Jan 12, 2024 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ está preocupada por los intentos de actores poderosos en Guatemala, incluido el Ministerio Público, de subvertir la transferencia de la autoridad presidencial al presidente electo Bernardo Arévalo de León, quien debe asumir el cargo el 14 de enero de 2024.
La CIJ hace un llamamiento a todas las autoridades del Estado y a actores privados para que respeten el Estado de Derecho y desistan de interferir en el proceso de transición y cesen en sus esfuerzos por revocar o hacer ineficaces los resultados de las elecciones presidenciales de 2023.
“El sistema democrático en Guatemala está en juego. Es sorprendente que los ataques contra el proceso electoral provengan de representantes de instituciones del Estado que tienen el deber legal de defender la democracia y los derechos humanos”, afirmó Santiago Canton, Secretario General de la CIJ. “Miembros del Ministerio Público, el Congreso y el poder judicial han actuado en total desprecio de las obligaciones internacionales de Guatemala. En particular, el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana establece el derecho de los pueblos de las Américas a la democracia y el deber de los gobiernos de promover y defender la democracia”, añadió Canton.
El 20 de agosto de 2023, Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, del partido “Movimiento Semilla”, fueron elegidos Presidente y Vicepresidenta, respectivamente, para el mandato presidencial 2024-2028. Su victoria fue certificada por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Antes y después de las elecciones, hubo múltiples intentos por parte del Ministerio Público y otras autoridades de perturbar el proceso electoral presidencial. El Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos (OEA) han condenado y calificado algunos de estos hechos como “intentos de golpe de Estado”.
El Ministerio Público, a cargo de María Consuelo Porras Argueta, ha tenido un papel principal en estos intentos mediante el uso arbitrario de sus facultades de persecución penal. Entre otras acciones, el Ministerio Público ha abierto investigaciones penales injustificadas y espurias y ha emitido órdenes de captura y allanamiento contra magistrados y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, el presidente electo Arévalo, la vicepresidenta electa Herrera, miembros del partido “Movimiento Semilla”, miembros de organizaciones de la sociedad civil, académicos y estudiantes.
EL Ministerio Público también ha expresamente puesto en duda la legitimidad del proceso electoral presidencial de 2023. En una conferencia de prensa del 8 de diciembre de 2023, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche Cucul, afirmó que el Tribunal Supremo Electoral “se burló de los guatemaltecos” y estaba involucrado en violar la democracia del país. El Fiscal Curruchiche también afirmó que, desde el punto de vista del Ministerio Público, las elecciones de 2023 debían anularse.
Varios jueces han contribuido al uso arbitrario del derecho penal en detrimento del Estado de Derecho en Guatemala. El 8 de enero de 2024, el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Raúl Orellana Letona, envió un oficio ante el Tribunal Supremo Electoral para que se ejecutara la orden de suspensión provisional de la personalidad jurídica del partido “Movimiento Semilla”. El Juez Orellana también ha ordenado que se inicie una investigación penal contra funcionarios del Tribunal Supremo Electoral.
En noviembre y diciembre de 2023, el Congreso guatemalteco y la Corte Suprema de Justicia llevaron a cabo el proceso judicial para retirar la inmunidad penal a algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
El traspaso legítimo del poder está intrínsecamente ligado al respeto del Estado de Derecho y al ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho a participar en la vida política y pública mediante el ejercicio del derecho al voto y el derecho a ser elegido. Estos derechos están garantizados por instrumentos internacionales de los que Guatemala es Estado parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. En consecuencia, la CIJ recuerda que las autoridades guatemaltecas están vinculadas por obligaciones internacionales en virtud de estos instrumentos.
La CIJ también pide a los Estados comprometidos y a la comunidad internacional que actúen para garantizar que las autoridades guatemaltecas respeten el Estado de Derecho, los derechos humanos y el sistema democrático. Si fuera necesario, los Estados miembros de la OEA deberían activar la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, en caso de que se impida que el presidente electo Arévalo asuma el cargo.
