Apr 30, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ enumera varias consideraciones y recomendaciones para asegurar la elección de un Fiscal General independiente.
La CIJ expresa:
1. La Junta Proponente para la elección del Fiscal General deberá llevar a cabo un proceso público y transparente, con el objeto de devolver al pueblo de Honduras la credibilidad en la justicia y presentar al Congreso Nacional una nómina de 5 personas seleccionadas por razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad, independencia, integridad moral y honestidad. En la segunda fase, el Congreso Nacional también deberá de implementar un proceso público y transparente, que permita nuevamente la fiscalización por parte de la sociedad hondureña del proceso de elección de la cabeza del Ministerio Público.
2. En la primera fase, la Junta Proponente debería utilizar las herramientas del perfil, tabla de gradación y entrevista pública, con el objeto de determinar a fondo si la o el profesional reúne las condiciones para ser preseleccionada por razones fundadas en méritos de capacidad, honestidad, independencia, integridad moral e idoneidad y no únicamente por predilecciones o prejuicios. La CIJ ha podido constatar en procesos similares anteriores, que la Junta Proponente cumple con los requerimientos formales, pero no hace un esfuerzo para seleccionar a los mejores candidatos y cumplir así con los estándares internacionales sobre el fondo de la elección, y en particular las Directrices sobre las funciones de los fiscales, de las Naciones Unidas.
3. Dado el controvertido desempeño en la función del actual Fiscal General, la CIJ considera que no es recomendable su reelección, toda vez que existen legítimas y serias dudas de que no reúna las condiciones establecidas por los estándares internacionales. En este sentido, es necesario e importante, investigar y definir si el Fiscal General actual, actuó con absoluta independencia y honestidad durante su gestión.
4. La Junta Proponente y el Estado de Honduras deben asegurar que el proceso de elección del próximo Fiscal General en todas sus fases, garantice una elección de personas únicamente basada en méritos, idoneidad y competencia profesional e integridad moral y honestidad y no en predilecciones o prejuicios. Ello constituye una salvaguarda fundamental para una recta e independiente administración de justicia y para evitar riesgos de parcialidad del Fiscal General.
5. Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha reconodido la importancia de que los Estados establezcan salvaguardas para evitar las negociaciones entre partidos políticos. La CIJ considera que estas salvaguardas serían necesarias y apropiadas para la actual elección, tomando en cuenta que en Honduras las negociaciones entre partidos políticos, son una práctica constante y reiterada en estos procesos;
6. Si bien es importante la presencia de la Sociedad Civil en la Junta Nominadora, la CIJ pudo constatar que existen razones fundadas para cuestionar dicha participación, por tratarse de un proceso de participación viciado. Así lo ha declarado la Sala Constitucional, al resolver con lugar la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley del Ministerio Público, que habilitaba la participación de un representante de la sociedad civil en la Junta Proponente.
7. En tal sentido, la CIJ considera que la Junta Proponente debería ceñirse a lo establecido en la Ley con respecto a la integración de la dicha Junta. El Presidente de la Junta Proponente debería verificar que todos los miembros de dicha Junta, sean idóneos para integrarla y que cuenten con las calificaciones jurídicas apropiadas, para llevar a cabo tan importante misión con transparencia, independencia, imparcialidad y honestidad.
8. La CIJ insta a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que lleve a cabo una investigación profunda acerca de este proceso y para determinar el cumplimiento de los estándares internacionales, cuyo respeto constituye la principal garantía para que el próximo Fiscal General, sea una persona independiente y electa en base a méritos y no por preferencias.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América expresó: “La o el Fiscal General es una autoridad pública que en nombre de la sociedad y del interés público, debe asegurar la aplicación de la ley y perseguir los delitos. Por ello, el Estado de Honduras debe llevar a cabo un proceso que permita culminar con la elección de un Fiscal General independiente y designado por razones fundadas en méritos y no en predilecciones, y que reuna las condiciones exigidas por los estándares internacionales.”
Apr 12, 2018 | Articles, Nouvelles, Publications
Aujourd’hui, la CIJ a lancé son nouveau rapport Le jugement de civils par des tribunaux militaires au Venezuela. Il n’est cependant disponible qu’en espagnol.
Le rapport analyse le cadre constitutionnel et juridique de la juridiction pénale militaire du Venezuela, sa structure, sa composition et sa compétence.
Le rapport aborde également les graves problèmes d’indépendance de la juridiction pénale militaire vénézuélienne et la pratique du jugement de civils par des tribunaux militaires dans ce pays, à la lumière des normes internationales et des principes de l’Etat de droit.
Il récapitule les recommandations relatives à l’administration de la justice par les tribunaux militaires qui ont été adressées au Venezuela par divers organismes et procédures internationaux de protection des droits de l’Homme, tant au sein des Nations Unies que via le Système interaméricain.
Enfin, le rapport conclut que les tribunaux militaires vénézuéliens ne remplissent pas les conditions nécessaires et inhérentes à une bonne administration de la justice, institué par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et que le jugement de civils par des tribunaux militaires constitue une violation flagrante du droit à un tribunal indépendant, impartial et compétent et est incompatible avec les normes et standards internationaux relatifs à l’administration de la justice.
