Jul 22, 2018 | Artículos, Noticias
La reciente elección del magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pone en grave riesgo la justicia constitucional y su imparcialidad.
En efecto, días atrás, la Corte Suprema de Justicia eligió al magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), puesto que había quedado vacante luego de que la magistrada suplente anterior, fuese electa como Fiscal General por el Presidente de la República.
Los ocho magistrados de la CSJ que votaron a favor del profesional electo como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, no han observado las normas y estándares internacionales en materia de administración de justicia.
Los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura estipulan que “Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas.”
No obstante, la CIJ ha podido constatar que los magistrados de la CSJ nombraron a una persona:
a) que en el año 2010, fue destituido como Fiscal General por la propia Corte de Constitucionalidad cuando recién había asumido el cargo, por haber sido considerado una persona no idónea para ocupar tan importante cargo;
b) que abiertamente ha estado en contra de la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) en el país, a pesar del buen trabajo que ha realizado dicha comisión en la lucha contra la impunidad y la corrupción;
c) que en el 2010, ya en su calidad de Fiscal General y luego de asumir el cargo, fue acusado de afectar casos relacionados con la lucha contra la corrupción e impunidad y de intervenir y afectar la prueba existente en dichos casos.
Por ello, en esta elección, la CIJ tiene hondas y legítimas preocupaciones sobre la verdadera voluntad de la Corte Suprema de Justicia de: a) tramitar un genuino y necesario proceso de depuración del Sistema de Justicia; y b) de apoyar las reformas constitucionales que vendrían a fortalecer el Sistema de Justicia.
Además, con esta elección, la CSJ ha contribuido a profundizar la crisis del Sistema de Justicia; su decisión viene a afectar la poca credibilidad que la población guatemalteca aún tiene en el Sistema de Justicia.
Debemos recordar que los actos del Congreso de la República del 11 de septiembre de 2017, llevaron a la Corte de Constitucionalidad a catalogarlos como actos susceptibles de causar “un daño irreparable a la justicia” en Guatemala.
Es opinión de la CIJ, que la elección del magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia, también debe ser considerada como una forma de causar un daño irreparable a la justicia.
Por ello, la CIJ tiene la esperanza de que la Corte de Constitucionalidad protegerá, una vez más, el Estado de Derecho en Guatemala.
Ramón Cadena, Director para Centro América de la CIJ expresó: “El acto de la Corte Suprema de Justicia de elegir a una persona que no es idónea para el cargo de magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, resulta altamente preocupante para una recta administración de justicia y la vigencia efectiva del Estado de Derecho en Guatemala”.
Jun 24, 2018 | Artículos, Noticias
Las y los comisionados de la CIJ en América Latina se reunieron recientemente en Bogotá y firmaron la siguiente declaración conjunta.
Las y los comisionados firmantes de la Comisión Internacional de Juristas, expresamos:
- Nuestra profunda preocupación por la delicada situación de la Independencia Judicial en Guatemala. Tenemos conocimiento que varios jueces y juezas se encuentran bajo hostigamiento y presiones del régimen disciplinario, usados indebidamente por grupos y personas descontentas con las decisiones judiciales en casos de alto impacto. En efecto, Jueces y Juezas de los Tribunales de Mayor Riesgo como Ericka Aifán, Yassmín Barrios, Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul y otros han sufrido una serie de denuncias infundadas ante los órganos disciplinarios.
- La compleja función que cumplen los jueces y juezas en el contexto actual en Guatemala, hace evidente que son objeto de ataques que buscan afectar su función como operadores de justicia honestos e imparciales. Según los estándares internacionales, la exigencia de responsabilidad de un Juez o Jueza, no ampara atentados contra la independencia judicial. Además, dichos estándares establecen que al llevar a cabo sus funciones, las y los jueces deben poder hacerlo libres de cualquier influencia y con total imparcialidad; sin ninguna restricción, incitación, presión, amenaza, ni injerencia, directa o indirecta, de cualquier origen o por cualquier motivo que sea.
- Asímismo, expresamos nuestro total apoyo al comisionado Iván Velásquez, Representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), quien debido al cumplimiento de sus funciones, también viene sufriendo una serie de actuaciones y campañas de difamación. Asímismo, apoyamos a la CICIG, por la función que cumple en la lucha contra la impunidad y corrupción.
Ante todo ello, solicitamos a la Comunidad Internacional que sigan apoyando a la CICIG con suficientes recursos humanos y financieros; además, hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Sub Comité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y al Relator de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, para que visiten el país y puedan verificar “in situ”, la delicada situación de la independencia judicial en Guatemala.
