UE: Guía sobre la aplicación judicial de la Directiva UE relativa a la lucha contra el terrorismo

UE: Guía sobre la aplicación judicial de la Directiva UE relativa a la lucha contra el terrorismo

ICJ y sus socios han publicado hoy la Guía “Lucha contra el terrorismo y promoción y protección de derechos humanos ante  los tribunales:  Orientación a jueces, fiscales y abogados sobre la aplicación de la Directiva (UE) 2017/541 de la Unión Europea relativa a la lucha contra el terrorismo

La Guía, publicada por la Comisión Internacional de Juristas y sus socios Human Rights in Practice, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) y Scuola Superiore Sant’Anna, aborda la interpretación y aplicación adecuada de la Directiva de la Unión Europea (UE) en la práctica a lo largo de la investigación, el proceso de juicio y sentencia, de conformidad con conformidad con estándares internacionales y de la UE en cuanto a derechos humanos así como la ley internacional de derechos humanos.

La Guía a jueces, fiscales y abogados sobre la aplicación de la Directiva (UE) 2017/541 de la Unión Europea relativa a la lucha contra el terrorismo se preparó como parte del proyecto JUSTICE, sobre la base y con la experiencia de los participantes en las mesas redondas organizadas en 2019 en toda la UE (en Pisa, Madrid, La Haya, Bruselas). Entre esos participantes figuraron jueces, fiscales, abogados y otros expertos jurídicos de los Estados miembros de la Unión Europea; también se realizaron estudios y consultas a nivel nacional en Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia y los Países Bajos. Este proyecto también contó con el apoyo de varios socios: Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (MEDEL), Juezas y Jueces para la Democracia en España, y Neue Richtervereinigung en Alemania.

La Guía proporciona una visión general de normas jurídicas y principios de derecho penal internacional y de la UE pertinentes sobre la investigación, el proceso de juicio y sentencia de casos de terrorismo, basado en la Directiva de la Unión Europea, para garantizar que la misma se aplique respetando los Derechos Humanos.

En la sección II de la Guía se ofrece una visión general del derecho y las normas internacionales aplicables y abarca las leyes de contra-terrorismo en los Estados de emergencia, los derechos de las víctimas del terrorismo y los derechos humanos implicados en los delitos previstos en la Directiva (principio de legalidad, no-discriminación, restricciones a la libertad de circulación, expresión, asociación, reunión, intimidad, vida privada y familiar y derecho a la participación política). La sección III proporciona orientación específica y comentarios relacionados sobre cada uno de los delitos de la Directiva; y la sección IV abarca los derechos de los sospechosos en el proceso penal: la investigación, el procesamiento y el juicio.

La Guía se presenta hoy en un seminario web en línea coorganizado por la eurodiputada Saskia Bricmont, del Partido Verde Europeo y la Alianza Libre Europea (Greens/EFA), y entre los oradores figuran jueces y abogados nacionales, expertos internacionales, y representantes de la Comisión Europea, Eurojust, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE y miembros del Parlamento Europeo; véase el programa aquí.

Contactos:

Róisín Pillay, Directora del Programa de Europa y Asia Central; roisin.pillay(a)icj.org

Karolína Babická, Asesora jurídica del Programa de Europa y Asia Central; karolina.babicka(a)icj.org

Descargar:

Guidance-counterterrorism-ESP-2020 (Guía en español)
Guidance-counterterrorism-ENG-2020 (Guía en inglés)
Guidance-counterterrorism-FR-2020 (Guía en francés)
Guidance-counterterrorism-ITA-2020 (Guía en italiano)
Guidance-counterterrorism-DE-2020 (Guía en alemán)

Perú, Colombia y Guatemala: documentación de casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales

Perú, Colombia y Guatemala: documentación de casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales

Durante décadas, las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en América Latina han demando justicia, verdad y reparación. A pesar de estos esfuerzos, la impunidad en estos delitos es alta. En algunos casos, las víctimas han esperado por más de cuatro décadas para que se haga justicia.

Como parte de su estrategia para promover la rendición de cuentas en casos de graves violaciones a los derechos humanos alrededor del mundo, la CIJ, junto con sus socios, está implementando un proyecto regional para promover justicia en casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Unión Europea. Uno de los resultados del proyecto ha sido apoyar la elaboración de tres casos emblemáticos por parte de los socios locales de la CIJ.

En Colombia, para ilustrar uno de los patrones de ejecuciones extrajudiciales, la Asociación de Red Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (dhColombia) produjo un documento sobre tres casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos de 2005 a 2008. El documento Una práctica sistemática ejecuciones extrajudiciales en el eje cafetero (2006-2008) presenta las dificultades que las víctimas y sus abogados han enfrentado para demostrar la responsabilidad de demando en estos casos.

