Feb 5, 2009 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ expresa su más enérgica condena y repudio frente al atentado contra la Fiscal de la Nación, Dra. Gladis Echaíz.
La CIJ hace un llamado urgente a las autoridades peruanas para que se investiguen exhaustivamente los hechos y para que los responsables sean llevados ante la justicia.
“El ataque contra la Fiscal de la Nación constituye un hecho de suma gravedad y una amenaza al estado de derecho en el Perú“ manifestó la CIJ. “Instamos a las autoridades a llevar a cabo las investigaciones necesarias de manera independiente, imparcial y exhaustiva, así como a llevar ante un tribunal independiente e imparcial a los presuntos responsables de este ataque“.
De acuerdo con la información recibida por la CIJ, el vehículo de la Fiscal Echaíz recibió disparos de armas de fuego el pasado 31 de enero en horas de la noche. Afortunadamente, la Fiscal resultó ilesa. Tras el ataque, los individuos escaparon y no han sido identificados.
Además de las investigaciones pertinentes, la CIJ hace un llamado a las autoridades peruanas para que garanticen la integridad personal de la Fiscal de la Nación y a que adopten las medidas necesarias para que pueda desempeñar sus funciones profesionales libremente.
Sep 1, 2008 | Comunicados de prensa, Noticias
Una misión de la CIJ inicia una visita destinada a difundir los estándares internacionales relativos a la independencia de la judicatura de cara al proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Durante toda la semana, la misión mantendrá reuniones con los distintos entes proponentes que conforman la Junta Nominadora, autoridades relevantes y organizaciones de la sociedad civil. De crucial importancia serán las reuniones a mantener con los miembros del Congreso, encargados de la elección final, y con magistrados de la Corte Suprema en funciones.
La visita se enmarca dentro de los esfuerzos que la CIJ lleva a cabo en distintos países para acompañar los procesos destinados a escoger jueces y magistrados con el fin de garantizar su capacidad, honestidad e independencia.
La misión está integrada por Jaime Araújo Rentería, Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia; la Profesora Mónica Pinto, Vice-Presidenta del Instituto Interamericano de Derechos Humanos; Ramón Cadena, Director de la Oficina de la CIJ en Centroamérica; y José Zeitune, Consejero Jurídico para Latinoamérica de la CIJ.
La CIJ (icj2.wpengine.com) fue fundada en Berlín en 1952 y está compuesta por sesenta eminentes juristas que representan los diferentes sistemas jurídicos del mundo. La CIJ dedica sus esfuerzos a garantizar la primacía, la coherencia y la puesta en práctica del Derecho Internacional, así como de los principios que promueven los derechos humanos. El Secretariado internacional, con sede en Ginebra, se encarga de llevar a cabo los propósitos y objetivos de la CIJ y, para esta labor, cuenta con una red de secciones nacionales autónomas y de organizaciones afiliadas en todos los continentes.
El viernes 5 de septiembre, último día de la visita, se brindará una conferencia de prensa para exponer las conclusiones de la visita.
Jan 26, 2007 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ instó hoy a la Asamblea Nacional a realizar los nombramientos para las tres vacantes en la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público exclusivamente con base en la idoneidad de los candidatos y dejando de lado toda afiliación política.
En una carta dirigida al Presidente de la Asamblea Nacional y a los Jefes de Bancada de las distintas fuerzas políticas, la CIJ recordó a los parlamentarios la necesidad de cumplir con los estándares internacionales relativos a la administración de justicia.
“La Corte Suprema y el Ministerio Público juegan un rol fundamental en la administración de justicia nicaragüense como protectores del estado de derecho y los derechos humanos”, manifestó la CIJ. “Por ello, instamos a los parlamentarios a aprovechar la oportunidad para fortalecer su independencia mediante el nombramiento de las personas más idóneas para los cargos con base en sus capacidades, experiencia jurídica y méritos profesionales, dejando de lado toda consideración política o afiliación partidista”.
Por otra parte, la CIJ hizo un llamado a la Asamblea Nacional a cumplir con el precepto constitucional que dispone que las listas de candidatos deberán elaborarse “en consulta con las asociaciones civiles pertinentes”. De acuerdo con información recabada por la CIJ durante su visita a Nicaragua en octubre, tales consultas no se realizan de manera apropiada, lo que constituye la pérdida de una invalorable oportunidad para mejorar la administración de justicia.
“La participación de la sociedad civil es fundamental en los procesos de nombramiento de magistrados y autoridades de la fiscalía”, dijo la CIJ. “Las organizaciones que trabajan día a día en temas de justicia constituyen un importante vínculo entre los usuarios y la administración”.
Las conclusiones de la visita de la CIJ a Nicaragua el pasado mes de octubre están disponibles en el sitio web de la CIJ.
Nicaragua-nombramiento-2007
Jan 16, 2006 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ hace un llamamiento a los diputados argentinos a reevaluar su posición frente al proyecto de ley que pretende reformar el Consejo de la Magistratura.
Las modificaciones propuestas no solucionarían los problemas de tal órgano sino que simplemente otorgarían a los partidos políticos un mayor control sobre el Consejo, dijó la CIJ.
“Si bien compartimos la necesidad de reformar el Consejo para tornarlo más efectivo, consideramos que es necesario un diagnóstico exhaustivo de las fallas existentes y de las soluciones posibles”, afirmó Nicholas Howen, Secretario General de la CIJ. “Tal como está planteado, el principal objetivo del proyecto de ley parece ser el de otorgar mayor peso a los partidos políticos mayoritarios y no producir una mejora en el funcionamiento del Consejo”, afirmó.
