Oct 31, 2019
An opinion editorial by Alejandro Salinas Rivera, ICJ Commissioner (Chile)
The recent social protests Chile faces have their roots in rampant inequality, social distrust on public institutions, and lack of guarantees of economic and social rights for the population.
The origins of the protests date back several years. They express three structural problems which question the foundations of the political and social model of Chilean democracy.
Those problems are continued inequality despite the country’s economic and social success, social distrust in public institutions, and insufficient State capacity in realizing economic and social rights.
The country faces frustrations that remain from the earlier dictatorship and problems that are evident during democracy due to this pervasive inequality.
Rights are not guaranteed evenly for everyone. For example, some people access health services similar to those provided in more fully developed countries, and others have access to poor quality of health services.
Education rights are also guaranteed unequally: public education is not cheap and, for example, university fees are very high for Chileans.
Also, municipalities in Chile are classified as rich and poor; the infrastructure and quality of the roads change depending on the neighbourhood. Is all this fair? No.
So why are there so many inequalities between the people of Chile?
Citizens have stopped believing and respecting that public institutions will help them guarantee their rights, and hopelessness has permeated the souls of many Chileans.
Current social protests: what now?
There have been numerous protests in recent days. The immediate trigger was the Chilean government’s announcement of rising the metro prices in Santiago on 6 October, but they are related to the profound inequity and the institutional distrust the country faces.
After 6 October, some people, mainly students, began a mass action involving the evading paying metro fares in Santiago, and because this practice continued, police forces (Carabineros) were sent to stop it.
The protests expanded beyond these actions and on the night of the 18 October several protests arose in different cities.
The initial response of President Sebastián Piñera was to decree a state of emergency, and a curfew in many municipalities and to deploy military forces into some of the streets.
Protesters increased and were expanded to other regions of the country.
There were serious allegations regarding excessive use of force by police forces and possible arbitrary detentions committed by them, which requires proper and effective investigation and, where the evidence warrants, prosecution according to international standards.
While most of the protests have been peaceful, some protesters have committed violent acts. This does not delegitimate the acts of all protesters, but it is necessary that any such violence be condemned.
After more than 13 days of continuous protests, the government has not been able to section the conditions to fulfil a political and social pact that includes other political forces, and the opposition has also not been flexible enough to bring positions closer.
Also, civil society has been lacking in proposal to address the crisis.
There has to be a political solution to address the social grievances that underlie the protests. Chilean politicians need to truly acknowledge this social discontent and they need to rise to the challenge despite their political differences.
They need to converge towards a social and political arrangement that answers, urgently, the social demands regarding equity, justice, solidarity and trustworthy institutions.
Furthermore, Chilean politicians and public institutions must ensure and guarantee economic and social rights of the population, by adopting the legal reforms needed to that end and by providing public policies that allow the country to overcome inequity.
Oct 31, 2019 | Editorial, Noticias
Una opinión editorial de Alejandro Salinas Rivera, Comisionado chileno de la CIJ
La desigualdad social, la desconfianza en las instituciones públicas y la falta de goce efectivo de los derechos económicos y sociales, son las raíces de las recientes protestas en Chile.
Los orígenes de las protestas reflejan tres problemas estructurales del modelo político y social del Estado chileno: la desigualdad social a pesar del éxito económico del país, la desconfianza en las instituciones públicas, y la insuficiente capacidad del Estado para garantizar los derechos económicos y sociales.
Además, el país enfrenta frustraciones que quedaron desde la época de la dictadura, y problemas que se han evidenciado durante la época democrática.
En efecto, los derechos no están garantizados de manera uniforme para toda la población chilena. Por ejemplo, algunas personas acceden a servicios de salud que son similares a aquéllos proporcionados en países desarrollados, mientras que otras acceden a servicios de muy baja calidad.
También, la educación se garantiza de manera desigual: la educación pública es costosa y las tasas universitarias son muy altas para la mayoría de la población.
Además, las municipalidades están clasificados entre ricas y pobres, y la infraestructura y la calidad de las carreteras cambian según el barrio. ¿Es todo esto justo? No. Entonces, ¿por qué hay tantas desigualdades entre la población chilena?
