May 31, 2006
Para ser compatible con el pleno respeto de los derechos humanos, la jurisdicción de los tribunales militares debe estar limitada a delitos estrictamente ligados a la función militar; esto es, a hechos delictivos que afecten exclusiva o esencialmente un bien de carácter militar.
Las violaciones de derechos humanos, entre las que se incluyen las desapariciones forzadas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, no caen bajo la esfera de acciones ejercidas en el marco de funciones militares y, en consecuencia, su investigación, enjuiciamiento y castigo corresponde, exclusivamente, a los tribunales de justicia ordinarios. Asimismo, para ser compatible con el pleno respeto de los derechos humanos, la jurisdicción de los tribunales militares debe garantizar plenamente el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial de los militares justiciables de los tribunales militares.
En consecuencia, la aprobación de los proyectos de ley bajo examen en su redacción actual, que supondría la creación de un fuero personal para miembros de las fuerzas armadas, violentaría los principios del derecho internacional de los derechos humanos antes descritos así como las obligaciones internacionales de Guatemala. Al sustraer de la jurisdicción ordinaria a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos, se corre el serio riesgo de que dichos crímenes queden impunes, en particular los casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.
Guatemala-law military justice-position paper-2006 (full text in Spanish, PDF)
May 31, 2006
In a legal memorandum addressed to the Guatemalan Congress, the ICJ concludes that, if approved in their current form, the draft laws would entail a significant step back in the fight against impunity in Guatemala. Therefore, the ICJ called on the legislators to introduce a number of key reforms to the draft laws to make them compatible with Guatemala’s international human rights obligations.
May 31, 2006 | News
Draft laws that seek to reform the military justice system in Guatemala contain key provisions that are contrary to international human rights law, said the ICJ today in a legal memorandum addressed to the Congress.
May 31, 2006 | Comunicados de prensa, Noticias
La iniciativa de ley que pretende reformar la justicia militar guatemalteca contiene importantes disposiciones contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, manifestó hoy la CIJ en un memorando legal enviado a los congresistas guatemaltecos.
La aprobación de tal iniciativa supondría un serio retroceso en materia de derechos humanos y constituiría una violación de las obligaciones internacionales de Guatemala.
“Si bien la CIJ comparte la necesidad de reformar una justicia militar decimonónica, instamos al Congreso a que tal reforma se haga conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y sobre una recta administración de justicia”, manifestó la CIJ. “Tras un minucioso análisis, la CIJ no duda en afirmar que la iniciativa de ley redundará en un aumento de la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y por las que pudieran ocurrir en el futuro”.
La principal objeción de la CIJ a la iniciativa de ley es la creación de un fuero personal; esto es, la atribución de jurisdicción a los tribunales militares por todos los delitos cometidos por personal militar. La creación de tal fuero supondría un serio retroceso en materia de derechos humanos en Guatemala ya que sustraería de los tribunales ordinarios a los presuntos autores de violaciones de derechos humanos y aumentaría significativamente la posibilidad de que tales crímenes queden en la impunidad.
“La iniciativa de ley desconoce la vasta jurisprudencia internacional sobre tribunales militares, que establece claramente que la jurisdicción de los tribunales militares debe circunscribirse sólo a delitos estrictamente militares, con total exclusión de las violaciones de derechos humanos”, agregó la CIJ “La aprobación de esta iniciativa implicaría un retroceso de varias décadas en lo que a lucha contra la impunidad se refiere”.
La CIJ instó a los congresistas guatemaltecos a introducir las siguientes reformas a la iniciativa de ley:
- Limitar la jurisdicción de los tribunales militares a miembros de las fuerzas armadas por delitos de naturaleza estrictamente militar y excluir expresamente del ámbito de competencia de tales tribunales los delitos comunes cometidos por personal militar.
- Excluir toda posibilidad de que un tribunal militar ejerza jurisdicción sobre un miembro de las fuerzas armadas por hechos que impliquen una violación de derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de Guatemala, los tratados de que es parte y en el ordenamiento jurídico internacional de los derechos humanos. Estos delitos son de competencia exclusiva de la jurisdicción penal ordinaria.
- Definir claramente los tipos penales que configuran un delito estrictamente militar, con estricto apego al principio de que sólo serán delitos militares aquellos en los que se afecten exclusivamente un bien jurídico militar.
- Retirar el Artículo 7 de la iniciativa de ley procesal penal, que supondría el traspaso de todos los casos no abiertos a juicio a los tribunales militares, por constituir un mecanismo de impunidad contrario a las obligaciones de Guatemala en materia de derechos humanos.
- Revisar el proyecto de ley de organización y funcionamiento de la jurisdicción militar, en particular los artículos 11, 14 y 15, que prescriben como requisito indispensable para formar parte de cualquier tribunal militar el ser un oficial en servicio activo puesto que tal requisito comprometería el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial.
Guatemala-law military justice-press release-2006 (full text, Spanish)
May 25, 2006 | Incidencia
En diciembre de 2005, la CIJ sometió ante la Corte Constitucional un Amicus Curiae en el marco de la demanda de inconstitucionalidad contra la ley 975 de 2005, conocida bajo el nombre de “Ley de Justicia y Paz”.
El 18 de mayo de 2006, la Corte Constitucional confirmó en su fallo que varios artículos de esta ley son contrarios a las obligaciones de Colombia bajo el derecho internacional de los derechos humanos.
Colombia-Justice and Peace Law-legal submission-2006 (full text in Spanish, PDF)
