Sep 24, 2013 | Artículos, Noticias
Por primera vez, un Juzgado de primera instancia, condenó al Estado guatemalteco por violaciones al derecho a la alimentación.
Está incluye la violación al derecho a la vida, a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la educación y a la vivienda de niños y niñas del municipio de Camotán del departamento de Chiquimula al noroeste de este país.
El Estado de Guatemala fue declarado responsable de estas violaciones, por omisión, al no contemplar programas, políticas, acciones y medidas eficaces que evitaran problemas de salud en estos niños a causa de la desnutrición crónica sufrida por falta de una alimentación adecuada.
Las sentencias fueron emitidas entre abril y mayo de este año por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en conflicto con la Ley Penal del departamento de Zacapa.
Estas resoluciones obligan al Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación, al Ministerio de Salud y Asistencia Social, al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, al Ministerio de Desarrollo Social, a la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, al Fondo de Tierras, a la Secretaria de Asuntos Agrarios, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría para los Derechos Humanos y a la Municipalidad de Chiquimula a que adopten una serie de medidas para restaurar los derechos violados.
A solicitud de la Campaña Guatemala sin Hambre y de los abogados litigantes Jaime Tecu y Lorena Ramírez, la oficina de la Comisión Internacional de Juristas en Centroamérica presentó en todos los casos un Amicus Curiae a fin de ilustrar al juzgador sobre los estándares internacionales relativos a la protección de niños/niñas y al derecho a la alimentación, así como las obligaciones jurídicas generales y específicas de los Estados en esta materia.
Además se abordó el acceso a la justicia, la exigibilidad legal del derecho a la alimentación, la función de la administración de justicia y la responsabilidad del Estado de Guatemala en materia del derecho a la alimentación.
La elaboración del Amicus Curiae contó con el apoyo del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la CIJ.
Estas sentencias significan un avance para la justiciabilidad de los DESC y constituye un paso para lograr el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables en Guatemala.
Además, representa un precedente para que otros casos sean judicializados y se logre que el Estado de Guatemala cumpla con sus obligaciones de respetar y proteger el derecho a la alimentación según los estándares internacionales de protección de derechos humanos.
En coordinación con la Campaña Guatemala sin Hambre y con los abogados antes mencionados se llevarán a cabo diferentes acciones para la ejecución de las sentencias.
Se adjunta a esta nota una copia de uno de los Amicus Curiae presentados por la CIJ, así como la última sentencia emitida en uno de los casos.
Guatemala-CIJ Amicus Derecho a la Alimentación-legal submissions-2013-spa (full text in pdf)
Guatemala-Resumen casos de los niños y niñas de Camotán-cases-2013-spa (full text in pdf)
Guatemala-Sentencia Caso Alimentacion Leonel Amador Garcia-cases-2013-spa (full text in pdf)
Guatemala-Sentencia Caso Alimentacion Mayra Amador Espino-cases-2013-spa (full text in pdf)
Guatemala-Sentencia Caso Alimentacion Dina Marilu y Malvelita Lucila-cases-2013-spa (full text in pdf)
Guatemala-Sentencia Caso Alimentacion Brayan Rene Espino Ramirez-cases-2013-spa (full text in pdf)
Aug 29, 2013 | Artículos, Noticias
También la CIJ solicita audiencia temática a la comisión interamericana de derechos humanos.
La CIJ condenó los ataques que se han venido dando en contra de defensores de derechos humanos en Guatemala.
Por tal razón, conjuntamente con organizaciones sociales y campesinas como el Comité de Unidad Campesina (CUC), Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad (CEIBA), WAQIB´KEJ y otras organizaciones sociales de Guatemala, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia temática sobre el fenómeno de la criminalización de la protesta social el pasado viernes.
El objeto de la misma es, además de proporcionar información sobre el fenómeno de la criminalización de la protesta social, identificar patrones de represión en contra de líderes sociales en Guatemala.
Según la CIJ, este fenómeno es un claro retroceso del proceso democrático de Guatemala.
En efecto, se han identificado patrones de represión estatal, utilizando el derecho penal para reprimir las libertades de pensamiento, expresión y reunión de sus actores.
En este contexto, la CIJ nota con preocupación varios patrones de ataque en contra de defensores y defensoras de Derechos Humanos de Guatemala, que preocupan profundamente y que se expresan en detenciones ilegales, campañas de difamación y acusaciones falsas, ataques directos que han quitado la vida a cuatro periodistas en los últimos meses y falta de investigación pronta y eficiente, que identifique quien está detrás de estos hechos y si hay presencia de estructuras criminales organizadas que cometen estos crímenes para evitar la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas y de sus territorios.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “Pedimos a las autoridades del Sistema de Justicia que investiguen estos ataques. La impunidad de estos hechos sigue siendo alarmante. Por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas debería nombrar cuanto antes al futuro representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), quien debería ser un Fiscal con experiencia para continuar la lucha en contra de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.”
Aug 20, 2013 | Incidencia
Por primera vez un Tribunal de Canadá conocerá una demanda de daños y perjuicios en contra de una empresa canadiense por hechos cometidos en Guatemala.
Un Juez de la Corte de Ontario resolvió en el mes de Julio del presente año, que los casos que se siguen en contra de la empresa Hudbay Minerals Inc. por supuestos hechos cometidos en contra de dirigentes comunitarios en el Departamento de Izabal, pueden ser juzgados en Canadá por tribunales canadienses.
Este es un hecho histórico, ya que por primera vez una demanda por daños y perjuicios en contra de una compañía canadiense, relacionada con abusos a los derechos humanos, podrá ser conocida por tribunales canadienses.
