The ICJ called today before the UN Human Rights Council on all Member States of the UN to allow for a global TRIPS waiver for COVID-19 vaccines and expressed concern at the deterioration of the rule of law in Guatemala.
The Mexican authorities should commit to a firm timeline for a consultative process with a view to ensuring effective review and modification of domestic legislation to guarantee that persons with disabilities have legal capacity to exercise their rights on an equal basis with others, the ICJ emphasized in a submission to the Committee on the Rights of Persons with Disabilities
Las autoridades mexicanas deben comprometerse a establecer un cronograma claro para realizar un proceso consultivo con miras a la revisión y modificación efectiva de la legislación relacionada con los derechos de las personas con discapacidad. Esto, con el fin de garantizar que estas puedan ejercer sus derechos en igual de condiciones que los demás, enfatizó la CIJ en un informe presentado al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El Comité considerará el segundo y tercer informe periódico de México durante su 26 período de sesiones, que tendrá lugar entre el 7 y el 25 de marzo de 2022.
“A pesar de las reiteradas recomendaciones del Comité, las personas con discapacidad en México siguen sin tener capacidad jurídica plena y en igualdad de condiciones que los demás para ejercer sus derechos en proceso judiciales, tal como lo exige el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)”, dijo Rocío Quintero Martínez, asesora legal de la CIJ.
“México ha sido Estado Parte de la Convención por más de 15 años, lo que hace que el cumplimiento de su obligación de revisar y modificar su legislación para que esté en concordancia con la Convención tenga un atraso considerable”, agregó Quintero.
En su informe al Comité, la CIJ subrayó la necesidad de que se realicen reformas legales en las normas penales y civiles. En lo que se refiere a los procesos penales, de manera frecuente, las personas con discapacidad son sujetas a declaraciones de inimputabilidad. Por lo general, estas declaraciones les impiden participar plenamente y en igual de condiciones durante el juicio y otros procesos judiciales relacionados. A lo anterior se le suma que, a pesar de estar excluidas de responsabilidad penal por estas declaraciones, las personas con discapacidad aún pueden estar sujetas a restricciones de su libertad, incluido el internamiento en establecimientos de salud o psiquiátricos por un tiempo indeterminado.
Por su parte, las normas civiles contemplan un régimen de interdicción para personas con discapacidad. El régimen es un sistema de toma de decisiones por sustitución, en contraposición a sistema de apoyo en la toma de decisiones. Esto significa que las decisiones de un tutor prevalecen sobre los deseos y preferencias de la persona sujeta a la interdicción. En consecuencia, las personas con discapacidad no tienen autonomía para tomar sus propias decisiones. En su informe, la CIJ también señala que, sin la adopción de medidas adicionales, no se debe sobrestimar el impacto y la influencia de las decisiones de la Corte Suprema relacionadas con la falta de conformidad del régimen de interdicción y la CDPD. Lo anterior incluso con el nuevo sistema de precedentes judiciales establecido recientemente.
“A pesar del reconocimiento público que hizo México sobre la falta de protección a las personas con discapacidad y su disculpa pública al Señor Arturo Medina Vela, a raíz de un dictamen del Comité, la situación no ha cambiado: a las personas con discapacidad se les sigue negando su derecho de tener plena capacidad jurídica en los procesos judiciales. Si México realmente desea marcar una diferencia práctica en la vida de personas con discapacidad, como la del señor Medina Vela, es necesario que priorice de manera urgente una reforma legal integral”, dijo Quintero.
En el informe, la CIJ invitó al Comité a que proponga a las autoridades mexicanas una serie de recomendaciones, entre ellas:
El informe en inglés está disponible aquí.
Antecedentes
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ha trabajado para asistir a los Estados en la implementación de sus obligaciones bajo la CDPD. A tal efecto, la CIJ participó en la redacción de los Principios y Directrices Internacionales sobre el Acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad, publicados por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en agosto de 2020, y los respaldó formalmente. Además, ha continuado promoviendo los Principios globalmente. La CIJ también participa como miembro activo de una red global de organizaciones que abogan por una reforma legal para mejorar el reconocimiento equitativo de la capacidad legal y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en todo el mundo.
En el informe de la CIJ, que se basa en las disposiciones de la CDPD y los Principios y Directrices Internacionales sobre el Acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad, se deriva de las cartas enviadas por la CIJ a las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales en México en 2021. En las cartas, la CIJ solicitó información sobre medidas adoptadas y previstas para dar cumplimiento las obligaciones de México en materia de acceso a la justicia en virtud de la CDPD.
La Comisión Internacional de Juristas ha emitido el día de hoy un comunicado en el que lamenta la decisión anunciada por el gobierno de Nicaragua el 19 de noviembre de 2021, relativa a la denuncia de la Carta de la OEA, mediante una comunicación enviada al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), suscrita por el Ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada Colindres, siguiendo instrucciones del Presidente de la República, Daniel Ortega.
La disculpa pública dada por las autoridades mexicanas a un joven mexicano por no proteger sus derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) es un paso importante hacia la protección de los derechos de las personas con discapacidad, dijo la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), hoy.
Civil Society Statement Ahead of Cour de Cassation Hearing on Immunities for State Officials in the Case of Bashar al-Assad
Palestine/Israel: Israel must immediately stop its criminal forcible displacement in Gaza
ICJ Submission on draft General Comment No. 27 on Children’s access to justice and effective remedy
HRC59: ICJ Statement in the interactive dialogue on the High Commissioner’s report on Venezuela – addressing arbitrary detention and repression of civic space