Feb 13, 2016 | Multimedia items, News, Video clips
The land of several communities from the Municipality of Nebaj was sold to the State during the civil war. But this happened without any valid legal basis.
The expropriation occurred in 1984 in the area of Tzalbal, at a time when most of the people from 14 local communities had flown to Mexico or the neighboring forests because of the war, which was particularly intense in the area.
The loss of farmland affected some 15000 people.
In 2013, the communities asked the ICJ to help them recover their land.
An initial investigation by the ICJ confirmed that the mayor at that time (1984) had signed a document transferring the land into the State’s hand.
However, this happened without consulting the communities and none of their representatives signed the document.
The ICJ asked the State to return the land to the communities through a Governmental Agreement, which was initially accepted.
However, the Government eventually reneged on its promise and ended the negotiations.
The ICJ is now preparing an action for protection of constitutional rights to help the communities recover their land through a judicial decision.
Guatemala-Caso Nebaj-News-Web Story-2016-SPA (full story in PDF, Spanish)
The Nebaj case in video (Spanish, English subtitles)
Nov 25, 2015 | News
Inauguration of the 5th International Seminar on Strategic Litigation in Guatemala City.
On 25th November, Ramon Cadena, Director of the ICJ Regional Office in Central America, together with Alberto Brunori, Representative of the OCHCR in Guatemala and Victor Ferrigno, Coordinator of Support for Strategic Litigation in Guatemala, launched the event.
During the two-day seminar over 100 human rights defenders, lawyers and academics from the American continent will share experiences, good practices and achievements in the use of strategic litigation as part of a broader strategy to promote and defend human rights.
In addition to strategic litigation, other focal points for discussion include indigenous peoples’ land rights and the identification of priorities in legal and constitutional reform.
Nov 17, 2015 | News
Desde el año 2004, la CIJ ha señalado casos en los que el Estado de Guatemala dirige su poder punitivo en contra de defensores y defensoras de derechos humanos por su asociacion a actos pacíficos en defensa de los recursos naturales de distintas comunidades en el país.
Ante esta práctica, que socava el derecho a defender los derechos humanos, la CIJ expresa:
1. La criminalización de la protesta social se ha convertido en un fenómeno recurrente en Guatemala, en la que el Derecho Penal es utilizado como instrumento de represión y deslegitimación de la labor que las y los defensores de derechos humanos llevan a cabo en el país.
2. Especial preocupación causan las detenciones arbitrarias de las que son objeto defensores y defensoras de derechos humanos, que trabajan en áreas de alta conflictividad social y se vinculan a la protección de los recursos naturales, territorios o derechos de los Pueblos Indígenas. En algunos casos, el Estado de Guatemala ha optado por la suspensión de las garantías constitucionales en esas regiones, decretando estados de prevención o de sitio.
3. Con el objeto de conocer el impacto de esta práctica, la eurodiputada Marina Albiol, visitó Guatemala del 2 al 5 de noviembre del presente año. En dicha ocasión, la CIJ acompañó a su delegación en una visita in situ a los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, para entrevistarse con defensores y defensoras de Derechos Humanos, así como para sostener reuniones con funcionarios de gobierno y movimientos sociales.
4. La delegación constató que frecuentemente las y los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, son sometidos a procesos penales injustos, práctica que consituye una herramienta para el acoso a dichas personas.
5. La delegación pudo constatar el caso de las detenciones arbitrarias de Ermitaño Bernardo López , Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, Francisco Pedro (Chico Palas), Adalberto Villatoro (Don Tello), Arturo Pablo Juan,Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, todos ellos del Departamento de Huehuetenango; en los dos últimos casos mencionados, se ha dictado sentencia absolutoria, pero ambos continúan detenidos. Todos han padecido su privación de libertad , en la cárcel de Huehuetenango o en la prisión de la zona 18 de Guatemala, bajo condiciones extremadamente difíciles. Los anteriores no son los únicos, ya que junto a ellos se encuentran detenidas arbitrariamente otras defensoras y defensores de derechos humanos del departamento de Huehuetenango y de otros departamentos.
6. Asímismo preocupa la detención de Mauro Vay, dirigente y defensor de derechos humanos de la organización CODECA, quien se encuentra bajo medida sustitutiva, pero con restricciones que han afectado su derecho al trabajo y libertad de movimiento, durante todo el año 2015 en el departamento de Suchitepéquez.
7. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que la protesta social pacífica, es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos, esencial para la crítica política y social de los gobiernos. En tal sentido, los Estados están obligados a asegurar que ningún defensor o defensora de los derechos humanos sea impedido de reunirse y manifestarse públicamente en forma pacífica.
Ante estos hechos, Wilder Tayler, Secretario General de la CIJ expresó: “Urgimos a las autoridades del Estado de Guatemala a detener la criminalización de la protesta social y las detenciones arbitrarias que este fenómeno conlleva. Amendrentar y obstaculizar la labor de defensoras y defensores de derechos humanos constituye de por sí, una violación del derecho de las garantías individuales”.
Nov 17, 2015 | News
La CIJ demanda a las autoridades guatemaltecas terminar con la impunidad que rodea el caso Siekavizza.
La CIJ ante la impunidad prevaleciente en el caso Siekavizza expresa:
El llamado “caso Siekavizza” constituye un caso paradigmático de femicidio supuestamente cometido por el esposo de la víctima Cristina Siekavizza, el 16 de julio de 2011. El cuerpo de la víctima no ha aparecido hasta ahora.
- Por las circunstancias que rodean este caso la CIJ ha solicitado reiteradamente que éste sea conocido por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); no solo porque el principal sospechoso es hijo de una ex Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, sino porque existen elementos suficientes para considerar que puede haber existido una conjura criminal para mantener el caso en la impunidad.
- Desde que se dieron los hechos tan deplorables, el Sistema de Justicia de Guatemala mostró ineficiencia y falta de voluntad política para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia al o a los supuestos responsables. Las autoridades estatales no adoptaron las medidas necesarias para llevar a cabo una investigación eficiente y rápida.
- Lo anterior permitió que se afectara la escena del crimen y que el presunto responsable se refugiara en otro país y escapara a la justicia.
- Los cuatro años de impunidad que lleva el caso, han provocado un profundo pesar a los familiares de Cristina Siekavizza a quienes en su momento, el Estado deberá resarcir los daños causados.
- Este es tan solo uno de los miles de casos criminales que se mantienen en la impunidad frente a la pasividad de las autoridades correspondientes. En general la justicia en Guatemala sigue seriamente afectada por altos índices de impunidad.
Wilder Tayler, Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, Suiza expresó: “Seguiremos observando el desarrollo de este caso; hacemos un enérgico llamado a todos los operadores de justicia involucrados, para que pongan el más riguroso empeño para permitir esclarecer un crimen tan grave. La impunidad que rodea el caso debe superarse cuanto antes.”
Oct 15, 2015 | News
La CIJ, durante la misión de su Comisionado José Antonio Martín Pallín al país, ha constatado que la trascendencia política y social de los asuntos que el Juez Miguel Ángel Gálvez está investigando, le ha ocasionado numerosos ataques injustificados desde diversos sectores de la sociedad guatemalteca.
Además, la CIJ recibió información que las y los jueces continúan siendo amenazados en el ejercicio de su independencia por la injerencia de la Corte Suprema de Justicia en funciones administrativas, relacionadas con el control del personal, especialmente en el traslado injustificado de jueces.
El Juez Miguel Ángel Gálvez (foto) ha afrontado riesgos de traslado en los últimos 6 meses.
La CIJ concluye que la actuación del Juez se ajusta a los principios internacionalmente admitidos del derecho al debido proceso y a las garantías de las y los sindicados.
La CIJ expresa su profunda preocupación por la acumulación excesiva de asuntos judiciales sobre el Juzgado de Competencia Ampliada del juez Gálvez, que hacen absolutamente imposible una actuación dentro de los plazos exigidos por la ley.
La CIJ demanda con toda firmeza que la Corte Suprema de Justicia tome medidas efectivas de apoyo al juzgado de Mayor Riesgo B, para que éste pueda concentrarse en la tramitación de los asuntos que verdaderamente preocupan en este momento a los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas, como por ejemplo el llamado Caso La Línea, el caso Sepur Zarco y el caso Siekavizza, entre otros.
La CIJ considera que ningún órgano judicial puede afrontar la pesada carga judicial a la que el Juez Gálvez tiene que hacer frente; cualquier demora en la tramitación de los asuntos pendientes ante su juzgado, no debe ser atribuida al juez Gálvez, sino a la inactividad de la Corte Suprema de Justicia, que no nombra a jueces de apoyo, que permitan tramitar las causas pendientes.
