Nov 24, 2019 | Editorial, Noticias
Una opinión editorial de Alejandro Salinas Rivera, Comisionado de la CIJ (Chile)
A casi un mes de iniciadas las protestas sociales, las fuerzas políticas llegaron a un acuerdo que podría permitir abordar la crisis social evidenciada con las protestas.
Durante varios días, millones de personas salieron a las calles para solicitar reformas profundas para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. La mayoría de las protestas fueron pacíficas; sin embargo, algunos actos de violencia fueron perpetrados.
La reacción inicial de las autoridades gubernamentales y de otros líderes políticos no permitió abordar con seriedad las preocupaciones y las demandas ciudadanas. Además, hay denuncias sobre graves violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros de la fuerza pública. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) indicó que representa a 489 personas que sufrieron actos que pueden constituir violaciones a los derechos humanos, y hay más de 200 personas heridas en los ojos por balines de goma.
Acuerdo político alcanzado recientemente
El 15 de noviembre, los partidos políticos con representación parlamentaria (a excepción del Partido Comunista y de pequeños partidos de izquierda), firmaron un acuerdo político que propone un camino para abordar la crisis: la definición de un procedimiento para adoptar una nueva Constitución.
Pero, ¿por qué es tan importante esto en Chile? Porque la Constitución chilena fue redactada y adoptada en 1980 durante la dictadura militar, y aunque se le han introducido modificaciones durante la democracia (1990), todavía refleja el modelo político y social que gobierna el país. La Constitución siempre ha sido considerada como una camisa de fuerza que impide introducir cambios sociales que el país necesita, ya que otorga al Estado un papel subsidiario en la garantía de ciertos derechos económicos y sociales.
El acuerdo político alcanzado estableció una hoja de ruta para realizar el cambio constitucional. Primero, en abril de 2020 se realizará un plebiscito para preguntarle a las personas: a) ¿Quiere usted una nueva Constitución? (Aprueba/ Rechaza); y b) ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? (Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional).
En segundo lugar, después de los resultados del plebiscito, se llevarán a cabo las elecciones de los miembros que integrarán el organismo encargado de redactar la nueva Constitución (octubre 2020), y después de su redacción, habrá un plebiscito ratificatorio obligatorio.
Este acuerdo político genera esperanza para que se realice un cambio que permita abordar las demandas sociales y mejorar el diseño institucional que se encarga de garantizar los derechos económicos y sociales. Sin embargo, el acuerdo por sí solo no es suficiente. Es necesario, además, tomar medidas inmediatas que permitan lograr acuerdos sustanciales y fortalecer, ahora, la capacidad institucional.
Otras acciones que deben realizarse
Además del acuerdo político alcanzado, hay otras acciones que se deben realizar. Por ejemplo, se debe:
- Adoptar acuerdos políticos específicos que hagan viable el proceso constitucional acordado y que garanticen que dicho proceso responda a las demandas ciudadanas. Así, debe modificarse la Constitución para permitir la convocatoria al plebiscito, y se debe implementar dicho mecanismo en abril de 2020.
- Adoptar políticas públicas específicas para materializar los derechos económicos y sociales que no requieren cambios constitucionales; solo requieren voluntad política. Por ejemplo, se pueden introducir mejorías significativas a los sistemas de salud, de educación y de pensiones.
- Investigar, de manera pronta y efectiva, la actuación de la policía y de las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas. Esto requiere una revisión completa de los protocolos de actuación y, posiblemente, la adopción de reformas institucionales.
- Investigar, de manera pronta y efectiva, las denuncias en contra de miembros de la policía y de las fuerzas de seguridad por violaciones graves de los derechos humanos y, cuando la evidencia lo amerite, enjuiciar y sancionar a los responsables. El rol independiente de los jueces y los fiscales es clave para cumplir con esta obligación.
- Investigar, de manera pronta y efectiva, los actos de violencia cometidos durante las protestas, y cuando la evidencia lo amerite, enjuiciar y sancionar a los responsables.
- Fortalecer las instituciones públicas, como las fuerzas policiales (Carabineros), el Instituto Nacional de Derechos Humanos, las oficinas gubernamentales a cargo de las políticas públicas sociales, entre otras.
