La CIJ pide al Congreso de la República de Guatemala la abolición de la pena de muerte
La CIJ también pide la ratificación del Segundo Protocolo Opcional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Pena de Muerte, la CIJ considera oportuno recordar que ésta representa una pena cruel, inhumana y degradante, que viola el derecho a la vida consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Lamentablemente, mientras que en el mundo existe una tendencia generalizada hacia la abolición de la pena capital, el Estado de Guatemala mantiene la pena de muerte.
En efecto, la Constitución Política de Guatemala regula y limita la aplicación de la pena de muerte en su artículo 18.
Sin embargo, faculta al Congreso de la República a abolirla, lo cual es congruente con la tendencia mundial a favor de la abolición.
En ocasiones los hechos de extrema violencia que se viven en Guatemala han llevado a sectores de la opinión pública guatemalteca a volcarse a favor de la pena de muerte.
Algunos sectores políticos aprovechan este fenómeno, para incluir en sus programas de trabajo la aplicación de la pena de muerte, con el objetivo de captar los votos de un pueblo cansado de violencia e impunidad.
Por su parte grupos particulares y funcionarios públicos aún se pronuncian a favor de la aplicación de la pena de muerte, aún cuando se ha demostrado que su eficacia para prevenir el delito es casi nula.
En el año 2012, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia conmutó la totalidad de las sentencias de muerte por cadena perpetua, sentando un importante precedente en materia judicial y de apoyo a la abolición de la pena máxima en Guatemala.
Por su parte, el Organismo Ejecutivo no se ha pronunciado acerca de la necesidad de aplicar la pena de muerte para combatir la violencia imperante, lo cual es un signo positivo.
Ante estos hechos, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Pena de Muerte, la CIJ insta al Congreso de la República a abolir la pena de muerte y ratificar el Segundo Protocolo Opcional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Al respecto, Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “Cabe recordar que el Examen Periódico Universal (EPU) examinó durante el año 2012 al Estado de Guatemala. Varios Estados le recomendaron la abolición total de la pena de muerte y la ratificación del Segundo Protocolo Opcional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La facultad de abolir totalmente la pena de muerte le corresponde al Congreso de la República y la ratificación del Protocolo Opcional le corresponde al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República. Esperamos una acción pronta para cumplir con estas recomendaciones.”
