Feb 29, 2016 | Artículos, Noticias
El día 1 de febrero del presente año, el Juez Tercero de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente desestimó la querella presentada por el Señor Ricardo Méndez Ruiz en febrero de 2015, en contra del Fiscal de Derechos Humanos Licenciado Orlando López.
Dicha querella pretendía afectar la labor que ha venido realizando el Fiscal Orlando López a favor de la lucha contra la impunidad, criminalizándolo y afectando su derecho a la libertad de expresión.
La CIJ celebra dicha resolución que reconoce la función de defensores y defensoras de derechos humanos, operadores de justicia, abogados y abogadas y a la sociedad guatemalteca.
En este caso, el Fiscal de Derechos Humanos tuvo que enfrentar una querella por casi un año.
Recientemente la Corte de Constitucionalidad denegó un Recurso de Amparo presentado por Ricardo Méndez Ruiz en contra del Procurador de los Derechos Humanos, por haber emitido dicho Procurador la resolución en la que declaró “la violación de los derechos a la dignidad, a la integridad, a la seguridad que constituyen una amenaza al derecho a la vida, a la igualdad, la libertad de accion y de asociación de los defensores de Derechos Humanos y los miembros de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos…” y señaló como responsable de dicha violación al señor Ricardo Méndez Ruiz.
Finalmente, el Procurador de Derechos Humanos recomendó a Ricardo Méndez Ruiz “abstenerse de realizar señalamientos para criminalizar la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala” y lo invitó a reflexionar sobre el “daño social que representa difundir masivamente el tipo de contenidos analizados” en dicha resolución, por medio de los cuales “no sólo agrede a personas, organizaciones o movimientos, representantes diplomáticos y Misiones Internacionales, sino también fomenta el odio y la confrontación social”.
Ante este amparo, la Corte de Constitucionalidad resolvió que “el acto señalado como objeto de reproche no genera agravio constitucional susceptible de ser reparado en amparo” y que “debe denegarse la protección constitucional solicitada” por Ricardo Méndez Ruiz.
La CIJ hace un nuevo llamado a las autoridades del Estado de Guatemala para que inicie una investigación exhaustiva e imparcial acerca de las actuales campañas contra defensores y defensoras de derechos humanos y que adopte las medidas necesarias de acuerdo a derecho con respecto a dichos actos.
Jul 22, 2015 | Comunicados de prensa, Noticias
Ante los procesos penales que ha iniciado la Comisión internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el país, la CIJ expresa su absoluto apoyo al Comisionado de la CICIG Iván Velásquez por la batalla que está librando por la depuración del Estado de Guatemala y contra la corrupción.
Todos los casos develados por la CICIG están demostrando los niveles de impunidad existentes, debido a la persistencia de diferentes estructurales criminales, que cuentan con participación de altos funcionarios de Gobierno.
La CIJ lamenta que un partido político esté promoviendo acciones en contra de la CICIG y manifestaciones de diversa índole, para desestabilizar al país y evitar que sus miembros y candidatos sean investigados.
La CIJ se permite recordar que los actos de corrupción afectan seriamente la vida de toda la población guatemalteca, el uso adecuado de los recursos públicos en beneficio de las mayorías y corroe los cimientos básicos del Estado de derecho.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América, declaró: “Hacemos un llamado a todos los partidos políticos, para que apoyen la gestión de la CICIG y faciliten toda la información que coadyuve a las investigaciones que la CICIG está llevando a cabo para erradicar la corrupción en el país.”
Jul 4, 2015 | Artículos, Noticias
Venezuela está intimidando y hostigando a defensores y defensoras de derechos humanos y les ha acusado infundadamente de que estarían intentando desestabilizar la democracia en el país, indicaron hoy 28 organizaciones de derechos humanos internacionales y latinoamericanas.
Los señalamientos de las autoridades se refieren a las funciones legítimas que ejercen estas organizaciones al documentar abusos y representar a víctimas ante organismos internacionales de derechos humanos.
Las autoridades venezolanas deberían desistir inmediatamente de esta táctica, expresaron las organizaciones. Los gobiernos que participarán en la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Panamá el 10 y 11 de abril de 2015, deberían exigir al gobierno de Nicolás Maduro que asegure que las defensoras y los defensores de derechos humanos puedan realizar su labor sin temor a sufrir represalias, dijeron las organizaciones.
