Feb 8, 2006 | Comunicados de prensa, Noticias
Se celebra hoy en Bogotá la primera audiencia nacional del “Panel de Juristas Eminentes sobre Terrorismo, Lucha Antiterrorista y Derechos Humanos”.
Este grupo de ocho juristas fue convocado por la CIJ para examinar a lo largo de 18 meses el impacto de la lucha antiterrorista sobre los derechos humanos y el estado de derecho en todas las regiones del mundo.
Desde más de cuatro décadas, Colombia ha sido el escenario de un conflicto armado interno durante el cual graves crímenes han sido cometidos por miembros de grupos armados de oposición, grupos paramilitares y de la fuerza pública. En los últimos tres años, numerosas medidas legales han sido adoptadas en el marco de la política de seguridad democrática, política antiterrorista promovida por el Gobierno colombiano. Los tres miembros del Panel presentes en Colombia son: Raúl Zaffaroni (Argentina), juez de la Corte Suprema de Argentina y antiguo Director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito (ILANUD), Robert K. Goldman (Estados Unidos), antiguo Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y antiguo experto de las Naciones Unidas sobre lucha antiterrorista y derechos humanos, y Stefan Trechsel (Suiza), antiguo Presidente de la Comisión Europea de Derechos Humanos y recientemente nombrado juez ad litem del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, asisten hoy y mañana a una audiencia pública en Bogotá en la cual están invitados la sociedad civil y las autoridades colombianas así como representantes de la comunidad internacional en Colombia. Durante su visita, los expertos se entrevistarán también en privado con las autoridades colombianas. “El Panel no está aquí para juzgar sino para escuchar las voces de la sociedad civil y del Gobierno sobre la justificación de la política de seguridad democrática y su impacto sobre los derechos garantizados por el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.” dijo Raúl Zaffaroni.
Antecedente
El Panel está compuesto de ocho jueces y abogados de todas les regiones del mundo que ejercen su mandato de manera independiente con el apoyo logístico del Secretariado de la CIJ y de su red de organizaciones afiliadas. Arthur Chaskalson, antiguo Presidente de la Corte Constitucional de Sudáfrica, preside el Panel. Los otros miembros del Panel son Georges Abi-Saab (Egipto), Robert K. Goldman (Estados Unidos), Hina Jilani (Pakistán), Vitit Muntarbhorn (Tailandia), Mary Robinson (Irlanda), Stefan Trechsel (Suiza) y Raúl Zaffaroni (Argentina). En el continente americano, además de Colombia, el Panel celebrará audiencias nacionales en Canadá, Estados Unidos y una audiencia sub-regional en América del Sur.
Colombia-EJ impact terrorism-press release-2006-spa (en español, PDF)
Sep 21, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
“Las políticas del Gobierno colombiano en los últimos tres años han contribuido al desmantelamiento del estado de derecho y a la consolidación de la impunidad”, dijo la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) en un nuevo informe publicado hoy.
El informe documenta cómo la legislación, adoptada o anunciada por el Gobierno en el marco de su política de seguridad democrática, desmantela el estado de derecho, socava la independencia del poder judicial y agrava la situación de derechos humanos.
Asimismo, la CIJ deplora la adopción, en el marco del proceso de desmovilización de grupos paramilitares, de una legislación (Decreto 128 de 2003 y Ley de “Justicia y Paz”) que deja en la impunidad miles de graves crímenes cometidos por estos grupos y no garantiza el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.
Desde el principio del proceso, miles de paramilitares se desmovilizaron a pesar de seguir cometiendo centenas de crímenes, tales como asesinatos y desapariciones forzadas. “Este proceso, lejos de haber sido transparente, nunca ha sido acompañado por un mecanismo de verificación efectivo. Antes que permitir superar el paramilitarismo, consolida el poder político y económico de los paramilitares.”, dijo la CIJ.
En sus recomendaciones, la CIJ llama al Gobierno colombiano a revisar su política de seguridad para que sea compatible con los principios básicos del estado de derecho y las obligaciones internacionales de Colombia y a rechazar cualquier legislación que contribuya a la impunidad. Asimismo, la organización exhorta al Gobierno a tomar medidas para el desmantelamiento efectivo de las estructuras paramilitares y para que los miembros de la Fuerza Pública implicados en actividades paramilitares, violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y/o crímenes de guerra, sean llevados ante la justicia ordinaria.
Asimismo, la CIJ llama a la comunidad internacional a que asegure que toda estrategia de cooperación esté condicionada a que las autoridades colombianas tomen medidas efectivas contra la impunidad y que garanticen el estado de derecho.
“Dada la legislación vigente que legaliza la impunidad y la magnitud de los crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia, la Corte Penal Internacional debería tomar cartas en el asunto.”, concluyó la CIJ.
May 18, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ manifiesta su más alta preocupación frente a las recientes amenazas de muerte contra la abogada Soraya Gutiérrez Arguello, Presidenta de Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”.
El pasado 13 de mayo, al llegar a su domicilio, Soraya Gutiérrez Arguello recibió un paquete que contenía una muñeca descabezada y descuartizada.
Partes del cuerpo de la muñeca estaban quemadas y pintadas de rojo. Junto con la muñeca encontró una nota escrita a mano que decía: “Usted tiene una familia muy linda cuídela no la sacrifique”.
Ese mismo día apareció en el periódico El Tiempo un aviso de puestos vacantes – no solicitado por el Colectivo – que, según sus integrantes, constituye una amenaza implícita porque sugiere que en poco tiempo algunos de ellos tendrán que ser reemplazados.
Estas amenazas se suman al persistente hostigamiento de que son objeto los defensores de derechos humanos en Colombia por la labor que desempeñan: amenazas contra su integridad física y la de sus familiares, allanamientos de las sedes de sus organizaciones, seguimientos en las calles.