Venezuela-Civiles Tribunales Militares-Publications-Reports-Thematic Reports-2018-SPA (le rapport complet, en espagnol et en PDF)
Apr 12, 2018 | Artículos, Noticias, Publicaciones
Hoy la CIJ lanza su informe El juzgamiento de civiles por tribunales militares en Venezuela.
El informe analiza el marco constitucional y legal de la jurisdicción penal militar de Venezuela, su estructura, composición y competencia.
Igualmente, el informe aborda los graves problemas de independencia de la jurisdicción penal militar venezolana y la práctica del enjuiciamiento de civiles por los tribunales militares de ese país, a la luz de estándares internacionales y de los principios del Estado de Derecho.
Asimismo el informe relaciona las recomendaciones sobre administración de justicia por tribunales militares que han venido formulando a Venezuela distintos órganos y procedimientos internacionales de protección de los derechos humanos, tanto en el ámbito de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano.
Finalmente, el informe concluye que los tribunales militares venezolanos no satisfacen las condiciones necesarias e inherentes a una recta administración de justicia, establecidas por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que el juzgamiento de civiles por tribunales militares configura una violación flagrante de los derechos a un tribunal independiente, imparcial y competente y es incompatible con las normas y estándares internacionales sobre administración de justicia.
Venezuela-Civiles Tribunales Militares-Publications-Reports-Thematic Reports-2018-SPA (el informe, en PDF)
Apr 12, 2018
Today the ICJ launched its report The Trial of Civilians by Military Courts in Venezuela (available only in Spanish).
The report analyzes the constitutional and legal framework of Venezuela’s military justice system, its structure, integration and scope of jurisdiction.
The report addresses the serious problems regarding the independence of the Venezuelan military justice system and the practice of prosecuting civilians by the military courts of that country, in light of international standards and the principles of the rule of law.
It also highlights the recommendations on the administration of justice by military courts that have been made to Venezuela by various international authorities charged with the protection of human rights, both within the United Nations and within the Inter-American System.
The report concludes that the Venezuelan military tribunals do not meet the necessary conditions for a fair administration of justice, including as provided by Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
In particular, it underscores that the trial of civilians by military courts constitutes a violation of the right to an independent, impartial and competent tribunal and is incompatible with international law and standards on the administration of justice.
Venezuela-Civiles Tribunales Militares-Publications-Reports-Thematic Reports-2018-SPA (Full report, in Spanish, in PDF)
Apr 10, 2018 | News
The ICJ and its partner the Democracy Governance and Rights Unit (DGRU) of the University of Cape Town are holding a panel discussion on selection and appointment of judges within the auspices of the Launch of the Global Judicial Integrity Network.
This new Network is being launched by the UN Office on Drugs and Crime (UNODC) in Vienna, Austria on today.
The panel is aimed at discussing the implementation and monitoring of guidelines on the best practice for the appointment of judges (“guidelines”).
The Southern Africa Chief Justices’ Forum (SACJF) mandated the development of these guidelines through its Concluding Communiqué during the 2015 Annual Conference of East and Southern Africa Chief Justices, held at Victoria Falls in Zimbabwe.
The ICJ and the DGRU have been working on developing the guidelines, together with a subcommittee of the SACJF, with the aim of seeing them adopted at the SACJF’s annual general meeting to be held this year between August and September in Malawi.
“The UNODC Judicial Integrity Network launch in Vienna, Austria 9-10 April 2018 gives us an excellent opportunity to start thinking a bit further down the line, and identify, anticipate and develop responses to problems that may be experienced in implementing the guidelines at a national level,” said Arnold Tsunga, Africa Director of the ICJ.
While many very good standards have been developed and adopted in Africa in the field of human rights, rule of law, and good governance, a major challenge has been to see the standards implemented in practice.
“In addition to highlighting relevant global standards, the ICJ will also present its experiences from around the world in monitoring and overcoming obstacles to implementation of such guidelines,” said Matt Pollard the Director of the Centre for Independence of Judges and Lawyers at the ICJ.
“This should contribute to planning for effective implementation of the Southern African guidelines, and be of interest to the broader audience at the launch of the UNODC global network on judicial integrity.”
The panel to be moderated by Arnold Tsunga includes Hon. Sanji Monageng, ICJ Commissioner and Justice, International Criminal Court; Mr. Jan van Zyl Smit, Associate Senior Research Fellow, Bingham Centre for the Rule of Law; Mr. Christopher Oxtoby, Senior Researcher, Democratic Governance and Rights Unit, University of Cape Town; Mr Matt Pollard, Senior Legal Adviser and Director, CIJL, ICJ.
Fore more information contact Arnold Tsunga on arnold.tsunga@icj.org (+27716405926) or Matt Pollard on <matt.pollard@icj.org> (+41 79 246 54 75)
Universal – Vienna Panel on Selection – News – Webstory – ENG – 2018 (Further information in PDF)
