Mar 15, 2016 | Artículos, Informes, Noticias, Publicaciones
Hoy, la CIJ lanza su Informe de Misión sobre el impacto del proyecto hidrológico de El Quimbo en la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población de varios municipios del Departamento del Huila, Colombia.
Asimismo, el Informe da cuenta de la respuesta estatal y de la empresa responsable del proyecto de El Quimbo a las demandas de las comunidades afectadas.
Finalmente, el Informe formula recomendaciones al Estado colombiano, a la empresa responsable del proyecto de El Quimbo y a la Comunidad internacional para garantizar los derechos humanos, la protección del medio ambiente y poner fin a los abusos y exacciones cometidas contra las comunidades.
La Misión de observación visitó a Colombia entre el 15 y el 21 de noviembre de 2015, y estuvo integrada por Philippe Texier y Belisário do Santos Junior, Comisionados de la CIJ por Francia y Brasil, respectivamente, y Sandra Ratjen, Consejera jurídica principal responsable del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIJ. Asimismo, la Misión contó con la asesoría del abogado Alberto León Gómez.
Colombia-ElQuimbo Megaprojects & ESCR-Publications-Facts Finding Mission Report-2016-SPA (full report in PDF, Spanish)
Aug 26, 2015 | Incidencia
Hoy, la CIJ y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) presentaron a un Amicus Curiae ante la Corte Constitucional de Colombia, sobre una reforma constitucional (Acto Legislativo 01 de 25 de junio 2015, “Por el cual se reforma el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia”).
Esta reforma constitucional pretende ampliar de forma exhorbitante el ámbito de competencia de la jurisdicción penal militar y niega los principios de complementariedad entre el Derecho internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y de la doble protección del ser humano bajo estas dos ramas del Derecho Internacional en las situaciones de conflicto armado.
La reforma constitucional fue demandada ante la Corte Constitucional por la Comisión Colombia de Juristas, varias Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos y asociaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos de Colombia.
Colombia-AmicusCuriaeCIJOMCT-Advocacy-Legal submission-2015-SPA (texto íntegro en PDF)
Mar 25, 2015 | Incidencia
La Comisión Colombiana de Juristas afiliada a la Comisión Internacional de Juristas resaltan el valioso aporte de la Oficina del Alto Comisionado durante estos 18 años en Colombia.
25° período de sesiones, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
Tema 2 de la agenda, Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia (A/HRC/28/3/Add.3)
Situación de derechos humanos en Colombia
25 de marzo de 2015
Señor Presidente:
La Comisión Colombiana de Juristas afiliada a la Comisión Internacional de Juristas resaltan el valioso aporte de la Oficina del Alto Comisionado durante estos 18 años en Colombia: tiene oficinas en varias regiones y trabaja con comunidades afectadas por el conflicto armado; ha contribuido “a cambios positivos a través de su observación, incidencia, declaraciones públicas, buenos oficios y cooperación técnica”; “[h]a presentado informes periódicos a entidades gubernamentales; ha actuado como garante en conflictos (…); ha interactuado a diario con el Estado y la sociedad civil para encontrar soluciones a los desafíos de derechos humanos (…); y ha contribuido al fortalecimiento de las instituciones” (párrafo 2).
Pese a ciertos avances en derechos humanos, el Informe anual resalta los retos en materia de implementación, falta de voluntad política para aceptar la responsabilidad por violaciones del pasado1, desigualdades económicas y “un acceso asimétrico a los derechos y a los servicios públicos” (párrafo 14). Además, Colombia todavía actúa en contra de sus obligaciones internacionales, como sucede con el derecho a la consulta previa (párrafo 26) o la ampliación de la justicia militar (párrafo 60). Adicionalmente, Colombia no recibe procedimientos especiales desde 2010, aunque cuenta con una invitación permanente y seis mandatos han solicitado visita2.
Después de 18 años invertidos en el país, la Oficina sigue siendo los ojos de la comunidad internacional para derechos humanos, y el acompañante o asesor del Estado en el diseño de sus políticas (párrafos 16, 29, 34, 60).
Según el Informe, el Gobierno y las FARC-EP han logrado avances sin precedentes para poner fin al conflicto armado (párrafo 6). Si “[l]a perspectiva de una salida negociada al conflicto (…) y el crecimiento económico proporcionan una oportunidad única para ampliar la presencia del Estado, hacer frente a la desigualdad y mejorar la situación de los derechos humanos” (párrafo 19), indiscutiblemente la Oficina del Alto Comisionado en Colombia es una inversión clave, y no es de corto plazo.
Gracias señor Presidente.
1 El párrafo 58 dice: “El rechazo de responsabilidades por parte de las fuerzas armadas y de sus superiores políticos perpetúa la impunidad, socava la legitimidad institucional y erosiona el estado de derecho”.