En Perú, el Instituto de Defensa Legal (IDL) documentó la desaparición forzada de estudiantes universitarios y profesores entre 1989 y 1993, en el momento más argüido del conflicto interno peruano. En el documento Los desaparecidos de la Universidad Nacional del Centro IDL describe el difícil camino jurídico que las víctimas han enfrentado, para llevar a la justicia a los agentes del Estado que estarían involucrados en estos crímenes.

En Guatemala, para subrayar la manera en como se cometieron desapariciones forzadas contra las comunidades rurales en el marco del conflicto armado guatemalteco, la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) escribió acerca de la desaparición de más de 500 personas en la región de las Veparaces. En el informe Las desapariciones forzadas en la región de las Verapaces se presenta la historia de cinco de estos casos.

Estos tres informes contribuyen a comprender la prevalencia de estas violaciones en América Latina y las opciones disponibles para hacer frente a la impunidad.

El 30 de septiembre de 2020, la CIJ organizará un webinar regional para discutir la protección y garantía de los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en Argentina, Colombia, Chile, Guatemala y Perú. El webinar será transmitido en vivo en la página de Facebook de la CIJ, a las 14 horas (hora de Guatemala) / 15 horas (hora de Colombia y Perú) / 17 horas (hora de Chile y Argentina).

Contactos:

Kingsley Abbott, Coordinador de la iniciativa global de rendición de cuentas de la CIJ. Correo electrónico: kingsley.abbott(a)icj.org

Carolina Villadiego, Asesora Legal, América Latina y coordinadora regional del proyecto. Correo Electrónico: carolina.villadiego(a)icj.org

Rocío Quintero M, Asesora Legal, América Latina. Correo electrónico: rocio.quintero(a)icj.org

 

Latinoamérica y COVID-19: ¿Cómo queda la justicia?

Latinoamérica y COVID-19: ¿Cómo queda la justicia?

Los países de América Latina han adoptado diversas medidas excepcionales para enfrentar la pandemia, gestionar la crisis sanitaria y adoptar cuarentenas de la población. Estas medidas tienen efectos directos sobre los derechos básicos y las libertades de las personas.

Por este motivo, vale la pena preguntarse: ¿Cómo han reaccionado los sistemas de justicia frente a esta situación? ¿Qué se requiere para seguir garantizando el acceso a la justicia en esta coyuntura? ¿Cómo afecta la pandemia la prestación de los servicios de justicia? ¿Cómo puede innovar la justicia para dar una respuesta a las nuevas y crecientes demandas ciudadanas?

Por esto, la CIJ apoya una iniciativa que es liderada por un grupo de mujeres de América Latina que trabajan en temas de justicia en la región, que pretende analizar la respuesta de los sistemas de justicia frente a la emergencia generada por la pandemia. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de DPLF, la Fundación Construir, la Fundación Tribuna Constitucional, el Observatorio de Derechos y Justicia, y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho.

Los conversatorios se llevarán a cabo en español y a través de la plataforma Zoom; las inscripciones para cada conversatorio se pueden realizar enviando un correo electrónico a: [email protected]  Las personas inscritas recibirán el link donde se podrá seguir la actividad.

Los primeros tres conversatorios son los siguientes:

  1. Servicios esenciales de la justicia en tiempos de emergencia: 2 de abril

14 horas México-Centroamérica/ 15 horas Colombia-Perú-Ecuador/ 16 horas Washington-Bolivia/ 17 horas Chile -Argentina

  1. Teletrabajo y judicatura: juezas en la primera línea de la justicia: 7 de abril

14 horas México-Centroamérica/ 15 horas Colombia-Perú-Ecuador/ 16 horas Washington-Bolivia/ 17 horas Chile -Argentina

  1. Innovando en la justicia en tiempos de emergencia: 9 de abril

14 horas México-Centroamérica/ 15 horas Colombia-Perú-Ecuador/ 16 horas Washington-Bolivia/ 17 horas Chile -Argentina

La CIJ organiza una conferencia sobre las empresas y los derechos humanos: El caso del Lago Izabal

La CIJ organiza una conferencia sobre las empresas y los derechos humanos: El caso del Lago Izabal

La conferencia sobre el tema ‘Las Empresas y los Derechos Humanos en el Departamento de Izabal, Guatemala’ que se llevó a cabo el 29 de noviembre en la Universidad de Ginebra, fue organizada por el Departamento de Derecho Público Internacional y las Organizaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra en colaboración con la Ciudad de Ginebra.

El evento fue moderado por la Dra. Antonella Angelini del Departamento de Derecho Público Internacional, experta en empresas y derechos humanos. Participaron también Ramon Cadena, Director de la oficina de la CIJ para America Central, Sandra Ratjen, de la Franciscans International, Maynor Alvarez, Director del Departamento de Asuntos Comunitarios de la CGN,   Sra. Amalia Caal Coc, de la Fundación Guillermo Toriello, y el Prof. Marco Sassoli, Comisionado de la CIJ.

