Jun 2, 2014 | Events
The ICJ, with the International Federation for Human Rights (FIDH), will be convening a high-level lunch meeting on ‘Business and Human Rights: Enhancing Standards and Ensuring Redress’ on 4 June 2014.
The meeting will discuss the needs and options for enhancing international law and standards pertaining to the transnational operation of business enterprises, with a particular emphasis on ensuring redress for victims of human rights abuses.
The meeting will be moderated by Geneviève Paul, Head of Globalisation and Human Rights for FIDH. Speakers will be Bertrand Swiderski, Sustainability Director for the Carrefour Group; Regine Barth, Head of Environmental Law & Governance Division at the Oko-Institut; Debbie Stothard, FIDH Secretary-General and Coordinator of the Alternative ASEAN Network on Burma; and Carlos Lopez, Senior Legal Adviser at the International Commission of Jurists.
FIDH-ICJ-BHRStandardsAndRedress-Event-2014 (download flyer in PDF)
May 22, 2014 | Incidencia
En el presente informe la CIJ llama a la atención del Comité las debilidades del sistema legal y judicial del Estado colombiano y sus falencias en relación a su deber de protección de niños y niñas de comunidades locales y afrodescendientes en zonas de conflicto.
La CIJ solicita al Comité pedir información al Estado sobre las medidas y acciones desplegadas para la protección de los niños, niñas y adolescentes ante las actividades y operaciones de las empresas con actividad en la jurisdicción Colombiana, y para revisar el Plan de Acción Nacional o incluir en los distintos planes o programas sectoriales medidas concretas para proteger los derechos del Niño ante las actividades y operaciones de las empresas.
El informe hace referencia a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Operación Génesis, en la cual se vulneraron derechos de comunidades afrodescendientes, incluidos niños.
La Corte, en base al Articulo 5 de la Convención Americana, se refiere a la Convención de derechos del Niño, y condena a Colombia por no adoptar las medidas necesarias para proteger a los niños y a las niñas de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica ante las actividades de explotación forestal y la actividad de concesión de CODECHOCÓ, ha vulnerado su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo (art. 6), derecho a la salud (art. 24) y el derecho a un nivel adecuado de vida (art. 27).
Asimismo se han vulnerado otros derechos de la Covención. Al respecto la CIJ solicita al Comité que pida información a Colombia sobre las medidas adoptadas o por adoptarse por el Gobierno Colombiano para hacer efectivo el fallo de la Corte Interamericana, especialmente su obligación de investigar para acabar con la impunidad y sancionar a las empresas que han vulnerado los derechos de los niños, así como en la adopción de las medidas de satisfacción, rehabilitación y restitución especificadas por la Corte, y en particular referidas a los niños.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ha reiterado en otras ocasiones las debilidades del sistema judicial colombiano y especialmente la impunidad de las fuerzas armadas en casos de graves violaciones de derechos humanos donde también hay un factor o motivación económica, y especialmente ante la presencia de compañías transnacionales.
En estos casos, la Comisión Internacional de Juristas ha pedido al Estado colombiano que reforme su Código penal e incorpore el principio de responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de graves violaciones de derechos humanos.
En el mismo informe, redactado con motivo del Examen Periódico Universal en 2013, la CIJ exhortó al Estado a mejorar la capacidad técnica de la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación para investigar casos complejos con presencia de actores del sector privado.
A este respecto, la CIJ solicita al Comité que pida a Colombia información sobre las medidas tomadas para fortalecer su marco normativo y su capacidad de investigación y juzgamiento de casos donde se encuentran involucradas empresas.
Colombia-CRC68PSWG-LOI-LegalSubmission-2014 (PDF, español)
May 22, 2014
En el presente informe la CIJ llama a la atención del Comité las debilidades del sistema legal y judicial del Estado colombiano y sus falencias en relación a su deber de protección de niños y niñas de comunidades locales y afrodescendientes en zonas de conflicto.
May 13, 2014 | News
An ICJ Mission to assess the respect of social rights in the Peruvian agro-export industry concluded a field visit to the country with bleak preliminary conclusions.
The Mission of observers, which included Philippe Texier and lawyers Alberto L. Gomez Z. and Carlos Lopez, focused their assessment in the Valley of Ica, south of Lima. On Wednesday 7 May, the Mission shared their visit conclusions with the Sub-committee on Labour and Social Security of the Peruvian Parliament.
Philippe Texier, former judge at the Court of Cassation of France and former chair of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, told the Parliamentary Sub-committee that conditions of work in the agroexport industry are precarious, allow cases of child labour and fall generally short of international standards accepted by Peru through international conventions.
The final report of the Mission panel will be released at a later stage after additional research and consultation is carried out.
While in Peru, the panel held meetings in Lima and in Ica with a wide range of trade unions, labour and health authorities, local NGOs, experts, individual workers and even working children.
The experts also paid visits to the field to see workers and children, were interviewed by IDL Radio and made a presentation of preliminary conclusions to the Parliamentary Sub-Committee on Labour and Social Security.
The agro-export industry in Peru mainly produces asparagus, mangoes, avocado pears, paprika and grapes, most of which is exported to Europe and North America.
It has experienced exponential growth during the last decade, where important national and international investments were made in this industry.However, economic growth has not been matched with improvements in social conditions of workers and the local population.
Contact:
Carlos Lopez, Director, Business and Human Rights, carlos.lopez(a)icj.org +41 22 979 3816
Apr 17, 2014
The conduct of international financial institutions (IFIS) often has a substantial, sometimes adverse, impact on the enjoyment of human rights of persons affected directly or indirectly by their activities.
