Dec 14, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ hizo un llamamiento al Gobierno y Congreso de Guatemala a que tomen acciones concretas para transformar a la judicatura en un poder independiente que proteja activamente los derechos humanos y combata la impunidad.
“El actual Gobierno ha mostrado un compromiso más claro con los derechos humanos y ha incluido la reforma judicial en su agenda” dijo Nicholas Howen, Secretario General de la CIJ.
“Pero una década después de la firma de los Acuerdos de Paz, la independencia y fortaleza del poder judicial siguen siendo insuficientes y la impunidad por violaciones de derechos humanos continúa siendo la norma. La judicatura y la fiscalía son débiles y carecen del apoyo necesario para enfrentar este trágico legado” agregó.
En un informe publicado hoy, “La justicia en Guatemala: un largo camino por recorrer”, la CIJ analiza las debilidades estructurales del sistema de justicia guatemalteco y propone un paquete de 19 reformas para colocar al poder judicial y al Ministerio Público sobre nuevas y sólidas bases.
La CIJ identificó tres medidas que pueden y deben adoptarse inmediatamente:
Primero, el Gobierno debe investigar y llevar ante la justicia a los responsables por el considerable y preocupante aumento de ataques físicos contra jueces, fiscales y defensores de derechos humanos. Estos ataques socavan gravemente el estado de derecho.
Segundo, de ahora en más el Congreso debe nombrar a los magistrados sin tomar en consideración sus afiliaciones políticas u otros factores impropios para así terminar con los favores políticos y reforzar la imparcialidad de los tribunales.
Tercero, el Gobierno y el Congreso deben rechazar el proyecto de ley que propone crear un fuero militar personal y otorgar a los tribunales militares jurisdicción para todo crimen cometido por personal militar en activo o retiro. Dicho proyecto de ley es contrario al derecho internacional y perpetuaría la impunidad.
“Hay mucho por hacer, pero insto al Gobierno a traducir sus palabras en acciones concretas. Espero que el Congreso muestre la madurez necesaria para actuar inequívocamente a favor del estado de derecho y hacer de los Acuerdos de Paz no sólo una ley sino una realidad” dijo Nicholas Howen.
El informe de la CIJ señala las reformas estructurales necesarias para garantizar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del poder judicial y para hacer más efectiva la labor del Ministerio Público. Las reformas estructurales incluyen la necesidad de cambiar los procedimientos de nombramiento, traslado y remoción de jueces y magistrados, el combate a la corrupción del sistema y poner fin a las intromisiones del ejecutivo, las fuerzas de seguridad e incluso grupos privados influyentes en el trabajo de jueces y fiscales.
El Gobierno debe también tomar acciones decididas contra grupos clandestinos y del crimen organizado que operan libre e impunemente. El Ministerio Público no está dispuesto o no puede realmente investigar y perseguir a estos grupos y al crimen en general.
La CIJ concluye que el recurso de amparo, pensado para proteger derechos, ha sido utilizado ocasionalmente en Guatemala como un medio para lograr la impunidad a través del retardo de procesos, especialmente aquellos en los que ventilan violaciones de derechos humanos. La CIJ es conciente de la importancia de este recurso y por ello urge al Congreso de Guatemala a aprobar las reformas a la Ley de Amparo tendientes a proteger este recurso de su utilización como mecanismo de impunidad.
El informe señala la persistencia en la falta de acceso a la justicia para la gran mayoría de la población y la ausencia de reconocimiento oficial del fuero indígena. Los esfuerzos de las autoridades en este campo han sido escasos.
Guatemala-action independent judiciary-press release-2005-spa (text in Spanish, PDF)
See also the report La justicia en Guatemala: un largo camino por recorrer (full text in Spanish, PDF)
Nov 28, 2005 | News
La CIJ presentará su “Guía Práctica sobre Independencia y Responsabilidad de Jueces, Abogados y Fiscales” el próximo 1 de diciembre.
Sep 21, 2005
Durante las cuatro últimas décadas, Colombia ha sido el escenario de graves y persistentes violaciones de derechos humanos y de derecho humanitario.
Dichas violaciones han sido cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, así como por paramilitares y grupos armados de oposición. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha calificado tales violaciones como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Desde la llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez, el Gobierno colombiano ha diseñado, en nombre de la lucha antiterrorista, una nueva política de seguridad conocida como política de seguridad democrática. Para implementarla, el Gobierno ha adoptado o anunciado diversas medidas, entre las que se encuentran numerosas reformas constitucionales y legales.
El propósito de este informe es, por una parte, analizar estas medidas y su impacto sobre el estado de derecho, la independencia de la administración de justicia y los derechos humanos. Asimismo, la CIJ analiza en este informe, a la luz del derecho internacional humanitario, el discurso del Gobierno colombiano, en particular la negación constante de la existencia del conflicto armado interno y de la persistente crisis humanitaria.
