La CIJ se suma a la condena internacional de la decisión del Presidente de Guatemala de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

La CIJ se suma a la condena internacional de la decisión del Presidente de Guatemala de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

Hoy la CIJ firmó una declaración conjuntamente con una docena de otras organizaciones internacionales basadas en Europa que cooperan en Guatemala, condenando la decisión del Presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La declaración también repudia la decisión subsecuente del Presidente Morales de impedirle al Comisionado Iván Velásquez (foto) regresar al país.

La CICIG ha realizado contribuciones significativas al trabajo de la Fiscalía, el reforzamiento del estado de derecho y la lucha contra las redes de corrupción.

La declaración expresa una gran preocupación de que, el 31 de agosto del 2018, el gobierno haya recurrido a tanques y policías fuertemente armados afín de intimidar al personal de la CICIG y además a ciudadanos/as guatemaltecos/as, al anunciar la decisión de no renovar el mandato de la CICIJ.

La declaración agrega: “La imagen del Presidente Jimmy Morales rodeado de militares y policías en la conferencia de prensa evoca memorias de golpes de estado y dictaduras militares durante los años negros de conflictos armados internos”.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado a la Unión Europea y sus Estados miembros para exigir que el Estado de Guatemala cumpla con sus obligaciones internacionales y que garantice las condiciones necesarias para que el Comisionado Iván Velásquez y la CIGIC puedan continuar su trabajo de manera segura e independiente.

Guatemala-Statement on decision about CICIG and Velasquez-News-2018-SPA (texto completo de la declaración, en pdf)

Brazil: Federal Tribunal rejects statute of limitation on military era torture claim; allows lawsuit to proceed

Brazil: Federal Tribunal rejects statute of limitation on military era torture claim; allows lawsuit to proceed

The Regional Federal Tribunal (TRF-3), in a watershed judgment, ruled that prescription or statute of limitations was not applicable to claims of reparation by a victim of torture during the military regime in the 1970s. The Court accepted the arguments of ICJ Commissioner Belisário dos Santos Jr.

The hearing in the lawsuit against the Union and the State of São Paulo took place on Wednesday 22, after the case had been dismissed by the court first instance.

Belisário dos Santos Jr., Executive Committee Member of the ICJ, argued the case for the victim at the invitation of the Juridical Department of CA XI.

He noted: “On the one hand there could be no statute of limitation on torture claims, while on the other hand the the application of the statute of limitations which adopted by Decree 20.910 / 32 had to be considered.”

The lawsuit, which began in 2012, alleges political persecution and torture that took place beginning 1971 .

Belisário dos Santos Jr. argued that the rationale for the law and jurisprudence affirming the inapplicability of statute of limitation lies in the seriousness of the violation of torture, which had been committed on a widespread and systematic basis by order or with the knowledge of high-level State authorities in Brazil at the time.

“The obligation to provide reparation under the UN Convention against Torture could not be superseded by provisions of the domestic law of a State. In addition, the obligation to provide a remedy and reparation is a legal duty of the State which must not depend on the conduct or activity of the victims. For these reasons, the case could not have the same treatment of other lawsuits against the Public Treasury,” he said.

Belisário dos Santos Jr. also pointed out that, pursuant to article 14 of the UN Convention against Torture, which was ratified by Brazil in 1991, “the reparation must be fair and adequate, as recognized by the jurisprudence of the Supreme Court of Justice and TRF 3, itself in accordance with international human rights law and jurisprudence. ”

The TRF-3 decided by 3-2 majority that the statute of limitation was inapplicable and, unanimously, granted the appeal on merit, allowing the lawsuit to proceed.

Guatemala: la CIJ condena persecución de defensores y defensoras de derechos humanos en el departamento de Izabal

Guatemala: la CIJ condena persecución de defensores y defensoras de derechos humanos en el departamento de Izabal

Desde hace años, las y los defensores del departamento de Izabal han sido víctimas de persecución por oponerse al proyecto minero Fénix de la empresa guatemalteca CGN.

La CIJ visitó el departamento de Izabal del 18 al 20 de julio.

El 19 de julio, la CIJ acompañó al periodista Jerson Xitumul, quien participó en una audiencia de sobreseimiento de su caso, conjuntamente con sus abogados, en el Juzgado de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Puerto Barrios.