Carlos Ayala, Vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas (Venezuela)
Mónica Pinto, Comisionada (Argentina)
Miguel Carbonnel, Comisionado (México)
Víctor Rodríguez Rescia, Comisionado (Costa Rica)
Wilder Tayler, Comisionado (Uruguay)
Belisário Dos Santos, Comisionado (Brasil)
Juan Méndez, Comisionado (Argentina)
Aejandro Salinas Rivera, Comisionado (Chile)
Roberto Garretón, Comisionado (Chile)
Jun 18, 2018 | Artículos, Noticias
Jueces de Centroamérica, conjuntamente con la CIJ inician Jornadas sobre Independencia Judicial en Guatemala.
Con el objeto de llevar a cabo diferentes reuniones en el contexto de las Jornadas sobre Independencia Judicial en Guatemala, la Jueza de Paz en la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro y Presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras; la Jueza de lo Contencioso Administrativo y Presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD); el Magistrado de la Cámara Penal de Santa Ana y Primer Vocal de la Junta Directiva del Foro De Jueces Democráticos de El Salvador y el Coordinador de la Oficina Técnica de la Asociacion de Jueces por la Democracia de Honduras, con el apoyo de la CIJ, realizarán una visita a Guatemala los días 18 y 19 de junio.
En el transcurso de su visita, se reunirán con diferentes funcionarios del Poder Judicial y analizarán la situación que se está presentando en Guatemala de ataques contra la Independencia del Poder Judicial y de jueces y juezas independientes y honestas como Ericka Aifán, Yassmín Barrios, Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul, entre otros.
Además, analizarán la situación de la Independencia Judicial en la región centroamericana.
La oportunidad será propicia para llevar a cabo dos conversatorios con jueces del Poder Judicial los días 18 y 19 de junio, para poder analizar in situ las acciones que se están presentando en contra de estos jueces y que contravienen los principios básicos y estándares internacionales.
Al final de su visita, darán a conocer las conclusiones generales a las que han llegado y las propuestas que consideran podrían aliviar en parte esta situación.
May 29, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ expresa su profunda preocupación, por las diferentes acciones que se vienen dando en contra de la Jueza Erika Aifán.
La Jueza Erika Aifán se ha caracterizado siempre por ser recta en sus decisiones; honesta y apegada al Derecho en todos los casos que ha conocido; independiente, objetiva e imparcial en todas sus decisiones.
Para la CIJ, en los casos contra la Jueza Erika Aifán, existe un riesgo inminente de afectar la Independencia Judicial.
La CIJ considera que la independencia de jueces y juezas, es imprescindible en un Estado de Derecho, para que dichos funcionarios públicos puedan garantizar efectivamente, mediante una recta administración de justicia, el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Por tal razón y con base en la Constitución Política de la República de Guatemala y Convenios y Tratados en materia de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala debería intervenir en la defensa de la independencia judicial.
Tal y como lo establece la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “el principio de independencia del Poder Judicial ha sido reconocido como costumbre internacional y principio general de derecho y ha sido consagrado en numerosos tratados internacionales”.
En tal sentido, la CIJ considera que la Corte Suprema de Justicia debe asumir un papel activo en la defensa de la independencia judicial en general y específicamente, en el caso de la Jueza Erika Aifán.
La Jueza Erika Aifán tiene a su cargo casos paradigmáticos en la lucha contra la impunidad y la corrupción y la CIJ considera que ese es el verdadero motivo de los ataques y cuestionamientos en su contra.
Grupos interesados en promover la impunidad desean apartarla o separarla del cargo.
La CIJ se permite recordar que la separación del cargo de un juez o jueza, debe obedecer exclusivamente a las causales permitidas por la ley, mediante un proceso disciplinario que reuna las básicas garantías inherentes al debido proceso, o cuando el funcionario judicial ha cumplido el término o período de su mandato.
En el caso de la jueza Erika Aifán, no existe ninguno de estos presupuestos, razón por la cual la CIJ concluye que se trata de un ataque contra la independencia e imparcialidad e independencia de la funcionaria judicial.
Ante el hostigamiento que sufren jueces y juezas independientes en Guatemala, la CIJ urge la presencia en el país del Relator de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados.
La CIJ considera, además, que el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala debería presentar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no sólo para que dicha Comisión otorgue medidas cautelares a favor de la Jueza Aifán, sino para que dicha Comisión verifique la violación flagrante a la independencia judicial en el país.
Desde ya, la CIJ solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que invenga en el presente asunto.
