Dec 10, 2013 | Incidencia
La CIJ se suma al pronunciamiento de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas y muestra su profunda preocupación por el cierre de la Fundación Pachamama en Ecuador.
Además, solicita que el gobierno ecuatoriano reconsidere su decisión y garantice a la Fundación Pachamama continuar con su labor en defensa de los Derechos Humanos a la brevedad posible.
Las organizaciones firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas que trabajamos frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como otras organizaciones aliadas, mostramos nuestra preocupación y rechazo frente al cierre arbitrario de la Fundación Pachamama por parte del gobierno ecuatoriano.
Este pronunciamiento se suma a los de otras numerosas organizaciones, y a más de 9,000 personas en todo el mundo que han firmado la petición de Avaaz en rechazo a la medida del gobierno ecuatoriano.
El 4 de diciembre de 2013, la Policía se presentó en las oficinas de la Fundación Pachamama en la ciudad de Quito, y procedió a clausurar las instalaciones de la organización, informando en ese mismo instante de una Resolución del Ministerio de Ambiente que decide disolver la organización.
La decisión se tomó de manera arbitraria, en tan sólo un día, y sin seguir las reglas mínimas del debido proceso legal.
El Ministerio invocó el artículo 26 del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, conocido como Decreto 16, por el que se prevé como causal de disolución “desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida la organización”, y “dedicarse a actividades de política partidista (…), de injerencia en políticas públicas que atente contra la seguridad interna o externa del Estado, que afecten la paz pública”.
El Ministerio de Ambiente señala que dichas causales aplican a la Fundación Pachamama, por haber participado en una manifestación en contra de la XI Ronda Petrolera, en la que supuestamente habrían tenido lugar actos de agresión contra autoridades internacionales. Sin embargo, la decisión no ofrece sustento probatorio alguno. La Fundación Pachamama, que efectivamente participó en la protesta contra la XI Ronda Petrolera, ha negado categóricamente su participación en ningún acto violento, por lo que el cierre se percibe como un acto de represalia por su posición.
La emisión del Decreto 16 fue cuestionada por diversas organizaciones de la sociedad civil y actualmente enfrenta varias acciones de inconstitucionalidad, no sólo por lo cuestionable de sus disposiciones, sino también por el alto margen de discrecionalidad que deja en el tratamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Así, su aplicación al caso concreto adolece de vicios jurídicos graves. La decisión se tomó sin que hubiera un expediente administrativo abierto contra la organización, sin informar previamente a la organización de las acusaciones y darle la oportunidad de controvertirlas, y sin sustentar fáctica y probatoriamente las alegaciones.
Recordamos al Estado del Ecuador que, de acuerdo a la “Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores”, “toda persona tiene el derecho individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y la libertades fundamentales”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que los Estados deben garantizar que los órganos competentes para el registro y disolución de organizaciones no cuenten “con un amplio margen de discrecionalidad, ni con disposiciones que tengan un lenguaje vago o ambiguo que genere el riesgo de que la norma sea interpretada para limitar el ejercicio del derecho de asociación”.
Por lo anterior, mostramos nuestra preocupación y solicitamos enérgicamente al Estado ecuatoriano que reconsidere su decisión y garantice a la brevedad que la Fundación Pachamama pueda seguir con su labor de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, con las garantías para ello.
Organizaciones firmantes:
Amazon Watch, organización internacional
Amnistía Internacional, organización internacional
Comisión Internacional de Juristas, organización internacional
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización regional
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), organización regional
Luz Marina Monzón, Defensora de Derechos Humanos, regional
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), organización regional
Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Argentina
Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, Argentina
Conectas Direitos Humanos, Brasil
Servicio Paz y Justicia, (SERPAJ), Brasil
Carlos Rodríguez Mejía, defensor de derechos humanos y profesor universitario, Colombia
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Colombia
Alianza por tus Derechos, Costa Rica
Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI, Costa Rica
Observatorio Ciudadano, Chile
Sergio Fuenzalida B., Coordinador del Programa de Derechos Humanos, Universidad Central de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Chile
Fernanda Carrera Toscano, Periodista, Ecuador
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeon Cañas” (IDHUCA), El Salvador
Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Estados Unidos
Washington Office on Latin America, Estados Unidos
Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia –SEDEM, Guatemala
Fundación Myrna Mack, Guatemala
Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA), Guatemala
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Honduras
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), México
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C, México
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., México
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C (CADHAC), México
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), México
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C., México
Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A.C, Litiga OLE, México
Red por los derechos de la infancia en México #REDIM, México
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Nicaragua
Movimiento Autónomo de Mujeres –MAM, Nicaragua
AGORA Espacio Civil, Paraguay
Tierra Viva, Paraguay
Servicio Paz y Justicia, (SERPAJ), Paraguay
Asociación de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC), Perú
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú
Centro de Derechos y Desarrollo, CEDAL, Perú
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Perú
Comisión de Justicia Social de la diócesis de Chimbote, Perú.
Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), Perú
Instituto Promoviendo Desarrollo Social, Perú
Paz y Esperanza, Perú
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, capítulo peruano, Perú
Acción Solidaria en VIDH/Sida, Venezuela
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela
CIVILIS Derechos Humanos, Venezuela
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela
Espacio Público, Venezuela
Laboratorio de Paz de Caracas, Venezuela
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Venezuela
Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil, Venezuela
Oct 24, 2013 | Artículos, Noticias
Los días 22, 23 y 24 de octubre se reunieron en el Departamento de Petén diferentes comunidades, dirigentes comunitarios, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales.
El objetivo de la reunion fue evaluar la situación de las comunidades que viven en los municipios de San Andrés y La Libertad, de dicho departamento.
Entre otras organizaciones y dirigentes del departamento de Petén, estuvieron presentes las organizaciones Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), ambas integrantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC); dirigentes del Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA) del Departamento de San Marcos y dirigentes de la Sociedad Civil de Santa Cruz Barillas del Departamento de Huehuetenango; representantes del Bufete de Derechos Humanos (BDH), representantes de El Observador y de la Oficina de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centroamérica.
Después de realizar varios talleres, reuniones, análisis y reflexión sobre la situación de derechos humanos en dichos municipios, las organizaciones mencionadas pudieron constatar que continúa la política de persecución, represión y hostigamiento en contra de las comunidades y de sus dirigentes y pobladores, por el hecho de que sus comunidades quedaron en áreas declaradas “protegidas” en la década de los años noventa.
Muchos dirigentes están sufriendo amenazas por parte de las autoridades estatales, mientras el Ejército de Guatemala mantiene diferentes “retenes” que sirven para amedrentar a las poblaciones y a sus dirigentes y para evitar que trasladen alimentos y medicinas a sus comunidades.
El Concejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) pretende obligar a las comunidades que viven en zonas protegidas a firmar “Acuerdos de Cooperación”, que resultan lesivos a sus intereses y que no otorgan seguridad jurídica sobre la propiedad y posesión de sus tierras. Al resistirse a firmar dichos acuerdos, representantes de CONAP amenazan a las comunidades y a sus dirigentes con implementar desalojos forzosos en su contra y en contra de sus comunidades.
Esta actitud contrasta con la política gubernamental hacia la compañía petrolera PERENCO, a la cual durante la gestión del ex Presidente Álvaro Colom, se le prorrogó el contrato petrolero por 15 años más a partir del año 2010, aún en contra de preceptos constitucionales e internacionales. Además, recientemente el Gobierno concesionó seis licencias más de exploración petrolera, algunas en áreas protegidas, a favor de diferentes empresas privadas en los Departamentos de Petén, Quiché, Huehuetenango e Izabal.
El Departamento de Petén es uno de los más afectados por las políticas de desalojos forzosos del Estado de Guatemala.
Guatemala-NOTA INFORMATIVA PETEN-web story-2013-spa (full text in Spanish, pdf)
Aug 20, 2013 | Incidencia
Por primera vez un Tribunal de Canadá conocerá una demanda de daños y perjuicios en contra de una empresa canadiense por hechos cometidos en Guatemala.
Un Juez de la Corte de Ontario resolvió en el mes de Julio del presente año, que los casos que se siguen en contra de la empresa Hudbay Minerals Inc. por supuestos hechos cometidos en contra de dirigentes comunitarios en el Departamento de Izabal, pueden ser juzgados en Canadá por tribunales canadienses.
Este es un hecho histórico, ya que por primera vez una demanda por daños y perjuicios en contra de una compañía canadiense, relacionada con abusos a los derechos humanos, podrá ser conocida por tribunales canadienses.
Esta resolución permite que se respete el derecho de las víctimas guatemaltecas, de buscar justicia en otro país, en este caso Canadá, por hechos supuestamente cometidos en Guatemala, en los que una empresa privada de extracción de minerales (niquel) de Canadá (Hudbay Minerals Inc.), está siendo demandada.
El Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, a solicitud de los abogados que llevan el caso en Canadá, presentó su opinión en las cortes canadienses sobre el Derecho de Acceso a la Justicia en Guatemala, habiendo recomendado que el caso fuese conocido en Canadá, por considerar que la impunidad existente en Guatemala hacía imposible que el caso de daños y perjuicios fuese ventilado en las cortes guatemaltecas (ver adjunto el texto del peritaje sobre El Derecho de Acceso a la Justicia en Guatemala de Ramón Cadena versión en inglés).
