Sep 18, 2020 | Artículos, Noticias
Hoy, la CIJ realizó un llamado a las autoridades competentes para que se realicen investigaciones prontas, transparentes, rigorosas, imparciales y efectivas en los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía colombiana durante las recientes protestas en la capital.
La CIJ enfatizó que cualquier persona responsable debe ser judicializada y llevada ante la justicia. Además, se debe garantizar el acceso a la justicia y a reparaciones a las víctimas.
Del 9 al 10 de septiembre de 2020, se llevaron acabo protestas masivas contra violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía. Las protestas tuvieron su origen en la muerte de Javier Ordóñez. Ordoñez falleció bajo custodia policial luego de haber sido sujeto a severos malos tratos, incluyendo múltiples descargas de electricidad con pistolas taser.
Durante las protestas, la Policía hizo un uso ilegítimo, innecesario y desproporcionado de la fuerza. Como resultado de las protestas, 13 personas fallecieron y más de 200 resultaron heridas.
Los hechos fueron condenados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señaló denuncias de detenciones ilegales y de malos tratos contra personas que fueron arrestadas. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también expresó preocupación por las denuncias de uso excesivo de la fuerza durante las protestas.
Según testigos, la Policía abrió fuego contra personas que estaban protestando pacíficamente. Algunas de las personas asesinadas no hacían parte de las protestas y murieron al ser alcanzadas por balas perdidas. Algunos videos de la conducta policial durante las protestas han circulado en redes sociales.
En el mismo sentido, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López Hernández, afirmó que había entregado videos, con evidencia del abuso policial, a las autoridades competentes. López también compartió parte de estos videos en su cuenta de Twitter.
La CIJ recuerda que bajo los estándares del derecho internacional que regulan el uso de la fuerza por parte de oficiales encargados del mantenimiento del orden público, no debe hacerse uso de fuerza letal a menos que sea estrictamente necesario para proteger la vida.
La CIJ enfatiza la necesidad de que las investigaciones sean independientes, lo que requiere que los investigadores sean independientes de la policía. De igual forma, las investigaciones deben desarrollarse dentro de la jurisdicción ordinaria y no en la militar.
La CIJ también expresa su preocupación por las amenazas recibidas por defensores de derechos humanos que estaban monitoreando el desarrollo de las protestas.
Antecedentes
Las protestas tuvieron su origen en la muerte de Javier Ordóñez, quien murió en un Comando de Acción Inmediata (CAI), en la madrugada del 9 de septiembre de 2020.
Un video muestra que antes de ser trasladado al CAI, policías dispararon pistolas taser contra Ordóñez a pesar que este ya se encontraba en el suelo inmovilizado y no representaba ninguna amenaza contra la vida o seguridad de los policías.
Los resultados iniciales de las investigaciones, incluyendo el reporte de la autopsia, indican que Ordóñez recibió golpes en la cabeza, el cuello, los hombres y el pecho al interior del CAI.
El 11 de septiembre de 2020, la Policía Nacional y el Ministro de Defensa ofrecieron disculpas por cualquier violación que hubieran podido cometer los uniformados. No obstante, no hubo reconocimiento de ninguna violación en particular. Posteriormente, el 16 de septiembre, el Ministro de Defensa reconoció que Javier Ordóñez había sido asesinado por la Policía.
Aunque el Ministro dijo que la policía respetaba las protestas pacíficas, afirmó que “lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre fue un ataque masivo y sistemático en contra de la infraestructura policial y de los agentes de Policía”.
Adicionalmente, el 13 de septiembre, la Alcaldía mayor de Bogotá llevó a cabo una jornada de perdón y reconciliación. En la jornada participaron algunas de las víctimas, que exigieron justicia.
El 17 de septiembre de 2020, la Fiscalía General de la Nación solicitó orden de captura contra dos policías involucrados en la muerte de Ordoñez, la cual fue concedida por un juez. Los dos policías ya fueron capturados.
De conformidad con las obligaciones internacionales de Colombia consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las investigaciones siempre deben ser independientes, imparciales, prontas, rigurosas, efectivas, creíbles y transparentes.
Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establecen que el uso de la fuerza deber ser excepcional, necesario y proporcional. Además, determinan que la fuerza letal solo puede usarse para proteger la vida.
Recientemente, Colombia ha sufrido de un aumento significativo en las violaciones y abusos a los derechos humanos, incluidas las muertes ilícitas. Por ejemplo, desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, han aumentado los asesinatos, amenazas de muertes y hostigamientos contra los defensores de derechos humanos.
A diciembre de 2019, la Misión de Verificación en Colombia de las Naciones Unidas verificó el asesinato de 303 defensores/as de derechos humanos y líderes sociales desde la firma del Acuerdo. Durante 2020, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia ha documentado 47 asesinatos y se encuentra verificando otros 44 casos potenciales.