En suma, el camino que se avecina no es fácil y está lleno de obstáculos para Chile, pero proporciona una esperanza para abordar la crisis social. Por ejemplo, cambiar la Constitución era una tarea pendiente de la democracia chilena, y ahora parece posible. Entre los próximos pasos se encuentra el diseño de un modelo político y social que garantice la equidad, que permita la solidaridad y que garantice plenamente los derechos humanos.
Nov 24, 2019
An opinion editorial by Alejandro Salinas Rivera, ICJ Commissioner (Chile)
Almost one month after the social protests began in Chile, the democratic political forces have reached an agreement that might enable the country to address the social crisis the protests evidenced.
During the past month, millions of people took to the streets throughout the country calling for deep reforms to guarantee economic, social and cultural rights. Most of the protests were pacific; however, some serious acts of violence were committed.
Initially, governmental authorities and other political leaders’ reactions failed to meaningfully address the concerns and demands of protestors and many in the general public. In addition, there were credible allegations of serious human rights violations committed by personnel of the security forces. For instance, the National Institute of Human Rights (NHRI) indicated it is representing 489 persons that suffered from criminal acts that may constitute violations to human rights, and there are more than 200 people injured in the eyes by the effect of rubber pellets.
Recent political agreement
On 15 November, political parties with parliamentary representation, except the Communist Party and small leftist parties, signed an agreement that establishes the beginning of a path to address the crisis: a procedure to adopt a new Constitution.
But why is this so important in Chile? Because the current Constitution was drafted and adopted in 1980 during the dictatorship. Despite the changes introduced since democracy after 1990, the fact is it still reflects the political and social model that governs the country. The Constitution has always been considered as a straitjacket to introducing social changes that Chile needs to effectively improve the quality of life of its inhabitants, as it does not give a prominent role to the State to guarantee economic and social rights.
The agreement established an itinerary for this constitutional change. First, there will be a popular referendum to be held in April 2020, to ask the people: a) Do you want a new Constitution? (Approve/Disapproved); and b) What kind of body should write the new Constitution? (Mixed Constitutional Convention or Constitutional Convention).
Second, after the results of the referendum, there will be an election to integrate the body that will draft the new Constitution in October of 2020, and after drafting the new Constitution there will be a popular referendum to ratify the draft.
This agreement raises hope for a profound change to address the social demands in Chile and to improve the institutional design for guaranteeing economic, social and cultural rights. However, it alone will not be enough to solve the demands expressed in the protests. There is a need to take immediate actions to achieve substantial agreements for the effective realization of economic, social and cultural rights, and to strengthen the State’s capacity to respond to social demands and to close the inequality gap.
Further steps that need to be taken
Additional tasks remain pending after the signing of this historic agreement. Some of them are,
- Adoption of specific political agreements that makes the constitutional process viable, and that guarantee that it answers to the current social demands. The first major agreement is to establish the terms of the referendum that will call the people to decide on the adoption of new Constitution and to call to the popular vote in April.
- Adoption of specific public policies to materialize economic and social rights that do not require constitutional changes, just strong political will. These would include, for example, real improvements of the pension, health and education system.
- Prompt and effective investigation into the actions of the police and security forces during the protests. This requires a complete review of the action protocols, and possibly, the adoption of changes within the institution.
- Prompt and effective investigation of the complaints against the police and the security forces for serious human rights violations and, where the evidence warrants, prosecute and sanction those responsible. Independent judges and the prosecutors are key to fulfilling this obligation.
- Prompt and effective investigations of the acts of violence committed during the protests that affected and damaged the country and bring those responsible to justice.
- Strengthening public institutions, such as the police forces (Carabineros), the National Institute of Human Rights, Government’ offices in charge of social public policies, among others.
The road that lies ahead is not easy and it is full of obstacles, but it opens a path of hope. For instance, changing the Constitution was a pending task of Chilean democracy, and now it seems possible. The next steps are to design a political and social model that guarantees equity, allows solidarity and fully respects human rights.
Oct 31, 2019
An opinion editorial by Alejandro Salinas Rivera, ICJ Commissioner (Chile)
The recent social protests Chile faces have their roots in rampant inequality, social distrust on public institutions, and lack of guarantees of economic and social rights for the population.
The origins of the protests date back several years. They express three structural problems which question the foundations of the political and social model of Chilean democracy.
Those problems are continued inequality despite the country’s economic and social success, social distrust in public institutions, and insufficient State capacity in realizing economic and social rights.