Contexto
Las elecciones presidenciales de 2023 tuvieron lugar en un contexto de impunidad generalizada por graves violaciones a los derechos humanos, denuncias confiables de cooptación de órganos judiciales, corrupción institucional generalizada y ataques contra integrantes de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, según ha sido documentado por múltiples instancias, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el caso de las y los operadores de justicia (juezas, jueces y fiscales), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por “el incremento de la criminalización en contra de personas operadoras de justicia” y la “intimidación, el hostigamiento, el procesamiento y la persecución de quienes luchan por la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos y que trabajan en casos de corrupción”.
Ha habido numerosas acciones aparentemente dirigidas a socavar la integridad del proceso electoral presidencial por parte del Ministerio Público. Además de los hechos mencionados anteriormente, el 16 de noviembre de 2023, el Ministerio Público solicitó 31 órdenes allanamiento y 27 órdenes de aprehensión contra activistas, estudiantes, académicos, un miembro del “Movimiento Semilla” y personas defensoras de los derechos humanos. Entre los señalados, se encontraba el abogado de derechos humanos Ramón Cadena, quien había denunciado previamente irregularidades cometidas por el Ministerio Público. Los cargos estaban relacionados con la participación de estas personas en las protestas de 2022 contra la elección del rector de la Universidad de San Carlos. El mismo día, el Ministerio Público también indicó que el presidente electo Arévalo y la vicepresidenta electa Herrera participaron en las protestas “violentas” en busca de ventajas políticas. Por la supuesta participación en las protestas, el Ministerio Público anunció que solicitaría que se retirara la inmunidad al presidente electo Arévalo, a la vicepresidente electa Herrera y a otros miembros de su partido.
El 14 de diciembre de 2023, la Corte de Constitucionalidad resolvió una acción de amparo en la que exhortaba al Congreso a preservar el régimen democrático y a tomar todas las medidas para garantizar la transferencia pacífica del poder el 14 de enero de 2024. Además, la Corte previno a todas las autoridades guatemaltecas a que “actúen de conformidad con sus funciones para la efectividad y debido cumplimiento de la última etapa del proceso electoral.” El 11 de enero de 2024, la Corte de Constitucionalidad concedió un amparo provisional a favor de la vicepresidente electa Herrera. La Corte ordenó a todas las autoridades judiciales abstenerse solicitar y autorizar cualquier orden de aprehensión contra Herrera “sin haberse agotado el procedimiento establecido en la Ley en materia en Antejuicio”.
La situación electoral de 2023 ha sido objeto de grave preocupación de instancias internacionales, entre ellas la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. En esa misma línea, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Arévalo y Herrera el 24 de agosto de 2023. Las medidas cautelares consideraron las alegaciones de Arévalo sobre amenazas de muerte, hostigamiento, una campaña de desprestigio y vigilancia ilegal en su contra.
El 11 de diciembre de 2023, la CIDH adoptó la “Resolución 03/2023, Derechos Humanos, la Instrumentalización del Sistema de Justicia y los Graves Riesgos para el Estado de Derecho en Guatemala”. La CIDH afirmó que Guatemala atravesaba una “grave crisis política e institucional” debido a “las acciones e injerencias indebidas y arbitrarias por parte del Ministerio Público que atentan contra el resultado de las Elecciones Generales y el proceso de transición de la Presidencia y Vicepresidencia de la República en curso”.
Jun 5, 2021 | Noticias
Las autoridades colombianas deben impedir de manera inmediata que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilicen fuerza excesiva en respuesta a las protestas. Además, deben retirar las funciones de mantenimiento del orden público que se les han asignado a las fuerzas militares, dijo hoy la CIJ.
Durante el transcurso de las actuales protestas, que se siguen en contra de las actuales condiciones sociales y culturales, múltiples organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil han documentado violaciones masivas a los derechos humanos, incluidos casos de tortura y malos tratos, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.
“Los reportes de violencia y uso excesivo y, frecuentemente innecesario, de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, son parte de un fracaso más amplio de las autoridades de adoptar medidas efectivas para proteger y garantizar el derecho a la vida y el derecho a la protesta pacífica”, dijo Carolina Villadiego, Asesora Legal de la CIJ para América Latina.
