Mar 6, 2007 | Incidencia
La CIJ sometió un amicus curiae ante la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú en el caso relativo a la desaparición forzada del estudiante Ernesto Castillo Páez.
En el documento, la CIJ analiza distintos aspectos relacionados con el tratamiento que ha tenido la desaparición forzada en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional. En particular, se presenta un análisis pormenorizado de la doctrina y jurisprudencia relativa a la desaparición forzada de personas: su condición de delito bajo el derecho internacional, su carácter pluriofensivo, la pluralidad de sujetos pasivos y víctimas que afecta, sus elementos constitutivos, su carácter de delito permanente y las condiciones bajo las cuales puede configurar un delito de lesa humanidad.
Peru-amicus curiae disappearance-legal submission-2007 (full text, PDF)
Feb 28, 2007 | Incidencia
La CIJ sometió ante la Corte Suprema de la República de Chile un Memorial en Derecho en el marco del proceso de extradición abierto contra Alberto Fujimori Fujimori, por delitos entre los cuales se encuentran crímenes contra la humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
En su Memorial, la CIJ analiza los diferentes temas jurídicos relevantes del caso a la luz del derecho internacional, en particular:
- la obligación de juzgar y sancionar a los autores de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional;
- las nociones de crimen contra la humanidad y graves violaciones a los derechos humanos;
- el régimen jurídico aplicable a los crímenes bajo el derecho internacional;
- las normas ius cogens y las obligaciones erga omnes;
- la jurisdicción universal y el principio aut dedere aut judicare;
- y el principio pacta sunt servanda.
Peru-Chile-extradiction Fujimori-legal submission-2006-spa (full text in Spanish, PDF)
Dec 14, 2006 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ llamó hoy al Congreso de Guatemala a aprobar, sin demoras ni reservas, el Acuerdo que establece una Comisión Internacional contra la Impunidad en dicho país.
El Acuerdo que establece una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) debe ser aprobado por el Congreso sin demoras, manifestó hoy la Comisión Internacional de Juristas (CIJ). El establecimiento de la CICIG, ya retrasado una vez debido a las inconstitucionalidades halladas por la Corte de Constitucionalidad con respecto a su predecesora, la CICIACS, representa una oportunidad histórica para combatir dichos grupos y cumplir con los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz.
“La existencia de estructuras como las que investigará la CICIG representa un serio obstáculo para el respeto por los derechos humanos y el estado de derecho en Guatemala”, dijo la CIJ. “Frente a la absoluta impunidad con que operan estos grupos, es evidente que la acción de las autoridades guatemaltecas ha sido insuficiente para hacer frente a este grave flagelo; de allí la necesidad de la cooperación internacional”.
Según el Acuerdo suscrito entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala, la CICIG recabará información sobre la existencia y accionar de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. La CICIG se constituirá en querellante adhesivo, lo que le permitirá, entre otras cosas, solicitar diligencias procesales y apelar decisiones del Ministerio Público ante el Organismo Judicial. Con presencia internacional, la CICIG tendrá libertad de acceso a todos los lugares, establecimientos e instalaciones del Estado, tanto civiles como militares, observando sólo lo preceptuado por la Constitución de Guatemala. En tal sentido, es de esperarse que el artículo 30 de la Carta Magna, que regula el secreto de Estado y que en ocasiones ha sido utilizado para obstaculizar las investigaciones de violaciones de derechos humanos, sea interpretado acorde con la obligación internacional de combatir la impunidad.
“Entendemos que el Acuerdo sobre CICIG busca subsanar las incompatibilidades encontradas por la Corte de Constitucionalidad en el Acuerdo sobre CICIACS; sin embargo, la Constitución y la legislación nacional no deben ser invocadas para impedir o limitar el accionar de la CICIG”, agregó la CIJ. “El derecho internacional de los derechos humanos garantiza el acceso a la información relativa a graves violaciones de derechos humanos y sólo puede denegarse en casos sumamente excepcionales prescritos por la ley y tras probar que la restricción es necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés legítimo; dichas denegaciones deben poder ser apeladas ante un tribunal independiente.”
La CIJ llama al Congreso de Guatemala a ratificar, sin demoras ni reservas, el Acuerdo suscrito entre el Gobierno y Naciones Unidas para el pronto establecimiento de la CICIG como una medida encaminada a combatir la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad. Asimismo, la CIJ insta al Gobierno de Guatemala a fortalecer al Ministerio Público y al Organismo Judicial con el fin de que se juzgue y castigue a los responsables de los numerosos crímenes cometidos por los grupos investigados.
Guatemala-CICIG commission against impunity-press release-2006 (text, PDF)
Nov 9, 2006 | Comunicados de prensa, Noticias
La aceptación por parte de la justicia guatemalteca de las órdenes de captura emitidas contra cuatro militares acusados de haber cometido graves violaciones de derechos humanos constituye un paso adelante en la lucha contra la impunidad.