La Comisión Internacional de Juristas en Guatemala publicará próximamente un estudio sobre este caso.
Guatemala-UE Peritaje Canadá Hudbay-expert opinion-advocacy-2013-eng (full text in pdf)
Nov 15, 2012 | Incidencia
El presente informe sistematiza las consideraciones principales relativas al respeto de los derechos humanos en los municipios de San Andrés y La Libertad, así como aquellas relativas al derecho de acceso a la justicia.
El informe cubre el período de enero de 2010 a julio de 2011.
El informe ha sido preparado en el marco del proyecto sobre Reforma a la Justicia y Fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala (EIDHR/2,009/224-504) que la CIJ implementó con apoyo de la Unión Europea; una de las actividades de dicho proyecto consistió en brindar asesoría puntual a las comunidades indígenas en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
La CIJ ha estado llevando a cabo varias actividades relacionadas con la situación de los derechos humanos en el departamento de Petén, sobre todo en los municipios de San Andrés y La Libertad, en donde radican diferentes comunidades que enfrentan serias violaciones a los derechos humanos, mismas que están generando un delicado confl icto social que afecta a los hombres, mujeres y niños que habitan esas zonas.
Además, en el marco de dicho proyecto, era necesario elaborar un informe sobre el derecho de acceso a la justicia, partiendo de un caso concreto.
La CIJ decidió llevar a cabo este informe, tomando como caso paradigmático la situación que viven las comunidades del departamento de Petén.
En el contexto de este proyecto, a partir de enero de 2010 la CIJ asesoró a varias personas con el objeto de presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la prórroga del Contrato Petrolero 2-85, que el Estado de Guatemala autorizó aún en contra de la legislación constitucional y ambiental.
La compañía petrolera PERENCO ha operado en el departamento de Petén desde 1985; la zona en donde está dicha compañía fue declarada “zona protegida” por la legislación ambiental aprobada en la década de los años noventa.
Ante el vencimiento de su contrato de operaciones petroleras veinticinco años después, el Estado de Guatemala llevó a cabo una reforma legal que permitió la prórroga por quince años más de todo contrato petrolero; dicha reforma debería entenderse para todos aquellos futuros contratos petroleros o sea que a partir de dicha reforma, todos los contratos que se aprobasen en el futuro, podrían prorrogarse por 15 años más.
Sin embargo, mediante la aplicación retroactiva de la ley y de otras ilegalidades como la violación al debido proceso y a otras garantías, se aprobó la prórroga del contrato mencionado.
La CIJ presentó la acción de inconstitucionalidad referida con anterioridad, que fue rechazada in limine, o sea que la Corte de Constitucionalidad ni siquiera entró a conocer el fondo del asunto.
Por otro lado, mientras que a la compañía PERENCO se le prorrogaba el contrato 2-85 aún en contra de disposiciones constitucionales, a las comunidades se les venía calificando permanentemente como “población invasora” de la zona protegida.
Tanto las comunidades como la compañía PERENCO, se encuentran dentro de la zona protegida por el Estado, zona que se considera debe ser protegida por existir una de las reservas de humedales más importantes de Latinoamérica. Según dirigentes de diferentes comunidades, la compañía petrolera está perforando pozos en la zona central del área protegida causando daños irreparables al medio ambiente.
Los techos de lámina de sus viviendas también han sido afectados por los gases que emanan de dicha actividad, daño que se extiende a la salud de los pobladores.
En general, la situación de las comunidades que viven en los municipios de San Andrés y La Libertad es de suma vulnerabilidad.
La CIJ ha constatado que entre las causas principales de esta vulnerabilidad se cuentan la negación por parte del Estado de toda posibilidad de acceso a la justicia, la extrema pobreza en que viven, la falta de certeza jurídica sobre sus tierras, la política de desalojos que el Estado ha venido implementando desde el segundo semestre de 2010, la presencia del narcotráfico en sus zonas o regiones, la política de remilitarización y las consecuencias de la exploración y explotación petrolera que afectan su salud y otros derechos.
A esto debe sumarse la falta de respeto al derecho a la consulta. A estas comunidades se les niegan sus derechos con el argumento que son “invasoras” y que están ilegalmente en una zona protegida, mientras que a la compañía PERENCO se le prorroga el contrato petrolero.
El presente informe sistematiza las consideraciones principales relativas al respeto de los derechos humanos en los municipios mencionados, así como aquellas relativas al derecho de acceso a la justicia.
Guatemala-Informe Acceso a la Justicia-Caso SA y LT Peten-publications-2012-spa (full text in pdf)