Contactos:
Carolina Villadiego, Asesora Legal, América Latina. Email: carolina.villadiego(a)icj.org
Rocío Quintero M, Asesora Legal, América Latina. Email: rocio.quintero(a)icj.org
Sep 18, 2020 | News
Today, the ICJ called upon the responsible authorities to ensure that prompt, transparent, thorough, impartial and effective investigations are carried out of allegations of extrajudicial killings and other serious human rights violations by the Colombian police during recent street protests.
The ICJ stressed that any official responsible should be prosecuted and brought to justice and victims of any violations be provided an effective remedy and reparation.
From 9 September to 10 September 2020, mass protests against serious human rights violations by Colombian police took place in Bogota, following the death of Javier Ordóñez. Ordoñez died in police custody after he had been subjected to severe ill-treatment, including by prolonged taser shock.
The protests were met with acts of unlawful, unnecessary and disproportionate use of force by police. The protests left 13 people dead, and more than 200 injured.
The incidents have been condemned by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), which pointed to allegations of unlawful detention and ill-treatment of persons arrested following the demonstrations. The UN High Commissioner for Human Rights has also expressed concern at the allegations the use of excessive force during the protests.
According to witness accounts, police opened fire against people who were protesting peacefully. Some of the victims killed were said to be people who had not taken part in the protests and died due to stray bullets. Some videos of police conduct have been circulated on social media.
Similarly, Bogota Mayor, Claudia López Hernández, has affirmed that she had handed over videos of police shooting indiscriminately against people during the protests to the Office of the Attorney General and other authorities. In addition, she shared part of the videos on her Twitter account.
The ICJ recalls that under international standards governing the use of force by law enforcement officials, lethal force may never be used unless strictly necessary to protect life.
The ICJ stresses that investigations must be impartial and the need for investigators to be independent of the police. Equally important, the investigations must take place within the civilian rather than the military justice system.
The ICJ is also concerned at the threats received by human rights lawyers who have been working working to document possible human rights violations during the protests.
Background
The protests were triggered by the death of Javier Ordoñez, who died at a police facility (Comando de Acción Inmediata, CAI), on the early morning of 9 September.
A video shows that before being transferred to the facility, Ordoñez was repeatedly shocked by policemen with a stun gun while on the ground and did not represent any threat to life or safety the police or other persons. Initial results of the investigation, including the autopsy report, indicate that Ordoñez was hit in the head, neck, shoulders, and chest inside the police facility.
On 11 September 2020, the Police and the Ministry of Defence offered an “apology” for any violation of the law that may have been committed by the police, without acknowledging any specific wrongdoing.
Subsequently, on 16 September, the Minister of Defence recognized that Javier Ordóñez was murdered by the police. Although he stated that the Police respect peaceful protests, he also said the protests of September 9 and 10 were a massive and systematic attack against the police.
Along the same lines, on 13 September 2020, the office of the Mayor of Bogotá held a ceremony of “forgiveness and reconciliation”. The ceremony had the participation of some of the victims, who demanded justice.
On 17 September 2020, the Office of the Attorney General filed arrest warrants against two policemen involved in the murder of Ordóñez. The warrants have been granted by a judge. Both policemen had been arrested.
In accordance with Colombia’s obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights, investigations “must always be independent, impartial, prompt, thorough, effective, credible and transparent”.
The UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials require that any the use of force is exceptional, necessary, and proportional and that lethal force may only be used when strictly necessary to protect life.
Colombia has been recently facing a significant increase in serious human right violations and abuses, including unlawful killings. For example, since the Peace Agreement was signed in November 2016, there has been an upward trend in the killings, death threats, and harassments against human rights defenders.
As of December 2019, the UN Verification Mission in Colombia verified 303 killings of human rights defenders and social leaders since the signature of the Peace Agreement. So far, during 2020, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Colombia has documented 47 killings of human rights defenders and is reviewing other potential 44 cases.
Contact:
Carolina Villadiego, Legal and Policy Adviser, Latin America. Email: carolina.villadiego(a)icj.org
Rocío Quintero M, Legal Adviser, Latin America. Email: rocio.quintero(a)icj.org
Sep 8, 2020 | Noticias
Jueces de seis países latinoamericanos constataron que existían serios obstáculos, pero también posibilidades de justicia, que enfrentan los poderes judiciales de la región en su trabajo de protección de los derechos humanos de quienes han sido afectados negativamente por la actividad de las entidades empresariales.
Los jueces debatieron en el contexto del Diálogo Judicial Regional sobre Empresas y Derechos Humanos organizado por la CIJ el 7 de septiembre.