Según Indepaz una organización no gubernamental local, al 30 de mayo de 2021, al menos 71 personas habían muerto, posiblemente de manera ilícita, en el marco de las protestas. La situación es particularmente grave en Cali. En esta ciudad, en un solo día, el 28 de mayo de 2021, fue reportado que al menos 13 personas murieron.
Adicionalmente, en Cali, se ha documentado que individuos armados hicieron disparos y usaron fuerza letal contra manifestantes, incluyendo a manifestantes pertenecientes a grupos étnicos. En al menos un incidente, múltiples videos muestran que oficiales de policía estuvieron presentes cuando particulares dispararon armas de fuego sin que hubieran tomado medidas para evitar los disparos o arrestar a los individuos armados.
“Las autoridades deben adelantar investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales por estas violaciones, con miras a enjuiciar a los responsables de los hechos”, dijo Carolina Villadiego.
La CIJ también está profundamente preocupada con la militarización de varias regiones del país, como respuesta a la protesta. El 28 de mayo de 2021, el presidente Duque expidió el Decreto 575 de 2021.
Este Decreto autoriza la intervención de las fuerzas militares en al menos ocho de los treinta y dos departamentos del país con el fin de levantar los bloqueos de vías e impedir la instalación de nuevos bloqueos por partes de los manifestantes.
El Decreto omite incorporar limitaciones al uso de la fuerza por parte de las fuerzas militares, que es fundamental de acuerdo con estándares internacionales como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego.
Adicionalmente, el Decreto establece un amplio margen de maniobra para las actuaciones de las fuerzas militares en actividades de mantenimiento del orden público en escenarios de protestas y manifestaciones. Lo anterior, a pesar de que estas fuerzas no han sido diseñadas ni entrenadas para proteger a los civiles o hacer labores de vigilancia durante las protestas o escenarios de alteración del orden público.
La CIJ urge a las autoridades colombianas a que den fiel cumplimiento a lo establecido en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego y otros estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza y con la intervención de las fuerzas militares para el control de protestas y manifestaciones. En este tema, el gobierno debe dar fiel cumplimiento a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de septiembre de 2020 sobre medidas para garantizar la protesta pacífica.
En dicha sentencia, la Corte Suprema identificó serias violaciones en la intervención de agentes encargados de hacer cumplir la ley, especialmente la Policía Nacional, en las protestas y manifestaciones. La Corte identificó violencia sistemática contra los manifestantes, la existencia de estereotipos y prejuicios en contra de quienes han criticado las políticas del gobierno y una falta de mecanismos de rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
En consecuencia, la Corte ordenó varias medidas para hacer frente a la situación y garantizar el derecho a la protesta pacífica. Entre estas medidas, la Corte ordenó la adopción de un protocolo para regular el uso de la fuerza durante las protestas, el cual debe estar en concordancia con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La CIJ llama al Gobierno colombiano a garantizar el derecho a la protesta pacífica. De acuerdo con lo mencionado por el Comité de Derechos Humanos, el derecho a la protesta puede generar perturbaciones o bloqueos al movimiento peatonal o vehicular, que pueden dispersarse “por regla general, solo si la perturbación es “grave y sostenida””.
La CIJ también urge al Gobierno Nacional a cooperar completamente con la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tendrá lugar entre el 8 de junio al 10 de junio de 2021. El Gobierno debe respetar y asegurar la independencia e imparcialidad de la CIDH durante la visita.
Finalmente, si bien la gran mayoría de los manifestantes han actuado de manera pacífica, han existido algunos incidentes violentos. La CIJ llama a todas las personas a evitar la violencia durante las protestas y condena los crímenes cometidos contra algunos oficiales de policía, incluyendo el homicidio de dos oficiales, las heridas graves que sufrió un oficial luego haber sido impactado por una bomba Molotov y el ataque sexual del cual fue víctima una oficial.
