Un llamado urgente a superar el racismo en Colombia formuló el Relator Especial de Naciones Unidas, señor Doudou Diène, en un informe rendido ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
El experto, de origen senegalés, visitó Colombia del 27 de septiembre al 11 de octubre de 2003. En su informe advierte que las poblaciones indígenas y afrocolombianas, que viven en condiciones socioeconómicas inferiores al resto de la población, son también unas de las comunidades que más sufren los efectos de la violencia en el país.
El Relator destaca el reconocimiento que la Constitución de 1991 hace de la diversidad étnica y cultural. Pero anota que la esperanza de paz y de construcción de una sociedad fundada en el cumplimiento de las leyes se pone en entredicho constantemente debido a la persistencia e intensificación de la violencia. Al respecto, en su presentación oral señaló responsabilidades tanto del Gobierno como de las guerrillas: “Colombia, -dijo- por la prioridad acordada por su gobierno a la opción militar y a la estrategia de ‘seguridad democrática’, más de seguridad que democrática, y los grupos armados, por la proclamación de una ‘legitimidad ideológica’, todos los actores políticos, por esta instrumentalización política y estratégica de la población, incrementan, por la violencia política y los desplazamientos forzados, el sufrimiento y la discriminación de las minorías”.
En su informe escrito, más extenso que la presentación oral, profundiza ese diagnóstico y concluye que “la dramática situación en Colombia se debe a dos factores: por un lado, el estancamiento político y su corolario, la solución militar como única estrategia para todas las partes, y, por otro, la toma como rehén de la población, que se ve forzada a tomar partido o pagar un terrible costo en sufrimiento humano e indigencia económica y social. La estrategia oficial de ‘seguridad democrática’ se guía más por el imperativo de la seguridad que [por] el interés en la democracia” (doc. E/CN.4/2004/18/Add.3, párr. 42).
En el mismo sentido, el informe observa que “la legitimidad democrática es invocada por el Gobierno electo democráticamente para exigir, mediante declaraciones públicas a todos los niveles de la administración, que la población acepte su planteamiento de la seguridad y sea un agente voluntario y activo de sus operaciones militares y de sus decisiones estratégicas contra los movimientos guerrilleros. La neutralidad, así sea pasiva, de la gente en este contexto es considerada por las fuerzas armadas en el terreno, en el mejor de los casos, [como] hostilidad para con el Gobierno y, en el peor de los casos, [como] connivencia o apoyo de esos movimientos. Por consiguiente, para las fuerzas de seguridad ya no tiene prioridad proteger a la población de la violencia a que la someten los distintos grupos armados, sino utilizarla como instrumento estratégico y reprimirla” (idem, párr. 43).
El Gobierno colombiano, presente en la sala de Naciones Unidas, no reaccionó de inmediato al informe del Relator, a diferencia de como lo hicieron Canadá, Guyana y Costa de Marfil, que también fueron objeto de visita y de informe especial. Más tarde, en el debate general sobre el racismo, el Gobierno de Colombia pidió la palabra para decir que lamentaba que el Relator Especial no hubiera comprendido el sentido integral de la política de seguridad democrática y los efectos positivos que, según las cifras del Gobierno, estaba produciendo en la disminución de los niveles de violencia en el país. Sin embargo, esta afirmación no pudo ser comentada por el Relator porque se hizo por fuera del momento fijado por la Comisión para tener un “diálogo interactivo” sobre su informe.
El Relator expresa también preocupación por la situación de las comunidades raizales de San Andrés y Providencia y los romaníes o gitanos. Sus recomendaciones para superar la discriminación racial en Colombia advierten que debe trabajarse tanto en el plano legal como en el cultural. Así, propone la “aprobación de una ley general contra la discriminación racial y la creación de una comisión nacional contra el racismo y la discriminación a fin de instituir un multiculturalismo democrático e interactivo, con la participación de las comunidades indígenas, afrocolombianas y romaníes y de la sociedad civil, por ejemplo las organizaciones que defienden los derechos humanos y la oposición democrática, y de los representantes de las principales religiones y tradiciones espirituales” (idem, párr. 51, letra d).
De igual manera, recomienda al Gobierno “poner en efecto una estrategia intelectual y ética enderezada tanto a acabar con el profundo arraigo del racismo y de las discriminaciones en la cultura y el modo de pensar como a construir un multicuturalismo solidario, democrático e interactivo” (idem, párr. 51, letra f). Para el efecto, plantea un aprendizaje de la historia de Colombia en la que tengan un lugar apropiado los indígenas, los afrocolombianos, la comunidad romaní y los colombianos de origen europeo, lo cual se puede lograr con el apoyo de la UNESCO. Además, insiste en la construcción de la identidad nacional colombiana, que, según sus palabras, “tiene una sola base y es de composición y expresión pluriétnica y multicultural”.