La justicia en Guatemala: un largo camino por recorrer

Latin America
Issue:
Document Type: Publication
Date: 2012

La CIJ se preocupa de la situación de la administración de justicia, el alto grado de impunidad, los ataques contra operadores de justicia y defensores de derechos humanos, como así también la falta de acceso a la justicia y reconocimiento de la justicia indígena.

Por ello, además de actividades investigativas, la CIJ realizó dos visitas en el transcurso de 2005 con el fin de evaluar estos temas. Tras sus visitas, y a pesar de los esfuerzos del actual Gobierno, la CIJ pudo comprobar que la administración de justicia y el estado de derecho continúan siendo sumamente débiles.

El conflicto armado en el que estuvo sumida Guatemala por casi cuatro décadas produjo un debilitamiento institucional del que el país todavía no se ha recuperado. El fortalecimiento institucional estipulado en los Acuerdos de Paz ha sido parcial: si bien se han producido numerosos avances, por ejemplo en el abandono de las violaciones de derechos humanos como política estatal y de reducción del Ejército, persisten serias dificultades en lo referente a la activa protección de los derechos humanos por parte de la judicatura y a la investigación y enjuiciamiento de las violaciones de derechos humanos del pasado.

A lo largo del presente informe se detallan las serias debilidades estructurales y prácticas de la administración de justicia, debilidades que suponen violaciones al derecho a un juicio justo. Los procedimientos de selección, evaluación y destitución de jueces y magistrados, como así también la falta de estabilidad en el cargo y las condiciones de servicio, no garantizan su independencia e imparcialidad. Sobre estos temas, la CIJ formula una serie de recomendaciones, entre ellas ciertas reformas constitucionales, destinadas a garantizar la independencia del Organismo Judicial en su conjunto y de los jueces y magistrados individuales.

El aumento en el número de ataques contra jueces, fiscales y defensores de derechos humanos, y la consecuente falta de investigación exhaustiva sobre estos hechos delictivos, constituyen una seria manifestación del clima de impunidad con la que operan grupos clandestinos. Sobre este tema, la CIJ lamenta que la Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) no se haya establecido e insta al Estado de Guatemala a emprender esfuerzos concretos para investigar y desarticular tales grupos.

Las debilidades que se observan en el Ministerio Público, tanto en términos de recursos humanos como materiales, impiden que tal órgano desempeñe sus funciones de manera eficaz. La falta de presencia en todo el territorio, como así también la deficiente formación en el procedimiento penal oral y la ausencia de procedimientos disciplinarios transparentes son algunos de los retos que debe asumir Guatemala para fortalecer la capacidad de acción de tan importante institución.

La CIJ pudo estudiar el actual proyecto de reforma de la justicia militar, mediante el cual se prevé la creación de un fuero personal para miembros en activo y retiro de las Fuerzas Armadas. La CIJ considera que este proyecto es contrario a las obligaciones de Guatemala bajo el derecho internacional y que debe ser modificado para que los tribunales militares sólo tengan competencia para juzgar militares por delitos estrictamente de naturaleza militar.

Asimismo, la CIJ pudo comprobar el uso abusivo del recurso de amparo con fines dilatorios, lo que lo transforma, principalmente en casos por violaciones de derechos humanos, en un mecanismo de impunidad. La CIJ estima que el actual proyecto de ley de reforma, si bien introduciría cambios en la dirección correcta para la protección y uso adecuado de este importante recurso, debe ser modificado para incorporar las disposiciones elaboradas por la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, entre ellas las relativas al rechazo in limine de un recurso.

Los reiterados ataques contra defensores de derechos humanos, como así también la utilización de la justicia penal con el fin de restringir la protesta social y mediar en conflictos locales, representan una seria amenaza al estado de derecho en Guatemala. La CIJ pudo comprobar la falta de investigación exhaustiva de los ataques contra defensores en contraposición con la rapidez con que el Ministerio Público avanza los procesos contra líderes sociales y grupos que reclaman sus derechos.

La CIJ pudo observar con preocupación la falta de acceso a la justicia de amplios sectores de la población, principalmente los sectores más pobres. Al respecto, los esfuerzos del Gobierno deben redoblarse para garantizar el efectivo acceso a los tribunales de toda la población. Los pueblos indígenas tienen el derecho de establecer su propia jurisdicción dentro de las comunidades de acuerdo con las obligaciones de Guatemala bajo el Convenio 169 de la OIT. No obstante, las autoridades guatemaltecas no han tomado las

medidas necesarias para garantizar plenamente este derecho. En ese sentido, la CIJ estima que es necesario emprender una reforma legal que reconozca la aplicabilidad de la justicia indígena.

Guatemala-justice-fact-finding mission-2005-spa (full text, PDF)

Ver también: Guatemala : decisive action needed to create independent judiciary and fight impunity = Acciones decididas para crear una judicatura independiente y combatir la impunidad

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