Oct 3, 2003 | Artículos, Noticias
“Un alto grado de politización afecta el correcto funcionamiento del Poder Judicial y la Profesión Legal en Honduras”, declaró un equipo de expertos enviados por el Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la CIJ.
En sus conclusiones preliminares, la misión del Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la CIJ encontró que la extrema politización es el principal problema que enfrentan el Poder Judicial y la Abogacía en Honduras. Decisiones administrativas, tales como el nombramiento de Jueces, se ven muchas veces afectadas por consideraciones políticas. Dichas consideraciones afectan también a algunas sentencias judiciales, lo que resulta en la impunidad de los acusados. Por otro lado, los casos de corrupción que impregnan a funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y a Abogados en ejercicio son también preocupantes.
La mora judicial y cierta selectividad en las causas que llegan a tener sentencia firme en un plazo razonable constituyen otras dos causas de inquietud. Dichas situaciones deberían compatibilizarse con la efectiva vigencia del derecho a un juicio justo y otras garantías judiciales. Asegurar la Independencia del Poder Judicial frente a los otros poderes del Estado, así como frente a grupos políticos o económicos, y combatir la corrupción y la impunidad son condiciones necesarias para asegurar la igualdad ante la ley de todos los habitantes de la Republica de Honduras.
La misión pudo observar reformas judiciales de carácter positivo que han tenido lugar en Honduras, entre ellas la introducción de procedimientos participativos de nominación de Magistrados y el establecimiento de mandatos para los miembros de la Corte Suprema que superan un período de gobierno. Estas medidas contribuirán a una Administración de Justicia más independiente. Sin embargo, el éxito de dichas reformas dependerá del compromiso de los actores involucrados a fin de evitar que predominen en los nombramientos las consideraciones políticas antes que la capacidad e idoneidad de los candidatos.
Entre las recomendaciones presentadas al Gobierno hondureño, la misión del el Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la CIJ sugirió la aprobación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y la creación de un Consejo de la Magistratura encargado, entre otras cosas, de la selección y/o nombramiento de los Magistrados.
En relación con la crisis que se iniciara en el año 2002 en el Colegio de Abogados de Honduras, la misión concluyó que allí se habría dado una lucha por posiciones de poder. Sin embargo, estima que el procesamiento penal de algunos Abogados por acciones que eventualmente podrían calificarse de imprudentes, como su solicitud de remoción de los Magistrados de la Corte Suprema, supone una criminalización de la disidencia que es contraria a las normas que rigen el Imperio del Derecho. Asimismo, el Colegio de Abogados de Honduras debe propiciar la adopción de una normativa escueta y clara respecto de los conflictos de intereses y de procedimientos eficaces para supervisar el desempeño ético de sus miembros.
En lo que respecta al ejercicio del Notariado, la misión de la CIJ/CIJA concluyó que puesto que los actos del Notario están investidos de fe pública, pudiendo incluso extender instrumentos públicos, resulta legítimo mantener un buen control sobre esta profesión. Asimismo, los exámenes o pruebas que se instrumenten deben hallarse rodeados de condiciones que den garantía de idoneidad, imparcialidad, transparencia e igualdad para todos los aspirantes.
La misión del Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la CIJ, que visitó Honduras entre los días 17 y 24 de septiembre, estuvo presidida por el Sr. Alejandro Artucio (Uruguay), Comisionado de la CIJ, y contó con la participación la Sra. Mónica Pinto (Argentina), Vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Sr. Oscar Schiappa-Pietra (Perú), experto internacional en reforma judicial y legislativa .
El informe final de la misión del Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la CIJ a Honduras será publicado en los próximos meses.
Aug 3, 2003 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ insistió al Gobierno argentino que asegure que el juicio político al Juez Eduardo Moliné O’Connor, Vice-Presidente de la Corte Suprema, respete el principio del debido proceso.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inició el procedimiento de juicio político contra el Juez Moliné O’Connor el 3 de julio. El Juez enfrenta quince acusaciones de “mal desempeño de sus funciones”; sesenta y siete cargos habían sido previamente presentados contra él, varios de ellos remontándose varios años.
Estos cargos están relacionados con ciertos fallos controvertidos de la Corte en los que el Juez Moliné O’Connor formó parte de la mayoría y su negativa a excusarse en un caso en el que presidió un Jurado de Enjuiciamiento de un Juez contra quien había avalado un sumario administrativo por un hecho disciplinario.
De acuerdo con el Juez Moliné O’Connor, el juicio político se debe a motivaciones políticas. A su vez, el Juez alega que varios miembros de la Comisión ya han prejuzgado al emitir su opinión negativa sobre el caso.
“Más allá de las acusaciones sobre la falta de independencia del Juez Moliné O’Connor, cualquier procedimiento disciplinario contra él debe realizarse de acuerdo con estándares internacionales”, dijo Linda Besharaty-Movaed, Consejera Legal del CIJ. “Negarle un debido proceso resultaría en una burla al imperio del derecho y sentaría un precedente inapropiado y peligroso”.
