May 12, 2021
Peru has persistently failed to deliver accountability for enforced disappearances and extra-judicial killings, found the ICJ in a report released today.
The baseline study Perú: Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales, Estudio de línea de base (published in Spanish) identifies key obstacles to accountability for serious human rights violations in Peru, particularly for crimes under international law committed during the country’s internal armed conflict (1980-2000).
“There can be no sustainable peace without justice, and providing accountability and ending impunity demand committed implementation of judicial and non-judicial mechanisms”, said Sam Zarifi, Secretary General of the ICJ.
“It is worrisome that the human rights agenda is not a priority for the national government or the justice system. Considering that a new president will be elected soon, it is crucial that the new national government takes measures to prioritize human rights among the public policies. In particular, measures to improve criminal accountability and to provide full and effective reparation to victims should be adopted by the new government as an urgent matter,” he added.
Against a backdrop of ongoing impunity in the country, the ICJ found victims’ rights are not upheld despite the fact they are recognized under the domestic legal framework.
The justice system has handed down less than 100 criminal verdicts on human rights cases related to the armed conflict. The figure is surprisingly low considering that human rights violations and abuses were widespread and systematic during the armed conflict.
In relation to extrajudicial killings alone, the Truth Commission (Comisión de la Verdad y Reconciliación) documented 7,334 cases. In the case of enforced disappearance, the General Direction for the Search for Disappeared Persons (Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas) has documented 21,793 cases.
The study also examined other challenges such as the lack of implementation of reparation programmes, the slow progress in the search for the disappeared, and inadequate domestic legislation on the use of force by law enforcement officers.
Among others, the study recommends Perú should take the following steps:
- Improve the investigation and prosecution of serious human rights violations. To do so, among other measures, Perú should appoint judges and prosecutors exclusively dedicated to these crimes. Similarly, the Prosecution Office should consider not taking a case-by-case approach to investigations. Rather, it should follow a more systematic approach to identifying criminal patterns.
- Guarantee victims’ rights during criminal proceedings. Judicial authorities should ensure that victims can participate in each stage of the criminal proceedings. This is particularly important for videoconferencing hearings. Similarly, victims should have effective access to legal advice from the early stages of the criminal justice process.
- Improve the search for the disappeared. The national government must provide sufficient human and financial resources to ensure that the General Direction for the Search for Disappeared Persons may perform its mission adequately. At the same time, better coordination between the General Direction and the Prosecution Office is necessary. In addition, more effort should be applied to improve victims’ understanding of the Law on the search for disappeared persons (Law 30470).
Background
The baseline study was produced as part of the ICJ’s regional project addressing justice for extrajudicial killings and enforced disappearances in Colombia, Guatemala and Perú, sponsored by the European Union. The baseline study is available in Spanish.
The ICJ has long been monitoring laws, policies and practices concerning the investigation and prosecution of serious human rights violations and abuses in Perú, including enforced disappearances and extrajudicial killings, as part of its efforts to promote accountability, justice and the rule of law around the world.
The project is implemented under the ICJ’s Global Accountability Initiative, which has also produced baseline studies for Colombia, Eswatini, Nepal, Myanmar, Venezuela, Cambodia, Tajikistan and Tunisia.
Contacts:
Kingsley Abbott, Director of Global Accountability & International Justice. Email: kingsley.abbott(a)icj.org
Carolina Villadiego Burbano, Legal and Policy Adviser, Latin America, and Regional Coordinator of the Project. Email: carolina.villadiego(a)icj.org
Rocío Quintero M, Legal Adviser, Latin America. Email: rocio.quintero(a)icj.org
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Peru-GRA-Baseline-Study-Publications-Reports-Thematic-reports-2020-SPA (full report in Spanish, PDF)
May 12, 2021
La CIJ ha encontrado que Perú ha fallado de manera persistente en la investigación, judicialización y sanción de los responsables de desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales que se han cometido en el país, según los hallazgos contenidos en un informe que hoy se publica.
El estudio de línea de base Perú: Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales, Estudio de línea de base identifica obstáculos que impiden la rendición de cuentas penal en casos de graves violaciones de derechos humanos en Perú, en particular por crímenes internacionales cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000).
Al respecto, el Secretario General de la CIJ, Sam Zarifi, afirmó que “no puede haber paz sostenible sin justicia y rendición de cuentas. Acabar con la impunidad requiere la implementación decidida de mecanismos judiciales y no judiciales”.