El Diálogo, moderado por la profesora Mónica Pinto, comisionada de la CIJ, reunió a 17 jueces de Centro y Sudamérica para considerar el papel de los jueces en la garantía del derecho de acceso a la justicia y reparación. Los jueces también consideraron la necesidad de garantizar la independencia del poder judicial y la seguridad de los jueces, abogados y defensores de derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales en la región.
La sesión contó con presentaciones de un miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Diálogo se desarrolló en el marco del V Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe que tuvo ligar entre el 7 y 11 de Setiembre 2020 de forma virtual.
En el debate sobre el acceso a la justicia y la reparación, los jueces compartieron experiencias y jurisprudencia en casos relacionados con delitos graves, incluidos los de lesa humanidad, cometidos durante el régimen militar argentino, así como casos de corrupción y malversación graves en Guatemala.
En Argentina, en un caso relativo al secuestro y tortura en 1976 de 24 trabajadores empleados por la rama local de la empresa Ford Motor en su fábrica de Buenos Aires durante la dictadura militar de 1976-83, un Tribunal Federal de Primera Instancia oral en lo penal condenó a tres personas, un ex militar y dos ex ejecutivos de Ford a prisión de entre 10 y 12 años, por su participación cómplice en los delitos.
Ex ejecutivos de Ford fueron acusados de brindar información detallada y apoyo logístico a agentes de seguridad que derivaron en el secuestro y tortura de las víctimas, y también permitieron que se instalara un centro de detención dentro de las instalaciones de dicha fábrica. Los tres magistrados del Tribunal en este caso asistieron a la reunión para compartir las lecciones aprendidas y reflexiones sobre la trascendencia del proceso penal en el contexto de los esfuerzos por hacer justicia y reparar los crímenes del pasado.
El proceso y la sentencia definitiva es un hito en la lucha contra la impunidad en Argentina y un mensaje importante a todos para que estos crímenes no se vuelvan a cometer. El caso esclareció las formas en que los particulares (ex ejecutivos de la empresa) participaron en la comisión de los delitos por parte de agentes del Estado (militares y agentes de seguridad), profundizando en las modalidades de atribución de los hechos a los autores accesorios.
También fue una innovación en la forma en que recopiló y evaluó el valor probatorio de las pruebas disponibles de los delitos cometidos hace más de 30 años para que aún pudieran atribuirse a los perpetradores.
La reparación ordenada por el Tribunal en este caso fue “simbólica e histórica”, consistente en el reconocimiento de los hechos por parte del Estado y de los actores privados. Las víctimas pueden exigir ahora otras formas de reparación al Estado, pero no a las personas. La empresa como tal no formó parte del proceso penal ni fue sancionada en sentencia firme, ya que la ley argentina no acepta la responsabilidad penal de las personas jurídicas como las corporaciones.
Un juez participante de un Tribunal de Alto Riesgo en Guatemala compartió un caso sobre delitos económicos de corrupción, fraude, asociación ilícita y lavado de activos en una ciudad provincial de Guatemala. Aquí, la experiencia y los resultados fueron algo diferentes. El caso involucró al alcalde de la ciudad y varios de sus familiares, así como a unas 20 empresas de las cuales casi 20 personas y siete empresas recibieron sanciones en la sentencia final.
El caso es de especial importancia en Guatemala como uno de los pocos casos de corrupción a gran escala que ha llegado a su etapa final con condenas. En la investigación y recolección de pruebas consideradas durante el juicio, participaron varias oficinas públicas y la entonces Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que ya no funciona. Gracias a las recientes leyes sobre corrupción y blanqueo de capitales, es posible imponer sanciones a la empresa, en tanto persona jurídica.
En el presente caso, dichas sanciones consistieron en multas pecuniarias, pero no en la suspensión o disolución de la persona jurídica para permitir que prosigan otros procesos administrativos contra las mismas empresas. De acuerdo con las leyes nacionales y los estándares internacionales, los jueces ordenaron la reparación integral, incluyendo los daños, medidas de satisfacción como declaraciones públicas de disculpas y publicaciones a realizar por los condenados.
Citando una constatación gráfica contenida en la sentencia final, el juez Pablo Xitumul, quien presidió el Tribunal, dijo que “la corrupción y la impunidad son aún más letales que un cáncer o una pandemia, ¡y deben combatirse sin demoras ni excusas!”.
Para leer el artículo completo: Americas-Judges and BHR-News-Feature article-2020-SPA
Sep 8, 2020 | Feature articles, News
Judges from six Latin American countries revealed that there were serious obstacles, but also possibilities for justice, facing regional judiciaries as they try to protect the human rights of those who have been adversely affected by the activity of business entities.
The judges gathered as part of the Regional Judicial Dialogue on Business and Human Rights organized by the ICJ of Jurists on September 7.
