Jan 27, 2004 | Eventos
El poder judicial y la profesión legal en Honduras se encuentran comprometidos por la influencia política, alegaciones de corrupción y posible impunidad, segun un reporte de la CIJ.
El informe, que lleva como título “Honduras: La Administración de Justicia, la Independencia del Poder Judicial y la Profesión Legal”, presenta un detallado análisis del sistema de justicia hondureño e identifica los problemas que éste sufre. La CIJ presenta sus conclusiones y recomendaciones al Gobierno de Honduras y a otros actores del sistema de justicia, todas ellas con vistas a lograr un fortalecimiento del Imperio del Derecho y el pleno respeto de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras.
El reporte será comunicado en una conferencia a las 9:30 del 28 de enero en el Salón “Del General” del Hotel Plaza del General, en la ciudad de Tegucigalpa. El evento contará con la presencia de autoridades del Gobierno hondureño y diversos actores de la Administración de Justicia. El evento será co-auspiciado por la Oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que prestó su asistencia a la misión durante su visita a Honduras.
La presentación formal del informe estará a cargo del Sr. Pedro Nikken, actual Comisionado de la CIJ y ex-Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, el Sr. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Dr. Ramón Custodio, hará una exposición acerca de la independencia del Poder Judicial en Honduras.
Oct 3, 2003 | Artículos, Noticias
“Un alto grado de politización afecta el correcto funcionamiento del Poder Judicial y la Profesión Legal en Honduras”, declaró un equipo de expertos enviados por el Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la CIJ.
En sus conclusiones preliminares, la misión del Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la CIJ encontró que la extrema politización es el principal problema que enfrentan el Poder Judicial y la Abogacía en Honduras. Decisiones administrativas, tales como el nombramiento de Jueces, se ven muchas veces afectadas por consideraciones políticas. Dichas consideraciones afectan también a algunas sentencias judiciales, lo que resulta en la impunidad de los acusados. Por otro lado, los casos de corrupción que impregnan a funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y a Abogados en ejercicio son también preocupantes.
La mora judicial y cierta selectividad en las causas que llegan a tener sentencia firme en un plazo razonable constituyen otras dos causas de inquietud. Dichas situaciones deberían compatibilizarse con la efectiva vigencia del derecho a un juicio justo y otras garantías judiciales. Asegurar la Independencia del Poder Judicial frente a los otros poderes del Estado, así como frente a grupos políticos o económicos, y combatir la corrupción y la impunidad son condiciones necesarias para asegurar la igualdad ante la ley de todos los habitantes de la Republica de Honduras.
La misión pudo observar reformas judiciales de carácter positivo que han tenido lugar en Honduras, entre ellas la introducción de procedimientos participativos de nominación de Magistrados y el establecimiento de mandatos para los miembros de la Corte Suprema que superan un período de gobierno. Estas medidas contribuirán a una Administración de Justicia más independiente. Sin embargo, el éxito de dichas reformas dependerá del compromiso de los actores involucrados a fin de evitar que predominen en los nombramientos las consideraciones políticas antes que la capacidad e idoneidad de los candidatos.
Entre las recomendaciones presentadas al Gobierno hondureño, la misión del el Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la CIJ sugirió la aprobación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y la creación de un Consejo de la Magistratura encargado, entre otras cosas, de la selección y/o nombramiento de los Magistrados.
En relación con la crisis que se iniciara en el año 2002 en el Colegio de Abogados de Honduras, la misión concluyó que allí se habría dado una lucha por posiciones de poder. Sin embargo, estima que el procesamiento penal de algunos Abogados por acciones que eventualmente podrían calificarse de imprudentes, como su solicitud de remoción de los Magistrados de la Corte Suprema, supone una criminalización de la disidencia que es contraria a las normas que rigen el Imperio del Derecho. Asimismo, el Colegio de Abogados de Honduras debe propiciar la adopción de una normativa escueta y clara respecto de los conflictos de intereses y de procedimientos eficaces para supervisar el desempeño ético de sus miembros.
En lo que respecta al ejercicio del Notariado, la misión de la CIJ/CIJA concluyó que puesto que los actos del Notario están investidos de fe pública, pudiendo incluso extender instrumentos públicos, resulta legítimo mantener un buen control sobre esta profesión. Asimismo, los exámenes o pruebas que se instrumenten deben hallarse rodeados de condiciones que den garantía de idoneidad, imparcialidad, transparencia e igualdad para todos los aspirantes.
La misión del Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la CIJ, que visitó Honduras entre los días 17 y 24 de septiembre, estuvo presidida por el Sr. Alejandro Artucio (Uruguay), Comisionado de la CIJ, y contó con la participación la Sra. Mónica Pinto (Argentina), Vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Sr. Oscar Schiappa-Pietra (Perú), experto internacional en reforma judicial y legislativa .
El informe final de la misión del Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la CIJ a Honduras será publicado en los próximos meses.
