Peru: new ICJ report identifies barriers to accountability for serious human rights violations

May 12, 2021

Peru has persistently failed to deliver accountability for enforced disappearances and extra-judicial killings, found the ICJ in a report released today.

The baseline study Perú: Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales, Estudio de línea de base (published in Spanish) identifies key obstacles to accountability for serious human rights violations in Peru, particularly for crimes under international law committed during the country’s internal armed conflict (1980-2000).

“There can be no sustainable peace without justice, and providing accountability and ending impunity demand committed implementation of judicial and non-judicial mechanisms”, said Sam Zarifi, Secretary General of the ICJ.

“It is worrisome that the human rights agenda is not a priority for the national government or the justice system. Considering that a new president will be elected soon, it is crucial that the new national government takes measures to prioritize human rights among the public policies. In particular, measures to improve criminal accountability and to provide full and effective reparation to victims should be adopted by the new government as an urgent matter,” he added.

Against a backdrop of ongoing impunity in the country, the ICJ found victims’ rights are not upheld despite the fact they are recognized under the domestic legal framework.

The justice system has handed down less than 100 criminal verdicts on human rights cases related to the armed conflict. The figure is surprisingly low considering that human rights violations and abuses were widespread and systematic during the armed conflict.

In relation to extrajudicial killings alone, the Truth Commission (Comisión de la Verdad y Reconciliación) documented 7,334 cases. In the case of enforced disappearance, the General Direction for the Search for Disappeared Persons (Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas) has documented 21,793 cases.

The study also examined other challenges such as the lack of implementation of reparation programmes, the slow progress in the search for the disappeared, and inadequate domestic legislation on the use of force by law enforcement officers.

Among others, the study recommends Perú should take the following steps:

• Improve the investigation and prosecution of serious human rights violations. To do so, among other measures, Perú should appoint judges and prosecutors exclusively dedicated to these crimes. Similarly, the Prosecution Office should consider not taking a case-by-case approach to investigations. Rather, it should follow a more systematic approach to identifying criminal patterns.
• Guarantee victims’ rights during criminal proceedings. Judicial authorities should ensure that victims can participate in each stage of the criminal proceedings. This is particularly important for videoconferencing hearings. Similarly, victims should have effective access to legal advice from the early stages of the criminal justice process.
• Improve the search for the disappeared. The national government must provide sufficient human and financial resources to ensure that the General Direction for the Search for Disappeared Persons may perform its mission adequately. At the same time, better coordination between the General Direction and the Prosecution Office is necessary. In addition, more effort should be applied to improve victims’ understanding of the Law on the search for disappeared persons (Law 30470).

Background

The baseline study was produced as part of the ICJ’s regional project addressing justice for extrajudicial killings and enforced disappearances in Colombia, Guatemala and Perú, sponsored by the European Union. The baseline study is available in Spanish.

The ICJ has long been monitoring laws, policies and practices concerning the investigation and prosecution of serious human rights violations and abuses in Perú, including enforced disappearances and extrajudicial killings, as part of its efforts to promote accountability, justice and the rule of law around the world.

The project is implemented under the ICJ’s Global Accountability Initiative, which has also produced baseline studies for Colombia, Eswatini, Nepal, Myanmar, Venezuela, Cambodia, Tajikistan and Tunisia.

Contacts:

Kingsley Abbott, Director of Global Accountability & International Justice. Email: kingsley.abbott(a)icj.org

Carolina Villadiego Burbano, Legal and Policy Adviser, Latin America, and Regional Coordinator of the Project. Email: carolina.villadiego(a)icj.org

Rocío Quintero M, Legal Adviser, Latin America. Email: rocio.quintero(a)icj.org

Download

Peru-GRA-Baseline-Study-Publications-Reports-Thematic-reports-2020-SPA (full report in Spanish, PDF)

Perú: nuevo informe de la CIJ identifica barreras para la investigación, judicialización y sanción de graves violaciones de derechos humanos

May 12, 2021

La CIJ ha encontrado que Perú ha fallado de manera persistente en la investigación, judicialización y sanción de los responsables de desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales que se han cometido en el país, según los hallazgos contenidos en un informe que hoy se publica.

El estudio de línea de base Perú: Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales, Estudio de línea de base identifica obstáculos que impiden la rendición de cuentas penal en casos de graves violaciones de derechos humanos en Perú, en particular por crímenes internacionales cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000).

