Varios artículos del proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia permitirían a la Asamblea Nacional ejercer un inaceptable control sobre dicho Tribunal, dijó la CIJ.
“El proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su actual redacción, resultaría en una subordinación inaceptable de dicho tribunal al poder político”, dijo Linda Besharaty-Movaed, Consejera Legal del Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la CIJ.
En una carta dirigida hoy al Sr. Presidente Hugo Chávez,la CIJ expresó su profunda preocupación frente al proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Dicho proyecto contiene artículos que permitirán a la Asamblea aumentar o disminuir, mediante un procedimiento sumamente simplificado, el número de Magistrados del Tribunal. Esta ausencia de salvaguardas para modificar la composición del Tribunal Supremo va en detrimento de la independencia de dicho órgano judicial. Asimismo, preocupan las declaraciones de ciertos miembros de la Asamblea Nacional en las que manifestaron su intención de aprobar el proyecto de Ley Orgánica por mayoría absoluta en lugar de la mayoría calificada exigida por la Constitución venezolana.
Pero el aspecto más inquietante del mencionado proyecto consiste en la facultad que tendrá la Asamblea Nacional para declarar nulo, por mayoría absoluta, el nombramiento de cualquier Magistrado del Tribunal, dando lugar a remociones sujetas a criterios políticos. Estas “remociones encubiertas” podrán llevarse a cabo en violación de requisitos constitucionales, tales como la mayoría de dos tercios prevista para toda remoción y la participación del Poder Ciudadano.
Asimismo, la independencia del Poder Judicial se ve también atacada desde otros flancos. En particular, el Sr. Presidente ha atacado verbalmente tanto a los jueces como a las sentencias de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, llegando incluso a llamar a la desobediencia. A su vez, el pasado 23 de septiembre la policía venezolana (DISIP) allanó por más de seis horas la Corte Primera en conexión con la detención de un funcionario de dicho órgano judicial. Estos ataques e intimidaciones constituyen graves violaciones a la independencia del Poder Judicial y a la de sus jueces.
“Todo ataque a la independencia de la Judicatura, ya sea mediante una ley que la someta a control político o mediante allanamientos y descalificaciones verbales es inaceptable. Llamamos al Gobierno venezolano a respetar la independencia del Poder Judicial y cesar en sus ataques contra miembros de dicho Poder”, agregó Linda Besharaty-Movaed.