La CIJ también deplora que algunos bloqueos de las vías hayan afectado el suministro de servicios médicos esenciales y rechaza el incendio del Palacio de Justicia de Tuluá y de otros edificios públicos. Cualquier persona involucrada en acciones delictivas debe ser investigada por un órgano independiente, y de ser hallada culpable en un juicio imparcial, debe ser debidamente sancionada.
Contactos:
Carolina Villadiego Burbano, Asesora Legal para América Latina de la CIJ. Email: [email protected]
Rocío Quintero M, Asesora Legal para América Latina de la CIJ. Email: [email protected]
May 12, 2021 | Editorial, Noticias
En esta columna de opinión, el Comisionado de la CIJ, Rodrigo Uprimny, presenta siete medidas para superar la grave crisis que atraviesa Colombia, y para que el Gobierno y los líderes políticos hagan esfuerzos por desescalar la violencia y, a su vez, escalar la protección de los derechos humanos.
Esta crisis actual es muy grave. En pocos días han muerto más de 30 personas, varias de ellas por balas de la policía. Hay además numerosos desaparecidos. Y ha habido actos de vandalismo criminal extremo, como el intento de incinerar en un CAI a varios agentes de la policía.
Además de grave, esta crisis es compleja pues resulta de una combinación de tensiones viejas y nuevas, que se han acumulado y explotaron con ocasión del proyecto de reforma tributaria. Pero a pesar de su complejidad y gravedad, que hacen que la crisis sea difícil de resolver, o tal vez precisamente por eso, es necesario tomar medidas para evitar que se agrave más.
El Gobierno y los líderes políticos y sociales deben hacer esfuerzos por desescalar la violencia, para lo cual es necesario escalar los derechos humanos, poniéndolos en el centro del manejo de la crisis. Propongo entonces siete medidas orientadas en esa dirección.
Primero, el presidente y en general todo el alto Gobierno deben condenar inequívocamente los abusos de la Fuerza Pública y señalar que esos actos no serán tolerados y serán investigados y sancionados. Infortunadamente esas declaraciones no han ocurrido.
Segundo, los promotores del paro y quienes compartimos la protesta debemos condenar no sólo los abusos policiales sino también los actos de violencia en las protestas.
Tercero, la Defensoría y la Procuraduría deben recordar que son instituciones independientes del Gobierno y que deben tomar en serio y cumplir su función constitucional de defender los derechos humanos y denunciar los abusos de las autoridades. Infortunadamente, a pesar del compromiso de sus funcionarios, las intervenciones de esos organismos han sido débiles por la cercanía de sus jefes con el Gobierno.
Cuarto, las autoridades deben detectar y sancionar a quienes en las protestas comenten actos vandálicos, especialmente contra otras personas, pero garantizando la protesta pacífica, sin estigmatizarla, y evitando cualquier exceso en el uso de la fuerza.
Por esa razón, quinto, el Gobierno y la Fuerza Pública deben cumplir estrictamente la sentencia de tutela de la Corte Suprema de septiembre 2020, que al amparar el derecho a la protesta pacífica ordenó a las autoridades que se abstuvieran de estigmatizar la protesta y que adoptaran protocolos para evitar excesos en el uso de la fuerza.
Pero esa sentencia no ha sido cumplida en estas protestas, por lo cual los peticionarios de esa tutela, que fue apoyada por varias organizaciones de derechos humanos, entre las cuales está Dejusticia, presentaron un incidente de desacato contra el Gobierno.
Sexto, la Fiscalía debe investigar todas las violencias ocurridas en estas protestas, incluidas las de la policía, pues si el delito es claramente contrario a la función constitucional de la Fuerza Pública, el caso debe ir a la justicia ordinaria, conforme a la jurisprudencia constitucional y al artículo 3 de la Ley 1407.
Séptimo, debemos buscar el apoyo de organismos internacionales de derechos humanos. Por eso, en vez de obstruir la labor de verificación de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como intentó hacer la viceministra de Relaciones Exteriores, el Gobierno debería facilitar la presencia de otras instancias internacionales, como la Comisión Interamericana, para que nos ayuden a enfrentar la crisis.