La próxima fase del juicio político tendrá lugar el 13 de agosto cuando la Comisión de Juicio Político presente su dictamen al resto de la Cámara de Diputados. Si dos tercios de la Cámara así lo deciden, el caso será elevado al Senado para su decisión final. Una mayoría de dos tercios en la Cámara de Senadores es necesaria para una remoción.
El Juez Moliné O’Connor es el segundo Juez de la Corte Suprema que enfrenta un juicio político el presente año.
El Juez Julio Nazareno, quien era el Presidente de la Corte, renunció el pasado 27 de junio en medio de un proceso de juicio político en su contra. En febrero de 2002 el Congreso inició el procedimiento de juicio político contra toda la Corte Suprema, pero la Comisión de Juicio Político decidió proceder contra un Juez a la vez.
Argentina-hearing of Judge-press release-2003-spa (en PDF)
Sep 9, 2002 | Incidencia
La CIJ envió una carta al Presidente de Guatemala expresando su preocupación por los ataques en contra de Roberto Romero, abogado de la Fundación Myrna Mack.
El abogado Romero recibió amenazas de muerte en la misma tarde en que su residencia fue objeto de ataques por parte de individuos desconocidos. Los ataques ocurrieron días antes del reinicio del proceso judicial en contra de militares acusados de ordenar el asesinato de la antropóloga Myrna Mack, ocurrido hace doce años en Guatemala.
La CIJ solicitó al Gobierno de Guatemala tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los miembros de la Fundación Mack, incluyendo al abogado Romero, al igual que la de todas las personas que tomen parte en el esclarecimiento de este caso.
Guatemala-attack human rights defender-open letter-2002 (full text in Spanish, PDF)
Nov 8, 2001 | Artículos, Noticias
La CIJ condena el asesinato de José Lidón Corbi, Magistrado de la Audiencia de Bilbao (España). Dos individuos dispararon contra del juez Lidón Corbi en presencia de su esposa y uno de sus hijos, el 7 de noviembre a las 7:30 AM, en el municipio de Gexto, cerca a Bilbao.
El asesinato ha sido atribuido a la organización independentista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA).
En el pasado, ETA ha asesinado cinco miembros del poder judicial. De acuerdo con informes de prensa, 79 jueces y nueve fiscales han sido declarados objetivos militares en una lista de ETA. La CIJ condena estos ataques, los cuales constituyen un serio atentado contra la independencia de poder judicial y el estado de derecho en España, e insta a ETA a que de manera inmediata cese tales prácticas criminales.
La CIJ expresa su solidaridad con los familiares del Juez Lidón Corbi y el poder judicial de España. Al mismo tiempo, la CIJ urge a los gobiernos nacional y regional a tomar, en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial, las medidas necesarias en orden a garantizar la seguridad de todos los miembros de poder judicial.
Oct 23, 2001 | Artículos, Noticias
La CIJ hoy escribió al Presidente de México, Vicente Fox, para pedir una investigación exhaustiva sobre el asesinato de la abogada de derechos humanos Digna Ochoa, dirigida a garantizar la identificación y juzgamiento de los responsables.
La CIJ también pidió al gobierno tomar las medidas para investigar todos los casos en que abogados, jueces y defensores de derechos humanos sean objeto de amenazas, ya que solo así se podrá garantizar su protección y seguridad personal.
La Lic. Ochoa, ex-directora de la división legal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), había sido previamente víctima de amenazas de muerte, secuestro, y un intento de asesinato. La Lic. Ochoa recibió disparos en la cabeza y en una pierna.. Junto al cuerpo sin vida de la Lic. Ochoa, fue hallado un panfleto con amenazas de muerte en contra de varios miembros del PRODH.
En varias ocasiones, la CIJ expresó su preocupación al gobierno sobre la situación de la Lic. Ochoa y otros abogados mexicanos víctimas de ataques similares.
En la edición del año 2000 de su publicación Attacks on Justice, la cual reseña casos de persecución y hostigamiento en contra de jueces y abogados en todo el mundo, la CIJ documentó varios ataques graves en contra de la Lic. Ochoa, incluyendo un intento de homicidio el 28 de octubre de 1999.
Después de este incidente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al gobierno que tomara medidas dirigidas a proteger a la Lic. Ochoa, a raíz de lo cual le fue otorgada protección policial. La Lic. Ochoa permaneció en el exterior durante parte de los años 2000 y 2001. Una vez de regresó a México, en abril del 2001, las medidas de protección no fueron restablecidas, aparentemente debido a que el gobierno concluyó que las amenazas en contra de la seguridad personal de la Lic. Ochoa no ameritaban dichas medidas.
En diversas ediciones de Attacks on Justice y en el informe publicado en 1999, luego de su visita a México, la CIJ resaltó el problema de impunidad en México. Pero esta situación ha persistido.
