Mar 15, 2018 | Noticias
La CIJ habló hoy en las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Perú.
La declaración oral fue hecha durante la discusión en el Consejo de Derechos Humanos del resultado del Examen Periódico Universal para el Perú. Dice lo siguiente:
“Sr Presidente,
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) reconoce los avances logrados por el Estado Peruano en materia de derechos humanos y su apertura en relación a las recomendaciones formuladas en el presente ciclo del Examen Periódico Universal.
La CIJ lamenta sin embargo que la investigación y sanción a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos producidas durante el conflicto armado interno no hayan recibido la atención que merecen. Por el contrario, la lucha contra la impunidad ha retrocedido con el otorgamiento de indulto y gracia presidencial al ex – presidente Alberto Fujimori quien cumplía pena de cárcel por una serie de delitos de lesa humanidad cometidos durante su mandato. La gracia presidencial le otorga inmunidad en materia de investigaciones y procesos penales en curso o por abrirse en el futuro.
Una de las recomendaciones (111.97) que el Perú acepta con calificaciones se refiere a las investigaciones y reparaciones a las miles de mujeres que sufrieron esterilización forzada durante el gobierno de Fujimori. Las medidas de indulto y gracia otorgadas exonerarían a Fujimori de investigación y sanción por este y otros delitos graves. La CIJ exhorta al Estado Peruano a que ejecute las recomendaciones de la comunidad internacional con total respeto a los estándares internacionales que prohíben la impunidad por violaciones graves a los derechos humanos.
Gracias Sr Presidente.”
Mar 13, 2018 | Uncategorized
Este evento paralelo – 37º período de sesiones, Consejo de Derechos Humanos, ONU – tendrá lugar el Viernes, 16 de marzo de 2018, 1200 m-1330, Sala XXVII, Palacio de las Naciones, Ginebra, con el apoyo de la CIJ.
Organizaciones peruanas e internacionales de derechos humanos unen fuerzas en foros internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para debatir el impacto del indulto y la gracia otorgadas a Alberto Fujimori sobre los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, y el pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos de Perú.
Moderador
- Sr. Carlos López – Asesor Legal Principal, Comisión Internacional de Juristas
Panelistas
- Sr. Jorge Bracamonte – Secretario Ejecutivo, Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos Perú
- Sra. Carmen Rosa Amaro Condor – Activista de derechos humanos, hermana de
Armando Amaro Cóndor, estudiante asesinado y desaparecido en la masacre de “La
Cantuta”
- Sr. Joel Jabiles – Coordinador de campañas e incidencia, Amnistía Internacional
Sigue el evento en Facebook Live en @ridhglobal
Idioma: inglés y español – Se servirán refrigerios ligeros a partir de las 11:50
Feb 9, 2018 | Artículos, Noticias
Hoy la CIJ y varias otras organizaciones presentaron un amicus curiae a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el contexto del proceso de supervisión de cumplimiento de las sentencias dictadas en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Esta supervisión se solicitó a causa de la Resolución Suprema N° 281-2017-JUS del 24 de diciembre de 2017, que concede al ex presidente Alberto Fujimori “el indulto y derecho de gracia por razones humanitarias”.
El indulto otorgado tiene como efecto que el ex mandatario se encuentre actualmente en libertad, a pesar de haber sido condenado a 25 años de prisión por la comisión de graves violaciones de derechos humanos, creando asi un incentivo a la impunidad en el país.
El amicus curiae sostiene que el indulto, tal como ha sido otorgado, es contrario a obligaciones internacionales asumidas por el Perú y, en concreto, desacata lo establecido por la Corte IDH en las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
El escrito plantea que la potestad presidencial para conferir indultos en el Perú debe ser ejercida en el marco de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho.
Si bien el indulto es una atribución presidencial discrecional, ésta no debe ser ejercida arbitrariamente. Se trata de una institución que tiene límites y que debe ejercerse de manera excepcional, siguiendo las normas internas sobre la materia.
El indulto no procede en casos de graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, como lo son Barrios Altos y La Cantuta.
Los términos en que fue concedido incumple la garantía de necesidad frente a otras medidas que pudiesen preservar la dignidad y la salud del señor Fujimori.
Amiciconcluye que el indulto y gracia otorgados a Alberto Fujimori son contrarios a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas por el Perú. Se pide a la Corte Interamericana ordenar al Estado dejar sin efectos la Resolución Suprema N° 281-2017-JUS.
Las otras organizaciones que presentaron el amicus curiae con la CIJ son Abogados sin Fronteras, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Quebec en Montreal, la Fundación para el Debido Proceso, y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).
Peru-Amicus Curiae CorteIDH Casos Barrios Altos y La Cantuta-Advocacy-Legal submission-2018-SPA (Amicus Curiae en PDF)
Dec 10, 2015 | Incidencia
Esta información fue enviada para la sesión 71 del Comité, en enero 2016.
