Spain-Universaljurisdiction-NGOsJointStatement-2014-SPA (en PDF)
El “Panel de Juristas Eminentes sobre Terrorismo, Lucha Antiterrorista y Derechos Humanos” concluyó su audiencia en Buenos Aires sobre las lecciones aprendidas en el Cono Sur de las décadas de los 70 y 80, quando se cometieron graves violaciones de derechos humanos.
El Panel recibió detallados testimonios por parte de organizaciones de derechos humanos, abogados, fiscales y otras autoridades gubernamentales sobre las prácticas, políticas y legislación adoptadas por los gobiernos de la época.
A la audiencia dieron testimonio participantes de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil. Asimismo, los miembros del Panel tuvieron la oportunidad de reunirse con las siguientes altas autoridades argentinas: el Canciller, el Ministro de Justicia, el Secretario y Subsecretario de Derechos Humanos.
El Panel agradece al Gobierno argentino por su predisposición y apertura, como así también al Centro de Estudios Legales y Sociales y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por la invalorable ayuda prestada en la realización de este evento.
Los diversos participantes en la audiencia expusieron en detalle la desproporción de la respuesta a la amenaza “subversiva” en los países del Cono Sur.
Los participantes demostraron que donde existían grupos “subversivos”, los gobiernos los habían desarticulado o neutralizado poco antes o inmediatamente después del principio de la represión.
Las medidas adoptadas en el marco de los estados de emergencia declarados en la región se prolongaron indebidamente y resultaron en violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos fundamentales e inderogables.
Entre las graves violaciones de derechos humanos emblemáticas que se cometieron en el Cono Sur en nombre de la doctrina de la seguridad nacional se encuentran ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. Además, se impusieron severas restricciones a las libertades de expresión y asociación.
Durante la época se pusieron en práctica dos planos paralelos de represión.
El primer plano, público y formalmente “legal”, creó un nuevo régimen jurídico en el que todos los poderes se concentraban en el Ejecutivo, y, entre otras medidas, se dieron amplios poderes a las fuerzas armadas para detener a presuntos “subversivos” y se extendió la jurisdicción militar, incluso para juzgar a civiles.
El segundo plano, secreto, permitía a las fuerzas armadas y de seguridad cometer atroces crímenes en total impunidad.
Frente a estas violaciones, los expositores sostuvieron que, en gran medida, los poderes judiciales de la región se sometieron a la voluntad de los gobernantes y dejaron de cumplir con su rol fundamental de proteger los derechos humanos de la población.
Tras dos días de testimonios, el Panel pudo constatar que el restablecimiento de la democracia en la mayoría de los países de la región significó la derogación o anulación de la legislación de excepción y el fin de las prácticas extralegales.
Sin embargo, el mantenimiento de leyes de amnistía adoptadas antes o inmediatamente después del fin de los regímenes de facto en ciertos países continúa siendo un impedimento para la investigación y juzgamiento de los responsables por los crímenes cometidos durante el período bajo examen.
Sobre este asunto, el Panel considera que la reciente declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final por parte de la Corte Suprema argentina constituye un paso sumamente significativo en la región.
El Panel tomó nota de que en el caso de Chile se mantienen vigentes la competencia de la justicia militar para juzgar civiles, la ley antiterrorista de 1984 y las consideraciones de seguridad nacional contenidas en la Constitución de 1980.
En el caso de la ley de 1984, el Panel recibió información acerca de su aplicación a miembros de la comunidad mapuche por ataques contra la propiedad.
Sobre este tema, el Panel notó con beneplácito el proyecto de modificación de la ley antiterrorista que excluiría de la lista de delitos terroristas todos aquellos actos que no constituyan ataques contra la vida y la integridad física.
Varios de los participantes manifestaron al Panel su preocupación por la similitud de ciertas medidas adoptadas en nombre de la lucha antiterrorista desde el 11 de septiembre de 2001 y aquellas implementadas por los gobiernos del Cono Sur en las décadas de los 70 y 80.
Entre tales medidas, los ponentes señalaron el establecimiento de centros clandestinos de detención, el recurso a la tortura con el fin de extraer información de supuestos terroristas o subversivos y la ampliación de la jurisdicción militar para juzgarlos.
Se trazó también un paralelo entre la “Operación Cóndor”, un plan de colaboración entre los servicios de inteligencia de la región establecido en 1975 que conllevaba el intercambio de información sobre presuntos subversivos y el traslado de estos entre los diferentes países, y la política actual de las restituciones extraordinarias (extraordinary renditions), en las que presuntos terroristas son entregados para ser interrogados a países en los que no tienen suficientes garantías de no ser torturadas.
En virtud de la experiencia vivida en el Cono Sur durante las décadas de los 70 y 80, tanto los participantes gubernamentales como los de la sociedad civil coincidieron en que la lucha contra el terrorismo debe llevarse a cabo dentro del marco jurídico vigente, en estricto respeto por los derechos humanos y el estado de derecho.