Desde la llegada de Álvaro Uribe a la Presidencia del país en 2002, prevalece un clima de hostilidad hacia la labor de defensa de los derechos humanos.
Particularmente preocupantes son las declaraciones públicas, por parte de las más altas autoridades del Estado, que acusan a las organizaciones de derechos humanos de ser “auxiliadores de la guerrilla”.
Estos pronunciamientos no sólo desprestigian la actividad legítima de estas organizaciones sino que exponen a sus integrantes a mayores ataques.
La CIJ insta a las autoridades colombianas a que garanticen la integridad física de Soraya Gutiérrez Arguello y a que se realice una investigación exhaustiva e imparcial sobre estas amenazas con el fin de juzgar y sancionar a los presuntos responsables.
Asimismo, la CIJ hace un llamamiento a que se tomen las medidas necesarias para que cese la estigmatización y el hostigamiento constante de los defensores de derechos humanos y se les permita ejercer libremente su labor sin miedo a represalias.
Apr 29, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ intervino ante el Presidente de Colombia expresando su preocupación por las amenazas de muerte de que han sido objeto nuevamente Danilo Rueda y los miembros del Comité Intereclesial Justicia y Paz.
Colombia-death threats defenders-2005 (en español, PDF)
Apr 22, 2005 | Artículos, Noticias
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llama al Gobierno a cumplir sus obligaciones internacionales, a la vez que refuerza y respalda las acciones de la ONU en Colombia.
En la sesión de este año, finalizada el 22 de abril, no solamente pidió al Gobierno “asegurar” que las recomendaciones de la Alta Comisionada sean implementadas “rápidamente” sino que le puso como límite de tiempo el primer semestre de 2005 para adoptar un cronograma de implementación.
Respondiendo a los intentos del Gobierno de debilitar el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, la Comisión manifestó su “fuerte apoyo” al trabajo de dicha Oficina, haciendo expresa su labor fundamental de monitoreo de la situación de derechos humanos, función que parece ser la más incómoda para el Ejecutivo. En contra de las pretensiones gubernamentales por negar el conflicto armado, la Comisión de Naciones Unidas se refirió claramente al “conflicto armado interno” y a la necesidad correspondiente de aplicar el derecho internacional humanitario y respetar el principio de distinción entre combatientes y población civil.
En medio del debate del proyecto de ley propuesto por el Gobierno para la negociación con grupos paramilitares, la Comisión urgió al Congreso y al Gobierno a establecer un marco jurídico que “reconozca plenamente y garantice los derechos a la verdad, la justicia y las reparaciones”. Precisó que dicho marco jurídico debe “reconocer el principio de que todas las personas acusadas de cometer violaciones de derechos humanos y abusos no pueden ser favorecidas con impunidad”. Consternada por el creciente control paramilitar, denunciado por la Alta Comisionada en su informe, la Comisión expresó su seria preocupación por casos de apoyo, colusión, y complicidad de agentes estatales con grupos paramilitares, y llamó al gobierno a hacer uso de su poder discrecional de suspender a funcionarios vinculados con estos grupos. Finalmente “condenó fuertemente” las violaciones al cese de hostilidades cometidas por grupos paramilitares.
La Comisión expresó su “grave preocupación” por la situación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y se mostró “alarmada por las violaciones registradas al derecho a la vida, integridad personal, libertad y seguridad, debido proceso, privacidad e intimidad (…), libertad de movimiento, residencia, opinión y expresión”. Además, la Comisión manifestó su “más alta preocupación por las ejecuciones extrajudiciales reportadas que fueron atribuidas a las fuerzas de seguridad y a otros servidores públicos así como por detenciones masivas y allanamientos ilegales”. Inclusive, la Comisión manifestó su preocupación por el incremento de detenciones arbitrarias y por la estigmatización que estas conllevan. Expresó asimismo su preocupación grave por el “uso generalizado de la tortura y la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas”.
Además de llamar al Gobierno a tomar medidas urgentes frente a comunidades indígenas en riesgo de extinción, condenó especialmente la violencia contra ellas y contra comunidades afrocolombianas, así como contra mujeres y niñas y “el clima de impunidad en que estas violaciones ocurren”.
La Comisión hizo un llamado específico a que cualquier medida que se tome en desarrollo de la Política de Seguridad Democrática cumpla con las obligaciones que tiene Colombia según el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En relación con las organizaciones defensoras de derechos humanos, llamó al Gobierno a “asegurar” que no se siguieran realizando declaraciones en contra de ellas que “puedan poner en riesgo sus vidas, integridad y seguridad”.
Condenó específicamente la masacre cometida contra ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, incluyendo 4 niños, y llamó al Gobierno “a asegurar una investigación plena” y a que “los perpetradores sean sometidos a la justicia”.
La Comisión rechazó el reclutamiento de niños; de manera firme condenó el secuestro, el uso de minas antipersonales y llamó a todos los grupos armados a respetar el derecho internacional humanitario.
De esta manera, la Comisión de Derechos Humanos se sintonizó con el informe de la Alta Comisionada Louise Arbour -quien visitará a Colombia en mayo- y llamó fuertemente la atención del Gobierno colombiano para que tome medidas concretas en plazos determinados, dando así un paso más en la acción que ejerce para que cumpla los compromisos y obligaciones internacionales.
Al Gobierno le queda una ardua tarea para demostrar, en poco tiempo, resultados en materias en las que en dos años ha tenido un pobre desempeño. La comunidad internacional está cada vez más atenta a verificar si estos compromisos son honrados con seriedad por el Gobierno colombiano.
Colombia-United Nations demands-press release-2005 (text, PDF)
