Sep 5, 2017 | Eventos, Noticias
Hoy la CIJ y el Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement co-organizaron una conferencia pública sobre los Elementos de un tratado sobre las empresas y los derechos humanos.
En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció un grupo de trabajo intergubernamental encargado de “elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales”.
La tercera reunión del Grupo de trabajo tendrá lugar del 23 al 27 de octubre de 2017 en el Palacio de las Naciones.
El evento tuvo lugar en un momento crítico para informar el proceso de elaboración del tratado en el Grupo de trabajo, y se orientó a fomentar el intercambio de opiniones entre los actores internacionales con el objetivo de crear las base para el consenso sobre los posibles contenidos de un instrumento jurídicamente vinculante en el ámbito de las empresas y los derechos humanos.
Se espera que el futuro tratado contribuya a subsanar algunas deficiencias en el marco normativo internacional en materia de rendición de cuentas, en relación con las operaciones de las empresas en materia de derechos humanos. El tratado también debería fortalecer la acción de los Estados para garantizar recursos efectivos y reparaciones para las víctimas de abusos.
Este tratado será el primero en el marco internacional del derecho de los derechos humanos para abordar directamente las actividades de las sociedades comerciales.
El tema de los impactos de los derechos humanos por parte de las empresas comerciales figura a la cabeza de la agenda internacional sobre el que se han desarrollado varios instrumentos no vinculantes, entre los que destacan los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Se prevé que el proceso hacia un tratado en este ámbito se basará en los logros alcanzados hasta la fecha, cubriendo las lagunas restantes y mejorando las normas y la acción de los Estados y las empresas por igual.
Jul 20, 2017 | Artículos, Noticias
Una entrevista del Secretario General de la CIJ Sam Zarifi con la periodista de Reuters Stephanie Nebehay.
El presidente estadounidense Donald Trump es parte de una nueva estirpe de líderes en el mundo que, como el venezolano Nicolás Maduro, quieren utilizar su mandato democrático para socavar el estado de derecho, dijo el miércoles el jefe de una ONG de derechos humanos y asuntos jurídicos.
Saman Zia-Zarifi, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas (ICJ por sus siglas en inglés), que tiene su sede en Ginebra, llama a Trump un “populista autoritario” y lo compara a los líderes de países como Venezuela, Turquía, Filipinas o Hungría.
Zarifi, que nació en Irán y se mudó a Estados Unidos cuando era adolescente, citó como ejemplo la restricción a los viajes impuesta por el gobierno de Trump a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.
“Lo que es diferente ahora es que se usa un cierto tipo de populismo para contrarrestar la noción del estado de derecho”, dijo Zarifi en una entrevista en la sede de la ICJ, que está conformada por 60 jueces y abogados destacados del mundo que buscan proteger los derechos humanos y el imperio de la ley.
“El nuevo populismo tiene un cierto descaro que es nuevo. No es que están negando que están violando derechos, lo que dicen es que pueden violar derechos porque de alguna manera están empoderados por el pueblo”, señaló.
Zarifi, que encabeza la ICJ desde abril, dijo que esta nueva generación de populistas incluye a Nicolás Maduro de Venezuela, Tayyip Erdogan de Turquía y Rodrigo Duterte de Filipinas; al primer ministro Viktor Orban de Hungría y al líder del partido oficialista de Polonia, Jaroslaw Kaczynski.
“Yo diría que en Estados Unidos Trump es un populista autoritario. Tiene tendencias autoritarias pero aún hay mecanismos de control y equilibrio”, estimó Zarifi. “Así es que no es una figura totalmente autoritaria”.
La Corte Suprema revisó partes del decreto del gobierno de Trump que establecía restricciones al ingreso de viajeros de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, una normativa que según Trump busca combatir el terrorismo.
La decisión del tribunal, de acuerdo a Zarifi, pondría a prueba “la salud del sistema de equilibrios” de los poderes en Estados Unidos.
En Venezuela, Maduro busca establecer una Asamblea Constituyente con autoridad para reformar a Constitución y cerrar el Congreso dominado por la oposición, con una votación prevista para el 30 de julio.
Foto: Reuters / Pierre Albouy
Jun 29, 2006 | Comunicados de prensa, Noticias
En su primera sesión, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó por consenso la Convención internacional para la protección de todas las personas contra la desapariciones forzadas y decidió transmitirlo a la Asamblea General para adopción final este mismo año.
“La adopción de la Convención constituye un paso fundamental para luchar contra el crimen de la desaparición forzada y para la protección de las víctimas y sus familiares. Asimismo constituye un mensaje político fundamental de que esta práctica odiosa no puede ser tolerada y debe ser erradicada” dijo Nicholas Howen, Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas. Ahora le corresponde a los Estados asegurar que, durante sus sesiones de diciembre 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopte la Convención.
“La Convención es el fruto de un inmenso y sostenido esfuerzo desplegado por asociaciones de familiares de desaparecidos y organizaciones no gubernamentales desde 1981, cuando se realizó la primera conferencia internacional por un tratado contra las desapariciones forzadas y a la cual participó la CIJ” recordó Nicholas Howen. La Convención consagra el derecho a no ser sometido a una desaparición forzada e impone a los Estados la obligación de prohibir y criminalizar esta práctica en sus legislaciones nacionales. “La Convención viene a llenar un vacío inmenso e intolerable: la ausencia de un tratado internacional para luchar contra de este crimen internacional y grave violación de los derechos humanos” destacó Nicholas Howen.
