Fiscal de Derechos Humanos hostigada por su trabajo

Fiscal de Derechos Humanos hostigada por su trabajo

En una carta dirigida al Gobierno de Guatemala, el Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la CIJ manifestó su preocupación frente al hostigamiento del que está siendo víctima una fiscal de derechos humanos.

La CIJ instó al Gobierno a proteger la integridad física de la fiscal y a que investigue las instancias de intimidación que se habrían producido.

Licenciado Oscar Berger Perdomo
Presidente de la República de Guatemala
Casa Presidencial
6 a. Avenida, 4-18 zona 1
Ciudad de Guatemala
Guatemala

Fax: +502 238 3579 / 239 0090

Excelentísimo Sr. Presidente:

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) está compuesta por juristas procedentes de todas las regiones y sistemas legales del mundo dedicados a promover el imperio del derecho y la protección jurídica de los derechos humanos.

El Centro para la Independencia de Jueces y Abogados es parte de la CIJ y tiene como misión la promoción y protección de la independencia de jueces y abogados en todo el mundo.

Hoy nos permitimos manifestarle nuestra preocupación frente a la situación de la Sra. Thelma Inés Peláez Pinnelo de Lam, Fiscal de la Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público, quien está siendo intimidada en razón de su trabajo. Dicha intimidación constituye una violación de estándares internacionales sobre la función de los fiscales.

De acuerdo con la información que hemos recibido, el hostigamiento a la Sra. Peláez de Lam tendría su origen en su actuación profesional y en su negativa de ceder frente a presiones del nuevo Fiscal General, en particular en lo que se refiere a la investigación de los hechos del 24 y 25 de julio de 2003. Aparentemente, el Fiscal General habría instado a la Sra. Peláez de Lam a no continuar con la investigación del nieto del General Efraín Rios Montt, líder del Partido Frente Republicano Guatemalteco, a pesar de la existencia de pruebas que demostrarían su responsabilidad penal. La razón que el Fiscal General habría esgrimido para dicha solicitud es que no quería que se sospechara que se estaba persiguiendo a un grupo de personas de determinada afiliación política.

De acuerdo con la información que hemos recibido, el pasado 11 de marzo el vehículo donde viajaba la Sra. Peláez de Lam fue perseguido por una motocicleta Honda blanca con placas de circulación M-129158 perteneciente al Ministerio de la Defensa Nacional. La motocicleta fue interceptada por los custodios de la Sra. de Lam. Al inquirir los custodios acerca del motivo de la persecución, los tripulantes de la motocicleta quienes se habrían identificado como miembros del Ejército de Guatemala, dijeron que la fiscal debía “dejar las cosas en paz”.

El mismo 11 de marzo, una pick-up con vidrios polarizados y sin placas de circulación habría perseguido por más de una hora al vehículo de la Sra. Peláez de Lam.

Por último, hemos recibido información acerca de una supuesta conversación que la secretaria del Sr. Fiscal habría mantenido con la Sra. Peláez de Lam. En dicha conversación, la secretaria le habría dicho que la única razón por la que no era despedida era porque estaba embarazada.

La CIJ desea expresar su profunda preocupación frente al hostigamiento del que está siendo víctima la Sra. de Lam. En este sentido, nos gustaría llamar su atención a las Directrices sobre la Función de los Fiscales, adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las Directrices no dejan dudas en cuanto al deber de los Estados de garantizar el libre desempeño de las funciones de los fiscales. En particular, la Directriz 4 establece que:

Los Estados garantizarán que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole.

Por otro lado, las Directrices establecen la obligación de los Estados de proteger a los fiscales frente a todo tipo de hostigamiento, independientemente de quien lo lleve a cabo. La Directriz 5 dispone:

Las autoridades proporcionarán protección física a los fiscales y a sus familias en caso de que su seguridad personal se vea amenazada como consecuencia del desempeño de sus funciones.

