Elección de fiscal general en Guatemala: falta de independencia de los miembros de la comisión de postulación

Apr 4, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias

La CIJ está hondamente preocupada ante la falta de independencia de los miembros de la comisión de postulación para la elección de fiscal general.

Desde el 27 de agosto de 2017, cuando el Presidente de la República declaró “persona non grata” al Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Iván Velásquez (foto), el Estado de Derecho de Guatemala viene siendo seriamente afectado por diferentes funcionarios al más alto nivel.

En dicha ocasión, la Corte de Constitucionalidad jugó un papel primordial en la defensa del Orden Constitucional y a favor del rescate del Estado de Derecho, al emitir varias resoluciones que lograron detener las acciones ilegítimas, que intentaron implementar al más alto nivel, el Presidente de la República y las y los diputados del Congreso de la República, para consolidar la impunidad.

En este contexto, se ha llevado a cabo la primera fase de la elección de Fiscal General por parte de la Comisión de Postulación. Informes, como el de la organización “Insight Crime”, señalan que los miembros de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General, en lugar de actuar para cumplir correctamente con su mandato constitucional y coadyuvar para que el Estado de Guatemala logre alcanzar el bien común, lo hacen únicamente para satisfacer intereses de grupos vinculados al poder político, económico o militar.

Este actuar arbitrario socava el Estado de Derecho y provoca que la ciudadanía en general pierda la credibilidad en las instituciones de justicia y en el Estado de Derecho.

La CIJ considera oportuno recordar, en este momento del proceso de elección de Fiscal General, a los miembros de la Comisión de Postulación, que son funcionarios públicos sujetos a la Constitución Política de la República de Guatemala, a los Convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala, a las leyes ordinarias y a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad en la materia.

La Constitución prescribe que el nombramiento en empleos o cargos públicos sólo se debe hacer sobre “razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez” (artículo 133).

En ese contexto, la CIJ recuerda el precedente de la elección de Fiscal General en el año 2010, cuando la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir y reiniciar todo el proceso. En dicha oportunidad, varios de los comisionados tuvieron que inhibirse y se retiraron del proceso. Cuatro de dichos comisionados, vuelven a integrar hoy la Comisión de Postulación, lo cual introduce más dudas acerca de la legitimidad del proceso.

La CIJ recuerda que, para la realización de investigaciones independientes e imparciales, que garanticen el acceso a la justicia de las víctimas de los delitos y para romper el círculo de la impunidad, es fundamental que la Fiscalía pueda llevar a cabo su labor de modo independiente, autónomo e imparcial.

En ese sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator de las Naciones Unidas para la Independencia de los Magistrados y Abogados, han señalado que la relación de dependencia que puedan tener la Fiscalía respecto de otros órganos – como el Poder Ejecutivo- puede tener un impacto negativo en su actuación independiente e imparcial, socavar la efectividad de las investigaciones y ser un factor de impunidad.

La CIJ considera que el “pacto de impunidad” que está en marcha, pretende cooptar al Ministerio Público y afectar el buen trabajo que realiza el comisionado Iván Velásquez, a favor de la lucha contra la impunidad.

De llegar a ser electo un o una Fiscal General que no reúna los requisitos establecidos en el artículo 113 de la Constitución, el daño a la sociedad guatemalteca en su conjunto, puede llegar a ser de múltiples dimensiones, difíciles de cuantificar y causar “daños irreparables al sistema de justicia”, por su falta de independencia frente a cualquiera de los tres poderes del Estado o por su compromiso de defender los intereses de grupos del poder político, económico, militar o del crimen organizado.

La CIJ esta hondamente preocupada por el hecho de que exista un potencial conflicto de intereses por parte del Presidente de la República en el proceso de seleción y nombramiento del Fiscal General, toda vez que el primer mandatario ha sido sido cuestionado por su posible involucramiento en el Caso Hogar Seguro, en el que resultaron muertas 41 niñas, hechos que deben ser investigados por el Ministerio Público y además, su hijo y hermano están siendo procesados por casos denunciados por el Ministerio Público y vinculados a la lucha contra la corrupción.

Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América, expresó: “La decisión final de la Comisión de Postulación deberá estar bien fundamentada y de ninguna manera podrán elegir personas que no reunan las condiciones previstas por el artículo 113 de la Constitución, que generen la más mínima duda con respecto a su independencia, honestidad e idoneidad o que resulten ser parte del pacto de impunidad existente.”