The ICJ issued today its Annual Report 2012 in a new format and design. It offers a concise summary of the work carried out by the ICJ over the last year.
This annual report does not contain an accounting of all the activities undertaken by the ICJ in 2012, the examples found in this report are emblematic of ICJ’s work and highlight some of the most important initiatives.
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La CIJ se preocupa de la situación de la administración de justicia, el alto grado de impunidad, los ataques contra operadores de justicia y defensores de derechos humanos, como así también la falta de acceso a la justicia y reconocimiento de la justicia indígena.
Por ello, además de actividades investigativas, la CIJ realizó dos visitas en el transcurso de 2005 con el fin de evaluar estos temas. Tras sus visitas, y a pesar de los esfuerzos del actual Gobierno, la CIJ pudo comprobar que la administración de justicia y el estado de derecho continúan siendo sumamente débiles.
El conflicto armado en el que estuvo sumida Guatemala por casi cuatro décadas produjo un debilitamiento institucional del que el país todavía no se ha recuperado. El fortalecimiento institucional estipulado en los Acuerdos de Paz ha sido parcial: si bien se han producido numerosos avances, por ejemplo en el abandono de las violaciones de derechos humanos como política estatal y de reducción del Ejército, persisten serias dificultades en lo referente a la activa protección de los derechos humanos por parte de la judicatura y a la investigación y enjuiciamiento de las violaciones de derechos humanos del pasado.
A lo largo del presente informe se detallan las serias debilidades estructurales y prácticas de la administración de justicia, debilidades que suponen violaciones al derecho a un juicio justo. Los procedimientos de selección, evaluación y destitución de jueces y magistrados, como así también la falta de estabilidad en el cargo y las condiciones de servicio, no garantizan su independencia e imparcialidad. Sobre estos temas, la CIJ formula una serie de recomendaciones, entre ellas ciertas reformas constitucionales, destinadas a garantizar la independencia del Organismo Judicial en su conjunto y de los jueces y magistrados individuales.
El aumento en el número de ataques contra jueces, fiscales y defensores de derechos humanos, y la consecuente falta de investigación exhaustiva sobre estos hechos delictivos, constituyen una seria manifestación del clima de impunidad con la que operan grupos clandestinos. Sobre este tema, la CIJ lamenta que la Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) no se haya establecido e insta al Estado de Guatemala a emprender esfuerzos concretos para investigar y desarticular tales grupos.
Las debilidades que se observan en el Ministerio Público, tanto en términos de recursos humanos como materiales, impiden que tal órgano desempeñe sus funciones de manera eficaz. La falta de presencia en todo el territorio, como así también la deficiente formación en el procedimiento penal oral y la ausencia de procedimientos disciplinarios transparentes son algunos de los retos que debe asumir Guatemala para fortalecer la capacidad de acción de tan importante institución.
La CIJ pudo estudiar el actual proyecto de reforma de la justicia militar, mediante el cual se prevé la creación de un fuero personal para miembros en activo y retiro de las Fuerzas Armadas. La CIJ considera que este proyecto es contrario a las obligaciones de Guatemala bajo el derecho internacional y que debe ser modificado para que los tribunales militares sólo tengan competencia para juzgar militares por delitos estrictamente de naturaleza militar.
Asimismo, la CIJ pudo comprobar el uso abusivo del recurso de amparo con fines dilatorios, lo que lo transforma, principalmente en casos por violaciones de derechos humanos, en un mecanismo de impunidad. La CIJ estima que el actual proyecto de ley de reforma, si bien introduciría cambios en la dirección correcta para la protección y uso adecuado de este importante recurso, debe ser modificado para incorporar las disposiciones elaboradas por la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, entre ellas las relativas al rechazo in limine de un recurso.
Los reiterados ataques contra defensores de derechos humanos, como así también la utilización de la justicia penal con el fin de restringir la protesta social y mediar en conflictos locales, representan una seria amenaza al estado de derecho en Guatemala. La CIJ pudo comprobar la falta de investigación exhaustiva de los ataques contra defensores en contraposición con la rapidez con que el Ministerio Público avanza los procesos contra líderes sociales y grupos que reclaman sus derechos.
