The ICJ begins a ten-day high-level mission to Colombia today to assess the impact of the “democratic security policy” on human rights, the administration of justice and the rule of law in the country.
La CIJ empieza hoy una misión de alto nivel de diez días en Colombia para evaluar el impacto de la “política de seguridad democrática” sobre los derechos humanos, la administración de justicia y el estado de derecho en el país.
La misión estará compuesta por Mariclaire Acosta (ex-Vicecanciller para los Derechos Humanos del Gobierno de México), Carlos Castresana (Fiscal Anticorrupción español) e Isabelle Heyer, representante del Secretariado de la CIJ.
Durante décadas, Colombia ha sido el escenario de graves y persistentes violaciones de derechos humanos y de derecho humanitario. Dichas violaciones han sido cometidas por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, paramilitares y grupos armados de oposición. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha calificado tales violaciones como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en sus informes.
Desde 2002, y en nombre de la lucha antiterrorista, el Gobierno colombiano ha promovido una nueva política de seguridad llamada política de “seguridad democrática”. En la implementación de esta política, el Gobierno ha adoptado o anunciado diversas medidas, entre las que se encuentran reformas constitucionales y legales y una creciente participación de la población civil en el conflicto armado. Algunas de estas medidas afectan principios básicos del estado de derecho, la administración de justicia y resultan en nuevas formas de violaciones a los derechos humanos tales como las detenciones arbitrarias masivas o individuales.
Asimismo, en el marco del actual proceso de desmovilización paramilitar, el Gobierno ha adoptado y pretende adoptar medidas legales que pueden resultar en la impunidad para los autores de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por consiguiente, la misión de la CIJ evaluará esta situación.
Los miembros de la misión se reunirán con representantes del Gobierno colombiano, miembros del Congreso y del Poder Judicial, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y representantes de la comunidad internacional. Producirán un informe que será difundido internacionalmente y presentado durante la próxima sesión de la Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Colombia-paramillitary-news-2005-spa (en PDF)
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