Oct 28, 2020 | News
On Friday, 30 October 2020, the Military Court of Suriname (“Krijgsraad”) is expected to resume the appeal process against Suriname’s former president Desi Bouterse. The ICJ will maintain its longstanding monitoring of this trial, which began in 2012.
As of 2020, the trial monitoring exercise will be led by Godfrey Smith SC who is a Senior Counsel, former Attorney General of Belize, and a former High Court judge and acting Justice of Appeal of the Eastern Caribbean Supreme Court.
The Court has announced that the general public will not be permitted to attend the hearing due to the COVID-19 measures.
While Suriname has a general obligation to ensure that trials are public, some restriction on public attendance of a trial maybe appropriate and even necessary to protect public health.
However, the authorities retain a duty to make accommodation for public access to the proceedings, for example by making the proceedings available through video transmission. In this respect, it is critical that efforts be made to ensure transparency, both in the process and in the outcome of the hearing.
Background to the 2020 Hearing
Desi Bouterse was sentenced on 29 November 2019 to 20 years in prison while he was still president of the country. He was found guilty of planning and ordering the murder of 15 political prisoners on 8 December 1982 at the military barracks of Fort Zeelandia. No arrest warrant has ever been issued in relation to either the charge, the conviction or the sentence.
The appeals process started on 22 January 2020. However, after one of the judges fell ill, the case was postponed to 31 March 2020. The merits of the case have not yet been heard.
As with many pending matters in Suriname, the trial was postponed several times due to the COVID-19 pandemic.
The ICJ maintains that the judicial process should run its course with due impartiality, independence and fairness to all parties concerned, and insists that the principles of the rule of law be respected by all.
The ICJ reminds the authorities of the State’s obligation to ensure a fair trial by a competent, independent, and impartial tribunal as guaranteed under article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Suriname is a party. It also recalls the obligation to ensure accountability for gross human rights violations, including the extrajudicial killings of which Desi Bouterse is accused.
Contact:
Godfrey Smith SC, ICJ monitor of the trial of former President Bouterse, t: 501-610-3114, e: godfrey(a)byronsmithlaw.com
Oct 12, 2020 | Incidencia
En marzo de 2020, la CIJ junto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil y varias personas defensoras de derechos humanos de América Latina, iniciaron un proceso de seguimiento al funcionamiento de los sistemas de justicia durante la pandemia en la región.
En el marco de esta iniciativa se analizaron las medidas adoptadas por los sistemas judiciales para continuar la prestación del servicio de justicia y proteger los derechos a la salud y a la vida de las personas que intervienen en los procesos judiciales, así como los impactos que dichas medidas tuvieron en el acceso a la justicia y en la independencia judicial.
Así, entre abril y julio de 2020 se organizaron 11 webinars de alcance regional para analizar los desafíos enfrentados en materia de justicia virtual y de litigio estratégico, así como, respecto de la protección de los derechos de las personas migrantes, de las mujeres en prisión y de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, entre otras cuestiones.
Igualmente, en mayo de 2020 se presentó una comunicación y un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el propósito de analizar las medidas adoptadas por los órganos del sistema de justicia, y presentar las principales preocupaciones en torno al acceso a la justicia, al respeto al debido proceso y a la protección de la independencia judicial durante la pandemia. Adicionalmente, se realizó una infografía que resumía las medidas adoptadas y las preocupaciones comunes.
Las organizaciones que participaron en estas actividades fueron además de la CIJ, la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Argentina), la Fundación Construir (Bolivia), la Fundación Tribuna Constitucional (Bolivia), el Observatorio de Derechos y Justicia (Ecuador), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (El Salvador), la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho (México) y el Instituto de Defensa Legal (Perú).
Posteriormente, dichas organizaciones solicitaron una audiencia pública ante la CIDH, con el objetivo de aportar información actualizada acerca de los desafíos y obstáculos para el funcionamiento de los sistemas de justicia y la reactivación de sus servicios. A esta petición se sumó la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile.
La audiencia pública se llevó a cabo de manera virtual el 09 de octubre de 2020 en el marco del 177 Período de Sesiones de la CIDH. En esta, se presentaron los obstáculos comunes identificados a partir de la experiencia de 9 países de la región (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Perú), y se resaltó la obligación internacional de los Estados de reorganizar su institucionalidad y de remover de manera activa, los obstáculos de cualquier naturaleza que impidan o dificulten el acceso a la justicia, especialmente de aquellas personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
El informe presentado en la audiencia pública puede ser consultado aquí: Colombia-Informe de audiencia CIDH-Advocacy-2020-SPA
Contacto
Carolina Villadiego Burbano, Asesora Legal para América Latina de la CIJ: carolina.villadiego@icj.org
Sep 30, 2020 | Artículos, Eventos, Noticias
Durante décadas, las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en América Latina han demando justicia, verdad y reparación. A pesar de estos esfuerzos, la impunidad en estos delitos es alta. En algunos casos, las víctimas han esperado por más de cuatro décadas para que se haga justicia.