De igual manera, Zarifi remarcó que “es preocupante que la agenda de derechos humanos no sea una prioridad para el gobierno nacional o para el sistema de justicia. Por esto, dado que pronto habrá elecciones presidenciales, es crucial que el nuevo gobierno adopte medidas para priorizar los derechos humanos en las políticas públicas, particularmente aquellas encaminadas a mejorar la rendición de cuentas en materia penal, así como la reparación plena y efectiva de los derechos de las víctimas”.
En el informe, la CIJ concluyó que, en el contexto de impunidad por las graves violaciones de derechos humanos que existe en Perú, los derechos de las víctimas no son garantizados a pesar de estar reconocidos en el marco jurídico nacional. En efecto, el sistema de justicia penal ha dictado menos de 100 sentencias en casos de violaciones de derechos humanos relacionados con el conflicto armado.
La cifra es sorprendentemente baja dado que las violaciones y los abusos fueron generalizados y sistemáticos durante el conflicto. Por ejemplo, solo en relación con las ejecuciones extrajudiciales, la Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó 7.334 casos. Y en el caso de la desaparición forzada, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha documentado 21.793 casos.
La Línea Base también expone otros desafíos, como la falta de implementación de los programas de reparación, el lento avance en la búsqueda de personas desaparecidas y el deficiente marco jurídico nacional respecto de la regulación del uso de la fuerza por parte de la Policía.
Adicionalmente, el documento ofrece recomendaciones para que se mejore la protección de los derechos de las víctimas por parte de las autoridades. Entre estas recomendaciones están:
- Mejorar la investigación y el enjuiciamiento de las graves violaciones de derechos humanos. Para ello, entre otras medidas, Perú debe designar jueces y fiscales dedicados exclusivamente a la investigación y el juzgamiento de estos delitos. Además, la Fiscalía debería considerar un enfoque de investigación más sistemático que le permita identificar patrones delictivos, en lugar de un enfoque caso por caso.
- Garantizar los derechos de las víctimas durante el proceso penal. Las autoridades judiciales deben garantizar que las víctimas puedan participar en cada etapa del proceso penal. Esto es particularmente importante en las audiencias virtuales. De manera similar, las víctimas deben tener acceso efectivo a asesoría legal desde las primeras etapas del procedimiento penal.
- Mejorar la búsqueda de personas desaparecidas. El gobierno nacional debe proporcionar recursos humanos y financieros suficientes para que la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas cumpla con su misión de manera adecuada. Al mismo tiempo, la Dirección y la Fiscalía de la Nación deben fortalecer sus acciones de coordinación. Igualmente, se deben realizar mayores esfuerzos de promoción y divulgación de los contenidos de la Ley de búsqueda de personas desaparecidas (Ley 30470) entre las víctimas.
Antecedentes
Este informe se produjo como parte del proyecto regional de la CIJ “Promoviendo justicia para ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú”, patrocinado por la Unión Europea. El informe está disponible en español.
La CIJ ha monitoreado durante varios años las leyes, políticas y prácticas relacionadas con la investigación y el enjuiciamiento de graves violaciones y abusos de los derechos humanos en el Perú, incluidas las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Lo anterior como parte de su esfuerzo para promover la rendición de cuentas, la justicia y el estado de derecho en el mundo.
El proyecto se implementa bajo la Iniciativa de Rendición de Cuentas de la CIJ, que también ha producido informes para Colombia, Eswatini, Nepal, Myanmar, Venezuela, Cambodia, Tajikistan y Tunisia.
Contacto:
Kingsley Abbott, Director de la Iniciativa Global de Rendición de cuentas de la CIJ. Email: kingsley.abbott@icj.org
Carolina Villadiego Burbano, Asesora Legal para América Latina y Coordinadora regional del proyecto. Email: carolina.villadiego@icj.org
Rocío Quintero M, Asesora Legal para América Latina de la CIJ. Email: rocio.quintero@icj.org
Peru-GRA-Baseline-Study-Publications-Reports-Thematic-reports-2020-SPA
May 7, 2021 | News
The Colombian Commission of Jurists (CCJ) and the ICJ have called upon national and local authorities to respect the right of peaceful assembly and cease all use of unlawful force against protestors immediately.
Beginning 28 April, thousands of people have taken to the streets in towns and cities throughout Colombia to protest and the social and economic policies of the current national government. As of this writing the protests continue.
