadas, la CIJ vuelve a resaltar la difícil situación de seguridad que atraviesan los defensores de derechos humanos en Colombia. Solo en el año 2018, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó el asesinato de 110 personas defensoras de derechos humanos. La CIJ exhorta al Gobierno Nacional y las demás autoridades competentes para que se tomen medidas efectivas que garanticen la seguridad de los defensores de derechos humanos colombianos.