Este contexto ha generado que la ciudadanía no confíe en que las instituciones públicas garantizarán sus derechos, y la desesperanza ha impregnado a muchas personas.
Protestas sociales actuales: ¿qué se puede hacer?
Desde hace unas semanas Chile vive un estallido de protesta social. El hecho desencadenante fue el anuncio del 6 de octubre por parte del gobierno chileno de aumentar los precios del metro de Santiago; pero, las protestas están relacionadas con la desigualdad social y la desconfianza en las instituciones públicas.
Después de ese anuncio gubernamental, algunas personas, principalmente estudiantes, evadieron continuamente el pago de las tarifas del metro, y las fuerzas policiales (Carabineros) fueron enviadas para detener dicha evasión.
Así, las acciones de evasión escalaron, y en la noche del 18 de octubre, surgieron masivamente protestas sociales en diferentes ciudades del país que, aún hoy, no han cesado.
La respuesta inicial del presidente Sebastián Piñera fue decretar un estado de emergencia, un toque de queda y desplegar a las fuerzas militares a algunas calles.
Frente a esto, los manifestantes aumentaron y las protestas continuaron y se expandieron a distintas regiones del país.
Se han presentado serias denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales, así como, posibles detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones. Esto requiere que el Estado chileno, en cumplimiento de estándares internacionales, realice una investigación adecuada y efectiva y si la evidencia lo amerita, enjuicie a los responsables.
Por otro lado, si bien la mayoría de protestas han sido pacíficas, algunos manifestantes han cometido actos violentos. Esto no deslegitima la protesta social, pero es necesario que se rechace esta violencia.
Ahora bien, después de más de 13 días de protestas sociales, el gobierno no ha podido generar las condiciones requeridas para concretar un pacto político y social que incluya otras fuerzas políticas, y le permita solucionar de manera adecuada la crisis. Las fuerzas de oposición política, además, tampoco han sido suficientemente generosas en este caso.
Asimismo, la sociedad civil debe brindar alternativas para abordar esta crisis.
En suma, debe haber una solución política que enfrente las raíces de las protestas. Los políticos deben reconocer el descontento social y enfrentarlo a pesar de sus diferencias. Deben converger en un acuerdo social y político que responda, con urgencia, a las demandas sociales en materia de equidad, justicia y solidaridad, así como, a la necesidad de aumentar la confianza en las instituciones públicas.
Por último, los políticos y las instituciones públicas deben garantizar los derechos económicos y sociales de la población, para lo cual, es necesario adoptar las reformas legales requeridas y promulgar políticas públicas que permitan superar la desigualdad social.
Oct 31, 2019 | Artículos, Noticias
Los días 29 y 30 de octubre, la CIJ, en asocio con dhColombia y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organizó una capacitación sobre el marco legal sobre la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales en Bogotá (Colombia).
La capacitación tuvo como objetivo mejorar la comprensión de víctimas y abogados de derechos humanos sobre la legislación nacional sobre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia. La capacitación incluyó un análisis del sistema de justicia ordinario y de los mecanismos de justicia transicional. También exploró el papel de las ciencias forenses en la lucha contra la impunidad de esos crímenes.
La CIJ, en cumplimiento de su objetivo de promover la rendición de cuentas, la justicia y el estado de derecho en Colombia, ha estado monitoreando continuamente la investigación y el enjuiciamiento de violaciones y abusos graves de los derechos humanos, en particular las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Los autores de tales violaciones, que constituyen crímenes de derecho internacional, han disfrutado de un alto nivel de impunidad. Hay numerosos casos sin resolver que datan de la década de 1970 y las violaciones han continuado incluso después de la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016.
En Colombia, lograr la rendición de cuentas por esos crímenes ha resultado difícil por varias razones, incluido el funcionamiento ineficaz del sistema de justicia. Las víctimas y sus abogados han enfrentado serios obstáculos para acceder a recursos efectivos. Además, la creación de nuevas instituciones por el Acuerdo Final de Paz ha cambiado algunas reglas y procedimientos básicos para la investigación y el enjuiciamiento de esos crímenes. En consecuencia, el sistema de justicia colombiano es más complicado de entender, no solo para las víctimas sino también para los abogados.
