Mar 26, 2019 | News
The ICJ condemns the sentencing of Venezuelan Judge Maria Lourdes Afiuni to a further five years of imprisonment.
On 21 March, a court in Caracas sentenced Judge Afiuni on unfounded charges of “corruption”.
“This further five-year sentence against Judge Afiuni is both the latest in a long series of severe violations of her human rights, and also illustrates the grave extent to which independence of the judiciary in Venezuela has been more broadly undermined,” said Matt Pollard, ICJ Senior Legal Adviser and UN Representative.
Judge Afiuni was arbitrarily arrested and detained in 2009 after then-President Hugo Chavez publicly demanded she be imprisoned for 30 years, as she had released an accused person citing a decision by the UN Working Group on Arbitrary Detention that his detention was unlawful.
While in detention, she was subjected to torture and other ill-treatment.
In 2010, the UN Working Group on Arbitrary Detention issued an opinion declaring Judge Afiuni Mora’s detention arbitrary.
She was held in prison for 14 months before being transferred to house arrest for health reasons in 2011.
In 2013 she was granted parole but ordered not to leave the country or to use social media.
The UN Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers reacted earlier today to the latest sentencing by reaffirming the arbitrariness of her deprivation of liberty and the fact that her treatment amounts to reprisals for having implemented the UN Working Group’s decision.
The Rapporteur also said that the ruling “underscored his serious concerns about the independence of the judiciary in Venezuela, the impartiality of judges and prosecutors and the pressures they faced in handling politically sensitive cases.”
Further background on the situation for the judiciary in Venezuela, and Judge Afiuni’s case, is available here.
Mar 20, 2019 | Advocacy, Non-legal submissions
The ICJ today joined other NGOs in addressing the UN Human Rights Council session in Geneva, on the situation for human rights in Guatemala.
The statement, delivered by Franciscans International on behalf also of ICJ and other NGOs, read as follows (translation of Spanish original):
“We welcome the High Commissioner’s Report concerning the activities of her Office in Guatemala. We share the concerns and recommendations in the report, especially those related to the indigenous peoples, migrants and legislative initiatives that would impact in the full enjoyment of human rights.
As it was highlighted in the report, we are also concerned by the current discussions on the initiative to reform the National Reconciliation Law. This reform would give amnesty to those who committed serious crimes during the armed conflict, including those who have already been convicted. This puts at risk not only the fulfillment of the state’s obligations to end impunity, but also the security and access to justice of hundreds of victims and witnesses. Guatemala should dismiss immediately the initiative and refrain from promoting any other initiative that would promote impunity.
Additionally, the political and social tensions are intensifying towards the upcoming elections, and the inclusion of various groups, especially indigenous peoples, is at risk. Currently there is a low participation and representation of indigenous peoples in the political scene of the country. Out of 178 seats in the Congress, only 18 are occupied by Mayans (from which only two are women). The State must guarantee free participation, without intimidation or threats, of indigenous peoples running for different positions.
Lastly, the regional human rights situation of migrants is aggravating and the response by Guatemala, as evidenced in the last months, shows the lack of an effective policy to deal not only with migrants in transit, but also to create conditions to prevent forced migration of Guatemalans.
We thank the work that the Office of the High Commissioner for Human Rights has done, and we stress the importance of its activities in the country.”
The full statement may be downloaded in English and the original Spanish, in PDF format, here: HRC40-OralStatement-GDitem2-Guatemala-2019-EN-ESP
Mar 13, 2019 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ, conjuntamente con una jueza de Honduras y otra de Costa Rica, de sus respectivas asociaciones de jueces, sostuvieron una reunión con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Una vez más, pidieron la destitución del Director de Seguridad Institucional del Organismo Judicial, ya que a partir de dicho nombramiento, las y los jueces más independientes e imparciales, empezaron a ser vigilados ilegalmente y se han sentido vulnerables e inseguros.
