Oct 29, 2015 | Comunicados de prensa, Informes, Noticias, Publicaciones
Hoy, la CIJ hizo público su informe Venezuela: El ocaso del Estado de Derecho.
Este informe es el resultado del seguimiento que la CIJ viene haciendo desde hace varios años sobre la situación del Poder judicial y de los derechos humanos en Venezuela, así como de la Misión in situ liderada por Alejandro Salinas, realizada en agosto de 2015.
Desde su anterior Informe, Fortaleciendo el Estado de Derecho en Venezuela (2014), la CIJ ha constatado una vertiginosa degradación de la situación de los Derechos Humanos, un grave y sistemático menoscabo de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, y la total erosión del Estado de Derecho en Venezuela.
“Hay un claro divorcio entre el deber ser establecido en la Constitución y los compromisos internacionales y por otro lado lo que se refleja en la realidad,” dijo Alejandro Salinas, el autor del informe.
“Esta situación ya observada en años anteriores, se ve agravada por una serie de medidas del Gobierno venezolano que han significado ceder soberanía en favor de organizaciones criminales,” añadió.
En las últimas semanas, la CIJ ha constatado una acelerada escalada de los ataques contra los defensores de derechos humanos y toda forma de oposición social y política.
“La situación en Venezuela es, sin lugar a duda, configura una grave y persistente crisis de los derechos humanos, la democracia y del Estado de Derecho. La Comunidad internacional está en mora y debe reaccionar bajo del derecho internacional,” dijo Wilder Tayler, Secretario General de la CIJ.
La CIJ ha visto agravada la situación de la falta de independencia de la justicia en general, en virtud no sólo de la falta de independencia del Poder Judicial dada la inexistencia de estabilidad de la gran mayoría de los jueces y de la casi totalidad de los fiscales del Ministerio Público; así como también, la falta de garantías para el ejercicio de los defensores de derechos humanos y en algunos casos de la profesión de abogado.
En este sentido, la CIJ manifiesta su preocupación frente las consecuencias representadas en los altísimos niveles de impunidad judicial en los casos de violaciones de derechos humanos y de las víctimas de delitos comunes en general, lo cual contrasta con la inusual prontitud con la que se abren juicios, se dictan medidas cautelares restrictivas y se condenan a miembros activos de la sociedad civil, líderes sociales y a opositores políticos.
Entre los casos que más representativos de esta situación se encuentran, entre otros, la reapertura del juicio penal contra la jueza María Lourdes Afiuni; la detención preventiva para someter a juicio al abogado Tadeo Arrieche; la orden de captura contra los miembros directivos y de los consejos editoriales de “El Nacional”, “Tal Cual” y “La Patilla”; y la condena de Leopoldo López a casi 14 años de prisión.
Finalmente, la CIJ desea llamar la atención sobre la gravedad que significa que desde el mes de agosto del presente año 2015, 23 municipios en Venezuela hayan estado siendo sometidos a estados de excepción con la restricción de varios de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin que estén claramente cumplidos los requisitos internacionales como la gravedad de la situación que no pueda ser enfrentada con los poderes ordinarios del estado, la estricta necesidad y proporcionalidad de las medidas.
Es de gran preocupación para la CIJ las medidas arbitrarias tomadas contra nacionales colombianos que han sido deportados masivamente, incluidos menores de edad; y además, que estando por darse inicio a la campaña política para las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre, se hayan restringido – sin justificación – los derechos de reunión pública y de manifestación pacífica, por el efecto restrictivo que ello implica para el ejercicio libre de los derechos políticos en una sociedad democrática.
Contact:
Wilder Tayler, Secretario General de la CIJ, t: +41 22 979 3825 ; e: wilder.tayler(a)icj.org
Alejandro Salinas, autor del informe, e: alejandro.salinasrivera(a)gmail.com
Venezuela-OcasoEstadoDerecho-Publications-Reports-2015-SPA (Informe en PDF)
Oct 15, 2015 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ, durante la misión de su Comisionado José Antonio Martín Pallín al país, ha constatado que la trascendencia política y social de los asuntos que el Juez Miguel Ángel Gálvez está investigando, le ha ocasionado numerosos ataques injustificados desde diversos sectores de la sociedad guatemalteca.
