May 29, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ expresa su profunda preocupación, por las diferentes acciones que se vienen dando en contra de la Jueza Erika Aifán.
La Jueza Erika Aifán se ha caracterizado siempre por ser recta en sus decisiones; honesta y apegada al Derecho en todos los casos que ha conocido; independiente, objetiva e imparcial en todas sus decisiones.
Para la CIJ, en los casos contra la Jueza Erika Aifán, existe un riesgo inminente de afectar la Independencia Judicial.
La CIJ considera que la independencia de jueces y juezas, es imprescindible en un Estado de Derecho, para que dichos funcionarios públicos puedan garantizar efectivamente, mediante una recta administración de justicia, el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Por tal razón y con base en la Constitución Política de la República de Guatemala y Convenios y Tratados en materia de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala debería intervenir en la defensa de la independencia judicial.
Tal y como lo establece la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “el principio de independencia del Poder Judicial ha sido reconocido como costumbre internacional y principio general de derecho y ha sido consagrado en numerosos tratados internacionales”.
En tal sentido, la CIJ considera que la Corte Suprema de Justicia debe asumir un papel activo en la defensa de la independencia judicial en general y específicamente, en el caso de la Jueza Erika Aifán.
La Jueza Erika Aifán tiene a su cargo casos paradigmáticos en la lucha contra la impunidad y la corrupción y la CIJ considera que ese es el verdadero motivo de los ataques y cuestionamientos en su contra.
Grupos interesados en promover la impunidad desean apartarla o separarla del cargo.
La CIJ se permite recordar que la separación del cargo de un juez o jueza, debe obedecer exclusivamente a las causales permitidas por la ley, mediante un proceso disciplinario que reuna las básicas garantías inherentes al debido proceso, o cuando el funcionario judicial ha cumplido el término o período de su mandato.
En el caso de la jueza Erika Aifán, no existe ninguno de estos presupuestos, razón por la cual la CIJ concluye que se trata de un ataque contra la independencia e imparcialidad e independencia de la funcionaria judicial.
Ante el hostigamiento que sufren jueces y juezas independientes en Guatemala, la CIJ urge la presencia en el país del Relator de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados.
La CIJ considera, además, que el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala debería presentar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no sólo para que dicha Comisión otorgue medidas cautelares a favor de la Jueza Aifán, sino para que dicha Comisión verifique la violación flagrante a la independencia judicial en el país.
Desde ya, la CIJ solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que invenga en el presente asunto.
Demás está decir, que la independencia de todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso en tanto derecho humano y su ausencia afecta el ejercicio del derecho de acceder a la justicia, aparte de generar desconfianza y hasta temor, que provoca que las personas no recurran a los tribunales de justicia por falta de credibilidad.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América expresó: “Debemos apoyar a la Jueza Erika Aifán, ya que la garantía de la independencia judicial está siendo seriamente afectada. La Jueza Aifán es una de las más honestas y valientes y está llevando casos paradigmáticos que podrían ser afectados, en caso procedan las acciones legales en su contra.”
“Es una vergüenza que un Tribunal del Poder Judicial mismo, imponga una multa de Q.1000.oo a una profesional que está cumpliendo con su deber. Los magistrados de la Sala Tercera, son los que deberían de ser investigados por el Ministerio Público, debido a sus actuaciones en contra de la Independencia Judicial.”
Apr 4, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ está hondamente preocupada ante la falta de independencia de los miembros de la comisión de postulación para la elección de fiscal general.
Desde el 27 de agosto de 2017, cuando el Presidente de la República declaró “persona non grata” al Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Iván Velásquez (foto), el Estado de Derecho de Guatemala viene siendo seriamente afectado por diferentes funcionarios al más alto nivel.
En dicha ocasión, la Corte de Constitucionalidad jugó un papel primordial en la defensa del Orden Constitucional y a favor del rescate del Estado de Derecho, al emitir varias resoluciones que lograron detener las acciones ilegítimas, que intentaron implementar al más alto nivel, el Presidente de la República y las y los diputados del Congreso de la República, para consolidar la impunidad.
En este contexto, se ha llevado a cabo la primera fase de la elección de Fiscal General por parte de la Comisión de Postulación. Informes, como el de la organización “Insight Crime”, señalan que los miembros de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General, en lugar de actuar para cumplir correctamente con su mandato constitucional y coadyuvar para que el Estado de Guatemala logre alcanzar el bien común, lo hacen únicamente para satisfacer intereses de grupos vinculados al poder político, económico o militar.
Este actuar arbitrario socava el Estado de Derecho y provoca que la ciudadanía en general pierda la credibilidad en las instituciones de justicia y en el Estado de Derecho.
La CIJ considera oportuno recordar, en este momento del proceso de elección de Fiscal General, a los miembros de la Comisión de Postulación, que son funcionarios públicos sujetos a la Constitución Política de la República de Guatemala, a los Convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala, a las leyes ordinarias y a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad en la materia.