Como parte de su estrategia para promover la rendición de cuentas en casos de graves violaciones a los derechos humanos alrededor del mundo, la CIJ, junto con sus socios, está implementando un proyecto regional para promover justicia en casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú.
El proyecto cuenta con el apoyo de la Unión Europea. Uno de los resultados del proyecto ha sido apoyar la elaboración de tres casos emblemáticos por parte de los socios locales de la CIJ.
En Colombia, para ilustrar uno de los patrones de ejecuciones extrajudiciales, la Asociación de Red Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (dhColombia) produjo un documento sobre tres casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos de 2005 a 2008. El documento Una práctica sistemática ejecuciones extrajudiciales en el eje cafetero (2006-2008) presenta las dificultades que las víctimas y sus abogados han enfrentado para demostrar la responsabilidad de demando en estos casos.
En Perú, el Instituto de Defensa Legal (IDL) documentó la desaparición forzada de estudiantes universitarios y profesores entre 1989 y 1993, en el momento más argüido del conflicto interno peruano. En el documento Los desaparecidos de la Universidad Nacional del Centro IDL describe el difícil camino jurídico que las víctimas han enfrentado, para llevar a la justicia a los agentes del Estado que estarían involucrados en estos crímenes.
En Guatemala, para subrayar la manera en como se cometieron desapariciones forzadas contra las comunidades rurales en el marco del conflicto armado guatemalteco, la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) escribió acerca de la desaparición de más de 500 personas en la región de las Veparaces. En el informe Las desapariciones forzadas en la región de las Verapaces se presenta la historia de cinco de estos casos.
Estos tres informes contribuyen a comprender la prevalencia de estas violaciones en América Latina y las opciones disponibles para hacer frente a la impunidad.
El 30 de septiembre de 2020, la CIJ organizará un webinar regional para discutir la protección y garantía de los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en Argentina, Colombia, Chile, Guatemala y Perú. El webinar será transmitido en vivo en la página de Facebook de la CIJ, a las 14 horas (hora de Guatemala) / 15 horas (hora de Colombia y Perú) / 17 horas (hora de Chile y Argentina).
Contactos:
Kingsley Abbott, Coordinador de la iniciativa global de rendición de cuentas de la CIJ. Correo electrónico: kingsley.abbott(a)icj.org
Carolina Villadiego, Asesora Legal, América Latina y coordinadora regional del proyecto. Correo Electrónico: carolina.villadiego(a)icj.org
Rocío Quintero M, Asesora Legal, América Latina. Correo electrónico: rocio.quintero(a)icj.org
Sep 30, 2020 | Noticias
Venezuela está sufriendo una crisis humanitaria y de derechos humanos sin precedentes que se ha profundizado debido a la negligencia del gobierno autoritario y la ruptura del estado de derecho en el país.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha estimado que alrededor de 5.2 millones de venezolanos han dejado el país, llegando la mayoría como refugiados e inmigrantes a países vecinos.
En 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) calificó esta situación de los derechos humanos como “una espiral descendente que no parece tener fin“.
La situación del derecho a la salud en Venezuela y su sistema de salud pública mostraron problemas estructurales antes de la pandemia, y la Alta Comisionada la describió como una “dramática crisis sanitaria y (…) un completo colapso del sistema de atención sanitaria”.
Recientemente, la ACNUDH presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos que mencionó, entre otras cuestiones, los ataques a los derechos de los pueblos indígenas en el Arco Minero del Orinoco (AMO).
Los derechos de los pueblos indígenas y los proyectos mineros en el AMO antes de la pandemia de la COVID-19
Los pueblos indígenas han sido tradicionalmente olvidados por las autoridades gubernamentales venezolanas y condenados a vivir en la pobreza.
Durante la crisis humanitaria han sufrido nuevos abusos debido a la actividad minera y a la violencia que ocurre en sus territorios.
En 2016, el gobierno venezolano creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco a través del Decreto presidencial No. 2248, como un proyecto de megaminería enfocado, principalmente, en la extracción de oro en un área de 111.843.700 kilómetros cuadrados.
