Jul 22, 2018 | Artículos, Noticias
La reciente elección del magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pone en grave riesgo la justicia constitucional y su imparcialidad.
En efecto, días atrás, la Corte Suprema de Justicia eligió al magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), puesto que había quedado vacante luego de que la magistrada suplente anterior, fuese electa como Fiscal General por el Presidente de la República.
Los ocho magistrados de la CSJ que votaron a favor del profesional electo como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, no han observado las normas y estándares internacionales en materia de administración de justicia.
Los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura estipulan que “Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas.”
No obstante, la CIJ ha podido constatar que los magistrados de la CSJ nombraron a una persona:
a) que en el año 2010, fue destituido como Fiscal General por la propia Corte de Constitucionalidad cuando recién había asumido el cargo, por haber sido considerado una persona no idónea para ocupar tan importante cargo;
b) que abiertamente ha estado en contra de la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) en el país, a pesar del buen trabajo que ha realizado dicha comisión en la lucha contra la impunidad y la corrupción;
c) que en el 2010, ya en su calidad de Fiscal General y luego de asumir el cargo, fue acusado de afectar casos relacionados con la lucha contra la corrupción e impunidad y de intervenir y afectar la prueba existente en dichos casos.
Por ello, en esta elección, la CIJ tiene hondas y legítimas preocupaciones sobre la verdadera voluntad de la Corte Suprema de Justicia de: a) tramitar un genuino y necesario proceso de depuración del Sistema de Justicia; y b) de apoyar las reformas constitucionales que vendrían a fortalecer el Sistema de Justicia.
Además, con esta elección, la CSJ ha contribuido a profundizar la crisis del Sistema de Justicia; su decisión viene a afectar la poca credibilidad que la población guatemalteca aún tiene en el Sistema de Justicia.
Debemos recordar que los actos del Congreso de la República del 11 de septiembre de 2017, llevaron a la Corte de Constitucionalidad a catalogarlos como actos susceptibles de causar “un daño irreparable a la justicia” en Guatemala.
Es opinión de la CIJ, que la elección del magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia, también debe ser considerada como una forma de causar un daño irreparable a la justicia.
Por ello, la CIJ tiene la esperanza de que la Corte de Constitucionalidad protegerá, una vez más, el Estado de Derecho en Guatemala.
Ramón Cadena, Director para Centro América de la CIJ expresó: “El acto de la Corte Suprema de Justicia de elegir a una persona que no es idónea para el cargo de magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, resulta altamente preocupante para una recta administración de justicia y la vigencia efectiva del Estado de Derecho en Guatemala”.
Jul 5, 2018 | Incidencia
Declaración conjunta de la CIJ y 91 otras organizaciones durante un debate general en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Una espiral que parece no tener fin”: así es como un grupo de expertos de la ONU, incluyendo los Relatores Especiales sobre alimentación, vivienda y pobreza extrema, categorizaron la situación en Venezuela en enero de este año.
También es el título de un informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado el pasado 22 de junio, que pinta un cuadro devastador de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, junto con una severa escasez de alimentos y medicinas esenciales.
Una madre venezolana, entrevistada por la Oficina del Alto Comisionado, dijo:
“Tengo una bebé que llora y llora porque no puedo darle de comer. La leche infantil cuesta tres millones de bolívares y mi esposo solo gana 1,2 millones al mes. (…) Los vecinos me han dicho que si no voto por el Gobierno me quitarán la comida, el bono en efectivo y la casa. Controlan la autoridad electoral, y por eso saben por qué partido votas”.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU no puede mirar hacia otro lado. Venezuela está descendiendo en espiral hacia una crisis humanitaria y de derechos humanos que requiere una respuesta urgente.
La arremetida contra opositores continúa. El pueblo ha perdido, en promedio, 11 kilos en 2017.
La mayoría de los venezolanos se van a dormir con hambre, y según ACNUR, más de 1.5 millones de venezolanos han huido del país, por razones que incluyen persecución política, violencia y la crisis humanitaria.
El resultado es un incremento de 2000% en solicitudes de asilo registradas en Latinoamérica desde 2014, y cientos de miles que permanecen en situación irregular, lo que aumenta su vulnerabilidad.
La declaración conjunta pronunciada hoy por Perú en nombre de 53 países se suma a las expresiones internacionales de preocupación.
El Consejo de Derechos Humanos también debe alzar su voz y abordar las violaciones de derechos humanos que sufre el pueblo venezolano, y que son cometidas por un miembro de este Consejo.
Instamos al Alto Comisionado a seguir informando sobre la situación en Venezuela y esperamos que la declaración conjunta de hoy lleve a una investigación internacional, que es indispensable y ya ha sido solicitada por el Alto Comisionado.