Un ejemplo de ello es la ausencia de grandes cambios legislativos para combatir el terrorismo en los países del Cono Sur desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Antecedentes
El Panel está compuesto por ocho jueces y abogados de todas les regiones del mundo que ejercen su mandato de manera independiente con el apoyo logístico del Secretariado de la CIJ y de su red de organizaciones afiliadas. Arthur Chaskalson, antiguo Presidente de la Corte Constitucional de Sudáfrica, preside el Panel. Los otros miembros del Panel son: Georges Abi-Saab (Egipto), Robert K. Goldman (Estados Unidos), Hina Jilani (Pakistán), Vitit Muntarbhorn (Tailandia), Mary Robinson (Irlanda), Stefan Trechsel (Suiza) y Raúl Zaffaroni (Argentina).
Desde el comienzo de su mandato, el Panel ha celebrado audiencias en Australia, Colombia, África del Este (sobre Kenia, Tanzania y Uganda), el Reino Unido (en Londres y Belfast), África del Norte (Argelia, Marruecos y Túnez) y Estados Unidos. Otros países y regiones donde el Panel celebrará audiencias incluyen al Sureste asiático, la Federación Rusa, el sur de Asia, Canadá, Medio Oriente y Europa. Al final de este proceso, el año próximo, el Panel producirá un detallado informe final con recomendaciones.
Argentina-Eminent Jurists counter-terrorism2-press release-2006-spa (text in Spanish, PDF)
Se termina hoy la visita a Colombia de los Sres. E. Raúl Zaffaroni (Argentina) Robert K. Goldman (Estados Unidos) y Stefan Trechsel (Suiza), tres miembros del “Panel de Juristas Eminentes sobre Terrorismo, Lucha Antiterrorista y Derechos Humanos”.
Este grupo de ocho juristas fue convocado por la CIJ en octubre de 2005 para examinar a lo largo de 18 meses el impacto de la lucha antiterrorista sobre los derechos humanos y el estado de derecho en todas las regiones del mundo.
Durante una audiencia de dos días, celebrada en la Universidad Santo Tomás en Bogotá, el Panel ha recibido informaciones acerca del impacto de actos terroristas y de medidas antiterroristas adoptadas o promovidas a lo largo de los últimos cincuenta años en Colombia, incluso las medidas adoptadas en el marco de la política de seguridad democrática en los últimos tres años. Abogados, fiscales, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, personas desplazadas y representantes de comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas intervinieron en esta audiencia. El Panel escuchó, por parte del Gobierno, la explicación acerca de las medidas adoptadas.
Una de las premisas de la política de seguridad democrática es que no existe un conflicto armado interno en Colombia sino una guerra contra el terrorismo. Sin embargo, el Panel quiere destacar que, si bien el derecho internacional humanitario prohíbe la comisión de actos terroristas, el hecho de que tales actos sean cometidos durante un conflicto armado no altera, ni el estatuto jurídico de las hostilidades, ni el de las partes en conflicto, ni el deber de las partes de observar el derecho internacional humanitario. Durante esta audiencia, el Panel recibió denuncias de que ciertas medidas antiterroristas que han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, en particular las facultades de policía judicial conferidas a las fuerzas militares, siguen siendo utilizadas en la práctica produciendo un número altísimo de detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial.
El Panel expresa preocupación por la información recibida acerca de intromisiones del poder ejecutivo en decisiones judiciales como también por las tentativas de limitar la competencia de la Corte Constitucional, garante del estado de derecho y de la protección de los derechos fundamentales.
El Panel manifiesta su preocupación por algunas expresiones de altas autoridades que estigmatizan a defensores de derechos humanos, no sólo porque importan una crítica injusta a una tarea tan legítima como necesaria en cualquier país del mundo y en toda circunstancia, sino muy especialmente porque en un cuadro de violencia, semejantes estigmatizaciones se traducen mecánicamente en graves riesgos para la vida.
Los miembros del Panel agradecen a todas las personas que les han proporcionado informaciones, opiniones y explicaciones durante su visita. Este material será recogido en el informe que los ocho juristas del Panel producirán sobre la situación en el mundo. No se emitirá un informe particular sobre Colombia ni sobre ninguno de los países visitados, toda vez que el objetivo del proyecto es la evaluación de la situación mundial.
Antecedente
El Panel está compuesto de ocho jueces y abogados de todas les regiones del mundo. Arthur Chaskalson, antiguo Presidente de la Corte Constitucional de Sudáfrica, preside el Panel. Los otros miembros del Panel son Georges Abi-Saab (Egipto), Robert K. Goldman (Estados Unidos), Hina Jilani (Pakistán), Vitit Muntarbhorn (Tailandia), Mary Robinson (Irlanda), Stefan Trechsel (Suiza) y E. Raúl Zaffaroni (Argentina). Ejercen su mandato de manera independiente con el apoyo logístico del Secretariado de la CIJ y de su red de organizaciones afiliadas.