The Dialogue, moderated by ICJ Commissioner Professor Monica Pinto, brought together 17 judges from Central and South America to consider the role of judges in guaranteeing the right of access to justice and remedy and reparation. The judges also considered the need to guarantee the independence of the judiciary and the security of individual judges, lawyers, and human rights defenders in the context of business activities in the region.
The session featured presentations from a member of the UN Working Group on Business and Human Rights and the Office of the UN High Commissioner for Human Rights. The Dialogue took place in the context of the 5th Regional Forum on Business and Human Rights for Latin America and the Caribbean.
Discussing access to justice and remedy and reparation, the judges shared experiences and jurisprudence in cases related to serious crimes, including against humanity committed during the Argentine military regime, as well as cases of serious corruption and embezzlement in Guatemala.
In Argentina, in a case concerning the 1976 kidnapping and torture of 24 workers employed by the local Ford Motor company at their factory in Buenos Aires during the 1976-83 military dictatorship, a Federal Trial Tribunal sentenced three persons, a former military officer and two former Ford executives to prison of between 10 and 12 years, for their complicit involvement in the crimes.
Former Ford executives were accused of providing detailed information and logistical support to security agents that led to the abduction and torture of the victims, and also allowed a detention centre to be set up inside the premises of that factory.
The three judges of the Tribunal in this case attended the meeting to share the lessons learned and the significance of the criminal proceedings in the context of efforts to bring justice and reparations for the crimes of the past.
The process and the final sentence is a landmark in the fight against impunity in Argentina and an important message to all so that these crimes are not committed again. The case clarified the ways in which private individuals (the former company executives) participated in the commission of the crimes by State agents (military and security agents), elaborating upon modalities of attribution of the acts to the accessory perpetrators.
It is also an innovation in the ways it gathered and assessed the probatory value of the available evidence of crimes committed more than 30 years ago so that the crimes could still be attributed to the perpetrators.
The reparation ordered by the Tribunal in this case was “symbolic and historical”, consisting on an acknowledgment of the facts by the State and the private actors. The victims may demand now other forms of reparation from the State, but not from individuals.
The company as such was not part of the criminal proceedings nor was it sanctioned in the final sentence, since Argentinian law does not accept the criminal responsibility of legal entities such as corporations.
A participant judge from Guatemala shared a case concerning economic crimes of corruption, fraud, illicit association and assets laundering in a provincial town in Guatemala. Here, the experience and outcomes were somewhat different.
The case involved the town major and several of his relatives as well as some 20 companies out of which nearly 20 individuals and seven companies received penalties in the final sentence.
The case is of special significance in Guatemala as one of the few, large scale, corruption cases that has reached its final stage with convictions. In the investigation and collection of evidence considered during the trial, participated several public offices and the then International Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG), which is no longer in operation.
Thanks to recent laws on corruption and money laundering, it is possible to impose sanctions on the company, as a legal entity. In the instant case, those sanctions consisted of monetary fines but not suspension or dissolution of the legal entity to allow other administrative proceedings against the same companies to continue.
In accordance with national laws and international standards, the judges ordered full reparation, including for damages, measures of satisfaction such as public statements of apologies and publications to be made by the convicted.
Citing a graphic statement contained in the final sentence, the judge Pablo Xitumul who presided the Tribunal said “corruption and impunity are even more lethal than a cancer or a pandemic, and should be combated without delay or excuses!”
Read the full story here: Americas-Judges and BHR-News-Feature article-2020-ENG
Sep 1, 2020 | Noticias
Hoy, la CIJ llamó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a respetar la autonomía e independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como órgano encargado de promover la observancia de los derechos humanos en las Américas, incluso respecto de sus funciones administrativas básicas.
El Secretario General de la OEA se ha negado a respaldar la decisión unánime tomada por la Comisión Interamericana en enero de 2020, de renovar el mandato del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, cuyo mandato expiró el 15 de agosto.
La negativa a renovar un mandato no puede hacerse sobre la base de denuncias presentadas, sino que éstas deben ser previamente resueltas en un plazo razonablemente breve, con base en los principios del debido proceso para todas las partes interesadas.
La CIJ señala la importancia de tramitar oportunamente las quejas realizadas por el personal conforme a los principios del debido proceso para todas las partes, y de contar con procedimientos transparentes e independientes para ello.
La CIJ recuerda que es fundamental asegurar la independencia y la autonomía de la Comisión Interamericana, lo que necesariamente incluye su Secretaría Ejecutiva y las funciones relacionadas con el proceso de nombramiento de su titular.
El Secretario General de la CIJ, Sam Zarifi, mencionó que “la CIDH ha desempeñado un papel fundamental en las Américas para promover los derechos humanos y proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos”. Agregó que “la situación requiere una resolución urgente que garantice el respeto de los principios de independencia y autonomía de la CIDH”.