El día de hoy, gracias a una nota periodística, se supo que el Director de Seguridad Institucional del Organismo Judicial, Roberto Mota Bonilla (foto), tiene orden de captura, por la supuesta comisión del delito de violencia contra la mujer.
Esta nueva acusación hace insostenible que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia lo siga protegiendo y manteniendo en su puesto y el pleno de magistrados de dicha Corte debería ahora intervenir, por tratarse de un asunto relacionado directamente con la seguridad de jueces y juezas.
“Tal y como nos informara el día de ayer el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en él recae la responsabilidad del nombramiento del Director de Seguridad Institucional, pero los asuntos de seguridad de jueces, debe discutirlos con el pleno de la Corte Suprema de Justicia,” expresó Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica.
La CIJ hace un llamado a las autoridades del Estado de Guatemala, para que respeten el Estado de Derecho y que cesen los ataques en contra de la independencia del Poder Judicial y de las y los jueces que administran justicia en forma independiente e imparcial.
Lamentablemente, tal y como lo confirmara el Presidente del Organismo Judicial, está a la espera de informe de Auditoría Interna para tomar una decisión definitiva. Sin embargo, ante estos nuevos hechos, no debería esperar el informe para tomar una decisión. El Director de Seguridad Institucional Roberto Mota Bonilla, debería ser destituido en forma inmediata.
Mar 6, 2019 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ expresa profunda preocupación por el nombramiento del nuevo Director de Seguridad Institucional de Jueces y Juezas, nombrado por la Corte Suprema de Justicia y los efectos negativos que ello conlleva en las y los jueces independientes e imparciales.
Ante la denuncia que hiciera la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) y el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (STOJ), la CIJ se permite llamar la atención de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que asuma con seriedad dicha denuncia.
La CIJ considera que existen razones fundadas para dicha denuncia y que el nombramiento del señor Roberto Mota Bonilla, lejos de brindar más confianza a las y los jueces sobre su protección, causa mayor frustración y dudas.
El señor Roberto Mota Bonilla perteneció a la Secretaría de Inteligencia y la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) y por lo tanto, existen indicios que comprometen su independencia, por tener cercanía con el Poder Ejecutivo, uno de los tres Poderes del Estado que, es evidente, viene interfiriendo en la Independencia Judicial desde antes del año 2017 y con más fuerza a partir de agosto de dicho año.
Desde su nombramiento, las y los jueces independientes e imparciales, han venido sufriendo una serie de actos que pueden calificarse como presiones, intimidaciones, limitaciones a su función, vigilancia y control injustificados, que pueden llegar a afectar seriamente la independencia judicial y el debido proceso en los casos que dichos jueces conocen.
Las Naciones Unidas, al aprobar los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, declaró en el principio 2: “Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”.
Además, según dichos Principios, la ley debe garantizar no sólo la permanencia en el cargo de los jueces por los períodos establecidos, sino que también su independencia y seguridad, así como una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y jubilación adecuadas. (Principio número 11. Sobre las Condiciones de servicio e inamovilidad).
De manera más específica, el Proyecto de Principios sobre la Independencia del Poder Judicial, dispone en el artículo 27 que: “Las autoridades ejecutivas tendrán el deber de garantizar la seguridad y la protección física de los miembros del poder judicial y de sus familias, en especial en caso de que sean objeto de amenazas”[1].
Este principio es desarrollado también en el artículo 2.23 de la Declaración Universal sobre la Independencia de la Justicia (Declaración de Montreal, aprobada en la Conferencia Mundial sobre Independencia de la Justicia), al establecer que “el Poder Ejecutivo deberá garantizar la seguridad y la integridad física de los jueces y de sus familiares”.
Los Principios de Siracusa son aún más explícitos. Bajo el apartado de “protección física”, el artículo 27 establece que las autoridades ejecutivas “tendrán el deber de garantizar la seguridad y la protección física de los miembros del poder judicial y de sus familias, en especial en caso de que sean objeto de amenazas”.