The country faces frustrations that remain from the earlier dictatorship and problems that are evident during democracy due to this pervasive inequality.
Rights are not guaranteed evenly for everyone. For example, some people access health services similar to those provided in more fully developed countries, and others have access to poor quality of health services.
Education rights are also guaranteed unequally: public education is not cheap and, for example, university fees are very high for Chileans.
Also, municipalities in Chile are classified as rich and poor; the infrastructure and quality of the roads change depending on the neighbourhood. Is all this fair? No.
So why are there so many inequalities between the people of Chile?
Citizens have stopped believing and respecting that public institutions will help them guarantee their rights, and hopelessness has permeated the souls of many Chileans.
Current social protests: what now?
There have been numerous protests in recent days. The immediate trigger was the Chilean government’s announcement of rising the metro prices in Santiago on 6 October, but they are related to the profound inequity and the institutional distrust the country faces.
After 6 October, some people, mainly students, began a mass action involving the evading paying metro fares in Santiago, and because this practice continued, police forces (Carabineros) were sent to stop it.
The protests expanded beyond these actions and on the night of the 18 October several protests arose in different cities.
The initial response of President Sebastián Piñera was to decree a state of emergency, and a curfew in many municipalities and to deploy military forces into some of the streets.
Protesters increased and were expanded to other regions of the country.
There were serious allegations regarding excessive use of force by police forces and possible arbitrary detentions committed by them, which requires proper and effective investigation and, where the evidence warrants, prosecution according to international standards.
While most of the protests have been peaceful, some protesters have committed violent acts. This does not delegitimate the acts of all protesters, but it is necessary that any such violence be condemned.
After more than 13 days of continuous protests, the government has not been able to section the conditions to fulfil a political and social pact that includes other political forces, and the opposition has also not been flexible enough to bring positions closer.
Also, civil society has been lacking in proposal to address the crisis.
There has to be a political solution to address the social grievances that underlie the protests. Chilean politicians need to truly acknowledge this social discontent and they need to rise to the challenge despite their political differences.
They need to converge towards a social and political arrangement that answers, urgently, the social demands regarding equity, justice, solidarity and trustworthy institutions.
Furthermore, Chilean politicians and public institutions must ensure and guarantee economic and social rights of the population, by adopting the legal reforms needed to that end and by providing public policies that allow the country to overcome inequity.
Oct 31, 2019 | Editorial, Noticias
Una opinión editorial de Alejandro Salinas Rivera, Comisionado chileno de la CIJ
La desigualdad social, la desconfianza en las instituciones públicas y la falta de goce efectivo de los derechos económicos y sociales, son las raíces de las recientes protestas en Chile.
Los orígenes de las protestas reflejan tres problemas estructurales del modelo político y social del Estado chileno: la desigualdad social a pesar del éxito económico del país, la desconfianza en las instituciones públicas, y la insuficiente capacidad del Estado para garantizar los derechos económicos y sociales.
Además, el país enfrenta frustraciones que quedaron desde la época de la dictadura, y problemas que se han evidenciado durante la época democrática.
En efecto, los derechos no están garantizados de manera uniforme para toda la población chilena. Por ejemplo, algunas personas acceden a servicios de salud que son similares a aquéllos proporcionados en países desarrollados, mientras que otras acceden a servicios de muy baja calidad.
También, la educación se garantiza de manera desigual: la educación pública es costosa y las tasas universitarias son muy altas para la mayoría de la población.
Además, las municipalidades están clasificados entre ricas y pobres, y la infraestructura y la calidad de las carreteras cambian según el barrio. ¿Es todo esto justo? No. Entonces, ¿por qué hay tantas desigualdades entre la población chilena?
Este contexto ha generado que la ciudadanía no confíe en que las instituciones públicas garantizarán sus derechos, y la desesperanza ha impregnado a muchas personas.
Protestas sociales actuales: ¿qué se puede hacer?
Desde hace unas semanas Chile vive un estallido de protesta social. El hecho desencadenante fue el anuncio del 6 de octubre por parte del gobierno chileno de aumentar los precios del metro de Santiago; pero, las protestas están relacionadas con la desigualdad social y la desconfianza en las instituciones públicas.
Después de ese anuncio gubernamental, algunas personas, principalmente estudiantes, evadieron continuamente el pago de las tarifas del metro, y las fuerzas policiales (Carabineros) fueron enviadas para detener dicha evasión.