En materia de derechos humanos, el Gobierno pretende que la implementación de su política de
seguridad ha mejorado sustancialmente la vigencia de los derechos humanos de todos los colombianos. Mostraremos a continuación, a partir de numerosas informaciones y testimonios recibidos por la CIJ sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, que tal afirmación es dudosa.
El informe también analiza el desarrollo de las negociaciones entre el Gobierno y grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la desmovilización de dichos grupos. En el marco de este proceso, el Gobierno ha adoptado y promovido la adopción de varias leyes que pueden resultar en la impunidad para los autores de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Hace varios años que la CIJ sigue con honda preocupación la situación de derechos humanos en Colombia. Las medidas legales tomadas en el marco de la política de seguridad democrática y el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares de las AUC han aumentado las preocupaciones de la CIJ. Por esta razón, la organización decidió hacer una misión a Colombia y adelantar investigaciones para evaluar el impacto de estas medidas sobre el estado de derecho, la administración de justicia y los derechos humanos.
El presente informe está basado tanto en la misión de la CIJ a Colombia en enero de 2005 así como del seguimiento investigativo que la Comisión viene haciendo en los últimos años. En Colombia, la misión se entrevistó en Bogotá con altos funcionarios del Gobierno, representantes del Poder Judicial y miembros del Congreso. Asimismo se reunió con organizaciones de la sociedad civil y con representantes de la comunidad internacional acreditados en Colombia. La misión se desplazó a la ciudad fronteriza de Arauca (Departamento de Arauca) durante tres días Colombia: Socavando el estado de derecho y consolidando la impunidad Comisión Internacional de Juristas donde se entrevistó con funcionarios del Estado y con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, sindicalistas y representantes de comunidades desplazadas. {{1}}
[[1]] La misión de la CIJ de enero de 2005 estuvo integrada por la experta en derechos humanos Mariclaire Acosta, (Vicecanciller para los Derechos Humanos y la Democracia del Gobierno de México de 2000 a 2003), Carlos Castresana (Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción de España) e Isabelle Heyer, representante del Secretariado de la CIJ.[[1]]
Colombia-rule of law impunity-thematic report-2005-spa (informe en español, PDF)
Colombia-rule of law impunity-summary and recommendations-thematic report-2005-spa (resumen en español, PDF)
Sep 21, 2005
Durante las cuatro últimas décadas, Colombia ha sido el escenario de graves y persistentes violaciones de derechos humanos y de derecho humanitario.
Sep 21, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
“Las políticas del Gobierno colombiano en los últimos tres años han contribuido al desmantelamiento del estado de derecho y a la consolidación de la impunidad”, dijo la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) en un nuevo informe publicado hoy.
El informe documenta cómo la legislación, adoptada o anunciada por el Gobierno en el marco de su política de seguridad democrática, desmantela el estado de derecho, socava la independencia del poder judicial y agrava la situación de derechos humanos.
Asimismo, la CIJ deplora la adopción, en el marco del proceso de desmovilización de grupos paramilitares, de una legislación (Decreto 128 de 2003 y Ley de “Justicia y Paz”) que deja en la impunidad miles de graves crímenes cometidos por estos grupos y no garantiza el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.
Desde el principio del proceso, miles de paramilitares se desmovilizaron a pesar de seguir cometiendo centenas de crímenes, tales como asesinatos y desapariciones forzadas. “Este proceso, lejos de haber sido transparente, nunca ha sido acompañado por un mecanismo de verificación efectivo. Antes que permitir superar el paramilitarismo, consolida el poder político y económico de los paramilitares.”, dijo la CIJ.
En sus recomendaciones, la CIJ llama al Gobierno colombiano a revisar su política de seguridad para que sea compatible con los principios básicos del estado de derecho y las obligaciones internacionales de Colombia y a rechazar cualquier legislación que contribuya a la impunidad. Asimismo, la organización exhorta al Gobierno a tomar medidas para el desmantelamiento efectivo de las estructuras paramilitares y para que los miembros de la Fuerza Pública implicados en actividades paramilitares, violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y/o crímenes de guerra, sean llevados ante la justicia ordinaria.
Asimismo, la CIJ llama a la comunidad internacional a que asegure que toda estrategia de cooperación esté condicionada a que las autoridades colombianas tomen medidas efectivas contra la impunidad y que garanticen el estado de derecho.
“Dada la legislación vigente que legaliza la impunidad y la magnitud de los crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia, la Corte Penal Internacional debería tomar cartas en el asunto.”, concluyó la CIJ.