Esta resolución permite que se respete el derecho de las víctimas guatemaltecas, de buscar justicia en otro país, en este caso Canadá, por hechos supuestamente cometidos en Guatemala, en los que una empresa privada de extracción de minerales (niquel) de Canadá (Hudbay Minerals Inc.), está siendo demandada.
El Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, a solicitud de los abogados que llevan el caso en Canadá, presentó su opinión en las cortes canadienses sobre el Derecho de Acceso a la Justicia en Guatemala, habiendo recomendado que el caso fuese conocido en Canadá, por considerar que la impunidad existente en Guatemala hacía imposible que el caso de daños y perjuicios fuese ventilado en las cortes guatemaltecas (ver adjunto el texto del peritaje sobre El Derecho de Acceso a la Justicia en Guatemala de Ramón Cadena versión en inglés).
La Comisión Internacional de Juristas en Guatemala publicará próximamente un estudio sobre este caso.
Guatemala-UE Peritaje Canadá Hudbay-expert opinion-advocacy-2013-eng (full text in pdf)
Aug 5, 2013 | Artículos, Noticias
La CIJ condena acciones de intimidación en contra del Relator de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión y del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS).
El día jueves 1 de agosto, personas no identificadas ingresaron ilegalmente a las oficinas del Instituto DEMOS y a las oficinas del Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Sr. Frank Larue.
Un día antes, en su columna de opinión el Sr. Ricardo Méndez-Ruiz, Director de la Fundación contra el Terrorismo, escribió en contra del Sr. Larue, acusándolo falsamente de diferentes hechos criminales, supuestamente cometidos por él durante el conflicto armado interno.
Desde hace ya varios meses, en su calidad de Director de la Fundación contra el Terrorismo, el Sr. Méndez-Ruiz ha asumido una posición intimidatoria en contra de personas, organizaciones, defensores y defensoras de derechos humanos, misiones diplomáticas y dirigentes comunitarios, tratando así de afectar el trabajo que estas personas o instituciones realizan en favor de la justicia y el respeto de los derechos humanos.
La Fundación contra el Terrorismo, representada por el Sr. Ricardo Méndez-Ruiz anunció días atrás, diferentes acciones en contra de organizaciones no gubernamentales.
Es así como, en el mes de marzo del presente año, después de dicho anuncio, el Director de la Organización Centro para la Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) y su asesor legal, sufrieron amenazas y serias intimidaciones.
Posteriormente, la organización Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA) fue acusada en el mes de julio de diferentes falsedades en una publicación anónima, claramente con el objeto de intimidar al personal que lleva a cabo acciones a favor de las víctimas del conflicto armado interno.
Por último, el 1 de agosto, las oficinas del Instituto DEMOS y del Relator Especial sobre Libertad de Expresión, también sufrieron un ingreso ilegal y sustracción de documentos.
La Comisión Internacional de Juristas, hondamente preocupada por estas amenazas, pide a las autoridades correspondientes del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público, que lleven a cabo una investigación rigurosa, para determinar quién está detrás de todos estos hechos violentos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.
Dicha investigación debería extenderse en contra de la Fundación contra el Terrorismo y su Director Sr. Méndez-Ruiz, con el objeto de identificar posibles vínculos con los hechos mencionados, sobre todo tomando en cuenta el contenido de múltiples publicaciones realizadas por la Fundación contra el Terrorismo en los últimos meses.
Asimismo, pide al Estado de Guatemala que brinde garantías y protección a defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, instituciones y dirigentes comunitarios que llevan a cabo actividades a favor del respeto de los derechos humanos.
Dichas garantías deberían extenderse al trabajo que realiza el Sr. Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas Sr. Frank Larue.
Foto: UN /Jean-Marc Ferré
May 21, 2013 | Comunicados de prensa, Noticias
El fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad constituye un retroceso en la búsqueda de Justicia en Guatemala por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, dijó la CIJ.
Es importante recordar que ya en diciembre de 2007, dos de los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad también otorgaron un amparo al militar retirado General Ríos Montt, evitando su extradición a España. El día de ayer, la CC vuelve a amparar al militar retirado, esta vez para afectar gravemente el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del Pueblo Ixil y provocar más impunidad en Guatemala.
Con este fallo, la Corte de Constitucionalidad envía un mensaje equivocado a la población guatemalteca y le da más poder a los victimarios. Sin embargo, la CIJ reconoce que tanto el Magistrado Chacón como la Magistrada Porras, emitieron un voto disidente, apartándose así de la decisión mayoritaria de los magistrados Molina Barreto, Maldonado Aguirre y Pérez Aguilera.
El amparo que la Corte de Constitucionalidad otorgó el día de ayer, lejos de respaldar la justicia, avala las acciones del abogado defensor Francisco García Gudiel, quien faltó a la ética profesional al aceptar la defensa de Ríos Montt, aún sabiendo que la Ley del Organismo Judicial en su artículo 201 literal a) le prohibía “actuar en los juicios en que el juez tuviere que excusarse o pudiera ser recusado a causa de la intervención del profesional.”
Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica expresó: «Nuevamente la Corte de Constitucionalidad está provocando el incumplimiento de la obligación internacional del Estado de Guatemala de juzgar y castigar a los responsables de crímenes gravísimos como el genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Con dicho fallo, las víctimas del Pueblo Ixil han sido burladas y su derecho de acceso a la justicia ha sido nuevamente negado.»
Otros artículos:
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La CIJ celebra triunfo de la justicia sobre la impunidad
NOTE:
You can find a comprehensive background on the Rios Montt trial in English here