Además, la CIJ recibió información que las y los jueces continúan siendo amenazados en el ejercicio de su independencia por la injerencia de la Corte Suprema de Justicia en funciones administrativas, relacionadas con el control del personal, especialmente en el traslado injustificado de jueces.
El Juez Miguel Ángel Gálvez (foto) ha afrontado riesgos de traslado en los últimos 6 meses.
La CIJ concluye que la actuación del Juez se ajusta a los principios internacionalmente admitidos del derecho al debido proceso y a las garantías de las y los sindicados.
La CIJ expresa su profunda preocupación por la acumulación excesiva de asuntos judiciales sobre el Juzgado de Competencia Ampliada del juez Gálvez, que hacen absolutamente imposible una actuación dentro de los plazos exigidos por la ley.
La CIJ demanda con toda firmeza que la Corte Suprema de Justicia tome medidas efectivas de apoyo al juzgado de Mayor Riesgo B, para que éste pueda concentrarse en la tramitación de los asuntos que verdaderamente preocupan en este momento a los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas, como por ejemplo el llamado Caso La Línea, el caso Sepur Zarco y el caso Siekavizza, entre otros.
La CIJ considera que ningún órgano judicial puede afrontar la pesada carga judicial a la que el Juez Gálvez tiene que hacer frente; cualquier demora en la tramitación de los asuntos pendientes ante su juzgado, no debe ser atribuida al juez Gálvez, sino a la inactividad de la Corte Suprema de Justicia, que no nombra a jueces de apoyo, que permitan tramitar las causas pendientes.
Oct 12, 2015 | Artículos, Noticias
Con el objeto de promover la independencia judicial y el asociacionismo en Centroamerica, la CIJ y la Asociación de Abogados y Notarios de Guatemala, organizan esta conferencia en la Ciudad de Guatemala, los días 12 y 13 de octubre de 2015.
La III Conferencia Regional sobre Independencia Judicial y el Fenómeno de la Impunidad brinda seguimiento al primer encuentro realizado junio de 2013 en la Ciudad de Guatemala y la segunda reunión organizada en San Salvador, El Salvador, en mayo de 2014.
La región Centroamericana continua siendo objeto de serios ataques y amedrentamientos hacia la independencia de los Poderes Judiciales, lo que se ve agravado por que los marcos constitucionales y legales que no brindan garantías suficientes de estabilidad en su cargo, ni minimiza las posibilidades de litigio malicioso en contra de jueces y juezas independientes.
La Conferencia permitirá proponer soluciones a los graves problemas que afectan a la independencia judicial en la región, mediante el intercambio de experiencias obtenidas por las organizaciones de los paises centroamericanos y la formulación de estrategias de abordaje.
El evento contará con la participación de los Comisionados de la CIJ Roberto Garretón (Chile), Ketil Lund (Noruega) y José Antonio Martín Pallín (España, photo), 10 jueces de la Federación Centroamericana de Jueces, así como jueces guatemaltecos.
Guatemala-Conferencia internacional jueces-News-2015-SPA (full text in PDF, Spanish)
Jul 22, 2015 | Comunicados de prensa, Noticias
El genocidio perpetrado contra población Ixil de Guatemala será debatido en el segundo juicio seguido en contra del ex Presidente de facto Efraín Ríos Montt y el ex Director de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez.
El juicio está por reiniciarse el 23 de julio. Lamentablemente, este segundo juicio ya se ha visto afectado por diferentes hechos, que a continuación describimos.
La recusación de la jueza Presidenta del Tribunal B de Mayor Riesgo, debido a la redacción de su tesis doctoral sobre el delito de Genocidio, no debió de haber sido aceptada por no existir una causa razonable, ya que dicho trabajo de tesis se relaciona con su formación académica especializada en justicia de transición.
Posteriormente, la jueza fue sustituida por un juez que ha evidenciado relaciones de amistad a través de las redes sociales con uno de los abogados defensores del acusado Ríos Montt (photo).