Posteriormente, la CIJ realizó un encuentro con la Gremial de Pescadores de Izabal, en el que recibió información acerca de la difícil situación de represión que enfrenta dicha gremial.

El 20 de julio, la CIJ sostuvo una entrevista con el Vice Presidente de la Gremial de Pescadores Eduardo Bin Poou, perseguido y detenido arbitrariamente en el centro de detención de Puerto Barrios.

La CIJ expresa su honda preocupación por la persecusión de que son víctimas los defensores de derechos humanos por el hecho de expresarse y por no estar de acuerdo con la explotación minera que se está llevando a cabo en dicho departamento, debido a que causa graves daños al medio ambiente y un daño irreparable al Lago de Izabal.

La resistencia pacífica de los pobladores de Izabal, contrasta con la persecución violenta de que son objeto.

La CIJ considera que no se trata de hechos aislados, sino de una política de persecución por parte del Estado, quien lleva a cabo estos actos ilegales para beneficiar a la empresa CGN, que explota nickel en el departamento.

En vez de proteger a los defensores de derechos humanos, el Sistema de Justicia guatemalteco ha tomado varias acciones en su contra. Así, varios periodistas pertenecientes a la Prensa Comunitaria, han sido detenidos o tienen orden de captura.

Entre ellos el caso del periodista Jerson Xitumul, cuyo caso fue finalmente sobreseído, por no existir ninguna prueba de que cometió algún hecho delictivo.

Por otro lado, recientemente fue detenido Eduardo Bin Poou, Vicepresidente de la Junta Directiva de la Gremial de Pescadores y acusado falsamente y sin pruebas de que haya cometido delito alguno.

El objetivo principal ha sido afectar a aquellos que ejercitan el derecho a la resistencia, establecido en el artículo 45 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Asimismo, no puede pasar desapercibido que el 27 de mayo de 2017, fue asesinado un dirigente de la Gremial de Pescadores Carlos Maas Coc y herido también el pescador Alfredo Maquín Cocul, casos que hasta el momento se encuentran impunes.

La CIJ ha señalado en varias oportunidades que las autoridades guatemaltecas criminalizan y persiguen a defensores y defensoras del derecho a la tierra, mediante la imputación del delito de usurpación y usurpación agravada.

Asimismo, la CIJ ha señalado que las autoridades guatemaltecas pretenden criminalizar el legítimo ejercicio del derecho a la resistencia, consagrado en el artículo 45 de la Constitución Política de Guatemala, acusando a los defensores del medio ambiente y otros, de delitos como instigación a delinquir, detención ilegal, amenazas, daños, reuniones y manifestaciones ilícitas y otros ilícitos.

Asimismo, esta práctica estatal penaliza y castiga el legítimo ejercicio de las libertades de expresión y reunión.

Preocupa de sobremanera a la CIJ, el papel que juegan las y los jueces en el departamento de Izabal, en la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos.

Un ejemplo lo constituye el caso del Juez Edgar Aníbal Arteaga López, quien utilizando la función pública, suele abusar del poder de que está investido e imponer castigos ejemplares a los defensores de derechos humanos.

Así, con sus resoluciones arbitrarias dicho juez ha afectado a periodistas, pescadores organizados en la Gremial de Pescadores, dirigentes comunitarios, defensores del derecho a la tierra y todo aquel que se opone a la explotación de níquel o que defiende los derechos colectivos de las comunidades en dicho departamento.

Asimismo, en otros casos defensores y defensoras de derechos humanos han sido criminalizados y existe un número considerable de órdenes de captura en todo el país, que afectan a personas que ejercitan el derecho a la libertad de expresión, para defender derechos comunitarios.

Ramón Cadena, Director de la CIJ expresó:

“Urge que el Estado de Guatemala detenga la criminalización y persecución de que son objeto dirigentes comunitarios, periodistas y en general defensores y defensoras de derechos humanos en el departamento de Izabal. Para ello, se debe aplicar el régimen disciplinario interno a jueces que con su actuación, contribuyen a perseguir a estas personas, sólo por su forma de pensar y por ejercer legítimamente sus derechos y libertades. El Estado de Guatemala, deberá reparar los daños y perjuicios causados a defensoras y defensores de derechos humanos, por la actuación de sus autoridades y la CICIG debería investigar estos hechos, para aclarar la verdad de lo sucedido.”

Guatemala-Criminalización Izabal-News-2018-SPA (artículo completo, en PDF)

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