En lo que se refiere a la supuesta intención de despedir a la Sra. de Lam, nos permitimos recordarle que todo procedimiento de remoción de un fiscal debe cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, deben haber denuncias acerca de una o más faltas disciplinarias por parte de la fiscal en cuestión. En este sentido, la CIJ no ha tomado conocimiento de ninguna denuncia de esta índole contra la Sra. de Lam. En segundo lugar, todo procedimiento de remoción debe cumplir con las garantías de un procedimiento justo, en particular en lo referente a la imparcialidad del órgano que determinará la responsabilidad de la fiscal y el derecho a ser oída. La Directriz 21 establece los requisitos mínimos que todo procedimiento de remoción debe cumplir:

Las faltas de carácter disciplinario cometidas por los fiscales estarán previstas en la ley o en los reglamentos. Las reclamaciones contra los fiscales en las que se alegue que han actuado claramente fuera del marco de las normas profesionales se sustanciarán pronta e imparcialmente con arreglo al procedimiento pertinente. Los fiscales tendrán derecho a una audiencia imparcial. Las decisiones estarán sometidas a revisión independiente.

Por consiguiente, instamos al Gobierno guatemalteco a que tome las medidas necesarias para terminar el hostigamiento del que la Sra. de Lam está siendo víctima. Asimismo, solicitamos a su Gobierno que asegure que la fiscal pueda desempeñar sus funciones sin temor a ser sancionada disciplinariamente. Por último, llamamos a Su Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para proteger la integridad física de la Sra. de Lam y, por otro lado, a que investigue las instancias de intimidación de las que habría sido objeto y a que se persiga penalmente a los autores.

Aprovecho esta oportunidad para enviarle mis más respetuosos saludos.

Ernst Lueber
Secretario General interino

Cc: SE Ricardo Alvarado Ortigoza
Embajador
Misión Permanente de Guatemala ante la ONU en Ginebra
Chemin de Sous-Bois 21
1202 Ginebra
Suiza

Fax: 022 733 1429

Sr. Juan Luis Florido
Fiscalía General del Ministerio Público
8a. Avenida 10-67, Zona 1, Antiguo Edificio del Banco de los Trabajadores
Ciudad de Guatemala
Guatemala

Fax: + 502 221 2718

Licenciado Manuel Arturo Soto Aguirre
Ministro de Gobernación
6a. Avenida 4-64, zona 4, nivel 3
Ciudad de Guatemala
Guatemala

Fax: +502 362 0237/39

Zimbabwe: judicial rulings must be respected

Zimbabwe: judicial rulings must be respected

In a further blow to the independence of the judiciary, the Zimbabwean Government ignored two judicial rulings and used State-controlled media to attack magistrates, the ICJ said today.

La política de seguridad democrática acentúa la discriminación racial en Colombia

La política de seguridad democrática acentúa la discriminación racial en Colombia

Un llamado urgente a superar el racismo en Colombia formuló el Relator Especial de Naciones Unidas, señor Doudou Diène, en un informe rendido ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.

El experto, de origen senegalés, visitó Colombia del 27 de septiembre al 11 de octubre de 2003. En su informe advierte que las poblaciones indígenas y afrocolombianas, que viven en condiciones socioeconómicas inferiores al resto de la población, son también unas de las comunidades que más sufren los efectos de la violencia en el país.

El Relator destaca el reconocimiento que la Constitución de 1991 hace de la diversidad étnica y cultural. Pero anota que la esperanza de paz y de construcción de una sociedad fundada en el cumplimiento de las leyes se pone en entredicho constantemente debido a la persistencia e intensificación de la violencia. Al respecto, en su presentación oral señaló responsabilidades tanto del Gobierno como de las guerrillas: “Colombia, -dijo- por la prioridad acordada por su gobierno a la opción militar y a la estrategia de ‘seguridad democrática’, más de seguridad que democrática, y los grupos armados, por la proclamación de una ‘legitimidad ideológica’, todos los actores políticos, por esta instrumentalización política y estratégica de la población, incrementan, por la violencia política y los desplazamientos forzados, el sufrimiento y la discriminación de las minorías”.