El informe de la CIJ busca brindar al Comité información complementaria sobre el cumplimiento por parte del Perú de sus obligaciones en virtud del artículo 3, párrafo 4, del Protocolo Facultativo sobre la Venta de Niños, la Prostitución infantil y el uso de niños en la pornografía, en relación a la responsabilidad legal de la persona jurídica o moral en el ordenamiento legal peruano.
El informe se centra únicamente en la falta de cumplimiento por el Estado parte de sus obligaciones en virtud del artículo 3, párrafo 4, del PFVN relativo a la responsabilidad penal, civil o administrativa de las personas jurídicas o morales en la legislación peruana.
El informe incluye posibles recomendaciones acerca de las medidas que el Perú debería tomar con el fin de cumplir plena y eficazmente sus obligaciones en virtud del PFVN.
Peru-CRC OPSC Submission-Advocacy-Legal submission-2015-SPA (full text in PDF)
Nov 13, 2015 | Comunicados de prensa, Noticias
Las autoridades peruanas deben revisar algunas de sus leyes y políticas para proteger mejor los derechos económicos, sociales y culturales en el país, pidió hoy en Lima la CIJ.
La petición se hace al final de una misión de una semana realizada por la CIJ para recoger información y evaluar el impacto de las industrias extractivas en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, en especial, los campesinos y las comunidades indígenas.
En particular, la CIJ está preocupada por el impacto negativo en los derechos humanos del Decreto 30230, que busca facilitar la inversión privada.
Mientras la inversión puede contribuir de manera importante al disfrute de los derechos humanos, la CIJ considera que esta norma en particular conduce en la práctica a la falta de respeto de los derechos humanos en cuanto reduce los estándares de protección ambiental y social.
La CIJ saluda la adopción de legislación que protege los derechos humanos, incluido el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y la regulación del uso de la fuerza por parte de la Policía.
Sin embargo, la CIJ nota que con frecuencia esas leyes en la práctica no son implementadas efectivamente.
Durante su misión, la CIJ pudo verificar la información sobre el incremento del número de conflictos violentos y de protestas sociales relacionadas con los proyectos mineros.
“Un gran número de los conflictos sociales actuales tienen lugar en áreas donde se llevan a cabo actividades de la industria extractiva. La tendencia a disminuir la protección de los derechos económicos, sociales y culturales y del ambiente, para facilitar la inversión, genera un alto riesgo de que la violencia de los conflictos se incremente”, dijo Sandra Ratjen, Asesora Jurídica Sénior del programa de la CIJ para los derechos económicos, sociales y culturales.
“Hay una brecha entre las obligaciones internacionales de Perú de respetar y proteger los derechos humanos y las amenazas sistemáticas que enfrentan las comunidades que se encuentran en las áreas mineras para disfrutar realmente derechos como el derecho al agua, a la salud y a la vivienda o a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas”, agregó.
La CIJ está particularmente preocupada por las afirmaciones de uso contrario al derecho internacional de la fuerza letal para controlar las manifestaciones y las protestas en zonas mineras, como ocurrió recientemente en Las Bambas.
La CIJ recibió información de diversas fuentes en el sentido que en varias ocasiones las fuerzas de seguridad han usado la fuerza en contra de los principios de necesidad y proporcionalidad.
La CIJ exhorta a las autoridades peruanas a tomar las siguientes medidas para fortalecer la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el país:
- Mantener y fortalecer las leyes y las políticas que protegen los derechos humanos, en particular los económicos, sociales, culturales y del ambiente;
- En consecuencia, revisar la legislación que impida que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluidas las relativas al disfrute de derechos como el derecho al trabajo decente, el derecho a la salud y al agua potable o el derecho a la protección frente a desalojos forzados;
- Asegurar plenamente el ejercicio del derecho de reunión y de la libertad de expresión de las personas y los grupos, incluidos los defensores de derechos humanos.
Información adicional
La misión de la CIJ incluyó a María Clara Galvis, abogada colombiana especialista en derecho internacional de los derechos humanos y profesora de la Universidad Externado de Colombia; Rafael Uzcátegui, sociólogo venezolano y Coordinador General del Programa venezolano de educación y acción en derechos humanos (PROVEA); Sandra Ratjen, Asesora Jurídica Sénior del Programa de Derechos Economicos, Sociales y Culturales de la CIJ y Olivier van Bogaert, Director de prensa y comunicaciones de la CIJ.
La delegación se reunió con autoridades de varios ministerios, representantes de empresas extractivas, agencias de cooperación, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales. En diciembre, la CIJ publicará el informe final con sus hallazgos y recomendaciones sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de las industrias extractivas y el aumento de los conflictos sociales en el Perú.
Contacto:
Sandra Ratjen, Senior Legal Adviser for ICJ’s Programme on Economic, Social and Cultural Rights, t: +55 96 48 13 628; e: sandra.ratjen@icj.org