La Constitución prescribe que el nombramiento en empleos o cargos públicos sólo se debe hacer sobre “razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez” (artículo 133).
En ese contexto, la CIJ recuerda el precedente de la elección de Fiscal General en el año 2010, cuando la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir y reiniciar todo el proceso. En dicha oportunidad, varios de los comisionados tuvieron que inhibirse y se retiraron del proceso. Cuatro de dichos comisionados, vuelven a integrar hoy la Comisión de Postulación, lo cual introduce más dudas acerca de la legitimidad del proceso.
La CIJ recuerda que, para la realización de investigaciones independientes e imparciales, que garanticen el acceso a la justicia de las víctimas de los delitos y para romper el círculo de la impunidad, es fundamental que la Fiscalía pueda llevar a cabo su labor de modo independiente, autónomo e imparcial.
En ese sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator de las Naciones Unidas para la Independencia de los Magistrados y Abogados, han señalado que la relación de dependencia que puedan tener la Fiscalía respecto de otros órganos – como el Poder Ejecutivo- puede tener un impacto negativo en su actuación independiente e imparcial, socavar la efectividad de las investigaciones y ser un factor de impunidad.
La CIJ considera que el “pacto de impunidad” que está en marcha, pretende cooptar al Ministerio Público y afectar el buen trabajo que realiza el comisionado Iván Velásquez, a favor de la lucha contra la impunidad.
De llegar a ser electo un o una Fiscal General que no reúna los requisitos establecidos en el artículo 113 de la Constitución, el daño a la sociedad guatemalteca en su conjunto, puede llegar a ser de múltiples dimensiones, difíciles de cuantificar y causar “daños irreparables al sistema de justicia”, por su falta de independencia frente a cualquiera de los tres poderes del Estado o por su compromiso de defender los intereses de grupos del poder político, económico, militar o del crimen organizado.
La CIJ esta hondamente preocupada por el hecho de que exista un potencial conflicto de intereses por parte del Presidente de la República en el proceso de seleción y nombramiento del Fiscal General, toda vez que el primer mandatario ha sido sido cuestionado por su posible involucramiento en el Caso Hogar Seguro, en el que resultaron muertas 41 niñas, hechos que deben ser investigados por el Ministerio Público y además, su hijo y hermano están siendo procesados por casos denunciados por el Ministerio Público y vinculados a la lucha contra la corrupción.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América, expresó: “La decisión final de la Comisión de Postulación deberá estar bien fundamentada y de ninguna manera podrán elegir personas que no reunan las condiciones previstas por el artículo 113 de la Constitución, que generen la más mínima duda con respecto a su independencia, honestidad e idoneidad o que resulten ser parte del pacto de impunidad existente.”
Mar 15, 2018 | Noticias
La CIJ preparó una declaración en las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala.
Debía hacerse durante la discusión en el Consejo de Derechos Humanos del resultado del Examen Periódico Universal para Guatemala, sin embargo, la Comisión Internacional de Juristas no pudo leer la declaración debido al tiempo limitado para las declaraciones de las ONG. La declaración contiene lo siguiente:
“Honorables miembros del Concejo de Derechos Humanos:
El Estado de Derecho en Guatemala está siendo socavado por las propias autoridades. Tal y como lo ha señalado la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), el Estado se encuentra capturado por el crimen organizado. Desde que el Presidente de la Repuública Jimmy Morales declaró como “persona non grata” al Comisionado de la CICIG Abogado Iván Velásquez en agosto de 2017, los tres poderes del Estado de Guatemala tienen un objetivo comuún: recuperar el terreno perdido, por las acciones contundentes que la CICIG ha implementado contra la impunidad y la corrupción.
Preocupa sobre manera que el Organismo Legislativo esté tratando de aprobar una legislacion regresiva en materia de derechos humanos. En lo que respecta al Poder Judicial, la CICIG ha impulsado un proceso de depuración por la vía judicial y aquellos jueces que promueven más impunidad, se resisten a ser investigados protegiéndose en la figura del antejuicio.
En este contexto, se está llevando a cabo el proceso de elección del próximo Fiscal General. El Presidente de la República tendrá que elegir de una lista de seis candidatos. Urge que el Consejo de Derechos Humanos inste al Presidente de la República a elegir a una persona honesta y que esté comprometida con el respeto de los derechos humanos. La CIJ lamenta que algunos candidatos o candidatas participen para consolidar “el pacto de corruptos” en marcha.
Finalmente, es necesario que el Consejo de Derechos Humanos demande a los tres Poderes del Estado, apoyar decididamente los actos que el Comisionado Iván Velásquez lleva a cabo en Guatemala y el trabajo de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, así como respetar y atender la gestión positiva que viene realizando el Procurador de los Derechos Humanos Abogado Jordán Rodas.”