Nuevamente la defensa busca que por lo menos un juez “amigo” integre el tribunal. A ello se suma el hecho de que recientemente el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) emitió un informe que hace referencia al supuesto problema de salud física y mental del acusado Ríos Montt.
La CIJ de la manera más enérgica expresa que estos actos son parte de una estrategia que tiene como propósito eludir la acción de la justicia.
La CIJ considera que ello constituye una violación al derecho de las víctimas al acceso a la justicia y contra el derecho a un juicio justo, libre de intromisiones de todo actor externo.
La CIJ se permite recordar al Poder Judicial que el combate a la impunidad de acuerdo con los estándares internacionales la justicia debe obedecer a tres imperativos: juzgar y sancionar a los responsables de graves crímenes, como el genocidio; satisfacer el derecho de las víctimas a conocer lo sucedido y obtener reparación integral; y fortalecer la independencia de las autoridades judiciales.
El supuesto problema de salud física y mental del acusado Ríos Montt podría ser solo una simulación, para evitar que sea nuevamente llevado a juicio.
Al respecto, la CIJ denuncia las acciones violatorias del debido proceso realizadas una vez más, por la jueza Carol Patricia Flores, quien ordenó se le practicasen exámenes médicos a Ríos Montt, para averiguar acerca de su estado de salud físico y mental.
Esta orden de la jueza Flores es ilegal, debido a que el proceso ya se encontraba a cargo del tribunal de Sentencia Penal B de Mayor Riesgo y ella carecía de competencia para ordenar tal medida.
La CIJ insta a los jueces a ejercer su poder de contralores del proceso penal, rechazando todos los actos de litigio de mala fe que sean promovidos por la defensa de los procesados.
Se requiere que los jueces a cargo del juicio se encuentren libres de toda presión externa que pueda intimidarlos en su función.
Para garantizar su independencia deben contar con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, quien debe velar por su seguridad y por el desarrollo del proceso en un marco de respeto.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América, expresó: “Otra vez estamos ante una serie de medidas dilatorias, que demuestran que existen jueces que se prestan a promover la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos.”
Jun 19, 2015 | Artículos, Noticias
La CIJ pide a la Asamblea Legislativa de El Salvador elegir a las personas independientes, idóneas y honestas como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La CIJ, ante la próxima elección por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador de cinco magistrados a la Corte Suprema de Justicia, expresa:
- De conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los Estados deben hacer todos los esfuerzos posibles, para dotarse a sí mismos de un Poder Judicial Independiente. En tal sentido, es necesario que la Asamblea Legislativa haga todos los esfuerzos posibles para elegir de la lista de 30 personas, a las más idóneas, honestas e independientes;
- La Asamblea Legislativa debería dar tiempo suficiente, para permitir que en el proceso de elección, la sociedad salvadoreña pueda presentar sus observaciones y críticas hacia cada uno de los candidatos y candidatas; asimismo, después de elaborar una lista corta de posibles candidato/as (lista de 10 personas por ejemplo), la Asamblea Legislativa debería llevar a cabo audiencias púbicas con cada uno de ellos, para que la ciudadanía pueda enterarse con más detalle de la trayectoria de cada candidato/a y de su conocimiento en aspectos de administración de justicia;
- La Asamblea Legislativa debería elegir a las personas que tengan más conocimiento y experiencia en materia de administración de justicia y que sean jueces de carrera, para que quienes sean electos puedan llegar a impulsar los cambios que el Sistema de Justicia requiere. Por ejemplo, las reformas a la Carrera Judicial; separación de las facultades administrativas y jurisdiccionales de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; reformas a los procesos disciplinarios que se aplican a jueces y magistrados, entre otras.
Ramón Cadena, Director del programa la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica expresó en su visita a El Salvador: “Si bien los acuerdos de paz introdujeron reformas importantes, después de más de quince años se requiere introducir nuevas reformas para fortalecer la independencia del Poder Judicial, en relación a los otros poderes del Estado de El Salvador y alcanzar una mayor independencia judicial. Seguiremos observando de cerca el desarrollo y los resultados de este proceso de elección.”