La persecución del gobierno apunta claramente a desacreditar e intimidar a organizaciones que documentan violaciones de derechos humanos, indicaron las organizaciones.
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Nov 15, 2014 | Artículos, Noticias
La Comisión Internacional de Juristas, a través de su representante para Suramérica, Federico Andreu-Guzmán, intervino como perito en el procedimiento interamericano, a solicitud de los representantes de las víctimas.
El 14 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de 11 personas, la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, la detención arbitraria y tortura de 4 personas, entre otras graves violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía durante la operación de “retoma” del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, a raíz de la incursión de un comando de la guerrilla M-19 en las instalaciones judiciales.
El peritaje de la CIJ versó sobre el marco legal, estructura y funcionamiento de las fuerzas de seguridad para la época de los hechos y la intervención de la justicia penal militar en la investigación y juzgamiento de delitos que no son de función y/o que podrían constituir violaciones a los derechos humanos.
En su Sentencia, la Corte ordenó al Estado colombiano llevar a cabo “las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos, así como de determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables” de las desapariciones forzadas, ejecución extrajudicial y torturas; realizar “todos los esfuerzos para determinar el paradero de las once víctimas aún desaparecidas a la mayor brevedad”; “realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos”; y brindar reparación integral.
Aunque han pasado 29 años desde la ocurrencia de los hechos, la Sentencia constituye una importante y valiosa contribución a la lucha contra la impunidad y a la reivindicación de los derechos a la justicia, verdad y reparación de los familiares de las víctimas, quienes por décadas buscaron infructuosamente justicia en Colombia.
La CIJ exhorta a las autoridades colombianas a acatar la Sentencia de la Corte y a cumplir sin dilación alguna con lo ordenado en ella.
Nota:
Sentencia de 14 de noviembre de 2014, Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, Serie C No. 287, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_287_esp.pdf
Oct 10, 2014 | Artículos, Noticias
La CIJ también pide la ratificación del Segundo Protocolo Opcional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Pena de Muerte, la CIJ considera oportuno recordar que ésta representa una pena cruel, inhumana y degradante, que viola el derecho a la vida consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Lamentablemente, mientras que en el mundo existe una tendencia generalizada hacia la abolición de la pena capital, el Estado de Guatemala mantiene la pena de muerte.
En efecto, la Constitución Política de Guatemala regula y limita la aplicación de la pena de muerte en su artículo 18.
Sin embargo, faculta al Congreso de la República a abolirla, lo cual es congruente con la tendencia mundial a favor de la abolición.
En ocasiones los hechos de extrema violencia que se viven en Guatemala han llevado a sectores de la opinión pública guatemalteca a volcarse a favor de la pena de muerte.
Algunos sectores políticos aprovechan este fenómeno, para incluir en sus programas de trabajo la aplicación de la pena de muerte, con el objetivo de captar los votos de un pueblo cansado de violencia e impunidad.
Por su parte grupos particulares y funcionarios públicos aún se pronuncian a favor de la aplicación de la pena de muerte, aún cuando se ha demostrado que su eficacia para prevenir el delito es casi nula.
En el año 2012, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia conmutó la totalidad de las sentencias de muerte por cadena perpetua, sentando un importante precedente en materia judicial y de apoyo a la abolición de la pena máxima en Guatemala.
Por su parte, el Organismo Ejecutivo no se ha pronunciado acerca de la necesidad de aplicar la pena de muerte para combatir la violencia imperante, lo cual es un signo positivo.
Ante estos hechos, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Pena de Muerte, la CIJ insta al Congreso de la República a abolir la pena de muerte y ratificar el Segundo Protocolo Opcional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Al respecto, Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “Cabe recordar que el Examen Periódico Universal (EPU) examinó durante el año 2012 al Estado de Guatemala. Varios Estados le recomendaron la abolición total de la pena de muerte y la ratificación del Segundo Protocolo Opcional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La facultad de abolir totalmente la pena de muerte le corresponde al Congreso de la República y la ratificación del Protocolo Opcional le corresponde al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República. Esperamos una acción pronta para cumplir con estas recomendaciones.”
