Guatemala: la transferencia pacífica del poder presidencial debe llevarse a cabo el 14 de enero de conformidad con el Estado de Derecho
La CIJ está preocupada por los intentos de actores poderosos en Guatemala, incluido el Ministerio Público, de subvertir la transferencia de la autoridad presidencial al presidente electo Bernardo Arévalo de León, quien debe asumir el cargo el 14 de enero de 2024.
La CIJ hace un llamamiento a todas las autoridades del Estado y a actores privados para que respeten el Estado de Derecho y desistan de interferir en el proceso de transición y cesen en sus esfuerzos por revocar o hacer ineficaces los resultados de las elecciones presidenciales de 2023.
“El sistema democrático en Guatemala está en juego. Es sorprendente que los ataques contra el proceso electoral provengan de representantes de instituciones del Estado que tienen el deber legal de defender la democracia y los derechos humanos”, afirmó Santiago Canton, Secretario General de la CIJ. “Miembros del Ministerio Público, el Congreso y el poder judicial han actuado en total desprecio de las obligaciones internacionales de Guatemala. En particular, el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana establece el derecho de los pueblos de las Américas a la democracia y el deber de los gobiernos de promover y defender la democracia”, añadió Canton.
El 20 de agosto de 2023, Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, del partido “Movimiento Semilla”, fueron elegidos Presidente y Vicepresidenta, respectivamente, para el mandato presidencial 2024-2028. Su victoria fue certificada por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Antes y después de las elecciones, hubo múltiples intentos por parte del Ministerio Público y otras autoridades de perturbar el proceso electoral presidencial. El Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos (OEA) han condenado y calificado algunos de estos hechos como “intentos de golpe de Estado”.
El Ministerio Público, a cargo de María Consuelo Porras Argueta, ha tenido un papel principal en estos intentos mediante el uso arbitrario de sus facultades de persecución penal. Entre otras acciones, el Ministerio Público ha abierto investigaciones penales injustificadas y espurias y ha emitido órdenes de captura y allanamiento contra magistrados y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, el presidente electo Arévalo, la vicepresidenta electa Herrera, miembros del partido “Movimiento Semilla”, miembros de organizaciones de la sociedad civil, académicos y estudiantes.
EL Ministerio Público también ha expresamente puesto en duda la legitimidad del proceso electoral presidencial de 2023. En una conferencia de prensa del 8 de diciembre de 2023, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche Cucul, afirmó que el Tribunal Supremo Electoral “se burló de los guatemaltecos” y estaba involucrado en violar la democracia del país. El Fiscal Curruchiche también afirmó que, desde el punto de vista del Ministerio Público, las elecciones de 2023 debían anularse.
Varios jueces han contribuido al uso arbitrario del derecho penal en detrimento del Estado de Derecho en Guatemala. El 8 de enero de 2024, el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Raúl Orellana Letona, envió un oficio ante el Tribunal Supremo Electoral para que se ejecutara la orden de suspensión provisional de la personalidad jurídica del partido “Movimiento Semilla”. El Juez Orellana también ha ordenado que se inicie una investigación penal contra funcionarios del Tribunal Supremo Electoral.
En noviembre y diciembre de 2023, el Congreso guatemalteco y la Corte Suprema de Justicia llevaron a cabo el proceso judicial para retirar la inmunidad penal a algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
El traspaso legítimo del poder está intrínsecamente ligado al respeto del Estado de Derecho y al ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho a participar en la vida política y pública mediante el ejercicio del derecho al voto y el derecho a ser elegido. Estos derechos están garantizados por instrumentos internacionales de los que Guatemala es Estado parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. En consecuencia, la CIJ recuerda que las autoridades guatemaltecas están vinculadas por obligaciones internacionales en virtud de estos instrumentos.
La CIJ también pide a los Estados comprometidos y a la comunidad internacional que actúen para garantizar que las autoridades guatemaltecas respeten el Estado de Derecho, los derechos humanos y el sistema democrático. Si fuera necesario, los Estados miembros de la OEA deberían activar la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, en caso de que se impida que el presidente electo Arévalo asuma el cargo.
Contexto
Las elecciones presidenciales de 2023 tuvieron lugar en un contexto de impunidad generalizada por graves violaciones a los derechos humanos, denuncias confiables de cooptación de órganos judiciales, corrupción institucional generalizada y ataques contra integrantes de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, según ha sido documentado por múltiples instancias, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el caso de las y los operadores de justicia (juezas, jueces y fiscales), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por “el incremento de la criminalización en contra de personas operadoras de justicia” y la “intimidación, el hostigamiento, el procesamiento y la persecución de quienes luchan por la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos y que trabajan en casos de corrupción”.
Ha habido numerosas acciones aparentemente dirigidas a socavar la integridad del proceso electoral presidencial por parte del Ministerio Público. Además de los hechos mencionados anteriormente, el 16 de noviembre de 2023, el Ministerio Público solicitó 31 órdenes allanamiento y 27 órdenes de aprehensión contra activistas, estudiantes, académicos, un miembro del “Movimiento Semilla” y personas defensoras de los derechos humanos. Entre los señalados, se encontraba el abogado de derechos humanos Ramón Cadena, quien había denunciado previamente irregularidades cometidas por el Ministerio Público. Los cargos estaban relacionados con la participación de estas personas en las protestas de 2022 contra la elección del rector de la Universidad de San Carlos. El mismo día, el Ministerio Público también indicó que el presidente electo Arévalo y la vicepresidenta electa Herrera participaron en las protestas “violentas” en busca de ventajas políticas. Por la supuesta participación en las protestas, el Ministerio Público anunció que solicitaría que se retirara la inmunidad al presidente electo Arévalo, a la vicepresidente electa Herrera y a otros miembros de su partido.
El 14 de diciembre de 2023, la Corte de Constitucionalidad resolvió una acción de amparo en la que exhortaba al Congreso a preservar el régimen democrático y a tomar todas las medidas para garantizar la transferencia pacífica del poder el 14 de enero de 2024. Además, la Corte previno a todas las autoridades guatemaltecas a que “actúen de conformidad con sus funciones para la efectividad y debido cumplimiento de la última etapa del proceso electoral.” El 11 de enero de 2024, la Corte de Constitucionalidad concedió un amparo provisional a favor de la vicepresidente electa Herrera. La Corte ordenó a todas las autoridades judiciales abstenerse solicitar y autorizar cualquier orden de aprehensión contra Herrera “sin haberse agotado el procedimiento establecido en la Ley en materia en Antejuicio”.
La situación electoral de 2023 ha sido objeto de grave preocupación de instancias internacionales, entre ellas la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. En esa misma línea, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Arévalo y Herrera el 24 de agosto de 2023. Las medidas cautelares consideraron las alegaciones de Arévalo sobre amenazas de muerte, hostigamiento, una campaña de desprestigio y vigilancia ilegal en su contra.
El 11 de diciembre de 2023, la CIDH adoptó la “Resolución 03/2023, Derechos Humanos, la Instrumentalización del Sistema de Justicia y los Graves Riesgos para el Estado de Derecho en Guatemala”. La CIDH afirmó que Guatemala atravesaba una “grave crisis política e institucional” debido a “las acciones e injerencias indebidas y arbitrarias por parte del Ministerio Público que atentan contra el resultado de las Elecciones Generales y el proceso de transición de la Presidencia y Vicepresidencia de la República en curso”.
