Apr 4, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ está hondamente preocupada ante la falta de independencia de los miembros de la comisión de postulación para la elección de fiscal general.
Desde el 27 de agosto de 2017, cuando el Presidente de la República declaró “persona non grata” al Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Iván Velásquez (foto), el Estado de Derecho de Guatemala viene siendo seriamente afectado por diferentes funcionarios al más alto nivel.
En dicha ocasión, la Corte de Constitucionalidad jugó un papel primordial en la defensa del Orden Constitucional y a favor del rescate del Estado de Derecho, al emitir varias resoluciones que lograron detener las acciones ilegítimas, que intentaron implementar al más alto nivel, el Presidente de la República y las y los diputados del Congreso de la República, para consolidar la impunidad.
En este contexto, se ha llevado a cabo la primera fase de la elección de Fiscal General por parte de la Comisión de Postulación. Informes, como el de la organización “Insight Crime”, señalan que los miembros de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General, en lugar de actuar para cumplir correctamente con su mandato constitucional y coadyuvar para que el Estado de Guatemala logre alcanzar el bien común, lo hacen únicamente para satisfacer intereses de grupos vinculados al poder político, económico o militar.
Este actuar arbitrario socava el Estado de Derecho y provoca que la ciudadanía en general pierda la credibilidad en las instituciones de justicia y en el Estado de Derecho.
La CIJ considera oportuno recordar, en este momento del proceso de elección de Fiscal General, a los miembros de la Comisión de Postulación, que son funcionarios públicos sujetos a la Constitución Política de la República de Guatemala, a los Convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala, a las leyes ordinarias y a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad en la materia.
La Constitución prescribe que el nombramiento en empleos o cargos públicos sólo se debe hacer sobre “razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez” (artículo 133).
En ese contexto, la CIJ recuerda el precedente de la elección de Fiscal General en el año 2010, cuando la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir y reiniciar todo el proceso. En dicha oportunidad, varios de los comisionados tuvieron que inhibirse y se retiraron del proceso. Cuatro de dichos comisionados, vuelven a integrar hoy la Comisión de Postulación, lo cual introduce más dudas acerca de la legitimidad del proceso.
La CIJ recuerda que, para la realización de investigaciones independientes e imparciales, que garanticen el acceso a la justicia de las víctimas de los delitos y para romper el círculo de la impunidad, es fundamental que la Fiscalía pueda llevar a cabo su labor de modo independiente, autónomo e imparcial.
En ese sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator de las Naciones Unidas para la Independencia de los Magistrados y Abogados, han señalado que la relación de dependencia que puedan tener la Fiscalía respecto de otros órganos – como el Poder Ejecutivo- puede tener un impacto negativo en su actuación independiente e imparcial, socavar la efectividad de las investigaciones y ser un factor de impunidad.
La CIJ considera que el “pacto de impunidad” que está en marcha, pretende cooptar al Ministerio Público y afectar el buen trabajo que realiza el comisionado Iván Velásquez, a favor de la lucha contra la impunidad.
De llegar a ser electo un o una Fiscal General que no reúna los requisitos establecidos en el artículo 113 de la Constitución, el daño a la sociedad guatemalteca en su conjunto, puede llegar a ser de múltiples dimensiones, difíciles de cuantificar y causar “daños irreparables al sistema de justicia”, por su falta de independencia frente a cualquiera de los tres poderes del Estado o por su compromiso de defender los intereses de grupos del poder político, económico, militar o del crimen organizado.
La CIJ esta hondamente preocupada por el hecho de que exista un potencial conflicto de intereses por parte del Presidente de la República en el proceso de seleción y nombramiento del Fiscal General, toda vez que el primer mandatario ha sido sido cuestionado por su posible involucramiento en el Caso Hogar Seguro, en el que resultaron muertas 41 niñas, hechos que deben ser investigados por el Ministerio Público y además, su hijo y hermano están siendo procesados por casos denunciados por el Ministerio Público y vinculados a la lucha contra la corrupción.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América, expresó: “La decisión final de la Comisión de Postulación deberá estar bien fundamentada y de ninguna manera podrán elegir personas que no reunan las condiciones previstas por el artículo 113 de la Constitución, que generen la más mínima duda con respecto a su independencia, honestidad e idoneidad o que resulten ser parte del pacto de impunidad existente.”
Mar 22, 2018 | News
The ICJ has been awarded a grant from the Royal Norwegian Embassy in Mexico to continue its work in the area of independence of the judiciary in Guatemala.
This initiative titled “Strengthening the rule of law in Guatemala, Phase II” aims to strengthen domestic compliance with, and implementation of, international standards providing for judicial independence through the training of judges, raising awareness on this topic, as well as providing support to judges at risk.
The ICJ will be working together with the Mayan Association of Lawyers and Notaires of Guatemala as a partner in this action, through a sub grant of 1,622,801 NOK.