Sin embargo, la CIJ expresa su preocupación porque, una vez más, se mantiene la impunidad del ex-General Efraín Ríos Montt, contra quien no se emitió una orden de captura con fines de extradición a pesar del pedido de la justicia española.
“La resolución de la justicia guatemalteca nos deja un sabor agridulce: por una lado, se ordenó la detención de seis personas acusadas de haber cometido graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado; por el otro, Ríos Montt logró, una vez más, escapar a la justicia”, dijo la CIJ. “Si bien celebramos la emisión de las órdenes y posteriores arrestos, no podemos dejar de lamentar profundamente que uno de los principales acusados continúa escapando de la justicia”.
Frente a la solicitud de captura con fines de extradición de ocho personas emitida por la Audiencia Nacional de España el 7 de julio pasado, el Tribunal Quinto de Sentencia ordenó la captura de seis acusados por los delitos de terrorismo, torturas, asesinato y detenciones ilegales cometidos durante el conflicto armado interno en el que estuvo sumida Guatemala. Se excluyó de la decisión del tribunal guatemalteco a Romeo Lucas García, quien falleció en mayo de este año, y a Efraín Ríos Montt, supuestamente porque los crímenes que se le imputan fueron cometidos contra guatemaltecos.
“Ante la falta de avances en la justicia guatemalteca de los casos por violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado, la solicitud de extradición de España presenta una excelente oportunidad para enjuiciar a los responsables por los graves crímenes cometidos” dijo la CIJ. “El argumento para rechazar el pedido de extradición de Ríos Montt es inconsistente con el derecho internacional y el principio de jurisdicción universal, que obliga a los Estados a extraditar a los acusados de cometer estos delitos independientemente de la nacionalidad de las víctimas, de los presuntos autores o del lugar en que se hayan cometido”.
La CIJ llama a las autoridades guatemaltecas a dar curso a todas las extradiciones solicitadas de acuerdo con sus obligaciones internacionales. Asimismo, la CIJ llama a la justicia guatemalteca a cumplir con el derecho internacional mediante la emisión de una orden de captura contra Efraín Ríos Montt por los graves crímenes que se le imputan y a extraditarlo con el fin de que sea juzgado por un tribunal independiente e imparcial en España.
Guatemala-impunity-press release-2006 (text, PDF)
Oct 27, 2006 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ concluye hoy su visita a Nicaragua.
- La visita de la CIJ ha tenido como propósito evaluar la situación de la administración de justicia en su rol fundamental de protección de los derechos humanos, e identificar los retos y desafíos que tienen las instituciones nicaragüenses para fortalecer el poder judicial, con ocasión del actual proceso electoral. La CIJ tuvo la oportunidad de reunirse con diversos actores relacionados con la administración de justicia y los derechos humanos, entre ellos, autoridades judiciales y gubernamentales, representantes de instituciones públicas, representantes diplomáticos y de organizaciones no gubernamentales. A todos ellos, la CIJ agradece la apertura y la información brindada. En particular, la CIJ agradece a la Coordinadora Civil, contraparte local durante esta visita, por el invalorable apoyo prestado antes y durante su desarrollo.
- La CIJ valora los esfuerzos de distintos sectores de la sociedad nicaragüense en la construcción de un régimen democrático basado en el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. No obstante, la CIJ considera que Nicaragua enfrenta serios desafíos para su desarrollo democrático, el pleno respeto por los derechos humanos y el imperio de la ley, situación que requiere el concurso de todos los sectores de la sociedad y el apoyo de la comunidad internacional.
- De cara a la actual coyuntura electoral, la CIJ desea formular ciertas recomendaciones, con el fin de contribuir a la construcción de un poder judicial independiente e imparcial y a la plena vigencia del estado de derecho y los derechos humanos.
- Uno de los elementos esenciales de las sociedades democráticas consiste en una administración de justicia independiente e imparcial, que proteja activamente los derechos de todas las personas y que sea de fácil acceso, especialmente para los sectores menos favorecidos. La comunidad internacional ha elaborado un importante cuerpo normativo relativo a la administración de justicia, del que se desprenden principios generales sobre su independencia e imparcialidad, condiciones esenciales para garantizar el pleno respeto por los derechos humanos.
- La CIJ observa que en Nicaragua persisten serias deficiencias dentro de la administración de justicia, que afectan la vigencia del estado de derecho y debilitan la democracia. Estas carencias obedecen principalmente a arraigadas prácticas contrarias a los estándares internacionales, que impiden que la justicia sea impartida de manera independiente e imparcial.
- Tras las diversas reuniones mantenidas durante la visita, la CIJ desea manifestar su preocupación por el alto grado de politización partidista dentro del poder judicial. Tal partidización implica una seria distorsión del rol esencial que la administración de justicia debe cumplir en toda sociedad democrática, de acuerdo con los estándares internacionales aplicables. La CIJ constató un sentimiento generalizado de que el tráfico de influencias, el manejo político de ciertos casos, la compra de decisiones y la corrupción, constituyen serios obstáculos para la puesta en práctica de una judicatura independiente.