Acceso a la Justicia
Acción Solidaria
ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA
Action for Solidarity
African Centre for Democracy and Human Rights Studies
ALAPLAF
Ana Belloso
ASOADNA
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ)
Aula Abierta
Canada Venezuela Democracy Forum
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado
Center for Justice and International Law
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos – Cadef
centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
Centro de Derechos Humanos, Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Centro de Formación para la Democracia (CFD Venezuela)
Centro de Justicia y Paz – CEPAZ
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX
Centro para la Paz y los DDHH de la Universidad Central de Venezuela
Centro para la Paz y los DDHH Universidad Central de Venezuela
Centro Regional de derechos Humanos y Justicia de Genero: Corporación Humanas
Cisfem
CIVICUS
Civilis Derechos Humanos
Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales
Codevida
Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Tachira
Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia, Codhez
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
COMITE POR UNA RADIOTELEVISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
Conectas Direitos Humanos
Convite AC
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Defensa y Justicia Carabobo
Defiende venezuela
Dejusticia
Epikeia, Observatorio Universitario de Derechos Humanos
Espacio Público
EXCUBITUS derechos humanos en educacion
FADNNA
Federación interamericana de Abogados capitulo Venezuela seccional Anzoategui
Foro Penal
Franciscans International
Fundacion Aguaclara
Fundación Espacio Abierto
FUNDACION ETNICA INTEGRAL
Fundación Niños, Niñas y Adolescentes
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fundamujer
Humano Derecho Radio Estacion
Human Rights Watch
Iniciativa Por Venezuela
Institute on Race, Equality and Human Rights
International Commission of Jurists
International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism (IMADR)
International Service for Human Rights
Ipys Venezuela
Juventud Unida en Acción
Laboratorio de Paz
Madres de Soacha (Colombia)
María Estrella de la Mañana
Maria Eugenia
Misión Scalabriniana Ecuador
Monitor Social A.C. (Venezuela-Edo. Nva Esparta)
Movimiento Vinotinto
Mulier
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
Observatorio Venezolano de la Salud
Organización StopVIH
PADF Honduras
Padres organizados de Venezuela
Paz y Esperanza
Pedro Luis Echeverria
PEDRO NIKKEN
Prepara Familia
Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
Revista SIC del Centro Gumilla
Robert F Kennedy Human Rights
Seguridad en Democracia (SEDEM)
Sin Fronteras IAP
Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil
Thais Parra
Transparencia Venezuela
UCV
Una Ventana a la Libertad
Unión Afirmativa de Venezuela
Union Vecinal para la Participación Ciudadana A.C
West African Human Rights Defenders Network
World Organisation Against Torture (OMCT)
Jul 5, 2018 | Advocacy, Non-legal submissions
The ICJ today joined 91 other NGOs in calling on the UN Human Rights Council to act in response to the downward spiral for human rights in Venezuela.
The joint statement was delivered on behalf of the group by Human Rights Watch during a general debate (check against delivery).
“Spiralling downwards with no end in sight”: That’s how a group of UN Special Procedures, including the Special Rapporteurs on health, adequate housing, extreme poverty and food categorized Venezuela in January of this year. This is also the title of a report released by the OHCHR on June 22, which paints a devastating picture of arbitrary detentions and extrajudicial killings coupled with a severe shortage of food and basic medicines.
One Venezuelan mother interviewed by OHCHR said: “I have a little baby that cries and cries because I can´t feed her. The baby’s milk formula costs 3 million Bolivars and my husband only makes 1.2 million a month. (…) My neighbours told me that if I don’t vote for the Government they will take the food, the cash bonus and my house from me. They control the electoral authority, so they know for which party you vote.”
The UN Human Rights Council can no longer look away. Venezuela has spiralled into a human rights and humanitarian crisis that demands urgent action. The crackdown on dissent continues. The population has lost an average of 11 kilos in 2017. Most Venezuelans go to bed hungry, and according to the UNHCR, more than 1.5 million Venezuelans have fled the country, for reasons including political persecution, violence, and the ongoing humanitarian crisis. As a result, a 2,000 percent increase in asylum applications has been recorded across Latin America since 2014, and hundreds of thousands remain in an irregular situation, which increases their vulnerability.
Today’s joint statement delivered by Peru on behalf of 53 States adds to the chorus of international concern. The Human Rights Council also needs to step up and address the human rights violations suffered by the Venezuelan people at the hands of a member of this Council. We encourage continued reporting by the High Commissioner, and hope that today’s joint statement paves the way for the international investigation that the High Commissioner has called for and which is so desperately needed.