Además de calificar la desaparición forzada de crimen internacional, la Convención establece un conjunto de obligaciones en materia prevención como: la prohibición de las detenciones secretas; la privación de libertad sólo en lugares oficialmente reconocidos y supervisados que cuenten con un registro detallado de los detenidos; y los derechos no-derogables de habeas corpus y de obtener información sobre los detenidos. La Convención reconoce el derecho a la verdad y a la reparación para las víctimas y sus familiares, como así también el derecho a conformar organizaciones y asociaciones para luchar contra las desapariciones forzadas. También trata la cuestión de la sustracción de niños cuyos padres han sido víctimas del crimen de desaparición forzada, la falsificación de la identidad de los niños y su adopción.
HRC-adoption Convention Enforced Disappearances-press release-2006-spa (full text in Spanish, PDF)
Jun 27, 2006 | Incidencia
La carta abierta fue firmada por personalidades y organizaciones de todas partes del mundo para apoyar la adopción de este texto por el Consejo de Derechos Humanos.
Señores Delegados de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos,
La desaparición forzada de personas es una de las más odiosas violaciones de derechos humanos y constituye un crimen bajo el derecho internacional. El desaparecido es despojado de todos sus derechos y colocado en situación de total indefensión a la merced de sus victimarios, sin ninguna protección de la ley. La desaparición forzada constituye en sí misma la negación del ser humano. Su práctica causa hondos sufrimientos en los familiares y amigos del desaparecido: la eterna espera de su regreso y la total incertidumbre de su suerte y paradero torturan constantemente a padres, esposos e hijos del desaparecido. El robo de niños nacido durante el cautiverio de sus padres desaparecidos es una de las prácticas más repugnantes y contraria a toda idea de humanidad. La práctica de la desaparición forzada vulnera los dictados más elementales de humanidad y los principios básicos del estado de derecho.
Frente a esta práctica odiosa e inhumana, un inmenso y sostenido esfuerzo ha sido desplegado desde 1981 por asociaciones de familiares de desaparecidos, organizaciones no gubernamentales, gobiernos e instancias internacionales para lograr que un tratado contra la desaparición forzada sea adoptado por las Naciones Unidas. Una primera etapa fue la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1992, de la Declaración para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En septiembre de 2005, el Grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas encargado de redactar un tratado contra las desapariciones forzadas terminó sus labores adoptando por consenso el proyecto Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este proyecto está ahora a consideración del Consejo de Derechos Humanos. Este proyecto de Convención viene a llenar un vacío inmenso e intolerable: la ausencia de un tratado internacional para luchar contra de este crimen internacional y grave violación de los derechos humanos. Esta Convención no solamente dotará a la comunidad internacional de una herramienta jurídica para luchar efectivamente contra la desaparición forzada, sino que constituye un mensaje político fundamental de que esta práctica odiosa no puede ser tolerada y debe ser erradicada.
Por estas razones, instamos a todos los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos a que, de manera prioritaria y durante su primera sesión en junio 2006, el Consejo de Derechos Humanos adopte el proyecto de Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y lo transmita a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su adopción final. Con ello, el Consejo de Derechos Humanos no solamente hará una invaluable contribución a la lucha contra las desapariciones forzadas, sino que también afirmará su mandato y voluntad de proteger y promover los derechos humanos.
Convention Forced Disappearance-open letter-2006 (en PDF)
Jun 27, 2006 | Incidencia
Las organisationes son la Federación latinoamericana de asociaciones de familiares de detenidos-desaparecidos (FEDEFAM), la Federación Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
Señor Presidente del Consejo de Derechos Humanos, señoras y señores,
La desaparición forzada de personas es una de las más odiosas violaciones de derechos humanos y constituye un crimen bajo el derecho internacional. El desaparecido es despojado de todos sus derechos y colocado en situación de total indefensión a la merced de sus victimarios, sin ninguna protección de la ley. La desaparición forzada constituye en sí misma la negación del ser humano. Su práctica causa hondos sufrimientos en los familiares y amigos del desaparecido: la eterna espera de su regreso y la total incertidumbre de su suerte y paradero torturan constantemente a padres, esposos e hijos del desaparecido. El robo de niños nacido durante el cautiverio de sus padres desaparecidos es una de las prácticas más repugnantes y contraria a toda idea de humanidad. La práctica de la desaparición forzada vulnera los dictados más elementales de humanidad y los principios básicos del estado de derecho.
Frente a esta práctica odiosa e inhumana, un inmenso y sostenido esfuerzo ha sido desplegado desde 1981 por asociaciones de familiares de desaparecidos, organizaciones no gubernamentales, gobiernos e instancias internacionales para lograr que un tratado contra la desaparición forzada sea adoptado por las Naciones Unidas. Una primera etapa fue la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1992, de la Declaración para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En setiembre de 2005, el Grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas encargado de redactar un tratado contra las desapariciones forzadas terminó sus labores adoptando por consenso el proyecto Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este proyecto está ahora a consideración del Consejo de Derechos Humanos. Este proyecto de Convención viene a llenar un vacío inmenso e intolerable: la ausencia de un tratado internacional para luchar contra de este crimen internacional y grave violación de los derechos humanos. Esta Convención no solamente dotará a la comunidad internacional de una herramienta jurídica para luchar efectivamente contra la desaparición forzada, sino que constituye un mensaje político fundamental de que esta práctica odiosa no puede ser tolerada y debe ser erradicada.
Por estas razones, nuestras organizaciones instan al Consejo de Derechos Humanos a que, de manera prioritaria y durante esta primera sesión, adopte el proyecto Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y lo transmita a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su adopción final este año. Con ello, el Consejo de Derechos Humanos no solamente hará una invaluable contribución a la lucha contra las desapariciones forzadas, sino que también afirmará su mandato y voluntad de proteger y promover los derechos humanos.
Joint statement disappearances-non-judicial submission-2006-spa (en español, PDF)