Demás está decir, que la independencia de todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso en tanto derecho humano y su ausencia afecta el ejercicio del derecho de acceder a la justicia, aparte de generar desconfianza y hasta temor, que provoca que las personas no recurran a los tribunales de justicia por falta de credibilidad.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América expresó: “Debemos apoyar a la Jueza Erika Aifán, ya que la garantía de la independencia judicial está siendo seriamente afectada. La Jueza Aifán es una de las más honestas y valientes y está llevando casos paradigmáticos que podrían ser afectados, en caso procedan las acciones legales en su contra.”
“Es una vergüenza que un Tribunal del Poder Judicial mismo, imponga una multa de Q.1000.oo a una profesional que está cumpliendo con su deber. Los magistrados de la Sala Tercera, son los que deberían de ser investigados por el Ministerio Público, debido a sus actuaciones en contra de la Independencia Judicial.”
Apr 30, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ enumera varias consideraciones y recomendaciones para asegurar la elección de un Fiscal General independiente.
La CIJ expresa:
1. La Junta Proponente para la elección del Fiscal General deberá llevar a cabo un proceso público y transparente, con el objeto de devolver al pueblo de Honduras la credibilidad en la justicia y presentar al Congreso Nacional una nómina de 5 personas seleccionadas por razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad, independencia, integridad moral y honestidad. En la segunda fase, el Congreso Nacional también deberá de implementar un proceso público y transparente, que permita nuevamente la fiscalización por parte de la sociedad hondureña del proceso de elección de la cabeza del Ministerio Público.
2. En la primera fase, la Junta Proponente debería utilizar las herramientas del perfil, tabla de gradación y entrevista pública, con el objeto de determinar a fondo si la o el profesional reúne las condiciones para ser preseleccionada por razones fundadas en méritos de capacidad, honestidad, independencia, integridad moral e idoneidad y no únicamente por predilecciones o prejuicios. La CIJ ha podido constatar en procesos similares anteriores, que la Junta Proponente cumple con los requerimientos formales, pero no hace un esfuerzo para seleccionar a los mejores candidatos y cumplir así con los estándares internacionales sobre el fondo de la elección, y en particular las Directrices sobre las funciones de los fiscales, de las Naciones Unidas.
3. Dado el controvertido desempeño en la función del actual Fiscal General, la CIJ considera que no es recomendable su reelección, toda vez que existen legítimas y serias dudas de que no reúna las condiciones establecidas por los estándares internacionales. En este sentido, es necesario e importante, investigar y definir si el Fiscal General actual, actuó con absoluta independencia y honestidad durante su gestión.
4. La Junta Proponente y el Estado de Honduras deben asegurar que el proceso de elección del próximo Fiscal General en todas sus fases, garantice una elección de personas únicamente basada en méritos, idoneidad y competencia profesional e integridad moral y honestidad y no en predilecciones o prejuicios. Ello constituye una salvaguarda fundamental para una recta e independiente administración de justicia y para evitar riesgos de parcialidad del Fiscal General.
5. Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha reconodido la importancia de que los Estados establezcan salvaguardas para evitar las negociaciones entre partidos políticos. La CIJ considera que estas salvaguardas serían necesarias y apropiadas para la actual elección, tomando en cuenta que en Honduras las negociaciones entre partidos políticos, son una práctica constante y reiterada en estos procesos;
6. Si bien es importante la presencia de la Sociedad Civil en la Junta Nominadora, la CIJ pudo constatar que existen razones fundadas para cuestionar dicha participación, por tratarse de un proceso de participación viciado. Así lo ha declarado la Sala Constitucional, al resolver con lugar la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley del Ministerio Público, que habilitaba la participación de un representante de la sociedad civil en la Junta Proponente.
7. En tal sentido, la CIJ considera que la Junta Proponente debería ceñirse a lo establecido en la Ley con respecto a la integración de la dicha Junta. El Presidente de la Junta Proponente debería verificar que todos los miembros de dicha Junta, sean idóneos para integrarla y que cuenten con las calificaciones jurídicas apropiadas, para llevar a cabo tan importante misión con transparencia, independencia, imparcialidad y honestidad.
8. La CIJ insta a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que lleve a cabo una investigación profunda acerca de este proceso y para determinar el cumplimiento de los estándares internacionales, cuyo respeto constituye la principal garantía para que el próximo Fiscal General, sea una persona independiente y electa en base a méritos y no por preferencias.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América expresó: “La o el Fiscal General es una autoridad pública que en nombre de la sociedad y del interés público, debe asegurar la aplicación de la ley y perseguir los delitos. Por ello, el Estado de Honduras debe llevar a cabo un proceso que permita culminar con la elección de un Fiscal General independiente y designado por razones fundadas en méritos y no en predilecciones, y que reuna las condiciones exigidas por los estándares internacionales.”