Esas medidas y otras del mismo carácter, que ponen los derechos humanos en el centro del manejo de la crisis, ayudarían a desescalar las violencias, lo cual facilitaría al mismo tiempo los necesarios diálogos en la búsqueda de acuerdos nacionales genuinos para enfrentar los problemas y las tensiones subyacentes que alimentaron estas protestas.
Notas:
El Comisionado Uprimny también es Investigador en Dejusticia y miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Esta columna se publicó por primera vez en El Espectador el 9 de mayo de 2021.
May 6, 2021 | Noticias
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la CIJ solicitan a las autoridades nacionales y locales que respeten el derecho fundamental a la protesta y paren de manera inmediata las acciones violentas en contra de los manifestantes.
Desde el pasado 28 de abril de 2021, en varias ciudades y municipios, miles de personas han salido a las calles a protestar y manifestar su descontento por varias políticas sociales y económicas del actual gobierno. La CCJ y la CIJ expresan su preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de estas protestas.
Varios reportes de organizaciones de la sociedad civil muestran que miembros de la Policía han abierto fuego contra personas que estaban protestando. Aunque las autoridades no han entregado información precisa, la Defensoría del Pueblo informó el 5 de mayo que 24 personas habían muerto. En al menos 11 casos, el responsable sería la Policía Nacional. Por su parte, la ONG Temblores ha reportado que al menos 31 personas han sido asesinadas y la ONG Indepaz ha documentado que hay más de 1.200 personas heridas.
También resulta preocupante la cifra de personas cuyo paradero se desconoce. Al respecto, la Defensoría del Pueblo reportó haber recibido información de la desaparición de 89 personas en distintas ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, y varias organizaciones de derechos humanos tienen información de más casos de personas cuyo paradero se desconoce. Adicionalmente, se han denunciado casos de violencia sexual.
De particular gravedad resultan los hechos de violencia ocurridos en el Valle del Cauca, en donde al menos 17 personas han muerto y otras personas han sido gravemente heridas. Asimismo, en Cali, varias organizaciones de derechos humanos y personal de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos denunciaron haber sido agredidos física y verbalmente cuando se encontraban verificando la situación de las personas detenidas.
La CCJ y la CIJ instan a las autoridades colombianas a reconocer los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas, así como a llevar a cabo investigaciones independientes, imparciales, prontas, rigurosas, efectivas, creíbles y transparentes por los hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos de acuerdo con las obligaciones internacionales del Estado consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Además, estas investigaciones deben ser adelantadas por la jurisdicción ordinaria y no por la jurisdicción penal militar. En ninguna circunstancia puede considerarse que posibles desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias sean actos que guarden conexión con la disciplina o la misión castrense.
Igualmente, hay información acerca de que varios policías han sido heridos y que al menos uno ha fallecido. La CIJ y la CCJ rechazan estos y otros actos de violencia que han ocurrido e instan a las autoridades judiciales a investigar y sancionar estas conductas.
Por otro lado, la CCJ y la CIJ insisten en que el uso de la fuerza por parte de la policía debe ser acorde a los estándares internacionales. En particular, las autoridades deben respetar lo establecido en los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, que determinan que el uso de la fuerza deber ser excepcional, necesario y proporcional.
Especialmente, las autoridades deben dar fiel cumplimiento al principio 9 que determina que la fuerza letal solo puede usarse “en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves”.
Finalmente, la CCJ y la CIJ manifiestan su gran preocupación con la decisión del gobierno nacional de involucrar a las fuerzas militares en la contención de la violencia, a través de la figura de “asistencia militar”. Esta decisión desconoce los estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza y el derecho a la protesta.
Debe recordarse que estas fuerzas no están capacitadas ni diseñadas para garantizar la protección y control de civiles en el marco de protestas sociales o de alteración del orden público. Por ello, su intervención debe ser absolutamente excepcional (violencia extrema) y temporal. Así lo han señalado distintas instancias internacionales, como el Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Contacto:
Ana María Rodríguez, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas, anarodriguez(a)coljuristas.org
Rocío Quintero M, Asesora Legal para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas, rocio.quintero(a)icj.org
Jan 15, 2021 | Comunicados de prensa, Noticias
Las recientes campañas de estigmatización, hostigamientos y operativos contra medios de comunicación en Venezuela constituyen una arremetida contra la libertad de expresión e información y atentan contra la importante contribución que estos medios realizan para darle visibilidad a las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades venezolanas.