El taller de capacitación fue parte de un proyecto regional más amplio que aborda la justicia por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú. Los participantes fueron víctimas y abogados de derechos humanos de diferentes regiones del país, especialmente aquellos lugares donde hay menos oportunidades de acceder a capacitación legal y forense. Teniendo en cuenta que las actividades de creación de capacidad son esenciales para el logro efectivo de la rendición de cuentas, se espera que los participantes de la capacitación hayan obtenido herramientas valiosas para exigir justicia y reparación por violaciones graves de los derechos humanos.
Contactos:
Rocío Quintero M, Asesora Legal, América Latina. Correo electrónico: rocio.quintero(a)icj.org
Carolina Villadiego, Asesora Legal, América Latina y coordinadora regional del proyecto. Correo Electrónico: carolina.villadiego(a)icj.org
Oct 31, 2019 | News
On 29-30 October the ICJ, in partnership with dhColombia and the Argentine Forensic Anthropology Team (EAAF), hosted a two-day training workshop in Bogotá on the legal framework around enforced disappearance and extrajudicial killings.
The training aimed to improve the understanding of victims and human rights lawyers of the domestic law on extrajudicial killings and enforced disappearances in Colombia. It included an analysis of both the ordinary justice system, as well as transitional justice mechanisms. It also explored the role of the forensic sciences in tackling impunity for those crimes.
The ICJ in furtherance of its objective to promote accountability, justice and the rule of law in Colombia, has been continuously monitoring the investigation and prosecution of serious human rights violations and abuses, particularly extrajudicial killings and enforced disappearances. Perpetrators of such violations, which constitute crimes under international law, have enjoyed a high level of impunity. While there are numerous unresolved cases dating back to the 1970s, violations have continued even after a comprehensive peace agreement was signed in 2016 following decades of armed conflict.
In Colombia, achieving accountability for those crimes has proven difficult for several reasons, including the ineffective functioning of the justice system. Victims and their lawyers have faced serious obstacles in gaining access to effective remedies. In addition, the creation of new institutions by the Peace Agreement has changed some basic rules and procedures for the investigation and prosecution of those crimes. Consequently, the Colombian justice system is more complicated to understand not only for victims but for lawyers.
The training workshop was part of a broader regional project addressing justice for extrajudicial killings and enforced disappearances in Colombia, Guatemala and Peru. Participants were victims and human rights lawyers from different regions of the country, especially those where that is less opportunity to access legal and forensic training. Considering that capacity building activities are essential to the effective achievement of accountability, it is expected that participants of the training will obtain valuable tools to demand justice and remedy and reparations for serious human rights violations.
Contacts:
Rocío Quintero M, Legal Adviser, Latin America. Email: rocio.quintero(a)icj.org
Carolina Villadiego, ICJ Legal and Policy Adviser, Latin America, and Regional Coordinator of the Project. Email: carolina.villadiego(a)icj.org
Oct 22, 2019 | Artículos, Noticias
La CIJ anuncia visita de delegación internacional de alto nivel para participar en la VII Conferencia Regional sobre Independencia Judicial el 25 y 26 de Octubre.
La CIJ en Centroamérica llevará a cabo la VII Conferencia Regional sobre Independencia Judicial, con el tema central de la Seguridad de Jueces y Juezas.
En ella se debatirá sobre el papel que deben de jugar los estados, para la protección de jueces y juezas, así como la relación que existe entre la independencia judicial y la seguridad de quienes imparten justicia.
Han llegado al país, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Serbia y Comisionada de la CIJ, Radmila Dragicevic, el Magistrado Emérito del Tribunal Supremo Español y Comisionado de la CIJ José Antonio Martín Pallín, dos Jueces de Noruega Erland Flaterud y Finn-Arne Schanche y 9 Jueces de Centroamérica, entre los cuáles se encuentra el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador Leonardo Ramírez Murcia. Además, participará el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Fernando Cruz Castro.
Guatemala-Judicial Conference CA-News-2019-SPA