El AMO se ubica al sur del río Orinoco en los territorios amazónicos de Venezuela y abarca tres estados: Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Es el hábitat de varios grupos étnicos indígenas a los que no se les consultó de manera adecuada antes de la implementación del proyecto.
El derecho a la tierra de los pueblos indígenas está reconocido en la Constitución de Venezuela. Sin embargo, como reportó la ONG Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (PROVEA), las autoridades no han mostrado avances en la demarcación y protección de los territorios indígenas desde 2016.
Varias organizaciones indígenas y otros movimientos sociales han expresado su preocupación y rechazo al proyecto del AMO.
La implementación de este proyecto ha impactado de manera negativa los derechos de los pueblos indígenas a la vida, la salud y un medio ambiente seguro, saludable y sostenible.
Human Rights Watch, Business and Human Rights Resource Center, organizaciones no gubernamentales locales, movimientos sociales y la ACNUDH, han documentado la destrucción de la tierra y la contaminación de los ríos debido a la deforestación y la actividad minera, que también está contribuyendo al aumento del paludismo y otras enfermedades.
Las mujeres y los niños indígenas están entre los más afectados. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha reportado que “[l]os pueblos indígenas que viven en la zona fronteriza de Venezuela son sumamente vulnerables a las enfermedades epidémicas”, y ha planteado una preocupación especial sobre el pueblo Warao (que vive en la frontera entre Venezuela y Guyana), y el pueblo Yanomami (que vive en la frontera entre Venezuela y Brasil).
Las mujeres y los niños también corren grandes riesgos de explotación sexual, laboral y violencia de género en el contexto de las actividades mineras. El reciente informe de la Alta Comisionada menciona que desde 2016 hay un fuerte incremento “en prostitución, explotación sexual y tráfico en áreas mineras, incluyendo a niñas adolescentes”.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han determinado una tendencia entre los adolescentes a abandonar la escuela, en particular entre los 13 y los 17 años. Los adolescentes indígenas se ven gravemente afectados, ya que muchos niños se van a trabajar en las minas.
La violencia y la delincuencia también han aumentado en el AMO. Organizaciones criminales y grupos guerrilleros y paramilitares están presentes en la zona, y el gobierno venezolano ha ampliado su presencia militar.
Los dirigentes indígenas y los defensores de derechos humanos han sido objeto de ataques y amenazas; además, persisten las denuncias de casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias.
Situación actual de la pandemia de COVID-19
La pandemia por COVID-19 y la falta de una respuesta adecuada han agravado la situación.
El Gobierno declaró el estado de emergencia (estado de alarma) el 13 de marzo y estableció un confinamiento obligatorio y medidas de distanciamiento social. Sin embargo, las actividades mineras han continuado sin protocolos sanitarios adecuados para prevenir la propagación de la pandemia.
El estado Bolívar, el más grande del país y que está ubicado en el Arco Minero del Orinoco, tiene entre el mayor número de casos confirmados de COVID-19 que incluye a miembros de pueblos indígenas.
La respuesta de las autoridades venezolanas a la pandemia en estos territorios no ha considerado medidas culturalmente apropiadas para las poblaciones indígenas.
Adicionalmente, aunque las autoridades establecieron un grupo de hospitales e instalaciones médicas llamados “hospitales centinela” para atender a personas con síntomas de COVID-19, estos se encuentran en las ciudades y las comunidades indígenas viven lejos de ellas.
Además, la falta de gasolina en el país agrava los obstáculos para trasladarse fácilmente a estos centros.
Las organizaciones de la sociedad civil y los líderes indígenas se quejan de la falta de pruebas de COVID-19 y de la manipulación de los datos que dan cuenta de cuál es la situación real de la pandemia.
Además, la ACNUDH reportó la detención arbitraria de por lo menos tres profesionales de la salud por denunciar la falta de equipo básico y por proporcionar información sobre la situación de COVID-19, y destacó que hay “restricciones al espacio cívico y democrático, incluso bajo el “estado de alarma” decretado en respuesta a la pandemia COVID-19″.
Para leer el artículo completo: Venezuela-COVID19 indigenous-News Feature articles-2020-SPA
Sep 30, 2020 | Feature articles, News
Venezuela is suffering from an unprecedented human rights and humanitarian crisis that has deepened due to the dereliction by the authoritarian government and the breakdown of the rule of law in the country.
The International Organization for Migration (IOM) has estimated that some 5.2 million Venezuelans have left the country, most arriving as refugees and migrants in neighbouring countries.
