En el marco del debate sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la CIJ presentó una declaración oral conjuntamente con la Comisión colombiana de juristas y Amnistía Internacional.
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas
60º período de sesiones
Tema 3: Organización de los trabajos de la sesión. Situación de los derechos humanos en Colombia
Señor Presidente:
Las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y del Alto Comisionado en relación con Colombia no se están cumpliendo. Así lo señala el Alto Comisionado en su informe (párrafo 16) {{1}}. Por eso, la situación en el país continuó empeorando en 2003, tanto en relación con la ocurrencia de violaciones, como con la adopción de iniciativas gubernamentales para desmantelar el Estado social y democrático de derecho. Es hora ya, entonces, de que la Comisión actúe más enérgicamente frente a la crisis colombiana.
El Gobierno de Colombia ha intentado hacer creer que la situación en el país está mejorando, gracias a su política de seguridad. Los informes de la Oficina del Alto Comisionado y los de los cuatro relatores que visitaron a Colombia en el último año coinciden en sus reservas al respecto. En palabras del Relator sobre racismo, “la estrategia de ‘seguridad democrática’ del Gobierno está más sobredeterminada por el imperativo de la seguridad que por la preocupación democrática. (…). Así, (agrega el Relator) la legitimidad democrática es invocada por el gobierno (…) para exigir que la población se alinee sobre su opción de seguridad y sea un actor voluntario y activo de sus operaciones militares y de sus acciones estratégicas contra las guerrillas” {{2}}.
No es extraño, por ello, que en 2003 murieran asesinadas, por fuera de combate, aproximadamente cuatro mil personas por motivos políticos, la mayoría de ellas por grupos paramilitares con apoyo o tolerancia de agentes estatales, muchas por agentes estatales directamente, y muchas otras por grupos guerrilleros. Lo anterior significa el doble de muertes que hace seis años y un resultado semejante al del año 2002 {{3}}. Muchas de las víctimas provinieron especialmente de poblaciones cuyos derechos han sido sistemáticamente vulnerados, como mujeres y hombres indígenas {{4}}, sindicalistas {{5}}, defensores de derechos humanos {{6}}, maestros {{7}} y otros sectores sociales que son percibidos por los combatientes como aliados del adversario. Hubo además cerca de 180.000 personas obligadas a desplazarse internamente {{8}} y más de dos mil personas secuestradas {{9}}.
Como si lo anterior fuese poco, la Oficina del Alto Comisionado registró un grave aumento de desapariciones forzadas producidas por paramilitares y Fuerza Pública {{10}}; de detenciones arbitrarias, por Fuerza Pública y Fiscalía {{11}}; y de torturas, por Fuerza Pública {{12}}. La mayoría de estas violaciones siguen permaneciendo en la impunidad, por la falta de un compromiso lo suficientemente efectivo de la Fiscalía, según el Alto Comisionado {{13}}.
Adicionalmente, el Gobierno está desmantelando el Estado social y democrático de derecho. Ya reformó la Constitución para dar facultades de policía judicial a las fuerzas militares, desafiando expresas recomendaciones de la Comisión y del Alto Comisionado {{14}}. Actualmente pretende además reducir facultades de la Corte Constitucional y restringir la acción de tutela, conocida como derecho de amparo en otras partes {{15}}. El Gobierno promueve también un proyecto para garantizar impunidad a los crímenes de guerra y de lesa humanidad {{16}}, en el marco de negociaciones con grupos paramilitares, entre muchas otras iniciativas igualmente opuestas a principios básicos de los derechos humanos.
Todo este comportamiento es contrario a las recomendaciones formuladas aquí al Gobierno de Colombia. Más aún, el Presidente de la República ha dicho que él no fue consultado acerca de la Declaración de la Presidenta de la Comisión y que por consiguiente su Gobierno no adquirió ningún compromiso en Ginebra el año pasado, a pesar de que dicha Declaración fue consensuada con el Gobierno colombiano, al igual que todos los años {{17}}. Esa actitud impide dar credibilidad a los compromisos que el Estado colombiano adquiera este año frente a la Comisión, y por eso se requiere que se adopten mecanismos eficaces para garantizar que honre su palabra. Un mecanismo podría consistir en pedirle al Alto Comisionado que presente a la Asamblea General, en septiembre de 2004, un informe interino sobre la evolución de la situación de derechos humanos en Colombia durante el primer semestre del presente año. Ese mecanismo, u otro semejante, debería facilitar en todo caso que el sistema de Naciones Unidas haga un seguimiento más estrecho y más frecuente al cumplimiento de sus recomendaciones en relación con este país.
Muchas gracias, señor Presidente.
Colombia-humanrights-advocacy-2004-spa (en PDF)
Footnotes:
[[1]] “Las recomendaciones no parecen haber ocupado un espacio realmente prioritario e integral en las políticas públicas del Gobierno, lo que puede explicar que haya contradicción entre las acciones recomendadas y algunas políticas gubernamentales” (doc. E/CN.4/2004/13).
[[2]] Doc. E/CN.4/2004/18/Add.3, párr. 42 y 43.
[[3]] Veáse Comisión Colombiana de Juristas, A growing absence of guarantees, Bogotá, octubre 2003, cuadro 5, pág. 78. Las cifras del presente documento se basan en el banco de datos de la Comisón Colombiana de Juristas, a menos que expresamente se cite otra fuente.
[[4]] Con más de cien víctimas en el año, según el informe del Alto Comisionado, doc. E/CN.4/2004/13, párr. 91.
[[5]] Con más de noventa víctimas.
[[6]] Con dieciséis víctimas, por lo menos.
[[7]] Con un promedio de tres asesinatos por mes, según la Relatora sobre Educación, en el informe de su reciente visita al país (doc. E/CN.4/2004/45/Add.2, párr. 40).
[[8]] Muchas otras, que habrían necesitado desplazarse, no pudieron hacerlo por “impedimentos ilegítimos al libre tránsito interno”, según el informe del Alto Comisionado (doc. E/CN.4/2004/13, Anexo II, párr.11).
[[9]] Más de la mitad de ellas por grupos guerrilleros, el 8% por grupos paramilitares, y el casi 40% restante por delincuentes comunes, incluidos agentes y ex agentes estatales.
[[10]] Doc. E/CN.4/2004/13, párr. 73
[[11]] Idem, párr. 74 y 75.
[[12]] Idem. párr. 76.
[[13]] Idem, párr. 27. El Alto Comisionado subrayó que “llama la atención la ausencia de investigaciones de varias denuncias relacionadas con” violaciones de conocimiento público (idem, párr. 27). Un Comité especial de impulso a las investigaciones coordinado por el Vicepresidente “no ha obtenido los resultados esperados”, según el Alto Comisionado (idem, párr. 28), quien también advirtió que “muchas de las violaciones, por su carácter grave, masivo o sistemático, constituyen crímenes de lesa humanidad, y son susceptibles de ser juzgadas por la Corte Penal Internacional” (idem, párr. 67).
[[14]] Acto legislativo número 02 de 2003, aprobado el 10 de diciembre de ese año.
[[15]] En comunicado de prensa del 30 de julio de 2003, la Corte Constitucional advirtió que “ese proyecto acaba con los mecanismos de protección de los derechos constitucionales y deja a los colombianos indefensos frente a la arbitrariedad”.
[[16]] Proyecto de ley estatutaria número 85 de 2003-Senado, presentado el 21 de agosto de 2003.
[[17]] Así lo manifestó ante organizaciones no gubernamentales el 11 de junio de 2003, y así lo dijo también en diversas oportunidades ante el Congreso de la República su ministra de Defensa.