Así, las acciones de evasión escalaron, y en la noche del 18 de octubre, surgieron masivamente protestas sociales en diferentes ciudades del país que, aún hoy, no han cesado.
La respuesta inicial del presidente Sebastián Piñera fue decretar un estado de emergencia, un toque de queda y desplegar a las fuerzas militares a algunas calles.
Frente a esto, los manifestantes aumentaron y las protestas continuaron y se expandieron a distintas regiones del país.
Se han presentado serias denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales, así como, posibles detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones. Esto requiere que el Estado chileno, en cumplimiento de estándares internacionales, realice una investigación adecuada y efectiva y si la evidencia lo amerita, enjuicie a los responsables.
Por otro lado, si bien la mayoría de protestas han sido pacíficas, algunos manifestantes han cometido actos violentos. Esto no deslegitima la protesta social, pero es necesario que se rechace esta violencia.
Ahora bien, después de más de 13 días de protestas sociales, el gobierno no ha podido generar las condiciones requeridas para concretar un pacto político y social que incluya otras fuerzas políticas, y le permita solucionar de manera adecuada la crisis. Las fuerzas de oposición política, además, tampoco han sido suficientemente generosas en este caso.
Asimismo, la sociedad civil debe brindar alternativas para abordar esta crisis.
En suma, debe haber una solución política que enfrente las raíces de las protestas. Los políticos deben reconocer el descontento social y enfrentarlo a pesar de sus diferencias. Deben converger en un acuerdo social y político que responda, con urgencia, a las demandas sociales en materia de equidad, justicia y solidaridad, así como, a la necesidad de aumentar la confianza en las instituciones públicas.
Por último, los políticos y las instituciones públicas deben garantizar los derechos económicos y sociales de la población, para lo cual, es necesario adoptar las reformas legales requeridas y promulgar políticas públicas que permitan superar la desigualdad social.
Oct 31, 2019 | Artículos, Noticias
Los días 29 y 30 de octubre, la CIJ, en asocio con dhColombia y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organizó una capacitación sobre el marco legal sobre la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales en Bogotá (Colombia).
La capacitación tuvo como objetivo mejorar la comprensión de víctimas y abogados de derechos humanos sobre la legislación nacional sobre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia. La capacitación incluyó un análisis del sistema de justicia ordinario y de los mecanismos de justicia transicional. También exploró el papel de las ciencias forenses en la lucha contra la impunidad de esos crímenes.
La CIJ, en cumplimiento de su objetivo de promover la rendición de cuentas, la justicia y el estado de derecho en Colombia, ha estado monitoreando continuamente la investigación y el enjuiciamiento de violaciones y abusos graves de los derechos humanos, en particular las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Los autores de tales violaciones, que constituyen crímenes de derecho internacional, han disfrutado de un alto nivel de impunidad. Hay numerosos casos sin resolver que datan de la década de 1970 y las violaciones han continuado incluso después de la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016.
En Colombia, lograr la rendición de cuentas por esos crímenes ha resultado difícil por varias razones, incluido el funcionamiento ineficaz del sistema de justicia. Las víctimas y sus abogados han enfrentado serios obstáculos para acceder a recursos efectivos. Además, la creación de nuevas instituciones por el Acuerdo Final de Paz ha cambiado algunas reglas y procedimientos básicos para la investigación y el enjuiciamiento de esos crímenes. En consecuencia, el sistema de justicia colombiano es más complicado de entender, no solo para las víctimas sino también para los abogados.
El taller de capacitación fue parte de un proyecto regional más amplio que aborda la justicia por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú. Los participantes fueron víctimas y abogados de derechos humanos de diferentes regiones del país, especialmente aquellos lugares donde hay menos oportunidades de acceder a capacitación legal y forense. Teniendo en cuenta que las actividades de creación de capacidad son esenciales para el logro efectivo de la rendición de cuentas, se espera que los participantes de la capacitación hayan obtenido herramientas valiosas para exigir justicia y reparación por violaciones graves de los derechos humanos.
Contactos:
Rocío Quintero M, Asesora Legal, América Latina. Correo electrónico: rocio.quintero(a)icj.org
Carolina Villadiego, Asesora Legal, América Latina y coordinadora regional del proyecto. Correo Electrónico: carolina.villadiego(a)icj.org