E. Raúl Zaffaroni (Argentina) es ministro de la Corte Suprema de Argentina y antiguo Director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito (ILANUD). Robert K. Goldman (Estados Unidos) es antiguo Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y antiguo experto de las Naciones Unidas sobre lucha antiterrorista y derechos humanos. Stefan Trechsel (Suiza) es antiguo Presidente de la Comisión Europea de Derechos Humanos y recientemente nombrado juez ad litem del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.
Se celebra hoy en Bogotá la primera audiencia nacional del “Panel de Juristas Eminentes sobre Terrorismo, Lucha Antiterrorista y Derechos Humanos”.
Este grupo de ocho juristas fue convocado por la CIJ para examinar a lo largo de 18 meses el impacto de la lucha antiterrorista sobre los derechos humanos y el estado de derecho en todas las regiones del mundo.
Desde más de cuatro décadas, Colombia ha sido el escenario de un conflicto armado interno durante el cual graves crímenes han sido cometidos por miembros de grupos armados de oposición, grupos paramilitares y de la fuerza pública. En los últimos tres años, numerosas medidas legales han sido adoptadas en el marco de la política de seguridad democrática, política antiterrorista promovida por el Gobierno colombiano. Los tres miembros del Panel presentes en Colombia son: Raúl Zaffaroni (Argentina), juez de la Corte Suprema de Argentina y antiguo Director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito (ILANUD), Robert K. Goldman (Estados Unidos), antiguo Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y antiguo experto de las Naciones Unidas sobre lucha antiterrorista y derechos humanos, y Stefan Trechsel (Suiza), antiguo Presidente de la Comisión Europea de Derechos Humanos y recientemente nombrado juez ad litem del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, asisten hoy y mañana a una audiencia pública en Bogotá en la cual están invitados la sociedad civil y las autoridades colombianas así como representantes de la comunidad internacional en Colombia. Durante su visita, los expertos se entrevistarán también en privado con las autoridades colombianas. “El Panel no está aquí para juzgar sino para escuchar las voces de la sociedad civil y del Gobierno sobre la justificación de la política de seguridad democrática y su impacto sobre los derechos garantizados por el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.” dijo Raúl Zaffaroni.
Antecedente
El Panel está compuesto de ocho jueces y abogados de todas les regiones del mundo que ejercen su mandato de manera independiente con el apoyo logístico del Secretariado de la CIJ y de su red de organizaciones afiliadas. Arthur Chaskalson, antiguo Presidente de la Corte Constitucional de Sudáfrica, preside el Panel. Los otros miembros del Panel son Georges Abi-Saab (Egipto), Robert K. Goldman (Estados Unidos), Hina Jilani (Pakistán), Vitit Muntarbhorn (Tailandia), Mary Robinson (Irlanda), Stefan Trechsel (Suiza) y Raúl Zaffaroni (Argentina). En el continente americano, además de Colombia, el Panel celebrará audiencias nacionales en Canadá, Estados Unidos y una audiencia sub-regional en América del Sur.
Colombia-EJ impact terrorism-press release-2006-spa (en español, PDF)
La CIJ empieza hoy una misión de alto nivel de diez días en Colombia para evaluar el impacto de la “política de seguridad democrática” sobre los derechos humanos, la administración de justicia y el estado de derecho en el país.
La misión estará compuesta por Mariclaire Acosta (ex-Vicecanciller para los Derechos Humanos del Gobierno de México), Carlos Castresana (Fiscal Anticorrupción español) e Isabelle Heyer, representante del Secretariado de la CIJ.
Durante décadas, Colombia ha sido el escenario de graves y persistentes violaciones de derechos humanos y de derecho humanitario. Dichas violaciones han sido cometidas por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, paramilitares y grupos armados de oposición. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha calificado tales violaciones como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en sus informes.
Desde 2002, y en nombre de la lucha antiterrorista, el Gobierno colombiano ha promovido una nueva política de seguridad llamada política de “seguridad democrática”. En la implementación de esta política, el Gobierno ha adoptado o anunciado diversas medidas, entre las que se encuentran reformas constitucionales y legales y una creciente participación de la población civil en el conflicto armado. Algunas de estas medidas afectan principios básicos del estado de derecho, la administración de justicia y resultan en nuevas formas de violaciones a los derechos humanos tales como las detenciones arbitrarias masivas o individuales.
Asimismo, en el marco del actual proceso de desmovilización paramilitar, el Gobierno ha adoptado y pretende adoptar medidas legales que pueden resultar en la impunidad para los autores de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por consiguiente, la misión de la CIJ evaluará esta situación.
Los miembros de la misión se reunirán con representantes del Gobierno colombiano, miembros del Congreso y del Poder Judicial, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y representantes de la comunidad internacional. Producirán un informe que será difundido internacionalmente y presentado durante la próxima sesión de la Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Colombia-paramillitary-news-2005-spa (en PDF)
South Africa: Constitutional Court’s affirmation that principles of judicial independence are fully applicable to military courts is a welcome step forward
EU: Lawyers and civil society call for mandatory humanitarian clause in anti-smuggling directive
EU: Access to a lawyer in juvenile justice proceedings remains a key concern in several EU Member States