The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in 2018 had categorized this situation of human rights, as “a downward spiral with no end in sight”.
The situation of the right to health in Venezuela and its public health system showed structural problems before the pandemic and was described as a “dramatic health crisis (…) consequence of the collapse of the Venezuelan health care system” by the High Commissioner.
Recently, the OHCHR submitted a report to the Human Rights Council, in which it addressed, among other things the attacks on indigenous peoples’ rights in the Arco Minero del Orinoco (Orinoco’s Mining Arc or AMO).
Indigenous peoples’ rights and the AMO mining projects before the covid-19 pandemic
Indigenous peoples have been traditionally forgotten by government authorities in Venezuela and condemned to live in poverty. During the humanitarian crisis, they have suffered further abuses due to the mining activity and the violence occurring in their territories.
In 2016, the Venezuelan government created the Orinoco’s Mining Arc National Strategic Development Zone through presidential Decree No. 2248, as a mega-mining project focused mainly in gold extraction in an area of 111.843,70 square kilometres.
It is located at the south of the Orinoco river in the Amazonian territories of Venezuela and covers three states: Amazonas, Bolívar and Delta Amacuro.
It is the habitat for several indigenous ethnic groups[1] who were not properly consulted before the implementation of the project.
The right to land of indigenous peoples is recognized in the Venezuelan Constitution. Yet, as reported by local NGO Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (PROVEA), the authorities have shown no progress in the demarcation and protection of indigenous territories since 2016.
Several indigenous organizations and other social movements have expressed concern and rejected the AMO project.
The implementation of this project has negatively impacted indigenous peoples’ rights to life, health and a safe, healthy and sustainable environment. Human Rights Watch, Business and Human Rights Resource Center, local NGO’s, social movements and the OHCHR, have documented the destruction of the land and the contamination of rivers due to the deforestation and mining activity, which is also contributing to the growth of Malaria and other diseases.
Indigenous women and children are among the most affected. The Pan-American Health Organization (PAHO) has reported that “the indigenous populations living in border areas of Venezuela are highly vulnerable to epidemic-prone diseases”, and it raised a special concern about the Warao people (Venezuela and Guyana border) and Yanomami people (Venezuela and Brazil border).
Women and children also face higher risks of sexual and labour exploitation and of gender-based violence in the context of mining activities.
The High Commissioner’s recent report mentions that there is “a sharp increase since 2016 in prostitution, sexual exploitation and trafficking in mining areas, including of adolescent girls.”
In addition, the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) and the United Nations Children’s Fund (UNICEF) have identified a trend among adolescents of dropping out of school particularly between the ages of 13 and 17. Indigenous individuals are acutely affected, as many children leave to become workers at the mines.
Violence and crime have also increased in the AMO. Criminal organizations and guerrilla and paramilitary groups are present in the zone, and the Venezuelan government has expanded its military presence. Indigenous leaders and human rights defenders have been targets of attacks and threats; and there is a persistence of allegations of cases of enforced disappearances and extrajudicial and arbitrary killings.
Current situation under COVID-19 pandemic
The COVID-19 pandemic and the lack of adequate response to it has aggravated this situation.
The government declared a state of emergency (estado de alarma) on 13 March and established a mandatory lockdown and social distancing measures. Yet mining activities have continued without adequate sanitary protocols to prevent the spread of the pandemic.
The State of Bolívar -the largest state of the country which is located in the Orinoco Mining Arc- has among the highest numbers of confirmed cases of COVID-19 which have included indigenous peoples.
The Venezuelan authorities’ response to the pandemic in these territories has not considered culturally appropriate measures for them. In addition, although authorities established a group of hospitals and medical facilities called “sentinel centres” to attend persons with COVID-19 symptoms, they are located in cities while indigenous communities live far from cities.
Furthermore, the lack of petrol in the country aggravates the obstacles to easy transportation to these centres.
Civil society organizations and indigenous leaders complain about the lack of COVID-19 tests and the data manipulation of the real situation of the pandemic. Also, the OHCHR reported the arbitrary arrest of at least three health professionals for denouncing the lack of basic equipment and for providing information about the situation of COVID-19, and stressed that there are “restrictions to civic and democratic space, including under the “state of alarm” decreed in response to the COVID-19 pandemic.”
[1] At least Kari’ña, Warao, Arawak, Pemón, Ye’kwana, Sanemá o Hotï, Eñe’pa, Panare, Wánai, Mapoyo, Piaroa and Hiwi.
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Venezuela-COVID19 indigenous-News Feature articles-2020-ENG (full article with additional information, in PDF)