2 Colombia cuenta con una invitación permanente a los procedimientos especiales de la ONU desde el 17 de marzo de 2003. Sin embargo, desde inicios de 2012 no ha aceptado ninguna visita, aunque los mandatos sobre extrema pobreza, personas internamente desplazadas, violencia contra la mujer, afrodescendientes, mercenarios y alimentación han solicitado visitar el país.
Nov 15, 2014 | Artículos, Noticias
La Comisión Internacional de Juristas, a través de su representante para Suramérica, Federico Andreu-Guzmán, intervino como perito en el procedimiento interamericano, a solicitud de los representantes de las víctimas.
El 14 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de 11 personas, la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, la detención arbitraria y tortura de 4 personas, entre otras graves violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía durante la operación de “retoma” del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, a raíz de la incursión de un comando de la guerrilla M-19 en las instalaciones judiciales.
El peritaje de la CIJ versó sobre el marco legal, estructura y funcionamiento de las fuerzas de seguridad para la época de los hechos y la intervención de la justicia penal militar en la investigación y juzgamiento de delitos que no son de función y/o que podrían constituir violaciones a los derechos humanos.
En su Sentencia, la Corte ordenó al Estado colombiano llevar a cabo “las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos, así como de determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables” de las desapariciones forzadas, ejecución extrajudicial y torturas; realizar “todos los esfuerzos para determinar el paradero de las once víctimas aún desaparecidas a la mayor brevedad”; “realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos”; y brindar reparación integral.
Aunque han pasado 29 años desde la ocurrencia de los hechos, la Sentencia constituye una importante y valiosa contribución a la lucha contra la impunidad y a la reivindicación de los derechos a la justicia, verdad y reparación de los familiares de las víctimas, quienes por décadas buscaron infructuosamente justicia en Colombia.
La CIJ exhorta a las autoridades colombianas a acatar la Sentencia de la Corte y a cumplir sin dilación alguna con lo ordenado en ella.
Nota:
Sentencia de 14 de noviembre de 2014, Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, Serie C No. 287, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_287_esp.pdf
May 22, 2014 | Incidencia
En el presente informe la CIJ llama a la atención del Comité las debilidades del sistema legal y judicial del Estado colombiano y sus falencias en relación a su deber de protección de niños y niñas de comunidades locales y afrodescendientes en zonas de conflicto.
La CIJ solicita al Comité pedir información al Estado sobre las medidas y acciones desplegadas para la protección de los niños, niñas y adolescentes ante las actividades y operaciones de las empresas con actividad en la jurisdicción Colombiana, y para revisar el Plan de Acción Nacional o incluir en los distintos planes o programas sectoriales medidas concretas para proteger los derechos del Niño ante las actividades y operaciones de las empresas.
El informe hace referencia a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Operación Génesis, en la cual se vulneraron derechos de comunidades afrodescendientes, incluidos niños.
La Corte, en base al Articulo 5 de la Convención Americana, se refiere a la Convención de derechos del Niño, y condena a Colombia por no adoptar las medidas necesarias para proteger a los niños y a las niñas de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica ante las actividades de explotación forestal y la actividad de concesión de CODECHOCÓ, ha vulnerado su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo (art. 6), derecho a la salud (art. 24) y el derecho a un nivel adecuado de vida (art. 27).
Asimismo se han vulnerado otros derechos de la Covención. Al respecto la CIJ solicita al Comité que pida información a Colombia sobre las medidas adoptadas o por adoptarse por el Gobierno Colombiano para hacer efectivo el fallo de la Corte Interamericana, especialmente su obligación de investigar para acabar con la impunidad y sancionar a las empresas que han vulnerado los derechos de los niños, así como en la adopción de las medidas de satisfacción, rehabilitación y restitución especificadas por la Corte, y en particular referidas a los niños.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ha reiterado en otras ocasiones las debilidades del sistema judicial colombiano y especialmente la impunidad de las fuerzas armadas en casos de graves violaciones de derechos humanos donde también hay un factor o motivación económica, y especialmente ante la presencia de compañías transnacionales.
En estos casos, la Comisión Internacional de Juristas ha pedido al Estado colombiano que reforme su Código penal e incorpore el principio de responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de graves violaciones de derechos humanos.
En el mismo informe, redactado con motivo del Examen Periódico Universal en 2013, la CIJ exhortó al Estado a mejorar la capacidad técnica de la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación para investigar casos complejos con presencia de actores del sector privado.
A este respecto, la CIJ solicita al Comité que pida a Colombia información sobre las medidas tomadas para fortalecer su marco normativo y su capacidad de investigación y juzgamiento de casos donde se encuentran involucradas empresas.
Colombia-CRC68PSWG-LOI-LegalSubmission-2014 (PDF, español)