Al respecto, el Secretario General de la CIJ, Sam Zarifi, afirmó que “no puede haber paz sostenible sin justicia y rendición de cuentas. Acabar con la impunidad requiere la implementación decidida de mecanismos judiciales y no judiciales”.

De igual manera, Zarifi remarcó que “es preocupante que la agenda de derechos humanos no sea una prioridad para el gobierno nacional o para el sistema de justicia. Por esto, dado que pronto habrá elecciones presidenciales, es crucial que el nuevo gobierno adopte medidas para priorizar los derechos humanos en las políticas públicas, particularmente aquellas encaminadas a mejorar la rendición de cuentas en materia penal, así como la reparación plena y efectiva de los derechos de las víctimas”.

En el informe, la CIJ concluyó que, en el contexto de impunidad por las graves violaciones de derechos humanos que existe en Perú, los derechos de las víctimas no son garantizados a pesar de estar reconocidos en el marco jurídico nacional. En efecto, el sistema de justicia penal ha dictado menos de 100 sentencias en casos de violaciones de derechos humanos relacionados con el conflicto armado.

La cifra es sorprendentemente baja dado que las violaciones y los abusos fueron generalizados y sistemáticos durante el conflicto. Por ejemplo, solo en relación con las ejecuciones extrajudiciales, la Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó 7.334 casos. Y en el caso de la desaparición forzada, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha documentado 21.793 casos.

La Línea Base también expone otros desafíos, como la falta de implementación de los programas de reparación, el lento avance en la búsqueda de personas desaparecidas y el deficiente marco jurídico nacional respecto de la regulación del uso de la fuerza por parte de la Policía.

Adicionalmente, el documento ofrece recomendaciones para que se mejore la protección de los derechos de las víctimas por parte de las autoridades. Entre estas recomendaciones están:

• Mejorar la investigación y el enjuiciamiento de las graves violaciones de derechos humanos. Para ello, entre otras medidas, Perú debe designar jueces y fiscales dedicados exclusivamente a la investigación y el juzgamiento de estos delitos. Además, la Fiscalía debería considerar un enfoque de investigación más sistemático que le permita identificar patrones delictivos, en lugar de un enfoque caso por caso.
• Garantizar los derechos de las víctimas durante el proceso penal. Las autoridades judiciales deben garantizar que las víctimas puedan participar en cada etapa del proceso penal. Esto es particularmente importante en las audiencias virtuales. De manera similar, las víctimas deben tener acceso efectivo a asesoría legal desde las primeras etapas del procedimiento penal.
• Mejorar la búsqueda de personas desaparecidas. El gobierno nacional debe proporcionar recursos humanos y financieros suficientes para que la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas cumpla con su misión de manera adecuada. Al mismo tiempo, la Dirección y la Fiscalía de la Nación deben fortalecer sus acciones de coordinación. Igualmente, se deben realizar mayores esfuerzos de promoción y divulgación de los contenidos de la Ley de búsqueda de personas desaparecidas (Ley 30470) entre las víctimas.

Antecedentes

Este informe se produjo como parte del proyecto regional de la CIJ “Promoviendo justicia para ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú”, patrocinado por la Unión Europea. El informe está disponible en español.

La CIJ ha monitoreado durante varios años las leyes, políticas y prácticas relacionadas con la investigación y el enjuiciamiento de graves violaciones y abusos de los derechos humanos en el Perú, incluidas las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Lo anterior como parte de su esfuerzo para promover la rendición de cuentas, la justicia y el estado de derecho en el mundo.

El proyecto se implementa bajo la Iniciativa de Rendición de Cuentas de la CIJ, que también ha producido informes para Colombia, Eswatini, Nepal, Myanmar, Venezuela, Cambodia, Tajikistan y Tunisia.

Contacto:

Kingsley Abbott, Director de la Iniciativa Global de Rendición de cuentas de la CIJ. Email: kingsley.abbott@icj.org

Carolina Villadiego Burbano, Asesora Legal para América Latina y Coordinadora regional del proyecto. Email: carolina.villadiego@icj.org

Rocío Quintero M, Asesora Legal para América Latina de la CIJ. Email: rocio.quintero@icj.org

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