- La politización partidista de la justicia nicaragüense comienza con el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la que, de acuerdo con todos los actores con los que la CIJ pudo dialogar, priman los criterios partidistas y el reparto de puestos se hace de acuerdo con las afiliaciones políticas de los candidatos. Tales nombramientos son incompatibles con los estándares internacionales sobre la administración de justicia, que disponen de manera inequívoca que el único criterio aplicable a toda designación judicial debe ser la calificación e idoneidad jurídicas de los candidatos.
- La influencia desmedida de factores extraños a la administración de justicia en el seno del poder judicial, entre los que la política partidista y los intereses económicos son dos ejemplos notables, se erige como un gran obstáculo para que los jueces impartan justicia de manera imparcial y con base en el derecho. La ausencia de imparcialidad trae como consecuencia que ciertas personas estén por encima o al margen de la ley, con el consecuente debilitamiento del derecho a la igualdad ante la ley.
- La CIJ considera que la aprobación de la Ley de Carrera Judicial constituye un avance de suma importancia hacia la construcción de un poder judicial independiente. Dicha ley debe aplicarse a la brevedad posible con el fin de garantizar plenamente el derecho humano a la justicia.
- La CIJ expresa su preocupación por la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que fuera recientemente decretada por la Corte Suprema de Justicia. Dicha sentencia significa la abolición efectiva de la jurisdicción contencioso-administrativa y un considerable aumento del trabajo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del más alto Tribunal, lo que conllevará una considerable acumulación de casos y un congestionamiento de dicha instancia, afectando el acceso a la tutela judicial efectiva.
- Preocupa a la CIJ la falta de espacios de participación activa por parte de la sociedad civil en los procesos de nombramiento de magistrados y jueces. La ausencia de un control efectivo por parte de la sociedad civil, mediante la presentación de iniciativas e impugnaciones de aquellos candidatos a magistrados presentados por el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, socava gravemente la transparencia y legitimidad del poder judicial y cierra un importante espacio que permitiría garantizar que los nombramientos judiciales se realicen de acuerdo con los más altos criterios de profesionalismo. Al respecto, resultará esencial que se desarrollen los espacios necesarios para que aquellos actores de la sociedad civil nicaragüense que trabajan en temas relacionados a la administración de justicia puedan colaborar en la implementación de directrices claras a la hora de nombrar magistrados y velar por su respeto.
- Es de esencial importancia fortalecer otras instancias de protección de derechos humanos, tales como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos mediante el fortalecimiento institucional y la despartidización de la institución. Asimismo, debe aumentarse su capacidad de acción mediante la asignación de los recursos adecuados para que logre cubrir todo el país de manera efectiva. Será crucial también un compromiso por parte de la Procuraduría de asumir activamente el rol de protectora de los derechos de todas las personas y la creación de espacios de diálogo con la sociedad civil.
- En lo relativo al Ministerio Público, la CIJ valora que sus funcionarios ingresen a la institución mediante concursos en los que se evalúan sus capacidades técnicas y la reciente sanción de la Ley de Carrera del Ministerio Público. Sin embargo, constituye un motivo de preocupación la influencia de criterios políticos en el manejo de algunos casos relevantes, lo que no sólo constituye una ausencia de imparcialidad sino que socava la confianza de la ciudadanía en esta vital institución. Será de suma importancia a futuro que la Fiscalía actúe de manera objetiva e imparcial frente a todos los casos que sean de su conocimiento y que se aumente su capacidad de acción institucional. De no ser así, la Fiscalía correrá el riesgo de ser evaluada por la sociedad nicaragüense por aquellos casos en los que no actuó debidamente y no por los muchos otros en los que su acción fue positiva.
- En lo que se refiere a los abogados nicaragüenses, la CIJ los alienta a que asuman su responsabilidad como actores fundamentales en la administración de una justicia independiente e imparcial. Es sumamente importante que los abogados fortalezcan sus instancias de asociación profesional con el fin de velar por el correcto ejercicio de la profesión y la plena vigencia del estado de derecho.
- La CIJ insta a todos los candidatos que optan a cargos de elección popular a asumir estas recomendaciones, comprometiéndose al fortalecimiento de la independencia e imparcialidad de la justicia con el fin de lograr una plena democracia y una protección efectiva de los derechos humanos
- Con el ánimo de contribuir a los esfuerzos del Estado y la sociedad civil en la construcción de la paz, el fortalecimiento de la democracia y la protección efectiva de los derechos humanos, la CIJ continuará observando la situación en Nicaragua y mantendrá un diálogo permanente con las autoridades, las organizaciones sociales y la comunidad internacional destinado a la consecución de dichos objetivos.
