Mar 21, 2016
Hoy, la CIJ lanza su informe de misión sobre el impacto de las industrias extractivas en la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales de la población y en la exacerbación de los conflictos sociales en Perú.
El informe analiza las amenazas y violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, generadas durante la planificación, la exploración y la explotación de recursos extractivos.
Asimismo, el informe da cuenta de la respuesta estatal a las demandas de las comunidades frente a las exacciones y los abusos de los proyectos y actividades de las industrias extractivas.
Finalmente, el informe formula recomendaciones al Estado Peruano para garantizar los derechos humanos, la protección del medio ambiente y poner fin a los abusos y exacciones cometidas contra las comunidades.
La Misión de observación visitó al Perú en el curso del mes de noviembre de 2015 población y estuvo integrada por María Clara Galvis (Colombia), Rafael Uzcátegui (Venezuela) y Sandra Ratjen, Consejera jurídica principal responsable del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIJ.
Peru-DESC extractives-Publications-Reports-Facts Finding Mission Report-2016-SPA (full report, in PDF, Spanish)
On Video: testimonials
Mar 15, 2016
Today, the ICJ launched a new report (in Spanish) documenting the impact of the El Quimbo dam project on the economic, social and cultural rights, as well as the environment, of the people living in the Colombian Huila Department.
The report highlights the response of both the State and the company behind the project to the demands of the affected communities, following massive social protests, conflicts and legal actions.
It also formulates a series of recommendations to ensure that the human rights and the environment in the region are protected and to end all the abuses against the local communities.
The report is the result of a field mission in Colombia, in which participated the ICJ Commissioners Philippe Texier (France) and Belisário dos Santos Junior (Brazil), Sandra Ratjen, ICJ Senior Legal Adviser on Economic, Social and Cultural Rights, and the Colombian lawyer Alberto León Gómez.
Colombia-ElQuimbo Megaprojects & ESCR-Publications-Facts Finding Mission Report-2016-SPA (full report in PDF, Spanish)
Mar 15, 2016 | Artículos, Informes, Noticias, Publicaciones
Hoy, la CIJ lanza su Informe de Misión sobre el impacto del proyecto hidrológico de El Quimbo en la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población de varios municipios del Departamento del Huila, Colombia.
Asimismo, el Informe da cuenta de la respuesta estatal y de la empresa responsable del proyecto de El Quimbo a las demandas de las comunidades afectadas.
Finalmente, el Informe formula recomendaciones al Estado colombiano, a la empresa responsable del proyecto de El Quimbo y a la Comunidad internacional para garantizar los derechos humanos, la protección del medio ambiente y poner fin a los abusos y exacciones cometidas contra las comunidades.
La Misión de observación visitó a Colombia entre el 15 y el 21 de noviembre de 2015, y estuvo integrada por Philippe Texier y Belisário do Santos Junior, Comisionados de la CIJ por Francia y Brasil, respectivamente, y Sandra Ratjen, Consejera jurídica principal responsable del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIJ. Asimismo, la Misión contó con la asesoría del abogado Alberto León Gómez.
Colombia-ElQuimbo Megaprojects & ESCR-Publications-Facts Finding Mission Report-2016-SPA (full report in PDF, Spanish)
Mar 3, 2016 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ condena asesinato la defensora de derechos humanos y Coordinadora General del Consejo Indígena de Organizaciones Populares de Honduras (COPINH).
En la madrugada, fue asesinada en su residencia Berta Cáceres por un grupo de sicarios.
La CIJ condena enérgicamente este asesinato, que no solo afecta a su familia, sino también al movimiento de Derechos Humanos en dicho país y al Pueblo Lenca de Honduras.
Además, constituye un ataque contra el movimiento de derechos humanos de toda la región Centroamericana.
Berta Cáceres llevó a cabo una lucha tenaz a favor de la defensa de los recursos naturales del Pueblo Lenca de Honduras.
En reiteradas ocasiones recibió amenazas de muerte, además de sufrir persecución política y órdenes de detención infundadas.
Su lucha, junto con la del COPINH y el pueblo hondureño, fue reconocida con varios premios internacionales.
La CIJ exige de las autoridades hondureñas una pronta investigación, para aclarar los hechos, determinar quienes fueron los autores materiales e intelectuales y llevarlos ante la justicia.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “Honduras ha perdido a una valiente y comprometida defensora de derechos humanos; es imprescindible que este crimen no quede en la impunidad. Los sicarios que cometieron el crimen y los autores intelectuales deben ser castigados. Esperamos un mensaje claro por parte del Gobierno y que de inicio de inmediato a las acciones correspondientes”.
Mar 3, 2016 | News
One of the leading indigenous activists and human rights defenders in Honduras, Berta Cáceres had worked jointly with the ICJ on several projects. She was shot dead by unknown attackers at her home today.
The ICJ urges the Honduran authorities to launch a rapid and independent investigation to identify who perpetrated and/or ordered the murder of Berta Cáceres and bring the person(s) responsible into court.
“We have lost a courageous and committed human rights defender,” said Ramón Cadena, ICJ’s Regional Director for Central America.
“It is essential that this crime does not remain unpunished. The government must send a strong signal and take immediately measures to effectively investigate this killing and hold those responsible to account,” he added.
A relentless defender of indigenous peoples rights to land and natural resources, Berta Cáceres had been awarded the Goldmann Environmental Prize in 2015 (photo).
It is a huge loss not only for her family, but also for the whole human rights movement in Honduras, the ICJ said.
Berta Cáceres had received repeated death threats from both state security forces and the company planning the Agua Zarca dam, which she had successfully fought against, together with residents of the Lenca Community.
She had been placed under the protection of the local police in La Esperanza, the area where she lived. Obviously this was not enough.
The situation of human rights defenders in Honduras is dire and has continuously deteriorated in the recent years, with their activities being systematically criminalized.