Guatemala-Grant Agreement with Norway-2018-ENG (full grant agreement, in PDF)
Mar 13, 2018 | Agendas, Events, Human Rights Council, News, Work with the UN
This side event to the 37th Session of the United Nations Human Rights Council takes place on Friday, 16 March 2018, from 12.00 to 13.30, Room XXVII, Palais des Nations, Geneva. It is co-sponsored by the ICJ.
Peruvian and international human rights organizations join forces in international forums such as the UN Human Rights Council to debate the impact of the pardon and grace granted to Alberto Fujimori on the rights to truth, justice and reparation of the victims of grave human rights violations, and full compliance with Peru´s international human rights obligations.
Moderator
- Mr. Carlos Lopez – Senior Legal Adviser, International Commission of Jurists
Panelists
- Mr. Jorge Bracamonte – Executive Secretary, National Humans Rights Coordinator Peru
- Ms. Carmen Rosa Amaro Condor – Human rights activist, sister of Armando Amaro
Condor, student murdered and disappeared in “La Cantuta” massacre
- Mr. Joel Jabiles – Advocacy and Campaigns Coordinator, Amnesty International
Follow the event on Facebook Live at @ridhglobal
Language: English and Spanish – light refreshments will be served as of 11 :50
Mar 13, 2018 | Uncategorized
Este evento paralelo – 37º período de sesiones, Consejo de Derechos Humanos, ONU – tendrá lugar el Viernes, 16 de marzo de 2018, 1200 m-1330, Sala XXVII, Palacio de las Naciones, Ginebra, con el apoyo de la CIJ.
Organizaciones peruanas e internacionales de derechos humanos unen fuerzas en foros internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para debatir el impacto del indulto y la gracia otorgadas a Alberto Fujimori sobre los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, y el pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos de Perú.
Moderador
- Sr. Carlos López – Asesor Legal Principal, Comisión Internacional de Juristas
Panelistas
- Sr. Jorge Bracamonte – Secretario Ejecutivo, Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos Perú
- Sra. Carmen Rosa Amaro Condor – Activista de derechos humanos, hermana de
Armando Amaro Cóndor, estudiante asesinado y desaparecido en la masacre de “La
Cantuta”
- Sr. Joel Jabiles – Coordinador de campañas e incidencia, Amnistía Internacional
Sigue el evento en Facebook Live en @ridhglobal
Idioma: inglés y español – Se servirán refrigerios ligeros a partir de las 11:50
Mar 12, 2018 | News
As they begin the appointment process, the Tunisian authorities must ensure that selection of members of the Constitutional Court are made in compliance with international standards on the independence of the judiciary, the ICJ said today.
This must happen through an open and transparent process and based on prescribed, objective criteria of merit, integrity, and equality before the law, the ICJ adds.
The 2014 Constitution and the Organic Law no. 50 of 2015 on the establishment of the Constitutional Court provide that three bodies are responsible for appointing the 12 members of the Constitutional Court.
These are the Assembly of People’s Representatives (ARP), the High Judicial Council, and the President of the Republic, which each body appointing four out of the 12 members successively.
The Constitution and the Organic Law also provide that members must have 20 years of professional experience and nine of them should have advanced legal expertise.
Over the past three weeks, the ARP has been reviewing the candidates for the Constitutional Court and the election of first four members is due to take place in a general plenary on Tuesday, 13 March 2018.
“Ensuring that the selection and appointment of all members of the Constitutional Court is made on the basis of their legal qualifications, competence and personal integrity is absolutely necessary to the strengthening of rule of law and the protection of human rights in Tunisia” said Said Benarbia, Director of the ICJ Middle East and North Africa Programme.
“In electing the four members, the ARP should ensure that these criteria are fully met, and that the process safeguards against appointments for improper motives, including political considerations and arrangements between political groups,” he added.
The Tunisian authorities should also ensure that the composition of the Constitutional Court reflects the diversity of the community it serves, including by ensuring the equal representation of women in the Court, as well as a significant representation of minority groups.
In a previous memorandum, the ICJ has also urged the authorities to ensure that the selection process guarantees the independence of the institution and of the individual judges in compliance with international standards.
Contact
Said Benarbia, Director of the ICJ Middle East and North Africa Programme, tel: +41798783546, email: said.benarbia(a)icj.org
Background
Article 11 and 12 of Law no. 50 of 2015 provides that the election of candidates by the Parliament and the High Judicial Council shall take place through a secret ballot with the vote of a majority of two-thirds of their members. Article 13 provides that the President of the Republic appoints the last four members of the Constitutional Court.
The 2014 Constitution requires the establishment of the Constitutional Court within a year after the legislative elections. Four years later, and despite the entry into force of Law no. 50 in 2015, the Constitutional Court has not yet been established.
Tunisia-PR-Constitutional-Court-2018-ARA (Full Text in Arabic, PDF)
