Mar 25, 2015 | Incidencia
La Comisión Colombiana de Juristas afiliada a la Comisión Internacional de Juristas resaltan el valioso aporte de la Oficina del Alto Comisionado durante estos 18 años en Colombia.
25° período de sesiones, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
Tema 2 de la agenda, Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia (A/HRC/28/3/Add.3)
Situación de derechos humanos en Colombia
25 de marzo de 2015
Señor Presidente:
La Comisión Colombiana de Juristas afiliada a la Comisión Internacional de Juristas resaltan el valioso aporte de la Oficina del Alto Comisionado durante estos 18 años en Colombia: tiene oficinas en varias regiones y trabaja con comunidades afectadas por el conflicto armado; ha contribuido “a cambios positivos a través de su observación, incidencia, declaraciones públicas, buenos oficios y cooperación técnica”; “[h]a presentado informes periódicos a entidades gubernamentales; ha actuado como garante en conflictos (…); ha interactuado a diario con el Estado y la sociedad civil para encontrar soluciones a los desafíos de derechos humanos (…); y ha contribuido al fortalecimiento de las instituciones” (párrafo 2).
Pese a ciertos avances en derechos humanos, el Informe anual resalta los retos en materia de implementación, falta de voluntad política para aceptar la responsabilidad por violaciones del pasado1, desigualdades económicas y “un acceso asimétrico a los derechos y a los servicios públicos” (párrafo 14). Además, Colombia todavía actúa en contra de sus obligaciones internacionales, como sucede con el derecho a la consulta previa (párrafo 26) o la ampliación de la justicia militar (párrafo 60). Adicionalmente, Colombia no recibe procedimientos especiales desde 2010, aunque cuenta con una invitación permanente y seis mandatos han solicitado visita2.
Después de 18 años invertidos en el país, la Oficina sigue siendo los ojos de la comunidad internacional para derechos humanos, y el acompañante o asesor del Estado en el diseño de sus políticas (párrafos 16, 29, 34, 60).
Según el Informe, el Gobierno y las FARC-EP han logrado avances sin precedentes para poner fin al conflicto armado (párrafo 6). Si “[l]a perspectiva de una salida negociada al conflicto (…) y el crecimiento económico proporcionan una oportunidad única para ampliar la presencia del Estado, hacer frente a la desigualdad y mejorar la situación de los derechos humanos” (párrafo 19), indiscutiblemente la Oficina del Alto Comisionado en Colombia es una inversión clave, y no es de corto plazo.
Gracias señor Presidente.
1 El párrafo 58 dice: “El rechazo de responsabilidades por parte de las fuerzas armadas y de sus superiores políticos perpetúa la impunidad, socava la legitimidad institucional y erosiona el estado de derecho”.
2 Colombia cuenta con una invitación permanente a los procedimientos especiales de la ONU desde el 17 de marzo de 2003. Sin embargo, desde inicios de 2012 no ha aceptado ninguna visita, aunque los mandatos sobre extrema pobreza, personas internamente desplazadas, violencia contra la mujer, afrodescendientes, mercenarios y alimentación han solicitado visitar el país.
Mar 25, 2015 | Advocacy, Non-legal submissions
La Comisión Colombiana de Juristas afiliada a la Comisión Internacional de Juristas resaltan el valioso aporte de la Oficina del Alto Comisionado durante estos 18 años en Colombia.
25° período de sesiones, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
Tema 2 de la agenda, Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia (A/HRC/28/3/Add.3)
Situación de derechos humanos en Colombia
25 de marzo de 2015
Señor Presidente:
La Comisión Colombiana de Juristas afiliada a la Comisión Internacional de Juristas resaltan el valioso aporte de la Oficina del Alto Comisionado durante estos 18 años en Colombia: tiene oficinas en varias regiones y trabaja con comunidades afectadas por el conflicto armado; ha contribuido “a cambios positivos a través de su observación, incidencia, declaraciones públicas, buenos oficios y cooperación técnica”; “[h]a presentado informes periódicos a entidades gubernamentales; ha actuado como garante en conflictos (…); ha interactuado a diario con el Estado y la sociedad civil para encontrar soluciones a los desafíos de derechos humanos (…); y ha contribuido al fortalecimiento de las instituciones” (párrafo 2).
