Mar 23, 2016 | Incidencia
Declaración oral ante el Consejo de Derechos Humanos.
“La Comisión Internacional de Juristas quiere referirse al informe del Alto Comisionado sobre Colombia. Pese a los avances en las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), creando nuevas instituciones y mecanismos, seguimos preocupados sobre las garantías a los derechos a la justicia y a la verdad de las víctimas y la posibilidad que se consagre la impunidad. Los acuerdos estipulan que las informaciones recabadas por la Comisión de la Verdad y la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas, no podrán ser entregadas a la Jurisdicción Especial para la Paz, ni ésta podrá requerirlas. Ello es contrario a los estándares internacionales en la materia y en particular los Principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
Asimismo, el llamado procedimiento de “contraste” establecido para la Jurisdicción Especial para la Paz, para aquellos que tempranamente reconozcan sus crímenes y responsabilidad, no garantiza la realización de investigaciones exhaustivas ni tampoco una participación activa de las víctimas en los procedimientos, socavando sus derechos a un recurso efectivo, a la justicia y a la verdad. Igualmente, los lineamientos sobre la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz a los agentes del Estado, dado a conocer por el Gobierno en diciembre de 2015, estaría socavando el principio de responsabilidad penal del superior jerárquico.
Mi organización ve con profunda preocupación que la cuestión de las garantías de no repetición, esencial para la justicia de transición, no haya sido considerada durante la negociación. Las reformas institucionales relativas a la separación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, la desmilitarización de los cuerpos de seguridad del Estado, la depuración administrativa de la Fuerza Pública y la revisión de la doctrina militar – típicas medidas de garantías de no repetición –están ausentes en este proceso de negociación.
La Comisión Internacional de Juristas exhorta al Gobierno y a las FARC a garantizar plenamente en el Acuerdo Final, y en la legislación que lo implementará, los derechos a la justicia y a la verdad de las víctimas y a excluir toda modalidad de impunidad, de conformidad con el Derecho internacional.”
Declaración leída por: Sr Carlos López
Mar 21, 2016
Today, the ICJ published a new report (in Spanish) analysing the impact of extractive companies on economic, social and cultural rights of many local communities in the country. Mining activities have resulted in massive social protests in Peru recently.
Planning, exploration and exploitation of mineral resources in Peru are often linked with violation of economic, social and cultural rights of indigenous and rural communities, the report says.
The study also analyses the response of the State to the demands of the communities, following abuses and violence generated by the mining activities and projects.
It formulates recommendations to the Peruvian authorities to ensure the protection of human rights of local communities, safeguard the environment in which they live, and end the violations they face.
The report is the result of a field mission in Peru, in which participated María Clara Galvis, a Colombian lawyer, Rafael Uzcátegui, a Venezuelan sociologist, and Sandra Ratjen, ICJ Senior Legal Adviser on Economic, Social and Cultural Rights.
Peru-DESC extractives-Publications-Reports-Facts Finding Mission Report-2016-SPA (full report, in PDF, Spanish)
On Video: testimonials
Mar 21, 2016
Hoy, la CIJ lanza su informe de misión sobre el impacto de las industrias extractivas en la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales de la población y en la exacerbación de los conflictos sociales en Perú.
El informe analiza las amenazas y violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, generadas durante la planificación, la exploración y la explotación de recursos extractivos.
Asimismo, el informe da cuenta de la respuesta estatal a las demandas de las comunidades frente a las exacciones y los abusos de los proyectos y actividades de las industrias extractivas.
Finalmente, el informe formula recomendaciones al Estado Peruano para garantizar los derechos humanos, la protección del medio ambiente y poner fin a los abusos y exacciones cometidas contra las comunidades.
La Misión de observación visitó al Perú en el curso del mes de noviembre de 2015 población y estuvo integrada por María Clara Galvis (Colombia), Rafael Uzcátegui (Venezuela) y Sandra Ratjen, Consejera jurídica principal responsable del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIJ.
Peru-DESC extractives-Publications-Reports-Facts Finding Mission Report-2016-SPA (full report, in PDF, Spanish)
On Video: testimonials
Mar 15, 2016
Today, the ICJ launched a new report (in Spanish) documenting the impact of the El Quimbo dam project on the economic, social and cultural rights, as well as the environment, of the people living in the Colombian Huila Department.
The report highlights the response of both the State and the company behind the project to the demands of the affected communities, following massive social protests, conflicts and legal actions.
It also formulates a series of recommendations to ensure that the human rights and the environment in the region are protected and to end all the abuses against the local communities.
The report is the result of a field mission in Colombia, in which participated the ICJ Commissioners Philippe Texier (France) and Belisário dos Santos Junior (Brazil), Sandra Ratjen, ICJ Senior Legal Adviser on Economic, Social and Cultural Rights, and the Colombian lawyer Alberto León Gómez.
Colombia-ElQuimbo Megaprojects & ESCR-Publications-Facts Finding Mission Report-2016-SPA (full report in PDF, Spanish)
Mar 15, 2016 | Artículos, Informes, Noticias, Publicaciones
Hoy, la CIJ lanza su Informe de Misión sobre el impacto del proyecto hidrológico de El Quimbo en la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población de varios municipios del Departamento del Huila, Colombia.
Asimismo, el Informe da cuenta de la respuesta estatal y de la empresa responsable del proyecto de El Quimbo a las demandas de las comunidades afectadas.
Finalmente, el Informe formula recomendaciones al Estado colombiano, a la empresa responsable del proyecto de El Quimbo y a la Comunidad internacional para garantizar los derechos humanos, la protección del medio ambiente y poner fin a los abusos y exacciones cometidas contra las comunidades.
La Misión de observación visitó a Colombia entre el 15 y el 21 de noviembre de 2015, y estuvo integrada por Philippe Texier y Belisário do Santos Junior, Comisionados de la CIJ por Francia y Brasil, respectivamente, y Sandra Ratjen, Consejera jurídica principal responsable del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIJ. Asimismo, la Misión contó con la asesoría del abogado Alberto León Gómez.
Colombia-ElQuimbo Megaprojects & ESCR-Publications-Facts Finding Mission Report-2016-SPA (full report in PDF, Spanish)