Feb 16, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ considera que el ataque contra la Fiscal Sonia Montes constituye un grave atentado contra la justicia en el país.
La CIJ exige al Presidente de la República, como Jefe de la fuerza pública, esclarecer estos hechos a la mayor brevedad posible y tomar las medidas necesarias para que los presuntos autores de estos hechos sean llevados ante la justicia.
La CIJ destaca que el papel que viene jugando la Fiscal Sonia Montes en la búsqueda de justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas durante el conflicto armado interno, ha cobrado mayor relevancia en estos días, cuando el juicio por el delito de Genocidio se ha reiniciado semanas atrás.
“Este atentado constituye un ataque contra la justicia en Guatemala así como contra de todo el movimiento de derechos humanos de ese país. Este tipo de ataques pretenden afectar seriamente la Democracia y el Estado de Derecho y obstruir la justicia,” declaró Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica.
Ante estos hechos condenables, la CIJ expresa su total solidaridad hacia la Fiscal de Derechos Humanos Sonia Montes, su familia y su motorista Néstor Valdes Antonio; asímismo, expresa su apoyo a la Fiscal General Thelma Aldana y al Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Iván Velásquez y a todas y todos los fiscales y operadores de justicia, que realizan un trabajo diario y comprometido con la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó:
“Exigimos al Presidente de la República Jimmy Morales una investigación pronta y eficiente, que permita individualizar la responsabilidad penal de los autores materiales e intelectuales de estos hechos. Hacemos un llamado a la ciudadanía guatemalteca, para no dejarse intimidar ante estos hechos de violencia.”
Jan 18, 2018 | Artículos, Noticias
La CIJ está hondamente preocupada por los últimos actos del poder ejecutivo y del Congreso de la República, que atentan contra la vigencia del estado de derecho y de los derechos humanos en Guatemala.
“Las autoridades del Estado de Guatemala al más alto nivel están implementando una política exterior fundamentada en una errónea interpretación de la soberanía nacional y en el absoluto desprecio por el derecho internacional de los derechos humanos, todo ello para defender los intereses personales de funcionarios de los tres poderes del Estado y así hacer prevalecer el sistema de impunidad que ha existido en el país, en las últimas décadas. Todo ello es parte del Pacto de Corrupción e Impunidad que existe en el país y que proviene de las autoridades al más alto nivel.”, declaró Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América.
Por ende, y con fundamento en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIJ hace un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que envíe una misión al país, con el mandato de investigar la existencia de este Pacto de Corrupción e Impunidad y evitar así, que avance y cause un grave daño irreparable a la democracia y al pueblo de Guatemala.
Asímismo, con fundamento en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, urge a la Representante Residente del Sistema de Naciones Unidas, a tomar las medidas adecuadas para evitar que continúe avanzando dicho pacto.
El Presidente Jimmy Morales (foto) declaró sin ningún fundamento, persona non grata al Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Sr. Iván Velásquez; posteriormente, diputados y diputadas del Congreso de la República intentaron reformar el Código Penal; recientemente, el Superintendente de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) fue removido de su cargo; se han registrado intentos de destituir ilegalmente al Procurador de los Derechos Humanos por parte del Congreso de la República, ya que dicho funcionario ha cumplido con su mandato según la ley; el Presidente de la República está intentando modificar el mandato de la CICIG y/o expulsar al Comisionado Iván Velásquez del país. Estos gravísimos hechos demuestran que las autoridades del Estado de Guatemala, pretenden menoscabar el funcionamiento de la administración pública y promover la impunidad de sus actos.
Por medio de la negociación de la paz y con fundamento en el derecho humano a la paz, el Estado de Guatemala asumió el compromiso de reformar, fortalecer y modernizar la gestión pública, en procura de un manejo transparente y honrado en el uso de los recursos públicos, como condición para lograr que la administración pública tenga la capacidad de cumplir con el supremo deber impuesto al Estado de Guatemala por la Constitución Política, de garantizar a los habitantes del país el bien común.
La CIJ recuerda que es un principio aceptado nacional e internacionalmente, que le está prohibido a las autoridades en cualquier nivel, utilizar el poder que le confiere el ejercicio del cargo o empleo en las entidades del Estado, autónomas o descentralizadas, de participar o influir en la toma de decisiones en beneficio personal o de tercero. Hacerlo atenta en contra de la democracia y del estado de derecho.
El abuso de poder en el ejercicio de la función pública socava las bases del estado de derecho y constituye un acto ilícito, contrario a la Constitución, que debe ser investigado y castigado por las autoridades de justicia con prontitud.
De lo contrario, si no se toman ahora las medidas legales adecuadas, para detener la imposición del Pacto de Corrupción e Impunidad que las autoridades al más alto nivel vienen impulsando, las consecuencias pueden llegar a ser de una magnitud y consecuencias irreparables, causando graves daños a la población guatemalteca y al estado de derecho en Guatemala.