Acceso a la Justicia
Acción Solidaria
ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA
Action for Solidarity
African Centre for Democracy and Human Rights Studies
ALAPLAF
Ana Belloso
ASOADNA
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ)
Aula Abierta
Canada Venezuela Democracy Forum
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado
Center for Justice and International Law
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos – Cadef
centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
Centro de Derechos Humanos, Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Centro de Formación para la Democracia (CFD Venezuela)
Centro de Justicia y Paz – CEPAZ
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX
Centro para la Paz y los DDHH de la Universidad Central de Venezuela
Centro para la Paz y los DDHH Universidad Central de Venezuela
Centro Regional de derechos Humanos y Justicia de Genero: Corporación Humanas
Cisfem
CIVICUS
Civilis Derechos Humanos
Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales
Codevida
Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Tachira
Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia, Codhez
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
COMITE POR UNA RADIOTELEVISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
Conectas Direitos Humanos
Convite AC
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Defensa y Justicia Carabobo
Defiende venezuela
Dejusticia
Epikeia, Observatorio Universitario de Derechos Humanos
Espacio Público
EXCUBITUS derechos humanos en educacion
FADNNA
Federación interamericana de Abogados capitulo Venezuela seccional Anzoategui
Foro Penal
Franciscans International
Fundacion Aguaclara
Fundación Espacio Abierto
FUNDACION ETNICA INTEGRAL
Fundación Niños, Niñas y Adolescentes
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fundamujer
Humano Derecho Radio Estacion
Human Rights Watch
Iniciativa Por Venezuela
Institute on Race, Equality and Human Rights
International Commission of Jurists
International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism (IMADR)
International Service for Human Rights
Ipys Venezuela
Juventud Unida en Acción
Laboratorio de Paz
Madres de Soacha (Colombia)
María Estrella de la Mañana
Maria Eugenia
Misión Scalabriniana Ecuador
Monitor Social A.C. (Venezuela-Edo. Nva Esparta)
Movimiento Vinotinto
Mulier
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
Observatorio Venezolano de la Salud
Organización StopVIH
PADF Honduras
Padres organizados de Venezuela
Paz y Esperanza
Pedro Luis Echeverria
PEDRO NIKKEN
Prepara Familia
Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
Revista SIC del Centro Gumilla
Robert F Kennedy Human Rights
Seguridad en Democracia (SEDEM)
Sin Fronteras IAP
Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil
Thais Parra
Transparencia Venezuela
UCV
Una Ventana a la Libertad
Unión Afirmativa de Venezuela
Union Vecinal para la Participación Ciudadana A.C
West African Human Rights Defenders Network
World Organisation Against Torture (OMCT)
Jun 28, 2018 | News
On 24-25 June, ICJ Commissioners from the Latin America region came together in Bogotá, Colombia, to consider and enhance ICJ strategies to combat past and resurging trends in extrajudicial executions and enforced disappearances in the region.
The meeting was the first of its kind to bring together ICJ Commissioners on a regional basis: Carlos Ayala (Venezuela); Miguel Carbonell (Mexico); Gustavo Gallón (Colombia); Roberto Garretón (Chile); Juan Mendez (Argentina); Victor Rodriguez Rescia (Costa Rica); Alejandro Salinas Rivera (Chile); Mónica Pinto (Argentina); Belisário dos Santos Júnior (Brazil); and Wilder Tayler (Uruguay).
The meeting was followed by a preparatory mission (involving two Commissioners and the ICJ’s legal representative in Colombia) on the transitional justice mechanisms envisaged under the Havana Agreement, with a particular emphasis on the jurisdiction and operation of the ‘Special Jurisdiction for Peace’. A full high-level mission will follow in September, at which time the ICJ intends to identify minimum benchmarks for the effective operation and sustainable impact of those mechanisms.
In all regions of the world, recourse to enforced disappearances and extrajudicial killings continues; victims and their families (the overwhelming majority of whom are women, children and indigenous peoples from rural areas dominated by poverty and social and political exclusion, as well as trade unionists and human rights defenders) struggle to obtain prompt and effective remedies and reparation; and perpetrators enjoy impunity through inadequate or improper laws, ineffective institutional frameworks, selective recourse to accountability mechanisms and/or political interference in the functioning of those mechanisms.
The meeting confirmed that these challenges are particularly evident in Latin America, where there has been a resurgence in recourse to enforced disappearances and extrajudicial killings in countries throughout the region and where violations of the past have in very many cases been inadequately addressed. By way of example:
- In Brazil, official statistics from 2016 attest to the occurrence of 62,000 violent deaths and potentially up to 22,000 enforced disappearances each year.
- 45 years after the coup d’état in Chile, about 800 people have been convicted and sentenced to imprisonment, but those figures belie the extensive occurrence and levels of responsibility for gross violations of human rights that occurred.
- In Colombia, more than 70,000 cases of enforced disappearance were documented by the Attorney General for the period 1970-2015 and there is general consensus that the number of missing persons likely exceeds 100,000. The wide and persistent extent of extrajudicial killings has been noted by UN and Inter-American experts and bodies as well as the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court.