Estos ataques se producen después de otros incidentes de hostigamiento a otras organizaciones y pueden ser parte de una campaña más amplia contra la sociedad civil en Venezuela, en la que las autoridades atentan contra la labor de defensa de derechos humanos que realizan estos grupos.
El medio de comunicación Efecto Cocuyo, la cadena de radios comunitarias Fe y Alegría, así como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, VPI TV y el diario Panorama, entre otros medios de comunicación, se convirtieron en el blanco de campañas estigmatizantes y operativos de fiscalización por parte de las autoridades que responden a Nicolás Maduro. Según la organización venezolana de derechos humanos Provea, durante los primeros ocho meses del estado de alarma declarado por la pandemia han sido detenidos 66 periodistas y trabajadores de medios de comunicación en Venezuela.
Desde el 6 de enero de 2021, medios de comunicación independientes como Efecto Cucuyo y El Pitazo fueron señalados primero por medios privados con una línea editorial afín al gobierno y luego por las autoridades, incluido el propio Maduro, de servir para “injerencia” extranjera por recibir cooperación internacional. Al mismo tiempo, el canal digital de noticias VPI TV fue sometido a una ardua fiscalización y a la incautación de sus equipos en su sede en Caracas, lo que provocó el cierre “momentáneo” de sus operaciones.
El 8 de enero, el diario Panorama dio a conocer en sus redes sociales que había sido clausurado por cinco días por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), bajo el argumento de “incumplimiento a deberes formales de leyes tributarias”. La clausura fue acatada por el medio de comunicación.
Otros medios han sido objeto de ataques por parte de personas desconocidas durante el mismo período. Ejemplo de ello fue el reporte del periódico digital Tal Cual el 8 de enero, qué informó de un ataque digital de tres horas en su contra, durante las cuales hubo dificultades para acceder a su página web.
El gobierno de Nicolás Maduro frecuentemente usa señalamientos y otras formas de hostigamiento para amedrentar e intentar silenciar a quienes lo critican, expresan ideas contrarias a sus políticas, o denuncian violaciones de derechos humanos, e incluso contra actores humanitarios, atentando contra el derecho a la libertad de expresión.
Estos patrones de hostigamiento se pueden traducir en ataques graves contra la integridad, libertad y garantías judiciales de defensores de derechos humanos y periodistas. Según la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, en Venezuela “los periodistas y los defensores de los derechos humanos que critican al Gobierno siguen siendo objeto de intimidación y difamación pública” y existen “restricciones a la libertad de expresión” que incluyen la “aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y detenciones de periodistas”.
Las violaciones a los derechos humanos ocurren de forma sistemática y generalizada en Venezuela, y la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas encontró “motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad” entre 2014 y 2020.
Las autoridades tienen la responsabilidad de prevenir estos hostigamientos y ataques, y abstenerse de alentarlos o realizarlos. La ocurrencia y recurrencia de este tipo de actuaciones, como la persecución en contra de defensores y periodistas, su detención ilegal o arbitraria, así como la eventual criminalización de la cooperación internacional que promueve la promoción y defensa de derechos humanos, incluida la libertad de expresión, podrían conducir a que se cometan otras graves violaciones de derechos humanos, incluyendo eventuales crímenes de derecho internacional.
Las organizaciones firmantes condenamos estos hechos y exigimos firmemente a las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro que pongan fin a los hostigamientos y ataques contra los medios de comunicación, periodistas y defensores de derechos humanos; igualmente solicitamos que garanticen no solo su labor informativa y el ejercicio de la libertad de expresión, sino también su contribución a visibilizar los abusos y las violaciones a derechos humanos que se cometen en Venezuela.
Organizaciones firmantes:
Amnistía Internacional
Comisión Internacional de Juristas
Conectas
Human Rights Watch
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