El proyecto de ley, ya aprobado por el Senado y ahora en discusión ante la Cámara de Diputados, reduce de 20 a 13 los miembros del Consejo, a través de la supresión de un representante de la segunda minoría de cada Cámara legislativa y la reducción del número de representantes de abogados, jueces y académicos. Tal reducción socavaría el equilibrio planteado en la Constitución argentina ya que permitiría a los representantes de los poderes legislativo y ejecutivo tener quórum propio, situación que desvirtuaría la idea misma del Consejo: lograr un consenso entre los distintos sectores ligados a la justicia en lo que se refiere, principalmente, a la selección y remoción de magistrados.
Por otra parte, el proyecto de ley devuelve al poder judicial, principalmente a la Corte Suprema, facultades que le habían sido otorgadas al Consejo de la Magistratura, entre ellas la elaboración del presupuesto, la gestión administrativa y las resoluciones sobre la administración de personal del poder judicial.
“El funcionamiento del Consejo ha distado de ser perfecto, pero la mera reducción en el número de miembros y la devolución a la Corte de facultades que le habían sido transferidas al Consejo no es la solución adecuada”, afirmó el Sr. Howen. “La CIJ insta a los congresistas argentinos a revisar el proyecto de ley con el fin de garantizar la autonomía del Consejo de la Magistratura respecto de los otros poderes públicos con el fin de fortalecer la independencia del poder judicial en su conjunto y de los jueces individuales”.
Argentina-reform Council Magistracy-press release-2006 (text, PDF)
Dec 14, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ hizo un llamamiento al Gobierno y Congreso de Guatemala a que tomen acciones concretas para transformar a la judicatura en un poder independiente que proteja activamente los derechos humanos y combata la impunidad.
“El actual Gobierno ha mostrado un compromiso más claro con los derechos humanos y ha incluido la reforma judicial en su agenda” dijo Nicholas Howen, Secretario General de la CIJ.
“Pero una década después de la firma de los Acuerdos de Paz, la independencia y fortaleza del poder judicial siguen siendo insuficientes y la impunidad por violaciones de derechos humanos continúa siendo la norma. La judicatura y la fiscalía son débiles y carecen del apoyo necesario para enfrentar este trágico legado” agregó.
En un informe publicado hoy, “La justicia en Guatemala: un largo camino por recorrer”, la CIJ analiza las debilidades estructurales del sistema de justicia guatemalteco y propone un paquete de 19 reformas para colocar al poder judicial y al Ministerio Público sobre nuevas y sólidas bases.
La CIJ identificó tres medidas que pueden y deben adoptarse inmediatamente:
Primero, el Gobierno debe investigar y llevar ante la justicia a los responsables por el considerable y preocupante aumento de ataques físicos contra jueces, fiscales y defensores de derechos humanos. Estos ataques socavan gravemente el estado de derecho.
Segundo, de ahora en más el Congreso debe nombrar a los magistrados sin tomar en consideración sus afiliaciones políticas u otros factores impropios para así terminar con los favores políticos y reforzar la imparcialidad de los tribunales.
Tercero, el Gobierno y el Congreso deben rechazar el proyecto de ley que propone crear un fuero militar personal y otorgar a los tribunales militares jurisdicción para todo crimen cometido por personal militar en activo o retiro. Dicho proyecto de ley es contrario al derecho internacional y perpetuaría la impunidad.
“Hay mucho por hacer, pero insto al Gobierno a traducir sus palabras en acciones concretas. Espero que el Congreso muestre la madurez necesaria para actuar inequívocamente a favor del estado de derecho y hacer de los Acuerdos de Paz no sólo una ley sino una realidad” dijo Nicholas Howen.
El informe de la CIJ señala las reformas estructurales necesarias para garantizar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del poder judicial y para hacer más efectiva la labor del Ministerio Público. Las reformas estructurales incluyen la necesidad de cambiar los procedimientos de nombramiento, traslado y remoción de jueces y magistrados, el combate a la corrupción del sistema y poner fin a las intromisiones del ejecutivo, las fuerzas de seguridad e incluso grupos privados influyentes en el trabajo de jueces y fiscales.
El Gobierno debe también tomar acciones decididas contra grupos clandestinos y del crimen organizado que operan libre e impunemente. El Ministerio Público no está dispuesto o no puede realmente investigar y perseguir a estos grupos y al crimen en general.
La CIJ concluye que el recurso de amparo, pensado para proteger derechos, ha sido utilizado ocasionalmente en Guatemala como un medio para lograr la impunidad a través del retardo de procesos, especialmente aquellos en los que ventilan violaciones de derechos humanos. La CIJ es conciente de la importancia de este recurso y por ello urge al Congreso de Guatemala a aprobar las reformas a la Ley de Amparo tendientes a proteger este recurso de su utilización como mecanismo de impunidad.
El informe señala la persistencia en la falta de acceso a la justicia para la gran mayoría de la población y la ausencia de reconocimiento oficial del fuero indígena. Los esfuerzos de las autoridades en este campo han sido escasos.
Guatemala-action independent judiciary-press release-2005-spa (text in Spanish, PDF)
See also the report La justicia en Guatemala: un largo camino por recorrer (full text in Spanish, PDF)