La CIJ pudo observar con preocupación la falta de acceso a la justicia de amplios sectores de la población, principalmente los sectores más pobres. Al respecto, los esfuerzos del Gobierno deben redoblarse para garantizar el efectivo acceso a los tribunales de toda la población. Los pueblos indígenas tienen el derecho de establecer su propia jurisdicción dentro de las comunidades de acuerdo con las obligaciones de Guatemala bajo el Convenio 169 de la OIT. No obstante, las autoridades guatemaltecas no han tomado las
medidas necesarias para garantizar plenamente este derecho. En ese sentido, la CIJ estima que es necesario emprender una reforma legal que reconozca la aplicabilidad de la justicia indígena.
Guatemala-justice-fact-finding mission-2005-spa (full text, PDF)
La criminalización de la protesta social en Guatemala es un fenómeno recurrente, con el objeto de deslegitimar a sus actores y anular el impacto político de las organizaciones sociales a través del uso del Derecho Penal como un instrumento de represión.
La criminalización de la protesta social en Guatemala es un fenómeno recurrente, con el objeto de deslegitimar a sus actores y anular el impacto político de las organizaciones sociales a través del uso del Derecho Penal como un instrumento de represión.
La región latinoamericana se ha caracterizado por una serie de confl ictos armados durante las últimas décadas del siglo XX y persisten las políticas discriminatorias que han generado descontento en la sociedad.
Las demandas sociales no han encontrado los canales adecuados para materializarse y la protesta social cada vez encuentra más represión por parte de agentes estatales y no estatales.
Con este fin se reprimen las libertades de pensamiento, expresión y reunión fuera de los límites establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
La presente publicación aborda la criminalización de la protesta social en Guatemala y de sus actores a través del análisis de diferentes conceptos que se relacionan con la temática y de varios casos vinculados a la defensa de los derechos humanos.
En el primer capítulo se aborda la conceptualización de la protesta social y el rol que desempeñan los defensores y defensoras de derechos humanos que deriva en la penalización de sus acciones.
En el segundo capítulo se aborda el contenido de las libertades de pensamiento, expresión y reunión que pueden se objeto de determinadas limitaciones acordes a la normativa internacional de derechos humanos.
En el tercer capítulo se establecen los mecanismos de protección para defensores y defensoras de derechos humanos, tanto en el ámbito internacional como nacional.
En el cuarto capítulo se analizan los patrones de criminalización de la protesta social en algunos casos paradigmáticos en Guatemala, vinculados a la defensa de los recursos naturales de pueblos indígenas.
Guatemala-Criminalizacion de la protesta social-publications-2012-spa (full text in pdf)
The commentary on the Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the area of Economic, Social and Cultural Rights was published in the latest issue of the Human Rights Quarterly of November 2012.
This new document provides an analysis of each of the Maastricht Principles as well as the legal sources on which the latter are based.
As such, it will represent an important resource for practitioners and activists who want to protect human rights in a globalized and complex world in which traditional territorial borders have lost their primacy.
In September 2011, the Maastricht Principles had been adopted by 40 international law and Human Rights Experts during a conference convened by the Maastricht Centre for Human rights and the ICJ. They establish a set of Principles defining obligations and responsibilities for the realization of ESCR in the context of the extraterritorial acts and omissions of States.
The Principles build on the Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1986) and on the Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights (1997).
HRQMaastricht-Maastricht Principles on ETO (Full text in pdf)
Maastricht ETO Principles-booklet-2012 (Full text in pdf)
Maastricht ETO Principles-booklet-2012-Fr (Full text in pdf)
Maastricht ETO Principles-booklet-2012-Sp (Full text in pdf)
Sri Lanka: Counter-terror police must cease the harassment of Tamil photojournalist Kanapathipillai Kumanan
Sudan: Extend the mandate of the Fact-Finding Mission for two more years
Israel/Palestine: Immediately halt Gaza’s occupation plan
Nepal: Lawyers urge authorities to address inaccessibility of justice system to women and girls with disabilities