El principal problema discutido fue el impacto sobre las comunidades locales de las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-PRONICO), una compañía minera de níquel en El Estor, propiedad de Solway Investment Group, compañía registrada en Zug, Suiza.

Ramón Cadena, Director de la oficina de la CIJ para América Central, presentó un resumen de la situación en Guatemala, un país plagado por problemas de corrupción, violencia e impunidad. Enfatizó la necesidad de fortalecer el estado de derecho. Dijo que en el Departamento de Izabal existe mucha preocupación respecto a los impactos de la empresa sobre las comunidades locales de indígenas Q’eqchis. Explicó que estas comunidades no se oponen al desarrollo en sí, pero quieren asegurarse que esta actividad beneficiaría a la mayoría de la población. Concluyó diciendo que la iniciativa popular suiza referente a la responsabilidad social corporativa era sumamente importante ya que implicaría que las multinacionales basadas en Suiza serían responsables de los actos de sus sucursales en otros países.

En sus comentarios finales, el Prof. Marco Sassoli recomendó que se organizara una misión internacional a Izabal en Guatemala con el objetivo de tener una mejor comprensión de los problemas que se presentan a las comunidades locales de Q’eqchis como resultado de las operaciones mineras de níquel de la compañía Solway.

Un informe más detallado sobre la conferencia es disponible acá.

Azúcar amargo en la República Dominicana: la industria azucarera y los derechos humanos

Azúcar amargo en la República Dominicana: la industria azucarera y los derechos humanos

La CIJ acogerá el evento paralelo, “Azúcar amargo en la República Dominicana: la industria azucarera y los derechos humanos” el lunes, 24 septiembre 2018 de 15:00-16:00 habitación XXVII, en el Palais de Nations en Ginebra. 

Junto con el turismo, la producción de azúcar es una de las principales industrias y una de las mayores fuentes de empleo en la República Dominicana.

Este pequeño estado caribeño sigue siendo uno de los principales proveedores mundiales de azúcar en los Estados Unidos.

Si bien la producción y exportación de azúcar en la República Dominicana son unas fuentes importantes de ingresos para el país, los impactos adversos de su producción son varios.

La destrucción del medio ambiente, el acceso reducido a la tierra para las comunidades locales, los desalojos forzosos y las condiciones laborales precarias en las plantaciones de caña de azúcar son lamentablemente una realidad en muchas regiones del estado caribeño.

Mientras que la República Dominicana ha demostrado en los últimos años estar preparada para cumplir y aplicar las normas internacionales sobre asuntos relacionados con las empresas y los derechos humanos, el país sigue enfrentando muchos desafíos y las evidencias de violaciones de derechos humanos proviniendo del terreno todavía pintan una realidad complicada.

Dos ejemplos recientes involucrando la industria de la caña de azúcar ilustran la preocupación constante por los abusos contra los derechos humanos en la República Dominicana.

En 2016, agentes armados de uno de los mayores productores de azúcar del país, Central Romana Corp., expulsaron por la fuerza de sus hogares a más de 60 familias durante la noche.

No se han proporcionado alojamiento alternativo o reparaciones a las víctimas para reparar la destrucción de sus hogares y el trauma causado por la violencia de los desalojos.

En 2017, el Grupo Vicini, la segunda principal empresa productora de azúcar del país, utilizó el pesticida glifosato de tal manera que muchas personas corrieron peligro de muerte y que destruyó los cultivos y el ganado de los campesinos. Hasta la fecha, las violaciones de los derechos humanos en ambos casos siguen impunes.

Existe una creciente preocupación internacional de que la industria de la caña de azúcar en la República Dominicana puede de alguna manera actuar con impunidad cuando se trata de violaciones de derechos humanos.

Teniendo en cuenta el próximo Examen Periódico Universal de la República Dominicana, en el cual todos los Estados Miembros de la ONU examinarán la situación de los derechos humanos en el país, este evento paralelo tiene como objetivo informar y arrojar luz sobre esta realidad poco conocida en la República Dominicana e informar a las delegaciones estatales sobre la importancia de abordar este tema en su revisión de la República Dominicana.

El evento también proporcionará un espacio para el diálogo constructivo entre varios actores, incluido el Gobierno de la República Dominicana.

Panelistas:

– Un experto sobre el tema de las empresas y los derechos humanos (Carlos Lopez, Comisión Internacional de Juristas)

– Un experto sobre el tema de la industria azucarera en la República Dominicana y sus impactos sobre los derechos humanos (Fr. Damián Calvo Martin OP, Centro de Teología Santo Domingo de Guzman)

– Una víctima de desalojos forzosos por parte de Central Romana Corp. (María Magdalena Álvarez Gálvez)

Moderador: Rory Gogarty, High Court of England and Wales

Interpretación: se proporcionará de inglés a español y de español a inglés

República Dominicana evento 24 septiembre (volante de evento en PDF)

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