The CCJ and the ICJ have expressed their concern about widespread and serious human rights violations committed during the protests.
There are multiples reports from civil society organizations that document incidents where police officials have opened fire with live ammunition against protestors.
Although full and precise figures are unavailable, as of 6 May 2021, according to the Ombudspersons’ Office at least 26 people had lost their lives. In at least 11 cases, police officials were allegedly responsible for the killings.
The NGO Temblores has documented 37 killings and the NGO Indepaz has information of more than 1.200 people injured during the protests. In addition, a number of cases of sexual violence have been reported.
The organizations are especially concerned that there are substantial number of people whose whereabouts are unknown. Complete figures on possible disappeared persons are not available. Even more worrisome, there are substantial differences among the figures provided by different sources.
In this regard, for instance, the Ombudspersons’ Office said that it has received information about the possible disappearance of 145 people. The Ombudspersons’ Office has established the whereabout of 55 people.
For its part, the civil society platform Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia has informed that it has information of 471 potential cases of enforced disappearances. According to the platform, the whereabout of 92 people have been determined.
The violent acts committed in Valle del Cauca are particularly serious. In this region, it has been reported that at least 17 people have died, and an undetermined number of people are seriously wounded.
Similarly, in Cali, some members of human rights organizations and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Colombia alleged that they had been subject to verbal attacks and physical assault when there were verifying the situation of detained people.
The CCJ and the ICJ urge Colombian authorities to acknowledge act to address the allegations of human violations committed during the protests. They must conduct, independent, impartial, prompt, thorough, effective, and transparent investigations in accordance with Colombian law and its obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights.
Furthermore, the investigation must take place within the ordinary criminal jurisdiction and under no circumstances should there be resort to military jurisdiction. Under international law and standards, cases that may constitute arbitrary deprivation of life or enforced disappearances cannot be considered to be connected with military duties.
Additionally, there is information that some police officials have been wounded, and at least one was allegedly unlawfully killed. The CCJ and the ICJ condemn these and other violent acts and urge judicial authorities to investigate and sanctions those responsible.
On the other hand, the CCJ and the ICJ recall that the use of force by police officials should must only be deployed in accordance with international standards. In particular, any such action must comply with the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials.
These Principles establish that the use of force should be exceptional, necessary and proportional. Especially, authorities should faithfully comply with principle 9 that sets out that lethal force should be not used “except in self-defence or defence of others against the imminent threat of death or serious injury”.
Finally, the CCJ and the ICJ express their great concern about the national government’s decision to involve the military forces for the contention of the violence under the legal figure of “military assistance” (asistencia militar). The decision does not respect the international human rights law standards on the use of force and the right of peaceful assembly.
It should be remembered that military forces are not trained or designed to protect and control civilians during protests or scenarios of disruption of public order.
Therefore, the participation of military forces should be exceptional in situations of necessity, for example to confront immediate extreme violence and temporally limited, as affirmed by international bodies such as the UN Committee on Human rights and the Inter-American Court of Human Rights.
Contacts:
Ana María Rodríguez, Deputy Director of the Colombian Commission of Jurists, anarodriguez(a)coljuristas.org
Rocío Quintero M, Latin American Legal and Policy Adviser, International Commission of Jurists, rocio.quintero(a)icj.org
May 6, 2021 | Noticias
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la CIJ solicitan a las autoridades nacionales y locales que respeten el derecho fundamental a la protesta y paren de manera inmediata las acciones violentas en contra de los manifestantes.
Desde el pasado 28 de abril de 2021, en varias ciudades y municipios, miles de personas han salido a las calles a protestar y manifestar su descontento por varias políticas sociales y económicas del actual gobierno. La CCJ y la CIJ expresan su preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de estas protestas.
Varios reportes de organizaciones de la sociedad civil muestran que miembros de la Policía han abierto fuego contra personas que estaban protestando. Aunque las autoridades no han entregado información precisa, la Defensoría del Pueblo informó el 5 de mayo que 24 personas habían muerto. En al menos 11 casos, el responsable sería la Policía Nacional. Por su parte, la ONG Temblores ha reportado que al menos 31 personas han sido asesinadas y la ONG Indepaz ha documentado que hay más de 1.200 personas heridas.