O sea que dichos principios, consideran obligación del Poder Ejecutivo garantizar la seguridad y contar con la proteccion física de las autoridades competentes, tanto si se trata de amenazas personales y directas, como en una situación general relacionada con el orden público o la seguridad interna de una Nación. En todo caso, las y los jueces deberán poder desempeñar sus funciones con la calma y la seguridad que requiere su función.
En tal sentido, la CIJ hace un enérgico llamado a las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para que tomen con seriedad las denuncias presentadas por miembros de la AGJI y que destituya cuanto antes al Señor Mota Bonilla, por no garantizar independencia de criterio, ni objetividad en la protección de jueces y juezas. Al contrario, dicho nombramiento puede repercutir muy negativamente en la seguridad de jueces y juezas.
La CIJ expresa que en diferentes oportunidades ha señalado que la proteccion de jueces y juezas es esencial en un Estado de Derecho, para que puedan cumplir con su función en forma independiente e imparcial y buscando la mayor protección de los derechos humanos de las y los ciudadanos.
En el presente caso, todo parece indicar que mediante dicho nombramiento, se busca socavar la independencia judicial y afectar la función que llevan a cabo jueces y juezas independientes e imparciales.
Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica expresó: “En un Estado como el de Guatemala, cooptado por el crimen organizado, éste debe ser un tema que el Poder Judicial debería analizar más a fondo y con mucho detenimiento, para brindar las soluciones más adecuadas a las y los jueces. Todo indica que el nombramiento del señor Roberto Mota Bonilla es un paso más hacia la militarización del Estado de Guatemala. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, deberían destituir al señor Roberto Mota Bonilla y abrir un espacio de diálogo con las y los jueces afectados y con la sociedad civil, para tratar este tema tan importante para la seguridad de las y los jueces, para la Independencia Judicial y para el fortalecimiento del Estado de Derecho.”
Foto: Ramón Cadena, director de la CIJ, se reunió ayer con los magistrados de la Cámara Penal.
[1] Comité de Expertos de la Asociación Internacional de Derecho Penal, la Comisión Internacional de Juristas y el Centro para la Independencia de Jueces y Abogados. Proyecto de Principios sobre la Independencia del Poder Judicial, mayo 1981.
Feb 12, 2019 | News
Today in Bogotá, Colombia, ICJ and its partners launched a new 30-month project under the ICJ’s Global Accountability Initiative entitled, Promoting justice for extrajudicial killings and enforced disappearances in Colombia, Guatemala and Peru.
The aim of the project is to promote the accountability of perpetrators and access to effective remedies and reparation for victims and their families in cases of extrajudicial killings and enforced disappearances in Colombia, Guatemala and Peru – and Latin America more broadly – through effective, accountable and inclusive laws, institutions and practices that also reduce the risk of future violations
The ICJ’s partners include the Asociacion de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Asociación Red de defensores y defensoras de derechos humanos (dhColombia), Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), and the Instituto de Defensa Legal (IDL).
Christof Heyns, Director of the Institute for International and Comparative Law in Africa and Professor of Human Rights Law at the University of Pretoria – and a former Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions – also joins the project as special adviser.
In carrying out the project the ICJ will conduct general studies on obstacles to impunity in Colombia, Guatemala and Peru, as well as specific documentation of emblematic cases of serious human rights violations. The ICJ will also produce a practitioners’ guide for use by civil society, victims and their representatives on the investigation and prosecution of potentially unlawful death, and a regional guide for forensic experts on the investigation and prosecution of potentially unlawful death. In connection with the project the IJC intends to conduct strategic litigation, trial observations and capacity building activities involving judges, prosecutors, investigators, lawyers, civil society, victim groups and forensic experts.
The project is supported by the EU European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR).
Contacts:
Kingsley Abbott, Senior Legal Adviser & Coordinator of the ICJ’s Global Accountability Initiative, email: kingsley.abbott(a)icj.org
Rocío Quintero, Legal Adviser, Latin America, email: rocio.quintero(a)icj.org