En su informe escrito, más extenso que la presentación oral, profundiza ese diagnóstico y concluye que “la dramática situación en Colombia se debe a dos factores: por un lado, el estancamiento político y su corolario, la solución militar como única estrategia para todas las partes, y, por otro, la toma como rehén de la población, que se ve forzada a tomar partido o pagar un terrible costo en sufrimiento humano e indigencia económica y social. La estrategia oficial de ‘seguridad democrática’ se guía más por el imperativo de la seguridad que [por] el interés en la democracia” (doc. E/CN.4/2004/18/Add.3, párr. 42).

En el mismo sentido, el informe observa que “la legitimidad democrática es invocada por el Gobierno electo democráticamente para exigir, mediante declaraciones públicas a todos los niveles de la administración, que la población acepte su planteamiento de la seguridad y sea un agente voluntario y activo de sus operaciones militares y de sus decisiones estratégicas contra los movimientos guerrilleros. La neutralidad, así sea pasiva, de la gente en este contexto es considerada por las fuerzas armadas en el terreno, en el mejor de los casos, [como] hostilidad para con el Gobierno y, en el peor de los casos, [como] connivencia o apoyo de esos movimientos. Por consiguiente, para las fuerzas de seguridad ya no tiene prioridad proteger a la población de la violencia a que la someten los distintos grupos armados, sino utilizarla como instrumento estratégico y reprimirla” (idem, párr. 43).

El Gobierno colombiano, presente en la sala de Naciones Unidas, no reaccionó de inmediato al informe del Relator, a diferencia de como lo hicieron Canadá, Guyana y Costa de Marfil, que también fueron objeto de visita y de informe especial. Más tarde, en el debate general sobre el racismo, el Gobierno de Colombia pidió la palabra para decir que lamentaba que el Relator Especial no hubiera comprendido el sentido integral de la política de seguridad democrática y los efectos positivos que, según las cifras del Gobierno, estaba produciendo en la disminución de los niveles de violencia en el país. Sin embargo, esta afirmación no pudo ser comentada por el Relator porque se hizo por fuera del momento fijado por la Comisión para tener un “diálogo interactivo” sobre su informe.

El Relator expresa también preocupación por la situación de las comunidades raizales de San Andrés y Providencia y los romaníes o gitanos. Sus recomendaciones para superar la discriminación racial en Colombia advierten que debe trabajarse tanto en el plano legal como en el cultural. Así, propone la “aprobación de una ley general contra la discriminación racial y la creación de una comisión nacional contra el racismo y la discriminación a fin de instituir un multiculturalismo democrático e interactivo, con la participación de las comunidades indígenas, afrocolombianas y romaníes y de la sociedad civil, por ejemplo las organizaciones que defienden los derechos humanos y la oposición democrática, y de los representantes de las principales religiones y tradiciones espirituales” (idem, párr. 51, letra d).

De igual manera, recomienda al Gobierno “poner en efecto una estrategia intelectual y ética enderezada tanto a acabar con el profundo arraigo del racismo y de las discriminaciones en la cultura y el modo de pensar como a construir un multicuturalismo solidario, democrático e interactivo” (idem, párr. 51, letra f). Para el efecto, plantea un aprendizaje de la historia de Colombia en la que tengan un lugar apropiado los indígenas, los afrocolombianos, la comunidad romaní y los colombianos de origen europeo, lo cual se puede lograr con el apoyo de la UNESCO. Además, insiste en la construcción de la identidad nacional colombiana, que, según sus palabras, “tiene una sola base y es de composición y expresión pluriétnica y multicultural”.

Disappearance of human rights lawyer

Disappearance of human rights lawyer

The ICJ’s Centre for the Independence of Judges and Lawyers urged today the Thai Government to conduct an urgent investigation into the disappearance of a well-known human rights lawyer.

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