También resulta preocupante la cifra de personas cuyo paradero se desconoce. Al respecto, la Defensoría del Pueblo reportó haber recibido información de la desaparición de 89 personas en distintas ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, y varias organizaciones de derechos humanos tienen información de más casos de personas cuyo paradero se desconoce. Adicionalmente, se han denunciado casos de violencia sexual.
De particular gravedad resultan los hechos de violencia ocurridos en el Valle del Cauca, en donde al menos 17 personas han muerto y otras personas han sido gravemente heridas. Asimismo, en Cali, varias organizaciones de derechos humanos y personal de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos denunciaron haber sido agredidos física y verbalmente cuando se encontraban verificando la situación de las personas detenidas.
La CCJ y la CIJ instan a las autoridades colombianas a reconocer los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas, así como a llevar a cabo investigaciones independientes, imparciales, prontas, rigurosas, efectivas, creíbles y transparentes por los hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos de acuerdo con las obligaciones internacionales del Estado consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Además, estas investigaciones deben ser adelantadas por la jurisdicción ordinaria y no por la jurisdicción penal militar. En ninguna circunstancia puede considerarse que posibles desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias sean actos que guarden conexión con la disciplina o la misión castrense.
Igualmente, hay información acerca de que varios policías han sido heridos y que al menos uno ha fallecido. La CIJ y la CCJ rechazan estos y otros actos de violencia que han ocurrido e instan a las autoridades judiciales a investigar y sancionar estas conductas.
Por otro lado, la CCJ y la CIJ insisten en que el uso de la fuerza por parte de la policía debe ser acorde a los estándares internacionales. En particular, las autoridades deben respetar lo establecido en los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, que determinan que el uso de la fuerza deber ser excepcional, necesario y proporcional.
Especialmente, las autoridades deben dar fiel cumplimiento al principio 9 que determina que la fuerza letal solo puede usarse “en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves”.
Finalmente, la CCJ y la CIJ manifiestan su gran preocupación con la decisión del gobierno nacional de involucrar a las fuerzas militares en la contención de la violencia, a través de la figura de “asistencia militar”. Esta decisión desconoce los estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza y el derecho a la protesta.
Debe recordarse que estas fuerzas no están capacitadas ni diseñadas para garantizar la protección y control de civiles en el marco de protestas sociales o de alteración del orden público. Por ello, su intervención debe ser absolutamente excepcional (violencia extrema) y temporal. Así lo han señalado distintas instancias internacionales, como el Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Contacto:
Ana María Rodríguez, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas, anarodriguez(a)coljuristas.org
Rocío Quintero M, Asesora Legal para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas, rocio.quintero(a)icj.org
May 5, 2021 | News
The ICJ today condemned the dismissal of all five of the justices serving in El Salvador’s Supreme Court Constitutional Chamber by the country’s newly elected Legislative Assembly, backed by El Salvador’s President Nayib Bukele.
The dismissal on 2 May was justified on vague allegations of arbitrariness and dereliction of functions particularly relating to judicial decisions taken striking down government action related to the COVID-19 Pandemic. The Legislative Assembly also dismissed El Salvador’s Attorney General.
The ICJ stressed that the dismissal violated core tenets of the independence of the judiciary, by which judges are subject to dismissal only “for reasons of incapacity or behaviour that renders them unfit to discharge their duties.” (United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary). Any decision must also be subject to a fair hearing of individual judges, with full due process guarantees.
The dismissal process was carried out without any individualized hearings, and without a clear expression of a legitimate basis for the dismissal.
The ICJ is concerned that this summary dismissal will undermine the independence of the judiciary, including by intimidating other judicial authorities in the country.
The dismissal of judges and the Attorney General was followed by the immediate appointment and swearing in office of other judges in replacement. This decision violates the procedural rules of selection and appointment, which are essential to safeguard the independence and impartiality of the judges serving in the Constitutional Chamber.
The decision to dismiss the judges was taken by a qualified majority of legislators, shortly after the new legislative assembly started its functions, in a swift procedure that lasted just a few hours.
The ICJ urges the government of El Salvador to restore respect to fundamental rule of law principles to prevent the arbitrary use of power and impunity.
The country is particularly vulnerable to impunity for human rights violations, where an independent judiciary is not in place to assess the lawfulness of government actions.
The ICJ calls on the responsible authorities of the Inter-American Commission for human rights and the United Nations human rights system to address the situation as a matter of priority.