- In Guatemala, only 34 convictions for conduct involving conflict-era violations have been secured, despite the fact that the internal armed conflict of 1960-1996 involved massive and systematic human rights violations. Impunity has undermined redress and accountability and severely weakened the prevention of violations, with the National Civil Police having recorded more than 25,000 people ‘disappeared’ in 2003-2014, more than half of which were women.
- Peru’s internal armed conflict of 1980-2000 resulted in more than 69,000 people killed and ‘disappeared’, but less than 100 convictions have been secured under the judicial subsystem established in 2004 that specializes in accountability for gross human rights violations.
- In Venezuela, civil society reports at least 12,000 real or perceived political opponents having been arbitrarily detained between January 2014 and April 2018; and almost 6,000 alleged extrajudicial killings between 2012 and 2016.
In all the countries from which the Commissioners originate, several common factors were identified:
- The intrinsic risks to continuation of and lack of redress and accountability for gross human rights violations posed by executive action that undermines the rule of law;
- Also inherent to the rule of law, the critical need for independent and impartial judicial mechanisms and individual judges and lawyers to allow for transitional justice, in particular for victims and their families to access effective remedies and reparation and for the holding to account of perpetrators;
- A high level of correspondence between impunity for gross human rights violations and the corruption of public officials;
- The increased, and in some cases extensive, recourse to arbitrary and detention, which in many cases precede and allow for the occurrence of extrajudicial executions and enforced disappearances;
- A similar inter-relationship between enforced disappearances and the occurrence of torture and other forms of ill-treatment;
- The detrimental impact to ensuring accountability for violations of the past when omitting non-State and paramilitary actors from transitional justice processes; and
- The increase in highly conservative (political and popular) sentiments and movements within the region and the corresponding need to tailor responses depending on the democratic versus autocratic nature of government and its institutions.
Noting that the ICJ has long sought to combat extrajudicial executions and enforced disappearances, including through the development of UN and regional instruments and standards and through its action in Latin America and the globe, the ICJ’s Commissioners urged the ICJ to continue and expand its engagement. Noting also the increasing call by local civil society actors for support and intervention by the ICJ, the meeting considered the organization’s role in seeking redress and accountability for, and prevention of, gross violations of human rights.
Commissioners reinforced, and commented on the effective parameters of, the ICJ’s strategic and victim-centred approach to address and prevent gross human rights violations, including extrajudicial executions and enforced disappearances. Having regard to the ICJ’s mandate and worldwide network of judges and lawyers, Commissioners emphasized the unique role that the organization has by grounding its work on the transformative role of the law, justice institutions and justice actors.
The particular means by which this role can be achieved by the ICJ were discussed against the background of recent and planned activities in the region and beyond. Commissioners overwhelmingly supported these plans and the Secretariat is now poised to continue implementation of its strategies in its current programmes of work and in the development of future projects.
Jun 24, 2018 | News
“Judges from the High Risk Tribunals in Guatemala, including Ericka Aifán, Yassmín Barrios, Miguel Ángel Gálvez and Pablo Xitumul, are facing unjustified disciplinary hearings,” nine Latin American Commissioners from the ICJ, meeting in Bogotá on 24 June, stated today.
The Commissioners understand that these judges are facing unjustified disciplinary hearings instigated by groups or persons who are displeased with judicial rulings in high-impact cases involving transitional justice or corruption.
They expressed serious concern about the precarious state of the independence of the judiciary in Guatemala. Judges are subjected to on-going attacks that seek to impact their work as honourable and impartial justice operators.
According to international standards, judges should exercise their functions free of any extraneous influence and with total impartiality; without any limitations, inducements, pressures, threats or interference, direct or indirect, from any quarter or any reason.
The Commissioners also expressed their complete support for Commissioner Iván Velásquez, head of the International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG), who because of the exercise of his functions, has also suffered from a series of hostile acts and smear campaigns.
The ICJ Commissioners extend their full support to the CICIG in its struggle against impunity and corruption.
The Commissioners request that the international community continues to support the CICIG with sufficient human and financial resources.
At the same time, the Commissioners call upon the Inter-American Commission of Human Rights, the Sub-Committee of Human Rights of the European Parliament and the UN Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers, to visit Guatemala and to verify “in situ” the precarious state of judicial independence in the country.
The nine ICJ commissioners who issued the statement
Carlos Ayala, Vice-President of the International Commission of Jurists (Venezuela)
Mónica Pinto, Commissioner (Argentina)
Miguel Carbonnel, Commissioner (Mexico)
Victor Rodriguez Rescia Commissioner (Costa Rica)
Wilder Tayler, Commissioner (Uruguay)
Belisário dos Santos, Commissioner Brazil
Juan Mendez, Commissioner (Argentina)
Roberto Garretón, Commissioner (Chile)