Pese a ciertos avances en derechos humanos, el Informe anual resalta los retos en materia de implementación, falta de voluntad política para aceptar la responsabilidad por violaciones del pasado1, desigualdades económicas y “un acceso asimétrico a los derechos y a los servicios públicos” (párrafo 14). Además, Colombia todavía actúa en contra de sus obligaciones internacionales, como sucede con el derecho a la consulta previa (párrafo 26) o la ampliación de la justicia militar (párrafo 60). Adicionalmente, Colombia no recibe procedimientos especiales desde 2010, aunque cuenta con una invitación permanente y seis mandatos han solicitado visita2.
Después de 18 años invertidos en el país, la Oficina sigue siendo los ojos de la comunidad internacional para derechos humanos, y el acompañante o asesor del Estado en el diseño de sus políticas (párrafos 16, 29, 34, 60).
Según el Informe, el Gobierno y las FARC-EP han logrado avances sin precedentes para poner fin al conflicto armado (párrafo 6). Si “[l]a perspectiva de una salida negociada al conflicto (…) y el crecimiento económico proporcionan una oportunidad única para ampliar la presencia del Estado, hacer frente a la desigualdad y mejorar la situación de los derechos humanos” (párrafo 19), indiscutiblemente la Oficina del Alto Comisionado en Colombia es una inversión clave, y no es de corto plazo.
Gracias señor Presidente.
1 El párrafo 58 dice: “El rechazo de responsabilidades por parte de las fuerzas armadas y de sus superiores políticos perpetúa la impunidad, socava la legitimidad institucional y erosiona el estado de derecho”.
2 Colombia cuenta con una invitación permanente a los procedimientos especiales de la ONU desde el 17 de marzo de 2003. Sin embargo, desde inicios de 2012 no ha aceptado ninguna visita, aunque los mandatos sobre extrema pobreza, personas internamente desplazadas, violencia contra la mujer, afrodescendientes, mercenarios y alimentación han solicitado visitar el país.
Mar 20, 2015 | Advocacy, Non-legal submissions
Today, the ICJ made a submission to the Universal Periodic Review of Australia.
The submission brings to the attention of the members of the Human Rights Council’s Working Group issues concerning:
- The treatment of asylum-seekers and Australia’s attacks against international refugee law;
- The treatment of aboriginal and Torres Strait Islander peoples;
- The weakening and undermining of the Australian Human Rights Commission; and,
- International instruments and mechanisms.
Australia-UPR-Advocacy-2015-ENG
Feb 11, 2015
The ICJ presented its opinion in regard to the case of Oleg Evloev v. Kazakhstan. The underlying matters in the proceeding had been the subject of a decision by the UN Committee against Torture (CAT).
The ICJ outlined the States’ obligations under the UN Convention Against Torture, the Procedure under Article 22 of the Convention, as well as the National Courts’ role vis-a-vis the decisions of the CAT.
Contact:
Róisín Pillay, Director, Europe Programme, roisin.pillay(a)icj.org
Temur Shakirov, Legal Adviser, Europe Programme, temur.shakirov(a)icj.org
Russia-Evloev expert opinion-Advocacy-analysis brief-2015-eng (full text in PDF)
Russia-Evloev expert opinion-Advocacy-analysis brief-2015-rus (full text in PDF)
Sep 24, 2014
The ICJ today joined 42 other NGOs to express deep concern regarding proposed amendments to the draft resolution on civil society space at the UN Human Rights Council.
The draft resolution on civil society space identifies key elements required to ensure that civil society can exercise its critical role in strengthening democracy, providing essential services, and promoting human rights.
It reaffirms States’ existing obligations under international human rights law to guarantee the rights to freedom of expression, assembly and association, and public participation, among other rights, and to protect civil society space and actors from threats, attacks or reprisals. The Resolution, if adopted, would be an important contribution to efforts to bridge implementation gaps and overcome obstacles in protecting civil society space.
However, in the days before the resolution is to be considered for adoption by the Council, some States have presented amendments that seek to undermine the spirit of the resolution and to detract from States’ obligations to protect and promote civil society space.
In a joint open letter, the 43 NGOs explain why each of the proposed amendments is unacceptable, and calls on all member States of the Council to support the draft resolution as tabled, and vote against the proposed amendments should they be brought to a vote.
The joint open letter may be downloaded in PDF format here: Universal-CivilSocietySpaceLetter-Advocacy-OpenLetter-2014-ENG
